Martes -11/09/2007
Consultas ciudadanas
Por: José De Echave
Hace aproximadamente un año y medio, en el distrito en el que vivo, el municipio nos convocó a una consulta ciudadana para definir el tema de la zonificación. Los residentes votamos devolviendo unos sobres que nos habían entregado e incluso tuvimos la opción de hacerlo vía Internet. Por supuesto nadie dijo nada, ni hubo pronunciamientos sobre una supuesta ilegalidad. Revisando información oficial se puede encontrar fácilmente algunos datos de otras consultas vecinales: en julio del año 1996, el municipio de Jesús María convocó a una consulta vecinal sobre la organización del comercio ambulatorio.
En 1998 el municipio de San Isidro lo hizo para reajustar la zonificación y por el mismo motivo la municipalidad de Marcona convocó a su población en 1999. Tampoco nadie se opuso ni declaró ilegal estas iniciativas municipales. La lista de consultas vecinales organizadas por municipalidades en el Perú es larga. Por otro lado, si uno revisa los balances sociales y los sitios web de las empresas mineras, estos nos informan que también organizan consultas a sus poblaciones vecinas, sobre diferentes aspectos y también para obtener lo que hoy en día llaman licencia social.
El Consejo Internacional de Minería y Metales, una organización liderada por trece de las principales empresas multinacionales y veinticuatro asociaciones nacionales e internacionales de la industria, entre ellas la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú, también nos habla de consultas y proponen desarrollar relaciones con los pueblos "a partir de la identificación de sus intereses y de los impactos del proyecto, que pueden incluir: buscar el consentimiento para las actividades (…)".
La palabra consentimiento puede ser incluso más audaz que la de la consulta. Regresando al Perú, el 14 de agosto del año pasado los pobladores del distrito de Morococha, en la región Junín, fueron convocados a una consulta popular auspiciada por las empresas mineras de la zona. La consulta era para saber si estaban de acuerdo en ser reubicados ante la eventualidad del desarrollo de un nuevo gran proyecto minero: algo más del 90% de la población que acudió a la consulta popular votó a favor de la reubicación.
Un éxito para la minería en la zona. De nuevo, nadie habló de que esta iniciativa era una irresponsabilidad o que atentaba contra el orden legal y la inversión en el país. Todo parece indicar que en este caso algunos aplican diferentes varas para medir los mismos hechos. Si las consultas son organizadas por las empresas mineras y no ponen en riesgo sus intereses no hay ningún inconveniente ni asomo de ilegalidad. Si en cambio es organizada por alcaldes que buscan conocer la opinión de la población sobre un proyecto minero es inaceptable para las empresas, el gobierno y algunos medios de comunicación incondicionales.
La consulta del próximo domingo en los distritos de El Carmen de la Frontera, Ayabaca y Pacaipampa, es perfectamente legal, como lo han señalado funcionarios de la Defensoría del Pueblo y lo demuestran los antecedentes citados. Todos esperamos que sea una verdadera fiesta democrática y que se desarrolle en un ambiente de paz y tranquilidad. Pero además, aunque todavía no se den cuenta las empresas, la realización exitosa de la consulta del domingo también ayudará al futuro de la minería en el Perú.