16/05/2008
Joanna Wetherborn
MEM sigue autorizando licencias
• Tres rechazos más a la minería y nuevas consultas comunitarias
• Presión social obliga a retomar propuesta de reforma a la Ley de Minería
Entre 2005 y lo que va de 2008 se han realizado 26 procesos consultivos en el país respecto a proyectos para el aprovechamiento de recursos naturales. 21 de ellos (el 81%) se realizaron por actividades relacionadas con la minería de metales. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó derechos mineros incluso en territorios donde a través de consultas la población ya manifestó su rechazo a la minería.
Las comunidades, autoridades locales y organizaciones que promovieron los procesos, señalan que los proyectos tal como se pretenden desarrollar no sólo implican impactos nocivos en el medio ambiente y en la salud de las personas, sino también representan una violación del Estado a los compromisos nacionales e internacionales asumidos en materia de derechos colectivos de pueblos indígenas mayoritariamente afectados. MÁS CONCESIONES MINERAS .
El Ministerio de Energía y Minas ( MEM ) ha entregado por lo menos 46 licencias para minería metálica desde 2006 a la fecha. Cuatro de ellas se entregaron después de que la población de los territorios afectados rechazó ampliamente estas actividades extractivas a través de consultas comunitarias.
Durante el gobierno de Óscar Berger , personeros del MEM , sostuvieron que la Ley de Minería no establece la consulta a la población como un requisito para otorgar derechos mineros. Bajo ese argumento se otorgaron licencias mineras para reconocimiento, exploración y explotación, sin que las comunidades, indígenas o no, fueran informadas y consultadas al respecto y los procesos consultivos realizados fueron desestimados.
En ese contexto, en enero de este año se le otorgó a la empresa Montana Exploradora, subsidiaria de la canadiense Gold Corp., la licencia para explorar en municipios de Sibinal, Ixchiguán, Tajumulco y Tacaná, del departamento de San Marcos
Otra licencia fue otorgada el mismo mes a Guatemala Copper S.A . , subsidiaria de la canadiense Creso Resources (vinculada a Nichromet Guatemala, otra minera que opera en el país), para explorar yacimientos de minerales metálicos en seis municipios de Huehuetenango ( Inforpress 1711 y 1719).
Además, según autoridades municipales de Sipacapa, San Marcos, el 25 de marzo de este año fueron notificados del otorgamiento de prórroga a la licencia de exploración LEXR-775 otorgada en 2004 a la compañía Montana Exploradora S.A, para el proyecto Ana Azul .
El área de concesión ocupa 25 kilómetros cuadrados distribuidos en territorios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, San Marcos; Santa Bárbara y Malacatancito, Huehuetenango. Al mismo tiempo a Montana Exploradora se le autorizó un nuevo permiso minero para el proyecto El Rosario con una superficie de 26 kilómetros cuadrados en municipios de Ixchiguán, Sibinal, Tacaná y Tajumulco, para explorar los mismos yacimientos polimetálicos que la licencia de Ana Azul .
Inforpress intentó contactar a las autoridades del MEM , pero en todas las oportunidades indicaron que el viceministro de Energía y Minas, Alfredo Pokus , no podía atender en ese momento y no había otra persona autorizada para dar declaraciones al respecto. I. Empresas mineras en un estira y encoge Según Fernando Martínez , de la Comisión Paz y Ecología ( COPAE ), de San Marcos, las operaciones en el proyecto minero Marlin , operado por Montana Exploradora S.A., siguen provocando problemas.
« Esas actividades mineras han originado más agrietamientos en las casas de las comunidades cercanas a la zona de exploración.
Para finales del año pasado había alrededor de 70 viviendas dañadas y ahora ya son más de 100 , aseguró Martínez . Debido a las denuncias por los impactos sociales y de violaciones a los derechos humanos en ese proyecto minero, en febrero de este año, un grupo de inversionistas de Gold Corp. visitó el país para conocer los pormenores en los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán.
Según una carta dirigida a la Asociación para el Desarrollo Integral San Miguelense ( ADISMI ), de San Miguel Ixtahuacán, Gold Corp. pretende integrar un equipo de especialistas que se encargue de evaluar el impacto del proyecto en aspectos como cantidad y calidad del agua, derechos colectivos de las comunidades indígenas y seguridad ciudadana.
Contradictoriamente, la subsidiaria Montana Exploradora no ha permitido que especialistas independientes evalúen la mina a solicitud de la municipalidad de Sipacapa y de otras autoridades del departamento ante la incertidumbre sobre el manejo de las aguas residuales.
Otra situación que se dio a conocer, según información extraoficial, es que la Compañía Guatemalteca de Níquel ( CGN ), subsidiaria de la canadiense Skye Resources, decidió aplazar el proyecto minero Fénix en El Estor, Izabal, debido a «dificultades para conseguir financiamiento» .
