Por Enrique Patriau
Se viene un conflicto en los andes de Piura. De un lado la minera Majaz, con el apoyo del Ministerio de Energía y Minas, y del otro los campesinos de la provincia de Ayabaca, decididos a proteger sus fuentes de agua y sus tierras de la contaminación inherente a la actividad minera.
Majaz exhibe la bendición que el gobierno le ha dado a su proyecto Río Blanco, pero los reparos de la Defensoría del Pueblo no pueden ser ignorados.
Un sentimiento que se extiende y que parece ser exacerbado por el propio gobierno al negociar un contrato a espaldas de las comunidades de la zona. En la sierra de Piura, un conflicto a todas luces violento asoma en el horizonte. Una serie de hechos demuestran que el enfrentamiento entre la minera Majaz y las comunidades campesinas de Segunda y Cajas y Yanta, a raíz del proyecto Río Blanco, se agudizará y traerá consecuencias que lamentar. La disputa empezó el año 2003 y el domingo 16 de setiembre ingresará a una etapa decisiva cuando se celebre la consulta vecinal convocada por los municipios de Ayabaca, Pacaicampa y Carmen de la Frontera para que sus respectivas poblaciones se pronuncien sobre si desean o no.
Si bien no se trata de una votación vinculante, sus promotores esperan que el resultado a favor del "No" sea lo suficientemente contundente y haga entender a Majaz de la inconveniencia de seguir adelante con sus planes de extracción de cobre y molibdeno. De lo contrario, la tensión podría derivar en violencia. Lo que se viene Image Los campesinos de Piura se han organizado para preservar su ecosistema.
Apuestan por un modelo de desarrollo y no quieren imposiciones desde Lima. "Si lo que usted desea saber es qué puede pasar si no se entiende que preferimos la agricultura a la minería, le voy a decir la verdad: si Majaz se queda puede haber violencia, no buscada por nosotros sino por ellos". Magdiel Carrión, presidente de la Federación Provincial de las Comunidades Campesinas de Ayabaca, es claro en su advertencia sobre lo que seguramente ocurrirá si no se alcanza un acuerdo por las buenas. "¿Qué cosa se puede esperar de una empresa que ocupa sin autorización territorios ajenos? ¿Y cómo puede reaccionar el pueblo si no se le ofrece una salida pacífica, si sus derechos elementales a la salud, a la vida, se vulneran, si no se nos considera ciudadanos iguales al resto y se decide nuestro futuro desde Lima?", pregunta Carrión.
Al revisar los antecedentes de la historia, resulta notorio que Minera Majaz (subsidiaria de Monterrico Metals, cuyo principal accionista es el consorcio chino Zijin) cuenta con el apoyo total del Estado (léase ‘gobierno’) y que, en esa apuesta por la inversión que el proyecto Río Blanco representa (US$ 1,000 millones en 20 años), los campesinos aparecen postergados en sus reclamos, son peruanos ignorados, invisibles para el Estado.
Y tal situación solamente puede exacerbar ánimos. ¿De qué clase de quejas hablamos? La principal tiene que ver con el hecho de que Majaz, según la Defensoría del Pueblo, está ocupando ilegalmente los terrenos de las comunidades. Aun cuando los comuneros no poseen los derechos del subsuelo, dos tercios de la asamblea comunal deben dar su aprobación antes de que la superficie sea utilizada por terceros.
Majaz no ha conseguido ese aval indispensable para iniciar exploraciones, y tampoco para la instala ción de campamentos. Majaz se defiende y arguye que todo se encuentra en orden. El gran temor de los campesinos es el daño ambiental que Río Blanco provocaría en el ecosistema. Sobre este punto decisivo tampoco existe una respuesta explícita de la minera.
Así, a caballo entre la incertidumbre y lo que asumen que es un atropello a sus derechos, se aprestan a hacerse escuchar. "Defenderemos nuestro derecho a una vida con salud", sostiene Sixto Alberca, presidente del Frente Único en Defensa de la Vida del Medio Ambiente del distrito de Carmen de la Frontera. Los principales dirigentes se escuchan decididos e inflexibles en sus propósitos. No quieren a Majaz. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Engreimientos estatales Image La producción de limones se exporta a Europa y EEUU.
Tambogrande apostó por la agricultura y le va bien. Si los campesinos hubieran sentido desde el inicio una preocupación real del Estado por absolver sus dudas y cuestionamientos, el panorama sería menos conflictivo. En cambio, hemos llegado a un punto en donde la violencia surge como posibilidad latente en defensa de lo que ellos consideran justo.
Un imprescindible y demoledor informe elaborado por una delegación independiente coordinada por el Perú Support Group (PSG), organización con sede en el Reino Unido, da cuenta de ello. Las conclusiones a las que arriban los investigadores (un especialista en ambiente y desarrollo, catedráticos de antropología y geografía y un miembro del Parlamento Británico) son particularmente reveladoras.
