El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Macas, Morona Santiago, Ecuador ha dictado una improcedente orden de prisión contra Tarquino Cajamarca, Concejal de Limón Indanza, Aida Astudillo, Marcos Ochoa y Franklin Reinoso Antecedentes Limón Indanza es un cantón de la provincia de Morona Santiago que se caracteriza por su naturaleza pródiga en recursos (entre ellos los mineros) y la belleza de su entorno. Desde el año 2002 comienzan los trabajos de construcción de la planta de la represa de la Hidroeléctrica Hidroabanico, sobre el río Abanico. Esta empresa desinforma a la población, manifestando que dichos trabajos son para mejorar la luz eléctrica del cantón y la provincia, pero se descubre que la verdadera intención es dotar de energía a las compañías mineras Lower Mineral Exploration, Billinton, y principalmente Corriente Resources Inc. PRODEMICA (Proyecto de Desarrollo Minero y Control Ambiental) nos informa que en los 16 pozos más profundos del país, existen alrededor de 700 toneladas de oro, 1600 T. De plata y 1.500.000 T. De cobre, equivalentes a aproximadamente 8.600 millones de dólares.
En Morona Santiago se habla de 246 concesiones de minerales no metálicos, de los cuales en el cantón Limón Indanza se encuentran alrededor de 20. Por lo tanto, toda la energía producida por HIDROABANICO y la empresa tercerizadora SIPETROL, de propiedad de Pablo Terán, ex –Ministro de Energía del gobierno de Gustavo Noboa, está destinada a las compañías mineras que están saqueando los recursos naturales, dejando a cambio destrucción, depredación, empobrecimiento y división de la población.
La población se moviliza por sus derechos ambientales. Los hechos del 6 de marzo. Una vez que la población toma conciencia de los verdaderos intereses existentes tras el proyecto hidroeléctrico mencionado, comienza a protestar y a movilizarse, logrando acuerdos que se firman ante autoridades del gobierno y del Cantón, el más importante de los cuales es el Acta de Compromiso suscrita entre las fuerzas vivas de Morona Santiago y el Gobierno de Alfredo Palacio, el 12 de noviembre del 2006 en Macas.
Sin embargo HIDROABANICO incumple los acuerdos y continúa sus actividades, obligando a los limonenses a retomar la protesta. Es así como el 6 de marzo del presente año, alrededor de 160 pobladores realizan una marcha pacífica con la participación de jóvenes, mujeres, e inclusive ancianos, que termina con un plantón frente a la empresa hasta horas de la noche.
Cuando deciden retirarse los guardias de SIPETROL comienzan a disparar contra los manifestantes, cayendo herida la dirigente de las mujeres Aida Astudillo y produciéndose un estallido de dinamita al interior de la empresa, que constituye un claro autoatentado montado por los empresarios, con el objetivo de desprestigiar la lucha cantonal y justificar la persecución contra los dirigentes de la protesta, en especial contra el Concejal Tarquino Cajamarca.
El 21 de marzo se realiza un gran paro provincial con un masivo apoyo de la población de Morona Santiago, lo cual obliga a la firma de un acta de compromiso el día 30 de marzo de 2007, en la cual entre otros puntos se acuerda la suspensión inmediata de los trabajos y el cese de la persecución a los dirigentes de la movilización. Este compromiso se suscribió ante una asamblea de 3000 personas que contó con la presencia de autoridades de gobierno como elDr.
Eduardo Paredes, Subsecretario de Gobierno, Dra. Lucía Ruiz, Subsecretaria de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, e Ing. Alexey Mosquera, Subsecretario de Energía y Minas, a fin de que se suspendan los trabajos de SIPETROL e HIDROABANICO. En aquella ocasión el Subsecretario Eduardo Paredes expresó:
"no venimos a engañar…aquí no vemos terroristas ni subversivos sino PATRIOTAS"
Persecución Judicial contra los dirigentes de la lucha
Sin embargo, el juicio planteado por SIPETROL contra los dirigentes de Limòn continúa su curso con una curiosa agilidad, sumado la persecución política de las autoridades locales entre ellas, el gobernador de Morona S. Marcelo Valencia Orellana y Alcalde de Limón Antonio Castillo Orellana.
En esta persecusión, el alcalde y concejales de Limón pedrearon y apelaron a la población protestante, dejando más de 16 heridos. Aunque aparentemente se ha llevado adelante el proceso con normalidad y de forma "objetiva", existen algunos elementos que nos demuestran lo contrario. Veámoslo:
1.- Se da inicio a la Indagación Previa el 07 de marzo del 2007 a las 5H05, por una supuesta llamada telefónica proveniente de la Comisaría Nacional de Policía, sin especificar quien fue el autor de esa llamada y que hacía dicha persona en esta dependencia pública a esas horas de la madrugada.
2.- Nuestro Código de Procedimiento Penal dispone que la base del proceso penal es la comprobación material de la infracción y la responsabilidad penal de sus autores, correspondiéndole al Fiscal la responsabilidad de llevar adelante la investigación preprocesal y procesal penal, para lo que deberá practicar todo tipo de pruebas que lo lleven al establecimiento de la verdad.
