YSUCA SAN SALVADOR –
La propaganda sistemática de la minería verde, la elaboración de una nueva ley minera sin discusión abierta ni estudio serio, y el envío de gente pagada para protestar en la catedral por la posición de la Iglesia contra la minería marcan una nueva escalada de mentira y manipulación de parte de la empresa Pacific Rim y otras interesadas. Campaña preocupante porque los efectos de la minería en El Salvador siguen siendo muy peligrosos.
El discurso de la Pacific Rim recuerda el de los promotores de pruebas atómicas, que aunque decían que era experimentos inofensivos, nunca los hacían cerca de sus casas.
No hay minería verde.
La minería es un negocio sobre recursos propios de un país, que fundamentalmente daña el medio ambiente.
Por ello, hay que hacer un cálculo serio y ponderado de ventajas e inconvenientes.
Los de la Pacific Rim afirman que todo es ventaja. Y ahí estriba lo peor de su campaña. Porque la minería nunca deja las cosas ni igual ni mejor de lo que estaban. Puede dejar beneficios económicos, pero ecológicamente siempre hace daño: mucho en el pasado, menos en el presente si el Estado tiene una legislación adecuada y los consiguientes mecanismos para controlar los efectos nocivos de la minería, que siempre se dan.
El tema, pues, no es si esa estúpida propaganda de la Pacific Rim sobre la minería verde contiene alguna verdad o no.
El tema es si la peligrosidad medioambiental de la minería en El Salvador es medianamente controlable y va a dejar grandes beneficios económicos que compensen, o por el contrario es peligrosa.
A nuestro juicio, la minería metálica es sumamente peligrosa y, por tanto, hoy por hoy, inviable en El Salvador.
En primer lugar, estamos hablando de un país pequeño como el nuestro, y con prácticamente una sola cuenca hidrográfica grande, que incide en los mantos acuíferos de una alta proporción del territorio.
Tener minería metálica implica gran consumo de agua y vertidos a esa cuenca hidrográfica, la del Lempa.
Aun habiendo buenos mecanismos de control, la actividad es en sí misma peligrosa. Cualquier accidente puede dejar daños que duren siglos. Pretender que se van a tomar todas las precauciones no es creíble.
La alta densidad de población salvadoreña y la dependencia de la población de esa cuenca hidrográfica desaconsejan totalmente el establecimiento de minas.
En segundo lugar, los mecanismos de control estatales son muy exiguos. La ley del medio ambiente encomienda el estudio de factibilidad medioambiental a la empresa que va a realizar la operación minera.
El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales carece de la capacidad para hacer una auditoría técnica-científica del estudio medioambiental de las empresas. Ya hemos visto que en un caso mucho menos complicado, el del relleno en Cutumay Camones, el Ministerio tuvo que pedir asesoría a una experta norteamericana.
En el caso complejo de la minería, el Ministerio carece de capacidad para determinar la peligrosidad.
En tercer lugar, la legislación salvadoreña no está preparada para enfrentar un desastre ecológico en el caso de que lo hubiera. Ya estamos viendo lo lenta y compleja que es toda la situación legal en torno al caso de baterías Récord, o lo difícil de enfrentar a una transnacional como la McDonald’s incluso en nuestro sistema jurídico.
Demostrar culpabilidad a la Pacific Rim u otras, exigir una adecuada indemnización adecuada, sería una tarea prácticamente imposible en nuestro débil y en ocasiones corrupto sistema judicial.
En cuarto lugar, los beneficios económicos que van a dejar las empresas mineras son muy pequeños. Decir que van a pagar más salario a los mineros no significa nada.
El trabajo en la mina es pesado, peligroso y en todas partes se paga mejor que un trabajo normal. Pero en la mayoría de los países donde hay trabajo en las minas, la jubilación se obtiene antes que en otras labores.
Sin embargo, la legislación en El Salvador no lo permite. Asimismo, la minería produce enfermedades propias y características contra las que el Seguro Social no está preparado. La utilización masiva de agua por parte de las empresas mineras elimina el abastecimiento a los poblados vecinos, al tiempo que se convierte en una brutal amenaza al medioambiente. El porcentaje de ganancia que deja al Estado salvadoreño es mínimo.
En quinto lugar, basta con ver las fotografías de algunas explotaciones mineras metálicas en Guatemala y Honduras para saber que eso de la minería verde es una absoluta mentira. No son verdes los tajos y excavaciones que se hacen. No es verde la basura que dejan, ni es verde la salud de los que rodean las minas.
En el valle de Siria, en Honduras, hay enfermedad; en la mina San Andrés, en Copán, Honduras, hay deforestación y daño ecológico; en la mina Marlin, de San Marcos de Guatemala, hay desertificación de una amplia zona. Polvo, enfermedad, contaminación, abuso y mentira son parte de las empresas mineras en Centroamérica.
Lo que queda al final es más pobreza, y unos recursos nacionales que se han evaporado. Honduras, el país centroamericano de mayor tradición minera, es hoy uno de las naciones más pobres del istmo. Las minas no le dejaron riqueza, sino pobreza. No existe la minería verde.
Lo que existe es una país, El Salvador, demasiado pequeño como para que la actual tecnología minera no lo dañe.
Existe un ministerio del medio ambiente sin capacidad de controlar ni medir el daño que las mineras hagan, y unas empresas mineras que desde el principio no han dudado en mentir y en tratar de engañar al pueblo salvadoreño