La Alianza Cívica demanda el cese definitivo de aquellas empresas que los plebiscitos o cabildos abiertos determinaron que no deben seguir operando en su respectivo término municipal TEGUCIGALPA. El Congreso Nacional tiene en su agenda de la presente semana comenzar la discusión de las reformas a la Ley de Minería que debió haber iniciado el pasado 14 de agosto, según un compromiso del presidente del Legislativo, Roberto Micheletti. Hace un mes, después de agrias discusiones, acusaciones y contra-acusaciones, la comisión de dictamen del Congreso Nacional y representantes de la Alianza Cívica por la Democracia, integrada por diversos sectores, acordaron los términos en que la ley debe comenzar a ser debatida por los 128 miembros de la Asamblea Legislativa.
El presidente de la comisión de dictamen, el nacionalista Arnoldo Avilez y obispo de la Diócesis de Copán, monseñor, Luis Alfonso Santos, pusieron, de esa forma, fin a una serie de diferencias que los enfrentó durante todo el proceso en que se discutieron las reformas. En las últimas discusiones participaron representantes del Poder Ejecutivo, con el fin de establecer sus puntos de vista y evitar que la aprobación se retrase cuando las reformas sean sometidas a consideración del pleno.
Uno de los artículos que fue blanco de una acalorada discusión es el referente al impuesto municipal que deben pagar los explotadores de las minas metálicas y que de acuerdo al dictamen quedó en un 12. 5 por ciento.
LICENCIAS Y EXPLOTACION
Otro punto que quedó claro es que el Estado no volverá a otorgar concesiones, y en su lugar lo que entregarán a los inversionistas son licencias de explotación que oscilarán entre 2 y 15 años como máximo.
También quedó claro que las empresas no podrán considerarse dueñas del subsuelo, el que pertenecerá única y exclusivamente al Estado de Honduras. Los sectores también acordaron eliminar la Dirección de Fomento a la Minería (DEFOMIN) y en su lugar se creará un instituto de geología que fue respaldado por todos los presentes.
PROTECCION
El nuevo dictamen prohíbe las concesiones en los Parques Nacionales, de interés arqueológico-cultural y poblacional, como se hizo en la Reserva El Güisayote en La Labor, Ocotepeque en 2004.