Diario El Heraldo
5-12-07
Concertación minera
Por vez primera en Honduras, los distintos sectores involucrados, directa o indirectamente, en la explotación minera, están exponiendo sus criterios y puntos de vista en la redacción del dictamen de la Ley de Minería, buscando encontrar puntos coincidentes, algo nada fácil de alcanzar ya que están de por medio la salud de los pobladores que viven en las áreas de explotación, la preservación del medio ambiente, los recursos renovables y no renovables existentes así como las inversiones de las empresas, de capital extranjero, dedicadas a ese rubro.
Lo importante de esta negociación es que el Poder Legislativo está escuchando, simultáneamente, posiciones divergentes; de una parte, las de las comunidades y ambientalistas, y de otra, las de los sindicatos y compañías. Las partes deben tener en cuenta la experiencia histórica de nuestro país a lo largo de siglos de extracción de minerales: el saldo no ha sido ciertamente favorable a los intereses nacionales y locales, ya que el Estado ha priorizado a una de las partes, la que aporta el capital y la tecnología, en detrimento de los derechos de las comunidades afectadas.
Así, mientras los montos pagados por concepto de impuestos han sido extremadamente bajos, dentro de las nefastas políticas concesionarias favorecidas hasta fechas muy recientes, las empresas mineras han obtenido ganancias significativas, las que han sido remitidas al exterior donde residen las casas matrices de las multinacionales, sin tener un impacto positivo, de efectos duraderos, ni para el Estado ni para nuestra patria.
El estudio elaborado, con conocimiento de causa, por Julio Lozano Díaz, quien posteriormente se desempeñó como vicepresidente de la República y jefe de Estado, reveló cifras desconocidas hasta entonces que respaldaron su conclusión de que Honduras resultaba perdiendo con la aplicación de políticas públicas en exceso generosas a favor de las mineras.
También el cardenal Óscar Andrés Rodríguez ha llamado la atención sobre la dramática situación sanitaria a la que han estado expuestos los habitantes del valle de Siria, por efecto de la contaminación de las aguas. Por ello es conveniente que la actual discusión que se lleva a cabo en el Congreso pondere los costos y beneficios, sin presiones y sin prisas, a efecto de alcanzar una legislación que tome en cuenta los intereses de todas las partes, sin ventajismos ni preferencias para una en detrimento de las otras.
Los pueblos centroamericanos están forjando alianzas a efecto de revertir políticas depredadoras que han provocado enfermedad, contaminación y destrucción, a fin de alcanzar un desarrollo sostenible; Honduras se inscribe en esta tendencia y los legisladores deben tener en cuenta esta tendencia, que abarca tanto a los habitantes de los países prósperos como aquellos que pertenecemos al Tercer Mundo.