21/05/2021
Redacción Wayka
Desde 1981, la provincia de Espinar del Cusco convive con la minería y sus consecuencias. Ese año, la empresa estatal ETAMINSA expropió 2.368 hectáreas de la comunidad de Anta Cama y comenzó sus operaciones extractivas en el proyecto minero Tintaya. Los reclamos de la población, sin embargo, perduran hasta la actualidad, cuarenta años después, por un Estado que no garantiza derechos básicos ni acceso a la salud especializada para los afectados por la contaminación minera, y una empresa que desata protestas en la provincia.
Las primeras protestas de la población de Espinar contra la actividad minera sucedieron durante la década de los ochenta, y no se agravaron hasta el 21 de mayo de 1990, cuando tomaron como rehenes a un grupo de trabajadores de la minera. Durante el régimen de Alberto Fujimori, según los propios comuneros de la provincia de Espinar, la situación empeoró.
“Desde 1990 los problemas han iniciado juntos con el gobierno fujimorista. Nosotros teníamos antes nuestras empresas mineras estatales, pero Fujimori todo privatizó, nos ha traído un caos. Ha vendido, ha rematado, en un año 200 empresas mineras. Nos han invadido las grandes empresas transnacionales. Junto con ese remate empezaron nuestras protestas”, cuenta Elsa Merma, integrante de la Asociación de Mujeres Defensoras del territorio K’ana, en el foro “Conflictos y espacios de diálogo en Espinar: balance y desafíos”.
Como se recuerda, en 1993 el gobierno de Alberto Fujimori inició el proceso de privatización y en 1994 le adjudica el proyecto Tintaya a la multinacional estadounidense Magma Cooper Company por US$276,8 millones. En 1996, Magma es absorbida por el grupo australiano Broken Hill Property (BHP) para posteriormente fusionarse con la empresa Billiton PLC (Reino Unido). El proyecto Tintaya termina en manos de Xstrata Copper en 2006, luego de que esta sea vendida por Billiton PLC.
Desde el lado de la población de Espinar, sin embargo, no se ha percibido el progreso que supone la actividad minera. Hasta el 2017, de acuerdo a datos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el 46% de personas de Espinar sigue siendo pobre, el 17% vive en pobreza extrema y solo el 37% alcanzó la condición de no pobre. A su vez, el Ministerio de Salud identificó a 1621 personas con presencia de metales tóxicos en la sangre, como arsénico, cadmio, mercurio y plomo.
La afectación por metales pesados fue confirmada recientemente en un informe elaborado por Amnistía Internacional y Derechos Humanos Sin Fronteras, en donde se concluyó que de 150 personas de Espinar analizadas, el 78% tuvo altos niveles de metales y sustancias tóxicas. La mayoría de ellos guarda arsénico en la sangre.
“La empresa minera nos ha traído contaminación a nuestro medio ambiente y nuestra salud. Los ministerios ya saben que tenemos metales pesados, pero hasta ahora no somos atendidos.
Ahora estamos en mesas de diálogo, cuántos años de mesas de diálogo pero en Espinar simplemente instalamos (mesas), después semanas pasan, meses pasan, se olvidan. Y otra vez tenemos que sacar pronunciamientos, tenemos que movilizarnos, organizar otro paro”, exclama la defensora ambiental de Espinar, Elsa Merma.
Por su lado, la bióloga de Derechos Humanos Sin Fronteras, Karem Luque Ticona, enfatiza los años de ineficiencia del Estado frente a las poblaciones afectadas por metales pesados. “No se han implementado planes de atención integral efectivos en Espinar. No se ha entregado hasta ahora, seis años después, los resultados de causalidad de la contaminación por parte del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Hasta ahora no se encuentra la causa de la contaminación, que era una de los principales pedidos de la población”.
Para José de Echave, economista y exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente durante el gobierno de Ollanta Humala, los derechos ganados por la población de Espinar se deben a su capacidad de organización. “Los mejores momentos de lucha y diálogo en Espinar han sido cuando la población ha estado organizada, porque una población organizada está en mejores condiciones para defender sus derechos. Cuando las comunidades han tenido la capacidad de convocar aliados, y cuando la población pudo hacer visible lo que pasaba en sus territorios”, dijo de Echave en el foro transmitido por Wayka.
40 años de minería en Espinar: pobreza, contaminación y conflictos sin resolver