Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino
Óscar Humberto Luna, procurador para la defensa de los derechos humanos, expresó su preocupación ante los continuos anuncios de impulsar 38 proyectos de explotación minera, que por la densidad poblacional y su grado de contaminación, ponen en riesgo la salud y el medio ambiente del país.
El pronunciamiento de la PDDH no es Nuevo, en agosto de 2006, la exprocuradora Beatrice de Carrillo emitió una resolución inicial sobre la problemática en donde se advierte los potenciales daños que ocasionarían a la salud de los habitantes y el impacto negativo contra el medio ambiente, que conlleva la minería metálica. El funcionario explicó que en base a los principios que informan al derecho internacional del medio ambiente y retomando la normativa nacional, se tiene que priorizar la protección de los recursos en respeto a los derechos de los y las ciudadanas.
“No me estoy oponiendo a los proyectos o inversiones que impliquen un desarrollo humano y sostenible, pero me opongo, firmemente, a toda aquella actividad o proyecto que sea un potencial de riesgo para la vida, la salud y los medios de existencia de las poblaciones, especialmente de las más vulnerables”, consideró.
Sobre la comisión adhoc creada en la Asamblea Legislativa para aprobar una Ley General de Minas, el procurador instó a los parlamentarios y parlamentarias a trabajar en beneficio de la población civil, sabiendo que su decisión afectará la calidad de vida y que la contaminación que se genere, puede ser un daño permanente en el país.
“Deben hacer un trabajo eficiente… tienen ejemplos muy claros, el relleno sanitario, la contaminación por plomo en San Juan Opico, donde se han enfrentado la población con las autoridades, ante proyectos que afectan su vida y deben recordar que cualquier ley, que ellos aprueben debe llevar un elemento de protección a los ciudadanos”, sostuvo.
Luna agregó que pondrá atención en los eventos que se desarrollen, después de este pronunciamiento por parte del Ejecutivo, e hizo un llamado al diálogo y a la reflexión. “Recomiendo que las propuestas de ley presentadas por la sociedad civil, y las organizaciones sociales, en relación al tema de minería metálica, sean tomadas en consideración, para la elaboración de una nueva ley, en aras de propiciar el ejercicio de la democracia y la consulta ciudadana”, añadió.
El procurador se basó en resumen ejecutivo en trabajos de investigación realizados por el Centro de investigación y Comercio (CEICOM), que según comprobaron, la calidad del agua en la zona minera de San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, La Unión, contenía metales pesados (mercurio, cromo y plomo), que formó un drenaje ácido.
Las más autoridades de la iglesia católica también se ha pronunciado en contra de la minería, desde el año pasado.
Inclusive, el Nuncio Apostólico, Luiggi Pezzuto, quien acompañó al Arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, respaldó la posición de la iglesia