Tegucigalpa.-
La Alianza Cívica por la Democracia (ACD) junto al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) en conferencia de prensa, denunciaron que miembros de la alianza están siendo objeto de hostigamientos y amenazas y que las compañías mineras que operan en la zona, han orquestado una campaña de desprestigio contra el Obispo Luis Alfonso Santos, máxima autoridad de la iglesia católica en Occidente Las organizaciones demandaron al gobierno un informe detallado de los hechos violentos acontecidos el pasado 17 de julio, cuya brutalidad policial dejó 3 personas heridas de bala y una docena de heridos en el sector de la colonia 6 de mayo, Macuelizo Santa Bárbara.
En un comunicado distribuido a los medios de comunicación en la sede del COFADEH), las organizaciones pidieron al presidente Manuel Zelaya Rosales que muestre mayor interés en los asuntos referentes al respeto de los derechos humanos en el país.
Además exigieron que el Ministerio Público presente requerimientos fiscales contra el ministro de Seguridad Alvaro Romero quien ordenó el desalojo y contra sus subalternos, entre ellos, el Comisionado Napoleón Nazar Jefe policial de la zona noroccidental y de los oficiales encargados del operativo.
La Coordinadora del COFADEH Berta Oliva expresó que "queremos hacer el esfuerzo juntos para tratar dos aspectos, uno el legal, de brutalidad que se vivió en la zona, de criminalidad pública que ejercieron las autoridades de nuestro país y la otra es denunciar que ellos siguen siendo amenazados".
En alusión al Alto Comisionado de la Policía para la zona noroccidental, Napoleón Nazar, Oliva sostuvo que "queremos pedir que cese el hostigamiento, que ahorita le estamos tomando la palabra al que comandó en la zona, al experto en guerra contra la humanidad, que vamos a ejercer lo que ellos no han podido ejercer, que es la acción legal, porque estos ciudadanos y ciudadanas le estamos apostando al estado de derecho".
Por su parte el obispo Luis Alfonso Santos dijo que son falsas las afirmaciones dadas a conocer en algunos medios de prensa, que señalaron que los manifestantes portaban armas de fuego y candelas de dinamita. "Queremos pedirle al presidente de la República que ponga mayor interés en estos asuntos violatorios de la dignidad y los derechos del hombre y al ministerio Público, al abogado Leónidas Rosa Bautista, porque después de enviar diversos escritos, no hemos recibido ninguna respuesta después de 36 días que llevamos ya", enfatizó el obispo.
Santos cuestionó la indiferencia del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Ramón Custodio, porque ya ha pasado un año desde que visitó la mina San Andrés y yo no conozco ningún informe sobre las enfermedades profesionales que se contraen por razón del trabajo que se hace".
Añadió que tampoco conoce ningún informe que revele la situación violatoria de los derechos humanos en la actualidad. Asimismo, monseñor Santos exigió el derecho al ambiente, al que catalogó como un derecho humano, "porque las compañías mineras no pueden obtener permisos de alcaldes o de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) para perforar a cielos abiertos, en las zonas núcleo, de los parques nacionales, reservas biológicas o bosques nublados que son refugios de vida silvestre".
Entre tanto el párroco de la Iglesia Católica de Macuelizo, Santa Bárbara, el padre Marco Aurelio Lorenzo dijo que cuando la policía hizo el desalojo, la población se apartó y se retiró de la carretera y cuando estábamos fuera de la calle "fue cuando empezó la persecución y la detención, incluso a mí se me detuvo en una propiedad, detrás de una casa, aproximadamente diez policías llegaron a atacarme de una forma como si yo fuera un delincuente o criminal". "No los veía (a los policías) como personas normales, porque a los detenidos los golpeaban, les daban dos, tres toletazos y no se les entendía lo que decían; no había orden y me llevaron a la posta de la Flecha, Santa Bárbara juntamente con el padre Reginaldo García", explicó el sacerdote.
El padre Marco Aurelio enfatizó que "lo que yo observé y lo que ví, es una violación a los derechos humanos, porque a las personas humildes se les trató como delincuentes y criminales" En la conferencia de prensa se explicó a los medios de comunicación sobre la situación delicada en la salud del joven Elder Carranza, quien recibió un disparó que le atravesó el intestino delgado y que aún tiene el plomo en el hueso sacro o hilíaco. Asimismo se mencionó sobre la situación actual del campesino Anatel Henríquez, herido de bala en ambas piernas, pero que afortunadamente no dañó los huesos, así como al señor Marco Tulio López quien recibió un disparo en su brazo izquierdo la mañana del 17 de julio del año en curso.
Aparte de los heridos de bala, fueron presentados una docena de campesinos que recibieron múltiples golpes de toletes en sus cuerpos y que resultaron con fracturas de costillas y hematomas considerables. La ley de minería continúa en debate en el seno del Congreso Nacional, y a raíz de los cuestionamientos realizados por la ACD, el presidente del Congreso Nacional Roberto Micheleti se comprometió en tomar en cuenta las reformas planteadas por las fuerzas vivas de occidente.