de comunidades afectadas por el Proyect
A pocas horas de iniciarse una reunión entre los comuneros de Michiquillay, representantes de Anglo American y funcionarios de PROINVERSION, fue detenido el dirigente comunal Mercedes Saucedo Ríos.
La detención del dirigente se produjo en el día en que Anglo American debía exponer los alcances de su proyecto a los pobladores de Michiquillay, quienes se oponen a la actividad minera en el distrito de La Encañada, en Cajamarca.
Michiquillay es uno de los 20 proyectos mineros que el gobierno pretende imponer a través de la iniciativa legislativa Nº 1640 2007- PE, la cual los declara de interés nacional y con ello se allana el camino para su ejecución, sin tener en cuenta la opinión de las comunidades que se verán afectadas por sus operaciones. Esa es la verdadera razón para la detención de Mercedes Saucedo, con la que además, se pretende atemorizar y silenciar a quienes se oponen a la presencia minera en la zona.
Se debe tener en cuenta que los reclamos de los comuneros nunca fueron escuchados. Incluso la privatización del proyecto minero se hizo sin respetar la previa consulta a las comunidades.
Además, el gobierno con apoyo de la empresa han promovido la creación de organizaciones paralelas dentro de la comunidad lo que ha generado el divisionismo al interior de la misma. Son estas personas las que pretenden convencer con engaños y dadivas a la población de Michiquillay que permitan la explotación minera en sus tierras.
El gobierno, bajo el marco legal que criminaliza la protesta, continúa con la persecución de los dirigentes comunales y defensores de la vida y el medio ambiente, cuyo único delito es la defensa de los derechos de sus pueblos. Este no es el primer caso.
Anteriormente dirigentes comunales de Ayabaca estuvieron a punto de ser condenados a penas privativas de la libertad por acusaciones falsas hechas por personas subvencionadas por la empresa minera Majaz.
Por ello exigimos al gobierno el cese de la persecución y hostigamiento de los dirigentes y las comunidades que en aplicación de sus derechos exigen el respeto a sus derechos que están reconocidos por las leyes de nuestro país e instrumentos de alcance internacional como el Convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo (OIT) y la Declaración de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Alertamos a la opinión pública de estos hechos, que pueden repetirse en todas las zonas donde se ubican los 20 proyectos mineros que el gobierno pretende imponer a través del proyecto de ley 1640, iniciativa que promoverá nuevos conflictos socioambientales o provocará que se radicalicen los ya existentes.
Ese proyecto debe ser retirado y en su lugar deben generarse otros que promuevan la protección integral de los derechos de las comunidades campesinas e indígenas de nuestro país. PRENSA CONACAMI PERU