PUEBLOS, REVISTA DE INFORMACION Y DEBATE
16 07 2007
A inicios de 2005, pobladores del Departamento de Sololá, en el occidente de Guatemala, se opusieron al paso de maquinaria destinada a la minera Montana, empresa extractora de oro cuyo proyecto principal está ubicado en el municipio de San Miguel Ixtahuacán (San Marcos).
Más de 1.500 efectivos de la Policía Nacional Civil y el ejército desmontaron la pasarela peatonal que obstaculizaba el tránsito de la maquinaria el 11 de enero, causaron un muerto y doce heridos durante la represión de los manifestantes y custodiaron a éstos durante un día, desde la aldea Los Encuentros hasta su destino final en Ixtahuacán. Con el mismo esquema represivo se disolvieron dos meses después las manifestaciones celebradas contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) tanto en Ciudad de Guatemala (14 de marzo) como en Colotenango (Departamento de Huehuetenango, 15 de marzo).
En este último lugar los disparos de la policía mataron al campesino Juan López.
El uso de la fuerza y la violencia polarizó el país y desenmascaró al gobierno como defensor a ultranza de empresas privadas por encima de la opinión y los intereses de la población afectada. Además de afirmar que las comunidades estaban manipuladas por intereses poderosos, ciertos portavoces gubernamentales tacharon a numerosos dirigentes de organizaciones de "líderes irresponsables" y a asociaciones ambientalistas de "eco-histéricas" y "enemigas del desarrollo".
Para la diputada de izquierdas Alba Estela Maldonado, la consigna del gobierno en ese momento fue la de "enfrentar toda forma de resistencia".
Lo que nos deja la actividad minera
La represión se inscribe en el marco de una actividad económica altamente cuestionada, que acarrea muchos riesgos y ofrece pocos beneficios sociales: la minería. La extracción de metales a cielo abierto es un negocio lucrativo y un vigoroso instrumento de acumulación económica, pero también una ruinosa inversión social. Las empresas mineras presentan un bajo índice de generación de empleo, apenas aportan en concepto de pago de impuestos y afectan a la salud de las personas y al buen estado del medio ambiente. "La explotación minera nos lleva hacia una deforestación brutal. Una montaña tarda millones de años en formarse. Es como quitarle el corazón a alguien", afirma el economista Rafael Piedrasanta Arandi [ 1].
Una por una, las razones favorecen a los detractores de la minería y defensores de otro modelo de desarrollo. Hace diez años ya que las empresas no tributan el seis, sino el uno por ciento de sus ganancias declaradas. Según explica Leonor Hurtado [ 2], "en 1997, durante el gobierno de Alvaro Arzú, se aprobó la nueva Ley de Minería, que limita los beneficios para el país y favorece a las compañías. El 99 por ciento de las regalías pertenece a las empresas extractoras".
Un estudio realizado por el semanario Inforpress advierte que la principal extractora de oro en Guatemala (Montana) obtendrá tras el periodo de explotación unos ingresos brutos aproximados de 1.664 millones de dólares al precio actual de la onza de oro, mientras que, a cambio, aportará apenas 60 millones en concepto de regalías. Además, tanto los mecanismos semifraudulentos de exención como la debilidad de los controles estatales debilitan el aporte económico. La Montana se acogió incorrectamente al Decreto 29-89, Ley de Fomento y Desarrollo de Maquilas, que exime de pagar hasta 2008 el total de los derechos arancelarios y los impuestos de importación sobre la renta y el valor añadido. Sin embargo, tras la publicación en prensa de varias denuncias, la empresa renunció "voluntariamente" a estos privilegios, valorados en cinco millones de dólares anuales.
La actividad minera presenta uno de los menores índices de generación de empleo (directo e indirecto) y, por otro lado, causa un fuerte impacto sobre la salud de las personas. Para llevar a cabo el proceso de lixiviación, es decir, para separar el metal extraído de la roca que lo contiene, se utiliza cianuro y se emplea una gran cantidad de agua. Según Brigadas de Paz Internacionales [ 3], el proyecto de la Montana necesita 250.000 litros de agua por hora, el equivalente a lo que una familia campesina consume en veintidós años.
Los beneficios de la actividad minera no se distribuyen entre toda la comunidad, sino que son absorbidos por un reducido grupo de empresarios vinculados a la familia gobernante. Así lo demuestran las investigaciones realizadas por Luis Solano [ 4], que sitúan a parientes y socios comerciales del presidente Oscar Berger en la empresa Montana, en la Compañía Guatemalteca de Níquel de Izabal e incluso en grandes proyectos hidroeléctricos como el de Xálala, rechazado por la población el pasado 21 de abril y que afecta a comunidades de Uspantán, Alta Verapaz e Ixcán.
