Prof. y Lic. Marcelo Giraud
En las últimas semanas, las asambleas del Valle de Uco, San Rafael, General Alvear y el Gran Mendoza han dejado claro que, aunque el modelo de desarrollo ambiental y socialmente sostenible sea una meta aún lejana en nuestra provincia, están dispuestas a luchar para alcanzarla. Dentro de pocos días o semanas el gobierno podría autorizar la fase de explotación del Proyecto Potasio Río Colorado.
Debido a sus diferencias respecto de la minería metalífera, dicho proyecto ha sido promocionado por la empresa angloaustraliana Rio Tinto como “respetuoso del ambiente” y “sustentable”, pues no se realizaría a cielo abierto ni utilizaría cianuro ni ácido sulfúrico. Sin embargo, mientras las reservas de gas en el país equivalen a 8 años de consumo, este solo yacimiento requeriría 367 millones de m3 de gas por año, que equivalen a la suma del consumo residencial, comercial y oficial de toda la provincia en un año. La energía que utilizaría para sólo 386 empleos directos que crearía en Mendoza equivale a la necesaria para 16.100 empleos en la industria mendocina, incluyendo las fábricas intensivas en energía.
Tal como está formulado el proyecto, dejaría depositados, a perpetuidad y a 5 km del río Colorado, 83 Hm3 de cloruro de sodio (embalse Valle Grande a cota máxima: 168 Hm3), formando una meseta de 210 hectáreas de superficie por 40 a 50 metros de altura.
La empresa propone “encapsular” este depósito para evitar la dispersión de sal al medio. Esto de ningún modo queda garantizado, pues el proyecto presenta numerosos y graves errores científicos y deficiencias técnicas, respecto de la acción del viento, tormentas estivales severas y sismos, entre otras falencias.
Ello implica graves riesgos a perpetuidad para el ambiente local y regional, incluyendo la posible contaminación del río Colorado, con efectos interprovinciales.
Las autoridades no deberían permitir este pasivo ambiental, sino exigir a la empresa que reinyecte las sales en formaciones geológicas profundas. La empresa generaría un valor agregado de 225 millones de dólares anuales, según el cálculo previo a un fuerte aumento en el precio del potasio.
De ese monto, el estado mendocino recibiría 8 millones en pago de regalías, y los empleados en 3 provincias otros 17 millones, quedando para la empresa una ganancia bruta de 200 millones.
En síntesis, unos pocos extranjeros se apropiarían de la mayor parte del beneficio económico, socializando a los argentinos graves riesgos ambientales legados a generaciones futuras, y agotando rápidamente recursos naturales no renovables.
Todo ello es incompatible con un modelo de desarrollo que sea sustentable no sólo en el discurso, sino en los hechos.
* Docente efectivo carrera de Geografía – U.N.Cuyo Asamblea Popular del Gran Mendoza por el Agua D.N.I. 20.112.286