Los participantes en el Primer Encuentro Nacional Agrominero Interétnico (campesinos, afrocolombianos, indígenas y trabajadores sindicalizados de la minería), procedentes del Sur de Bolívar, Catatumbo (Norte de Santander), Cauca, Nariño, Risaralda, Caldas y Antioquia, conscientes de la problemática que hoy rodea a nuestras comunidades, reunidos en la ciudad de Bogotá durante los día 23 y 24 de julio de 2007, manifestamos ante la comunidad nacional e internacional que: Histórica y ancestralmente hemos ocupado nuestros territorios, los cuales son fuente de vida, bienestar y desarrollo, en el caso de las comunidades campesinas. Para las comunidades indígenas y afrocolombianas, nuestro territorio es elemento esencial de nuestra existencia y pervivencia como pueblo, eje esencial de nuestra cultura, en tanto nuestra cosmovisión, nos plantea formas diferentes de relación con el mismo.
Hoy la pacífica relación que histórica y ancestralmente hemos tenido con el territorio, se ve seriamente amenazada, ante las políticas gubernamentales, que pretenden desconocer nuestros derechos, la soberanía y la autodeterminación. Hoy, estas políticas gubernamentales, plantean una negación al libre desarrollo, equilibrado y sostenible, en donde la libre disposición de nuestros recursos naturales, es entregada a intereses foráneos.
Por ello:
Rechazamos, los acuerdos internacionales, como el Tratado de Libre Comercio TLC, que bajo el disfraz de servir al interés del pueblo colombiano, pretende entregar al capital internacional la soberanía alimentaria, el territorio, las empresas públicas, los recursos naturales renovables y no renovables (mineros, agua, petróleo, gas, reservas forestales), así como desconocer la medicina ancestral e impedir el acceso del pueblo colombiano al derecho a la salud.
Condenamos, las políticas gubernamentales, que bajo el falso discurso del desarrollo, crecimiento económico y disminución del desempleo, facilitan la penetración de empresas transnacionales, valiéndose para ello de la implementación de la “política de seguridad democrática”, que no procura una seguridad ciudadana, sino del gran capital. Medidas como la detenciones masivas, militarización de la sociedad (instalación de bases militares en zonas de reserva ecológica o donde pretenden ser desarrollados megaproyectos), involucramiento de la población civil en el conflicto armado (redes de informantes, soldados campesinos, soldados por un día), así como la impunidad para las estructuras paramilitares, responsables de millares de crímenes de lesa humanidad, solo significan dejar una sociedad hipotecada a los intereses de los victimarios y de quienes se han beneficiado de su represión.
Abominamos, la presencia de las empresas transnacionales, en nuestros territorios, quienes valiéndose de la corrupción y beneficiándose de los crímenes ejecutados por grupos paramilitares, en abierta asociación con la fuerza pública, han pretendido que desalojemos nuestros territorios, para favorecer el saqueo de nuestros recursos naturales. De ello dan cuenta las investigaciones existentes en contra de las transnacionales Chiquita Brands, Coca Cola y Drummond. A su vez, las practicas de estas empresas transnacionales, que mediante soborno y chantaje, han pretendido destruir el tejido social, para adelantar libremente la expoliación de las riquezas existentes en nuestros territorios. En especial la presencia de la Anglogold Ashanti –Kedahda S.A., quien viene solicitando le sean otorgados permisos para realizar explotaciones en más de 4 millones de hectáreas del territorio nacional.
Repudiamos, así mismo la política institucional de realizar fumigaciones mediante aspersión aérea de cultivos de uso ilícito. Esta política atenta contra la seguridad alimentaria de nuestras comunidades, siendo a su vez factor de desplazamiento forzado y atentado contra nuestro derecho a la salud.
Rechazamos, la legislación minera que el Estado ha venido desarrollando desde 1996, en especial el actual Código Minero, creados bajo la asesoría de abogados y organizaciones al servicio de las transnacionales. Así mismo, la actual propuesta del gobierno colombiano de reforma del Código, en donde se pretende la desaparición de hecho del pequeño minero y la minería artesanal, a fin de favorecer a las empresas transnacionales.
Por lo anterior:
Manifestamos, nuestra firme decisión, de declararnos en resistencia civil, en defensa de nuestros territorios y derechos como pueblos campesinos, afrodescendientes e indígenas.
Decidimos negarnos a abandonar nuestro territorio, negarnos a permitir la presencia y saqueo de nuestros recursos naturales por parte de las empresas transnacionales y a que seamos condenados a la desaparición como pueblos.
Proclamamos, nuestra decisión de movilizarnos en contra de estas políticas que afectan y ponen en riesgo nuestra existencia, y con ello la vigencia de nuestros derechos. Llamamos al pueblo colombiano y sectores sociales y organizativos, a sumarse en esta lucha.
Bogotá, julio 24 de 2007
Suscriben,
Comité de Integración Social del Catatumbo –Cisca
Federación Agrominera del Sur de Bolívar –
Fedeagromisbol Organización Indígena del Antioquia
Organización Indígena de Colombia -ONIC
Resguardo indígena del Sande -Nariño
Movimiento Popular Futuro y Esperanza de la montaña –Samaniego –Nariño Consejo Regional Indígena de Risaralda –CRIR
Asociación Campesina de Inzá-Tierradentro -ACIT
Asociación Campesina Monserrate –Huila –ASOCAM Asoinca –Cauca
Comité Interétnico del Norte del Cauca
Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC
Consejo Comunitario La toma –Suárez –Cauca
Cabildo Indígena Yanacona –San Juan –Cauca ANUC-ur –Cauca Comunidades de Buenos Aires
Asociación Agropecuaria para el desarrollo socio-ambiental de Santa Rosa –Cauca Fundecima –Cauca
Corporación Sembrar
Organización Femenina Popular -OFP
Funtraenergética Coordinador Nacional Agrario –CNA
Red de Hermandad
Asociación de Familias Campesinas del Sur de Bolívar -AFCSB
Proceso de Comunidades Negras -PCN