CGN puso a la venta las fincas El Alveo y La Esmeralda (507 mil y 986 mil metros cuadrados de extensión, respectivamente), ubicadas en el área urbana de El Estor, Izabal. La decisión habría sido tomada para buscar fondos para financiar sus operaciones.
CONTINÚA RECHAZO DE LA POBLACIÓN .
El 18 de abril la población de las 34 comunidades del municipio de Sibanal, San Marcos, expresó su rechazo a la actividad minera. Durante el proceso participaron autoridades municipales y departamentales, así como representantes de organizaciones locales.
Sibinal cuenta con más de 13 mil habitantes y una extensión territorial de 176 kilómetros cuadrados, cuyos límites están involucrados en dos de las licencias otorgadas por el MEM .
Otro proceso de consulta se realizó el 13 de mayo con las 53 comunidades que integran el municipio de San Juan Ixcoy, Huehuetenango, a través de Asambleas comunitarias de buena fe.
La pregunta escrita en las boletas fue: «¿Está de acuerdo con acciones mineras en el municipio?» . Participaron como observadoras autoridades de los municipios vecinos, diputados, representantes de organizaciones sociales y del cuerpo diplomático.
La gestión inició luego de que en enero de este año la comuna de San Juan Ixcoy, Huehuetenango, fue notificada de un derecho minero otorgado a la empresa Guatemala Copper S.A., para explorar 10 minerales metálicos en un área de casi 78 kilómetros cuadrados, que abarca territorio de ese y otros cinco municipios del departamento.
A partir de entonces las autoridades municipales convocaron a un cabildo abierto y se acordó establecer sesión permanente del Consejo Municipal de Desarrollo ( COMUDE ), para iniciar el proceso de consulta. Andrés Escobar , coordinador de la Oficina Municipal de Planificación ( OMP ), indicó que para el proceso previo se crearon 11 Comisiones para atender aspectos como comunicación, sensibilización, logística, alimentación transporte, redacción, documentación y sistematización, entre otros.
«La gente se empoderó del proceso y contribuyó con la municipalidad, la inversión fue compartida 60% la municipalidad y 40% las comunidades. Incluso hubo dos comunidades en las que la población decidió financiar sus asambleas» , aseguró Escobar .
A la fecha de publicación de este artículo no se había realizado el recuento total de los votos, pero según autoridades y personal de la comuna, el rechazo de la población fue masivo.
En tanto, en los municipios de Comitancillo y Tacaná, San Marcos, se programó la realización de dos consultas a realizarse los días 16 y 23 de mayo. Se realizarán asambleas comunitarias para determinar si la población acepta o no las actividades mineras en su territorio.
Otro rechazo ocurrió en Baja Verapaz, tras conocer que el MEM concedió un derecho minero a la empresa Procesadora de Minerales, S.A. ( PMSA ), para trabajar en la montaña de Chi Santiago, que colinda con Rabinal y Cubulco, Baja Verapaz, y Chicamán, Quiché.
La licencia es para extraer barita. La minera es de capital guatemalteco y tiene nexos con la empresa Pisos El Águila. Durante la reunión del Consejo de Desarrollo Departamental ( CODEDE ), realizada el 5 de mayo, y a solicitud de la sociedad civil, se decidió emitir un pronunciamiento contra las licencias otorgadas para actividades mineras en el departamento.
Este pronunciamiento se presentará ante el MEM y las Comisiones respectivas en el Congreso de la República.
«Aún no se han realizado consultas en ninguno de los municipios de Baja Verapaz, pero ante ésta situación las autoridades locales podrían sentirse presionadas a convocarlas» , afirmó Araceli González , secretaria del CODEDE . *
Colom ha declarado que gobierno respetará los procesos consultivos. Sin embargo, en el Ejecutivo no se ha designado a un equipo o entidad para que se encargue de analizar y dar seguimiento al tema.
EXIGEN MORATORIA PARA EXTENDER LICENCIAS .
Durante una visita a San Marcos realizada en abril de este año, Colom aseguró que se están revisando los permisos mineros concedidos por el gobierno anterior y que de encontrar alguna ilegalidad, serán suspendidos. En esa oportunidad monseñor Álvaro Ramazzini , de la Diócesis de San Marcos, insistió en que el Congreso debe decretar una moratoria en la autorización de licencias de explotación, hasta que se aprueben las reformas a la Ley de Minería (ver cuadro II).
En ese contexto recientemente diputados del partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca ( URNG-MAÍZ ), presentaron una iniciativa de ley que dispone declarar una moratoria de seis meses para la extensión de licencias mineras.
Según la propuesta es necesario prohibir la extracción de metales a cielo abierto, mientras no existan las condiciones técnicas que garanticen una protección real a los recursos naturales, así como la participación de las comunidades en su derecho a proteger su salud y bienestar. «No permitamos actividades no sustentables de beneficio temporal a cambio de daños permanentes a nuestros ecosistemas y a las comunidades» , se concluye en la exposición de motivos.
