Nos dirigimos a usted con todo el respeto que se merece pero plenamente indignados e indignadas, por cuanto no estamos de acuerdo que su gobierno siga promoviendo la minería de oro a cielo abierto, sin haber antes atendido adecuadamente la catástrofe ambiental, crisis social y pérdidas económicas producidas por el colapso de la mina Bellavista en Miramar. Su gobierno nos debe explicaciones con esta apertura irresponsable, porque desde la década de los 80, iniciando en Macacona de Esparza, pasando por Beta Vargas de Chomes, Río Chiquito de Tilarán hasta llegar a Bellavista de Miramar en 2007, las minas de oro a cielo abierto han sido un rotundo fracaso en este país.
Son ejemplos de impunidad, destrucción ambiental, perjuicio económico, engaño social y evidencian la incapacidad del control y fiscalización del Estado costarricense para ese tipo de proyectos.
La mina Bellavista colapsó y su gobierno sigue guardando silencio o actuando con timidez extrema. Han transcurridos nueve meses después del cierre, pero aún no tenemos un informe claro de las empresas ni de su gobierno sobre lo ocurrido en esa mina.
Resulta ridículo, que a punto de iniciar la época de lluvias, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), conceda tres meses de plazo para que las empresas mineras propongan el nombre de tres empresas internaciones de reconocido prestigio en el ámbito de los desarrollos mineros para que realicen una auditoría externa.
¿Qué va a hacer su gobierno en ese tiempo, mientras la mina sigue cayendo día a día? ¿Qué ha hecho su gobierno en este tiempo atrás? Su gobierno parece no entender la magnitud del desastre ocurrido y que continúa ocurriendo en Bellavista.
SETENA aún mantiene vigentes los permisos ambientales otorgados a esa mina, pese a haber demostrado su inviabilidad social, económica y ambiental; mientras, la Dirección de Geología y Minas, se las ingenia de mil maneras para mantener con vida los derechos mineros otorgados a principios de la segunda mitad del siglo XX, dictando resoluciones llenas de buenas intenciones, pero incapaces de implementar acciones para prevenir la salida clandestina del equipo y maquinaria en buen estado y hasta de la chatarra minera que sobrevivió al colapso.
Aunque el Ministerio de Salud canceló tímidamente los permisos sanitarios de la mina, el alcalde municipal de Montes de Oro, sigue vanagloriándose en forma ridícula de haber cerrado la mina, sin animarse a cancelar la patente comercial y sin advertir siquiera la salida clandestina de maquinaria, evadiendo controles y avanzando lentamente hacia la frontera de Peñas Blancas rumbo a Nicaragua o dirigiéndose para la destrucción prometida en Crucitas de San Carlos.
No es congruente, que el Estado costarricense que ayer apoyó el establecimiento de la mina Bellavista, guarde silencio ante el desastre ocurrido y que sigue ocurriendo.
Exigimos explicaciones de lo que acontece en Bellavista, porque su gobierno sigue prometiendo la apertura de otros proyectos mineros en territorio nacional, quizá obligado por los compromisos con otros gobiernos del mundo. No es posible que funcionarios del MINAE y otras dependencias, cargados de títulos académicos, sin haber podido atender, ni entender la crisis en Bellavista, sigan autorizando nuevos desastres mineros.
No se debe permitir que se generen conflictos binacionales, mientras se destruye la flora, la fauna y el agua de la Región Huetar Norte debido al Proyecto Minero Crucitas. ¿Son estos los compromisos de paz con la naturaleza de su gobierno?
Los estudios de impacto ambiental se han convertido en meros trámites con propuestas que legitiman la entrega de las riquezas minerales nacionales a cualquier costo.
De un plan de gestión ambiental, omiso y homologado a estudio de impacto ambiental, surgió el desastre de Bellavista; y ahora, se pretende, a partir de un anexo incorporado a la propuesta original del estudio de impacto ambiental del proyecto minero Crucitas, disimular modificaciones profundas cuando corresponden nuevos estudios y trámites diferentes.
La falta de recursos y capacidad del Estado no permite la apertura de minas de oro a cielo abierto. No existe control minero efectivo y la fiscalización es escasa y poco eficiente de principio a fin, con mayor riesgo durante la fase de operación, porque mientras, una mina opera los 365 días al año, los controles estatales se dan mensualmente, con funcionarios que laboran solo de lunes a viernes y de 7 de la mañana a 3 de la tarde.
Los planes de cierre ni siquiera están definidos en el Código de Minería vigente y se depende de Declaraciones Juradas que se convierten en simples compromisos de papel cuando algún suceso ocurre fuera de la llamada “normalidad minera”.
En esos momentos, resulta hasta imposible hacer efectivas las ridículas sumas por garantías ambientales y de cumplimiento. ¿Dónde están ahora el gobierno canadiense, los embajadores y representantes comerciales de ese país? ¿Por qué callan ante los desastres de mina Bellavista si siguen presionando en el marco del TLC Costa Rica/Canadá la aprobación de otras minas de oro en este país?
¿Cómo justifican, posterior al desastre minero, el cambio de nombre y nuevas directivas de la casa matriz en Canadá, así como el cierre de las sedes de las subsidiarias en Costa Rica?
Señor Presidente, lo invitamos a reflexionar y demostrarnos su inteligencia. Está en juego la autodeterminación de nuestros primeros habitantes a quienes se les continúa pisoteando con la entrega de la riqueza mineral y petróleo de los territorios indígenas.
Está en juego Costa Rica, tierra firme de escasos 50 mil kilómetros cuadrados. Su gobierno no puede, por la vanidad del oro, negarnos los derechos a los residentes locales que reclamamos agua limpia, aire puro y tierra para labranza en momentos en que alarman la escasez y precio de los alimentos para consumo humano en el mundo entero.
Basta ya minería. Esto no es un juego; ya hemos demostrado al mundo ser incapaces de controlar, fiscalizar y hasta cerrar minas de oro a cielo abierto.
Respetuosamente,
Sonia Torres Arguedas
Comité Ambiental Miramar /
CEUS del Golfo Red del Pacífico para la Defensa del Agua