Nota de Prensa FEDEPAZ
A través de la Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas de la Provincia de Huancabamba, que apoya las actividades de la empresa Rio Blanco Copper S.A (Minera Majaz): Denuncian por Terrorismo a Defensores de Derechos Humanos, Alcaldes y dirigentes de Comunidades y Rondas Campesinas por defender sus derechos a la tierra y al agua en Huancabamba y Ayabaca 5ta. Fiscalía Penal Provincial de Piura estará a cargo de las Investigaciones que se agilizan, de manera inusitada, para que el caso pase a la DINCOTE. La Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, entidad de reciente creación, y que apoya las actividades de la empresa Minera Rio Blanco Copper S.A (Minera Majaz S.A.), el 24 del presente mes, ante la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura, presentó una denuncia penal de parte, por delito de Terrorismo y otros, contra los alcaldes piuranos que, precisamente, convocaron a una consulta vecinal el pasado 16 de setiembre del 2007 sobre la realización de actividades mineras en sus localidades; asimismo, son denunciados los dirigentes de las Comunidades y Rondas campesinas de Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba) que impulsaron dicha consulta y los defensores de derechos humanos y ambientalistas que han venido acompañando a la población a su solicitud.
El citado "Frente" está compuesto de personas que no forman parte de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas y que no tienen ninguna representación de las organizaciones sociales locales.
Llama la atención que esta denuncia sea presentada en el contexto de una campaña emprendida por ciertos medios de prensa, empresas y por el propio gobierno, cuyo objetivo es crear la falsa idea de la existencia de una supuesta "Red Antisistema" que estaría buscando desestabilizar al gobierno e impedir las inversiones mineras.
Entre los denunciados se encuentra defensores de derechos humanos y ambientalistas como Javier Jahncke de FEDEPAZ, Julia Cuadros de CooperAcción y Juan Aste del Grupo Andes, todos ellos miembros del Grupo de Apoyo Técnico de la Red Muqui para el denominado caso Majaz.
Cabe precisar que algunos de los alcaldes, dirigentes sociales y defensores de derechos humanos incluidos en la denuncia, han sido objeto de amenazas contra su vida por ejercer la defensa de dichas comunidades. Es el caso de Javier Jahncke, cuyas amenazas han motivado se abra un proceso de investigación fiscal que se encuentra en trámite (16va. Fiscalía Provincial Penal de Lima, Investigación No. 13-2007), e incluso la intervención del Relator Especial de las Naciones Unidas para la protección de defensores de derechos humanos, que incluso ha solicitado información inmediata, sobre el particular, al gobierno peruano.
Actualmente, existe un proceso penal y una investigación fiscal (Juzgado Penal Mixto de Ayabaca y Fiscalía Provincial Mixta de Huancabamba) por delito de usurpación agravada, iniciado por las comunidades campesinas de Yanta y Segunda y Cajas contra directivos y accionistas de Minera Majaz S.A. (hoy Rio Blanco Cooper S.A.), por su conducta de realizar actividades mineras en las tierras de las citadas comunidades, sin contar con los permisos correspondientes.
Asimismo, la empresa minera ha recibido una multa de parte del organismo de fiscalización minera, OSINERGMIN, por incumplir compromisos asumidos en sus estudios ambientales, así como por haber generado contaminación y daños al medio ambiente. No debemos olvidar que, también, la inconsistente denuncia que ahora hacemos de conocimiento, igualmente, se formula en un contexto en el cual el presidente Alan García, en su reciente visita a China, ha declarado que "no tiene porque no realizarse el Proyecto Río Blanco" y que dará el "apoyo para que la empresa pueda realizar sus actividad".
Lima, 26 de marzo de 2008
Oficina de Prensa Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – Fedepaz