La República Miércoles 29 de agosto del 2007.
Medio Ambiente.
Majaz, consulta ciudadana
Marco Arana.
En el país estamos aún lejos de construir una democracia que funcione.
Muchas veces, la pobreza empuja a sacrificar ecología por trabajo, salud por ingresos, sostenibilidad ambiental por divisas.
Como si el único destino del Perú fueran la pobreza y la contaminación. Como nos resistimos a construir un país para todos, no prestamos interés al hecho de que cientos de empresas mineras están obteniendo miles de hectáreas de concesiones. Solo en Cajamarca, diez distritos han sido concesionados al 100% de su territorio. La concesión otorga prevalencia a su titular para poder realizar actividades por sobre el derecho del propietario del suelo. La Constitución señala que los recursos naturales son del Estado para que su utilización beneficie a todos los peruanos.
Sin embargo, esta norma se aplica de modo perverso: los recursos son de todos, pero a la hora de otorgar derechos sobre los mismos, son los burócratas del MEM los que disponen de ellos para beneficiar a las mineras. Las concesiones se otorgan sin consultar a las autoridades regionales y locales. En una oficina de Lima se otorgan miles de hectáreas de tierras sin que sea requisito consultar previamente a los dueños del suelo.
La manera como la legislación regula la entrega de concesiones constituye, en la práctica, el mecanismo por el cual las mineras pueden invadir los territorios de las comunidades e iniciar el despojo de la propiedad. Los promotores de la minería a ultranza sostienen que esto no es así, pues las normas también prevén que los titulares de las concesiones deben ponerse de acuerdo con los propietarios del suelo superficial. Sin embargo, lo que ocurre es que el titular de la concesión llega a las comunidades dispuesto a ejercer su derecho sí o sí.
En mayo de 1993, Yanacocha consiguió la expropiación de 609 has. a la comunidad de San Andrés de Negritos pagando 60 mil nuevos soles; en noviembre de ese mismo año la empresa hipotecó esas mismas tierras a dos bancos extranjeros obteniendo US$ 60 millones . Negocio redondo para la empresa, despojo para los campesinos. En el caso de Majaz en Piura, la minera está de modo ilegal en el territorio de las comunidades de Yanta, Segunda y Cajas.
La empresa se hizo de las concesiones y de los permisos de exploración sin contar con la aprobación y permiso de éstas. Lo increíble es que los altos funcionarios del gobierno la apoyan. Las comunidades pueden expulsar de su territorio a quienes han violado su derecho de propiedad y la ley de comunidades campesinas, y para ello debieran contar con el apoyo de la PNP y las autoridades. Pero es mundo al revés.
Son los campesinos los que, desprotegidos por el Estado, deben luchar contra la minera, a costa de exponer su seguridad física y sufrir denuncias. Los comuneros y sus alcaldes han optado por hacer una consulta ciudadana. Ellos quieren respeto, quieren que la democracia funcione y que no sea una declaración demagógica. El próximo 16 de setiembre, apoyemos la consulta ciudadana sobre actividades mineras en Huancabamba y Ayabaca.