La iniciativa registrada con el número 3808 fue conocida por el pleno el 6 de mayo y pasó a las Comisiones de Energía y Minas y de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales para su estudio y dictamen.
II. Retoman iniciativa para reformar Ley de Minería En declaraciones a la prensa Colom sostuvo que se deben aprobar las reformas que garanticen un mejor porcentaje de regalías al Estado y que haya mayor prevención en la salud en las comunidades.
La constante conflictividad generada por la minería de metales, acompañado con el rechazo de más de 350 mil personas en el occidente del país a esta actividad, ha evidenciado la necesidad de un cambio al marco legal bajo el que las empresas mineras pueden operar en Guatemala. Ante ello, la Comisión de Energía y Minas ( CEM ) del Congreso, decidió tomar como base para las reformas una iniciativa presentada por la Comisión de Alto Nivel que funcionó en 2006 integrada por distintos sectores sociales (en la cual participó el obispo Álvaro Ramazzini ).
Augusto Porras , asesor técnico de la CEM , comentó que entre las principales reformas se plantea: incrementar el porcentaje de regalías que quedan al país; limitar el tiempo y el área de operaciones autorizado en las licencias; regular lo relativo a las consultas a las comunidades; así como establecer mecanismos de monitoreo y de sanción administrativa y penal para las empresas.
Al respecto Carlos Guárquez , de la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas ( AGAAI ), afirmó que la propuesta debe socializarse con organizaciones, municipalidades y autoridades indígenas, para que la iniciativa de ley que se presente al final, responda a las necesidades e intereses de la población guatemalteca y en especial de las comunidades indígenas.
Porras concluyó que la CEM trabajará en la propuesta de reforma a la Ley de Minería durante el período de recesión del Congreso (del 15 de mayo al 15 de agosto), para luego someterla a aprobación del pleno.
PROCESOS LEGALES EN MATERIA DE CONSULTAS .
Respecto al tema de las Consultas Comunitarias hay antecedentes sobre casos concretos, uno es un fallo de la Corte de Constitucionalidad ( CC ) y otro es un informe del Comité examinador de la Organización Internacional del Trabajo ( OIT ).
La sentencia de la CC sobre la consulta realizada en Sipacapa -expediente 1179-2005-, reconoció el derecho de los pueblos a la consulta, pero explicó que en temas que no competen a las comunidades, ni al órgano convocante –en ese caso el Concejo Municipal–, los resultados tienen carácter indicativo, mas no obligatorio.
A diferencia, un informe del Comité examinador de la OIT expresó que la consulta a los pueblos interesados debe ser previa de medidas como la autorización de una licencia de explotación o exploración, y que debe aplicarse de acuerdo con lo establecido por el Convenio 169 de la OIT .
Al respecto, Guárquez de AGAAI , comentó que tienen conocimiento de que las autoridades locales de Sipacapa pretenden llevar el caso ante instancias internacionales. Agregó que AGAAI está gestionando procesos legales con las autoridades municipales de Colotenango, Concepción Huista, San Juan Atitán, Santiago Chimaltenango y Todos Santos Cuchumatán, para plantear el tema ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para hacer valer los derechos de las comunidades indígenas.
En su edición del 7/5/08, el diario Prensa Libre informó que el CODEDE recordó que en Quisís y Matanzas, que son parte del Corredor Biológico, en la Sierra de Las Minas, la empresa Nichromet Guatemala ha puesto en riesgo la reserva natural, pues efectúa exploraciones sin tener ningún tipo de estudio. Además, no cuenta con los permisos respectivos.
Sin embargo, hay que hacer notar que la empresa que trabaja esas licencias mineras de exploración identificadas como LEXR-527 y LEXR-833, es Mayaníquel S.A., las que obtuvo en 2005. Mayaníquel es subsidiaria de la australiana BHP Billiton.
No obstante, el delegado del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ( MARN ), Arnoldo Oliva confirmó que las licencias son operadas de manera ilegal, lo cual ha obligado a que sean presentadas demandas formales.
« Lamentablemente no hemos tenido comunicación con sus representantes. Sólo sabemos que trabajan de noche. Estamos coordinando con la Policía y el Ejército para identificar a quienes elaboran esos trabajos », afirmó a ese diario. Según el medio de comunicación, el CODEDE decidió que la gobernadora departamental, Ángela Reyes , sea quien solicite información acerca de las condiciones en que se encuentran las mineras.
Reyes también deberá informarles a representantes del Ministerio Público ( MP ) y de las compañías que los pobladores no están de acuerdo con ningún tipo de explotación minera en Baja Verapaz.
Hace varios meses, miembros del Corredor Biológico Mesoamericano denunciaron trabajos mineros de forma clandestina ( Prensa Libre , 19/11/07).