La República Miércoles 29 de agosto del 2007
MAJAZ.
Consulta Ciudadana
P. Marco Arana
En el país estamos aún lejos de haber construir una democracia que funcione. Muchas veces, la pobreza empuja a sacrificar ecología por trabajo, salud por ingresos, sostenibilidad ambiental por divisas. Como si el único destino del Perú fuera el de la pobreza y la contaminación.
Como nos resistimos a construir un país para todos, no prestamos interés al hecho que centenares de empresas mineras están obteniendo miles de hectáreas de concesiones en casi todo el Perú. Solo en el departamento de Cajamarca diez distritos han sido concesionados al 100% de su territorio. La concesión minera otorga prevalencia a su titular para poder realizar sus actividades por sobre el derecho del propietario del suelo superficial. La Constitución señala que los recursos naturales son del Estado para que su utilización beneficie a todos los peruanos. Sin embargo, esta norma se aplica de manera perversa: Los recursos son de todos los peruanos pero a la hora de otorgar derechos sobre los mismos, son los burócratas del MEM lo que disponen de ellos para beneficiar a las empresas mineras.
Las concesiones se otorgan sin consultar a las autoridades regionales y locales. En una oficina de Lima, se otorgan miles de hectáreas de tierras sin que tampoco sea requisito consultar previamente a los dueños del suelo superficial. La manera como la actual legislación regula la entrega de concesiones constituye, en la práctica, el mecanismo por el cual las mineras pueden invadir los territorios de las comunidades e iniciar el despojo y la expoliación de la propiedad. Los promotores de la minería a ultranza, sostienen que esto no es así, pues las normas también prevén que los titulares de las concesiones deben ponerse de acuerdo con los propietarios del suelo superficial. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que el titular de la concesión llega a las comunidades dispuesto a ejercer su derecho sí o sí.
En mayo de 1993, Yanacocha consiguió la expropiación de 609 has. a la comunidad de San Andrés de Negritos pagando 60 mil nuevos soles, en noviembre de ese mismo año la empresa hipotecó esas mismas tierras a dos bancos extranjeros obteniendo 60 millones de dólares. Negocio redondo para la empresa, despojo para los campesinos. En el caso de Majaz en Piura, la minera está de manera ilegal en el territorio de las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas.
La empresa se hizo de las concesiones y de los permisos de exploración sin contar con la aprobación y permiso de éstas. Lo increíble es que los más altos funcionarios del gobierno apoyan a la minera. Las comunidades están en su derecho de expulsar de su territorio a quienes han violado su derecho de propiedad y la ley de comunidades campesinas, y para ello debieran contar con el apoyo de la policía y las autoridades. Pero el mundo está al revés. Son los campesinos los que desprotegidos por el Estado deben luchar contra la minera, aún a costa de exponer su seguridad física y sufrir denuncias.
Los comuneros y sus alcaldes han optado por hacer una consulta ciudadana. Ellos quieren respeto, quieren que la democracia funcione y que no sea una declaración demagógica. El próximo 16 de setiembre, apoyemos la consulta ciudadana sobre actividades mineras en Huancabamba y Ayabaca.