Gloria Silvia Orellana,
Redacción Diario Co Latino,
27 de Diciembre de 2007
El activista Fermán Menjívar, residente de la Comunidad La Trinidad, de Sensuntepeque, Cabañas, fue declarado inocente.
Le acompaña Luis Francisco López, abogado defensor y vecinos. Fermán Menjívar, residente de la Comunidad La Trinidad, de Sensuntepeque, Cabañas, obtuvo el veredicto de “inocencia”, tras la resolución del jurado que votó cinco a favor y cero en contra, a la acusación presentada por la empresa canadiense Pacific Rim, Mining Corp, que fue celebrada por los habitantes con música, una marcha y una comida. La Familia Menjívar, junto a los habitantes de la Trinidad denunciaron que la acusación contra Fermán se debió a la negativa de vender el terreno de su propiedad a la empresa Pacific Rim, quienes realizan exploraciones en la zona para la industria minera, lo que ha generado una tensión permanente de los residentes y la empresa Luis Francisco López, abogado defensor de Fermán Menjívar, afirmó que los miembros de la comunidad le han informado que desde el año 2005, trabajadores de la empresa minera que incursionaron en la zona determinaron que en los terrenos propiedad de la familia Menjívar, pasa una veta de oro; que posteriormente fue ubicada por geólogos mineros norteamericanos quienes llegaron con más frecuencia.
“Sacaban muestras de agua para medir la cantidad de metales y determinar los mismos, quebraban piedras y tomaban muestras de ellas, así y en la medida que confirmaron sus sospechas, comenzaron a hablar de los supuestos beneficios de la Minería Verde, por lo que buscaron obtener el permiso de la familia Menjívar, para instalar en sus terrenos maquinaria pesada y hacer, según ellos, “unas cuantas perforaciones, remociones de terreno y talar unos pocos árboles… a lo que se negaron y la acusación fue el resultado directo”.
Asimismo, explicó que en la comunidad La Trinidad, se tuvo un resultado positivo dado que, en el lugar, la asistencia de algunas ong´s como ASIC, ADES, el Comité Ambiental y la Mesa Nacional Frente la Minería Metálica, habían alertado sobre el impacto negativo para la salud y el medio ambiente la minería metálica.
“La familia Menjívar categóricamente negó el permiso a Pacific Rim, lo cual no agradó a los mineros quienes siguieron presionando, hasta el día 7 de marzo de 2006, cuando varios trabajadores de la empresa Pacific Rim, quienes decían cumplir órdenes de Fredarick Earnast, amenazaron de muerte a la anciana Luciana Menjívar, quien tras recibir las amenazas sufrió un derrame cerebral, del que no se ha recuperado”.
Para el jurista, este tipo de atropellos de empresas transnacionales marca el deterioro en que se encuentra la institucionalidad del país, al permitir este tipo de abusos contra la población más desprotegida.
“Aún cuando pudiera pensarse que la oferta de los mineros venía acompañada de muchos dólares, lo cierto es que solo ofrecían $150, pues dijeron que ellos no querían el terreno, solo extraer el mineral y que posteriormente el terreno seguiría siendo propiedad de los Menjívar”.
La denuncia de la familia Menjívar no se hizo esperar y tras presentarla y declararse en contra este tipo de prácticas y de la minería metálica, la empresa respondió con una acusación judicial contra Ferman Menjívar, único protector de la familia, que se compone de mujeres en su mayoría. López explicó que el 14 de marzo de 2007, Pacific Rim presentó la acusación contra Ferman Menjívar, a quien le acumulaban la comisión de cinco delitos, realizados en distintas fechas, cuyo contenido eran amenazas contra trabajadores de la empresa minera.
“La estrategia del abogado, que ostentaba en su solapa el escudo de la Fiscalía (General de la República ), subregional de Sensuntepeque, fue apoyarse en el Art. 63, numeral 3º, del Código Procesal Penal y acumular todos los delitos en un solo proceso, para lograr así una condena de 19 años de prisión, y todas las víctimas eran los mineros empleados de la Pacific Rim , obedientes al apoderado legal”.
Asimismo, denunció ante la Corte Suprema de Justicia una persecución judicial, ya que el proceso adolecía de anomalías como “cometer un doble juzgamiento”, prohibido constitucionalmente (Art. 11), falta de prueba suficiente para decretar Apertura a Juicio, así como sobre abundante prueba viciada, producto de una investigación parcializada, pues las víctimas y los testigos eran todos trabajadores de la empresa Pacific Rim.