Ixtahuacán y Montana
Irmalicia Velásquez Nimatuj /elPeriódico redaccion@elperiodico.com.gt
Hoy a las 9:00 de la mañana se inicia un debate histórico en la sede del Tribunal de Sentencia de San Marcos. En este juicio, siete hombres indígenas del municipio de San Miguel Ixtahuacán son acusados por la empresa Montana Exploradora de Guatemala, subsidiaria de la empresa Glamis Gold Ltd., de incitación a delinquir, amenazar y agredir al jefe de seguridad de Montana, el 10 de enero de 2007, en el caserío San José Nueva Esperanza, cerca a las instalaciones de la mina Marlin, que desde el 2005 extrae oro en ese lugar.
Lo que está detrás de la acusación no son las agresiones al jefe de seguridad, sino tratar de silenciar a través del sistema judicial a cientos de hombres y mujeres indígenas, la mayoría analfabetas, que fueron astutamente persuadidos por representantes de Montana para vender sus tierras por unos quetzales.
Ahora cinco comunidades se han visto despojadas y han empezado a enfrentar la destrucción de cerros y montañas, la pérdida de la flora y la fauna, la contaminación del aire, la destrucción de la parte alta de la cuenca del río Cuilco, el cierre de caminos, el desmoronamiento lento de las casas de quienes se negaron a vender y a marcharse.
Estas comunidades están viviendo el desplazamiento en sus propios territorios, provocado por la instalación y operación de una mina de oro. Por eso, se han levantado y piden una revisión del deshonesto negocio, que está acabando con sus recursos, pero sobre todo con la vida. El 9 de enero de 2007 los representantes de Montana recibieron en la mina Marlin a la comitiva de los campesinos, los escucharon, y al día siguiente les dijeron que sus demandas no procedían.
Cuando retornaban a sus comunidades fueron atacados con piedras y armas de fuego por miembros de la seguridad de la mina, e inmediatamente acusados de un delito que no cometieron, para amedrentarlos y poner precedentes ante otras comunidades de San Marcos o Huehuetenango que han realizado consultas municipales y han dicho "no" a la minería de cielo abierto, que se lleva los minerales dejando un miserable 0.5 por ciento de las ganancias a las municipalidades.
El equipo legal de Montana propuso desistir si los siete campesinos se declaraban culpables, pedían disculpas públicas al jefe de seguridad y firmaban un acta que restringía su libertad de manifestación.
Con dignidad dijeron "no", y ahora están poniendo a prueba la imparcialidad del sistema de justicia.
— Comisión Pastoral Paz y Ecologia (COPAE) Diócesis de San Marcos http://www.resistencia-mineria.org