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El ingreso de una empresa minera al cantón Echeandía (Bolívar) genera división y enfrentamientos entre los pobladores de 30 comunas campesinas.
Un grupo de habitantes respalda, desde hace un año, la entrada de la transnacional canadiense Curimining S.A., la cual, en el 2003, recibió 11 concesiones (49 000 hectáreas) del Ministerio de Minas. Sin embargo, otra parte de los pobladores se opone porque considera que habrá contaminación en su cantón.
Los opositores denunciaron que la empresa no cuenta con el estudio de impacto ambiental ni socializaron el proyecto. Ello armó la discordia, hace tres meses, y desató una serie de enfrentamientos, secuestros de mineros y aun de autoridades. El último choque entre las partes, ocurrió el pasado 5 de octubre, en la comuna El Congreso. En este poblado se protagonizó una guerra campal. Alrededor de 1200 campesinos de las comunas La Palma, Selva Alegre, Salinas, Chazo Juan, Las Naves y más, se enfrentaron a palos y piedras con 60 habitantes del recinto El Congreso, que apoyan a la minera.
El pleito terminó con una docena de heridos y la destrucción de las oficinas de la transnacional. A una semana del suceso, los comuneros agredidos presentaron una denuncia en la Fiscalía de Bolívar, que emitió las boletas de captura en contra de 30 dirigentes.
Por ello, el domingo 21 de octubre, más de 80 personas de las zonas altas de Echeandía y Las Naves, secuestraron a Gabriel Ibarra, vicealcalde del cantón, acusándole de apoyar a Curimining. La autoridad pasó detenida cuatro días en la comuna La Palma.
Para lograr su libertad, el Gobernador de Bolívar, alcaldes y concejales, con los habitantes de Echeandía y Las Naves, decidieron dejar sin efecto las boletas de detención. Además, suspender los trabajos de exploración. Sin embargo, Julia Calahorrano, directora de la Regional de Minería en Chimborazo, explica que la actividad de la minera no puede suspenderse. Asegura que no hay ninguna disposición legal del Ejecutivo para adoptar la decisión. "La compañía puede laborarar de acuerdo con las leyes".
Pese a eso, los dirigentes insisten en que la minera no ingresará nuevamente a la zona.
Según ellos, no poseen los estudios de impacto ambiental y tampoco socializaron el proyecto con los habitantes de la comunidad. Mecías Córdova, presidente de Organizaciones Campesinas, aseguró que un grupo de personas asistió a las reuniones bajo engaños.
Pero no todos participaron de la sesión. Los comuneros cuentan con el apoyo de la Fundación Acción Ecológica.
Ellos, en dos ocasiones, exhibieron un video sobre los daños ecológicos que podría causar la empresa minera. Esto enojó aún más a los habitantes. Calahorrano explica que la empresa posee 11 concesiones. De acuerdo con el Artículo 26-3 de la Ley, cada concesión minera no podrá exceder de 5000 hectáreas. Explica que la compañía sí cuenta con los estudios de impacto ambiental. Por ello, está bajo el lineamiento ambiental minero.
El 6 de agosto del 2007, la Subsecretaría de Protección Ambiental emitió un oficio favorable a Curimining. Según Calahorrano, con la emisión del informe favorable se entiende que Curimining cumplió el proceso de socialización, puesto que posteriormente elaboró el estudio de impacto ambiental con la aprobación respectiva, antes de la explotación. Córdova no está convencido y advierte que no permitirán otra vez el ingreso de la minera. "Los acuerdos tienen que respetarse para evitar enfrentamientos".
En un recorrido realizado por este Diario por la zona en conflicto, se observó que la empresa Curimining construyó siete plataformas para la extracción de muestras de suelo. "Mire, no hay contaminación, el agua que salió pasó por un proceso de purificación y retorna al cauce del río El Lobo.
Para comprobar nos tomamos agua del afluente y no nos ha pasado nada", dijo Gustavo Solís, un morador de la zona, pese a no poseer resultados de un laboratorio. Pero el temor a nuevos enfrentamientos en la zona persiste, especialmente en contra de la gente que respalda a Curimining. Poco diálogo Los pobladores de El Congreso, donde opera Curimining, están afectados porque en la empresa trabajaban 180 personas del lugar.
El enfrentamiento ha dividido incluso a las familias. La empresa minera desde su ingreso hace un año compró las propiedades de cinco finqueros y aspiran la compra de otros terrenos de El Congreso.
Los campesinos, con lujo de detalles indican los sitios donde los mineros recogieron las pruebas de roca en tubos de tres pulgadas. Uno está localizado en el terreno de Adela Manobanda.
Los ingenieros para ingresar a los terreno de sus propiedad le solicitaron permiso. A cambio entregaron dos tanques para el reciclaje de la basura y construyeron letrinas en el pueblo.
Julia Calahorrano, directora de la Regional de Minería en Chimborazo, asegura que de acuerdo a los lineamientos del Gobierno del presidente Rafael Correa, no permitirán paros, enfrentamientos o secuestros que terminen en violencia por las concesiones mineras. "El dialogo será la única arma para llegar a un entendimiento entre las partes. Si faltó socializar el proyecto u otros pasos, los procesos deberán ser revisados".