Por Milagros Salazar
http://www.larepublica.com.pe – 27/12/2007
El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, intervino en nombre del Perú en el proceso judicial que se le sigue a la compañía Doe Run Resources Corporation en Missouri, Estados Unidos, a pesar de tratarse de un caso contra una empresa privada.
La estadounidense Doe Run Resources Corporation es la socia de Doe Run Perú que opera desde hace diez años el complejo metalúrgico de La Oroya, ciudad considerada como una de las más contaminadas del mundo por agentes tóxicos como el plomo y el dióxido de azufre Pues bien, al ser denunciada la compañía a inicios de octubre por afectar la salud de 137 niños de La Oroya, el premier envió el 31 de ese mes una carta al embajador de Estados Unidos en el Perú, Michael Mckinley, solicitándole la "invervención del Departamento de Estado" para que el caso sea visto en el Perú debido a un principio de soberanía.
Del Castillo pedía que se notifique de esta solicitud al Departamento de Justicia y a la Corte del Circuito de Saint Luis de Missouri, que ve el proceso, para que no se fije "un precedente perturbador para los inversionistas de ambos países y que socava la seguridad jurídica".
Tras conocer este documento al que tuvo acceso este diario, el ex defensor del Pueblo Walter Albán señaló que la solicitud del jefe del gabinete es "una intromisión porque se trata de una demanda contra una empresa privada y por lo tanto es un disparate que invoque el principio de soberanía cuando en realidad debería defenderse a los niños afectados por la contaminación". "Con esto el gobierno se alínea con la empresa", agregó Albán, quien resaltó que en EEUU hay mayores garantías para sancionar a la empresa porque las normas en el tema ambiental son más rigurosas que en el Perú. ¿Y qué responde el premier? "La información que recibí es que era una denuncia contra personas naturales (funcionarios de la empresa), lo que generaba por esos días controversia de cara a la aprobación del Tratado de Libre Comercio con EEUU", dijo.
PODÍA COMPLICAR EL TLC
¿Pero en el marco del TLC lo que debía resolverse eran los juicios contra compañías estadounidenses ventilados en el Perú?, replicamos.
El ministro insistió en que lo hizo porque le comunicaron que podía complicar la negociación del tratado comercial. Y agregó: "Ahora es otro escenario, que los jueces de allá determinen libremente en dónde se debe seguir el caso".
La República pudo conocer por personas vinculadas al estudio jurídico que representa a las dos religiosas estadounidenses, que presentaron la demanda, que en la quincena de febrero la corte de Missouri deberá determinar si la denuncia debe resolverse aquí o en EEUU.
El ex secretario ejecutivo del Consejo Nacional del Medio Ambiente Mariano Castro consideró que así como "el gobierno tiene reflejos para intervenir en un tema privado debe fortalecer la institucionalidad en el sector ambiental para garantizar sanciones a las empresas que contaminan".