La manifestación de los vecinos contra la minería llegó hasta la puerta de la Legislatura..
Uno de los cortes de rutas en Tunuyán.
Miguel Títiro mtitiro@losandes.com.ar
El Gobierno de Celso Jaque aseguró ayer que no habrá ninguna actividad que viole la ley de preservación del ambiente 5.961 y la 7.722, que prohíbe la explotación metalífera con sustancias tóxicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico. El anuncio lo hicieron el secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona, y el ministro de Gobierno, Juan Marchena, en referencia concreta al proyecto Ninu, tramitado por una empresa extranjera para extraer, a futuro, cobre y molibdeno en la cordillera del Valle de Uco.
La actitud oficial es la respuesta a las protestas que venían efectuando vecinos del Valle de Uco. La gente de San Carlos, Tunuyán y Tupungato denunció exploraciones mineras en las nacientes de cursos de agua de la cordillera de esa zona de provincia.
Sus dardos apuntaban a la empresa británica Anglo American, que ha realizado solicitudes a partir de 2003 para realizar prospecciones en las cercanías del área natural protegida de la Laguna del Diamante.
El secretario Carmona y el ministro Marchena afirmaron que no hay autorizaciones para esa tarea, por oponerse a las leyes actuales. Pero, además revelaron que no hay presencia de la compañía en el terreno, como lo comprobaron tras realizar un vuelo en helicóptero sobre la región en cuestión.
Uno de los expedientes iniciados por la compañía en 2006 con esa pretensión, ha sido contestado negativamente, porque las tareas previas de la firma sortearon, según Carmona, los procedimientos de la ley ambiental (5.961) y de la norma de la Legislatura de 2007, que prohíbe la explotación industrial usando sustancias químicas prohibidas.
En la reunión realizada ayer para dar a conocer estas novedades, estaban los tres intendentes del Valle de Uco: Jorge Difonso (San Carlos), Eduardo Giner (Tunuyán) y Joaquín Rodríguez (Tupungato).
Los tres dieron su conformidad a la decisión oficial, sosteniendo que, además de aplicarse las leyes en vigencia, también fueron tenidas en cuenta las ordenanzas restrictivas municipales de esos territorios.
Difonso viene haciendo punta en estas gestiones, retomando su tarea legislativa de franca oposición a la minería contaminante. Empero, el ministro de Gobierno, Juan Marchena, insistió en las premisas de Jaque: trabajar en el desarrollo sustentable de la provincia, e incluir en ese ámbito a la minería, aunque en el marco de la sustentabilidad, la preservación del recurso hídrico y en el respeto por las normas legales y las ordenanzas municipales.
La actual administración sostiene que no hay en la provincia una política minera y que falta un debate intenso al respecto. También se indicó que en febrero se presentará en la Legislatura el Informe Ambiental, que incluirá un diagnóstico sobre la situación ambiental.
El 5 de junio, Día del Ambiente, la Secretaría pertinente dará a conocer el postergado Plan Ambiental de la Provincia.
Este instrumento tiene que determinar el ordenamiento ecológico del territorio provincial en el aspecto biofísico de sus regiones y ecosistemas.
Entre los Vecinos Autoconvocados de San Carlos se recibió "con expectativa" el anuncio oficial, según comentó uno de los militantes, el docente Daniel Funes.
En principio suspenderían las medidas de protesta y cortes de rutas. Carmona explicó que la Anglo solicitó autorización (en 2006) para realizar tareas exploratorias en la cordillera sancarlina, pero presentando un aviso de proyecto y no una evaluación de impacto ambiental completa, como requiere un emprendimiento de este tipo.
"En este caso, como otros que se presenten, se deberán cumplir los requisitos de las leyes vigentes", dijo el ex diputado .