En este sentido el Fiscal Cuarto de lo Penal Dr. Miguel Angel Villamagua Jiménez , hijo del presidente de la Corte Superior de Justicia de Macas y que posteriormente sería juez natural de uno de los imputados por ostentar el cargo de concejal- ordena la practica de varias diligencias como la recepción de las versiones de los testigos, que por cierto si revisamos el proceso son representantes de la Empresa Sipetrol o sus trabajadores, fiscal que se negó receptar un solo testimonio de los hoy acusados mucho peor de testigos que no tengan vinculación con la Empresa; consecuentemente el Fiscal Villamagua viola normas del debido proceso, el derecho a la defensa y la igualdad ante la ley y de las partes procesales.
3.- El ministro Fiscal Distrital de Morona Santiago, Dr. Rodrigo Esparza convalida un proceso penal totalmente viciado y que adolece de una serie de nulidades, al dar inicio a la instrucción fiscal en contra de los cuatro imputados tomando como referencia todo lo actuado por el fiscal Villamagua. Valga decir que se desconocieron los elementales principios de competencia en el conocimiento de la causa.
4.- Esta cadena de irregularidades lleva a que el presidente de la Corte Superior de Justicia de Macas, Dr. Ramiro Flores, ante el insistente y curioso pedido del Ministro Fiscal disponga la prisión preventiva en contra de los cuatro imputados: Franklin Reinoso, Marco Ochoa, Aída Astudillo y el concejal Tarquino Cajamarca, medida cautelar que se mantiene hasta la actualidad.
5.- A pesar que dentro del proceso penal se ha demostrado conforme a derecho la absoluta irresponsabilidad de los ahora imputados y se ha desvanecido completamente los elementos de convicción que lo llevaron al presidente de la Corte Superior de Justicia de Macas a emitir el auto de prisión preventiva, ésta se mantiene, por lo que los imputados se encuentran con orden de prisión y en la clandestinidad.
6.- De lo dicho podemos colegir que este proceso penal se ha llevado en total desconocimiento de los hechos, en franca violación de las normas del debido proceso y la presunción de inocencia, así como en una flagrante violación de las normas del Derecho Internacional sobre Derechos Humanos al haber dejado a los imputados en un estado de indefensión, por lo que conminamos a que el señor Fiscal General de la Nación declare la nulidad de todo lo actuado y consecuente disponga la inmediata libertad de los imputados.
Conclusiones
Se ha configurado de esta forma, un cuadro de persecución a luchadores y defensores del medio ambiente y los derechos humanos, a través de mecanismos judiciales que pretenden acallar la protesta social con la CRIMINALIZACION DE LA LUCHA POPULAR y amenazas contra la vida, hostigamiento y campañas de desprestigio, apoyadas por ciertas autoridades locales, como el gobernador de Morona Santiago, Marcelo Valencia.
La protesta social ha sido masivamente apoyada por la población, como producto de un trabajo de concientización de varios años por parte de diferentes organizaciones sociales y políticas del Cantón.
Pero la protesta social contra la explotación minera en Limón Indanza no es un caso aislado sino que se inscribe en un contexto social mucho más amplio que involucra a diferentes zonas en diversas provincias del país.
Luchas similares han ocurrido en zonas como Puerto López (Salango, provincia de Manabí), cantón Pangua (Provincia de Cotopaxi), Olmedo (Provincia de Esmeraldas), La Victoria de Portete en Tarqui (Provincia de Azuay), Intag (Imbabura), Pallatanga (Chimborazo), El Pangui (Zamora Chinchipe) , Tiguino (Orellana), donde SEGUNDO LOOR fue asesinado por las fuerzas represivas y varios otros, de manera que se estima que alrededor de 300 dirigentes sociales en el país se hallan perseguidos judicialmente por defender a sus poblaciones de la depredación minera y petrolera de las grandes empresas.
Frente a los hechos mencionados, se viene realizando una extensa campaña de solidaridad, tanto nacional como internacional, para exigir que cese la persecución y archivo inmediato de los juicios contra los compañeros Tarquino Cajamarca, Aida Astudillo, Franklin Reinoso y Marco Ochoa, ya que responden claramente a una retaliación de las empresas y persecución política de la derecha y no existen fundamentos de hecho o de derecho para acusarles de sabotaje y terrorismo.
Igual petición realizamos para los demás luchadores sociales que defienden sus derechos, la vida y la naturaleza. Es inconcebible que en vísperas de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente que ha despertado grandes expectativos de cambio en la población ecuatoriana, exista una persecución política contra personas que han defendido principios constitucionales y derechos humanos básicos, como la libertad de expresión, la consulta a las comunidades antes de realizar grandes proyectos de infraestructura o explotación de los recursos naturales, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la salud, al agua, a la biodiversidad, etc.
Si la Asamblea Constituyente es de carácter democrático, participativo e incluyente, como lo ha manifestado el gobierno del Econ. Rafael Correa, no podemos aceptar que exista una cacería de bujas contra los dirigentes sociales y populares.
Por eso demandamos de los nuevos asambleístas elegidos por el pueblo se pronuncien por una amplia AMNISTIA para los perseguidos por defender la vida y la naturaleza.