Señalan textualmente que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) responde, únicamente, a las demandas y preocupaciones de Majaz, respeta sus derechos de concesión y de superficie y, por añadidura, "para todos los fines y propósitos" desestima los hallazgos de la Defensoría del Pueblo "el actor más neutral del conflicto". En contraparte, el mismo MEM no responde a las preocupaciones de las poblaciones locales, no respeta los derechos de superficie de las comunidades y, en buena cuenta, ignora sus demandas.
Los expertos recalcan además que el Poder Judicial enjuició a miembros de la población local por daños a la propiedad, pero no halló culpable alguno por la muerte de dos campesinos, Reemberto Herrera Racho y Melanio García González, victimados durante las marchas de protesta hacia el asentamiento minero. "Esta situación es peligrosa. Para la delegación no resulta difícil apreciar que podría llevar, en última instancia, a que los activistas y pobladores locales concluyan que sus opciones para defender sus intereses son muy limitadas y que el recurso a la violencia parece ser su opción más efectiva.
La delegación no la justifica, pero cree que antes de rechazarla es importante comprenderla…", se advierte en el estudio. A esta sucesión de tratos diferenciados, se suma el último engreimiento del gobierno: un convenio de estabilidad tributaria firmado a inicios de agosto con Majaz, una práctica discriminatoria en contra de las empresas peruanas que no disponen de ese régimen especial.
Suscrito al amparo de la Constitución de 1993, el contrato de estabilidad tributaria impide que se le aplique, por ejemplo, un impuesto a la sobreganancia mientras los precios de los minerales sigan tan extraordinariamente altos como hasta ahora, sin contar privilegios adicionales, como el derecho a renunciar al convenio, cosa que el Estado no puede hacer.
Problema legal Image
Ha sido escenario de enfrentamientos en los últimos tres años. Alejandra Alayza, del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), acaba de publicar el libro "No pero sí" que explica las complicadas relaciones entre comunidades y minería. Voz autorizada, declara que el procedimiento seguido en el caso Majaz ha sido irregular desde el inicio. "Lo ha dicho la propia Defensoría del Pueblo, y aun así el Estado se ha puesto de costado", agrega. Un aspecto que subraya es que en el Perú no existe un marco legal adecuado que regule la actividad minera. Luego, ante la ausencia de instrumentos que ayuden a decidir en dónde se pueden realizar operaciones extractivas y dónde no, "se abre la ventana, llegan inversionistas, seguramente que muy importantes, y hacen lo que quieren y de cualquier manera". "No es casualidad que Majaz haya ofrecido 80 millones de dólares a los campesinos.
Por más que la consulta del 16 no sea vinculante, sabe que si arroja resultados negativos muy altos, no contará con licencia social. Como dijeron muy bien por ahí, Majaz salió de compras. Es una manera un poco a la bruta, ¿no?", sostiene Alayza. Ciertamente, Majaz les propuso a las comunidades crear un fondo privado de 80 millones de dólares (pagaderos a lo largo de los años que dure Río Blanco). Sin embargo, los dirigentes rechazaron la oferta. "La salud no tiene precio", arguye Sixto Alberca. "Han querido comprar nuestras conciencias", lo secunda Magdiel Carrión.
Majaz no pierde las esperanzas de que su millonario recurso termine siendo finalmente aceptado por las familias comuneras. "Algunos dirigentes sin representatividad han dado su opinión. Nosotros esperamos que los involucrados evalúen si les conviene o no", dice Andrew Bristow, gerente de relaciones institucionales de la empresa. Bristow adelantó a DOMINGO que, sin importar los resultados de la consulta del 16 de setiembre, insistirán en explicarles a los pobladores "los beneficios de la mina". "No queremos violencia.
No es buena", añade. Coincidimos. Pero acaso la única salida pacífica viable pase por renunciar a pretensiones de exploración y explotación donde, todo hace suponer, no son bienvenidos. Existen severos riesgos ambientales El informe coordinado por el Perú Support Group indica: "Las mayores preocupaciones que genera Río Blanco a la delegación son sus efectos a largo plazo (…), ya existen otras concesiones en áreas adyacentes y si la empresa tiene razón en que el proyecto liderará un desarrollo minero mucho más amplio en la región, el impacto ambiental será mucho más grande y es extremadamente probable que afecte la calidad y cantidad del agua que llega a la vertiente occidental de los Andes de Piura". Jurisprudencia: el caso Tambogrande La consulta popular del 16 presenta un antecedente: la que se realizó en el también piurano pueblo de Tambogrande, en junio del 2002.
En esa oportunidad, se consultó a sus habitantes si estaban de acuerdo con la explotación que pretendía llevar a cabo la minera Manhattan. El resultado fue un rotundo "No". "Y en la actualidad los afamados limones de Tambogrande siguen siendo enviados a todo el Perú, mientras los mangos adquieren cada vez más renombre en el mercado internacional", escribe en un artículo Wilfredo Ardito Vega, de APRODEH, tras una reciente visita a la zona que lo dejó gratamente sorprendido por el desarrollo acelerado de un pueblo que apostó por la agricultura.