Democracia directa y participativa
En este contexto, no resulta extraño que las consultas populares hayan dejado claro el rechazo unánime no sólo a la explotación minera sino también a la actuación de grandes hidroeléctricas o empresas petroleras. Estas consultas, que constituyen un ejercicio de democracia directa y van precedidas de procesos de información y análisis, ofrecen cifras superiores al 95 por ciento de oposición en los doce municipios en que se han desarrollado desde 2004: Comitancillo, Sipakapa y Concepción Tutuapa (Departamento de San Marcos); Colotenango, Concepción Huista, San Juan Atitán, Santiago Chimaltenango, Todos Santos Cuchumatán, Santa Eulalia y San Pedro Necta (Departamento de Huehuetenango); Ixcán (Departamento de Quiché) y Río Hondo (Departamento de Zacapa).
Asimismo, han involucrado a un porcentaje importante de la población, superior al número de votantes en los procesos electorales para elección de alcaldes, diputados y presidente. En Sipakapa (San Marcos), municipio situado cerca del proyecto de la empresa Montana, los participantes doblaron los votos obtenidos por el actual alcalde en las elecciones municipales de 2003. Aparte de las consultas directas, las autoridades comunitarias de Sololá (diecinueve municipios) y Totonicapán (ocho municipios) solicitaron en 2005 al gobierno la no concesión de permisos de exploración y explotación de recursos naturales en sus territorios, incrementando la oposición en el ámbito nacional.
El fundamento legal de las consultas reside en la Constitución Política de la República, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, las Leyes de Descentralización, el Sistema de Consejos de Desarrollo y el Código Municipal, donde se reconoce el derecho de opinión de las poblaciones sobre decisiones que les incumben y se reglamenta el procedimiento de consulta. El fundamento superior, no obstante, es el político, por encima del jurídico. Para el Colectivo Madre Selva, creado en 1996, "la legitimidad de las consultas radica en las comunidades, ya que son quienes le dan validez, certeza, fuerza, efectividad y peso político".
Para hacer frente a este ejercicio de participación ciudadana se argumenta que la minería es un asunto de interés nacional (por lo tanto no restringido al ámbito de las comunidades) y se cuestionan los procedimientos de convocatoria y desarrollo de las consultas. La sentencia de la Corte de Constitucionalidad de ocho de mayo de 2007 sobre la consulta de Sipakapa no reconoce el carácter obligatorio del resultado y otorga la competencia máxima sobre la minería al Ministerio de Energía y Minas, aduciendo que su desarrollo excede el ámbito de las competencias comunitarias y municipales. Al respecto, el Colectivo Madre Selva afirma que "lamentablemente, la Corte de Constitucionalidad respondió nuevamente a intereses sectoriales. Privilegió el interés y lucro particulares frente al interés social, el bienestar colectivo y la voluntad comunitaria".
Dos visiones de país
La polémica sobre las consultas y la minería no es simplemente técnico-jurídica sino que pone de manifiesto dos visiones de país y dos modelos de desarrollo: uno de ellos fundamentado en la inversión extranjera y la primacía de las empresas privadas sobre el Estado y el bien común; otro, en las necesidades de la población y en la exploración de vías alternativas para la creación de riqueza.
El primero de estos modelos se fortalece a través de la privatización (telecomunicaciones, energía eléctrica y ferrocarril) y el debilitamiento de las instituciones civiles democráticas y el Estado como ente regulador y actor fundamental en el desarrollo (contrario a lo dispuesto en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria). También se reafirma mediante la continuación del autoritarismo y la represión, como explica la filósofa y defensora de los Derechos Humanos Claudia Samayoa [ 5 ]: "a partir de 2005 se da una expansión del concepto terrorista hacia el clásico activista social y comunitario que emerge a la palestra pública resistiéndose al impulso de la minería de metales a cielo abierto".
Por el contrario, el segundo de los modelos citados parte de las necesidades detectadas en las comunidades y, como señala un estudio de Mesa Global en el que la centralidad de la participación comunitaria se considera sustento del desarrollo, "se considera al país como potencialmente minero y no se tienen en cuenta otras opciones, como la agroforestería, turismo u otras alternativas de trabajo".
El debate que se esconde tras este contexto es el del tipo de democracia que se está construyendo en Guatemala, veinte años después del fin de los gobiernos militares y tras diez de la firma de los Acuerdos de Paz. Ricardo Sáenz [ 6] se ayuda de la teoría de las democracias procedimental y sustantiva para describir la situación de Guatemala: "la visión mínima de la democracia hace énfasis en el régimen político y en el establecimiento de procedimientos para elegir autoridades. Desde la perspectiva sustantiva, la democracia es una forma de organización social que implica no sólo la plena garantía de las libertades políticas, sino también de condiciones sociales que posibiliten la participación y el disfrute ciudadano de estas mismas libertades".
En el esquema de la democracia sustantiva, la participación popular se vuelve fundamental y, con ella, la superación de la crisis del movimiento social después de la firma de la paz. En opinión de Ricardo Sáenz, "la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG) concentró los esfuerzos por el cumplimiento de los acuerdos de paz en privilegiar la relación directa e íntima con el gobierno en la Comisión de Acompañamiento más que en la promoción de la movilización y las demandas sociales".
La negociación sin presión social se demostró contraproducente al no permitir avanzar en los acuerdos ni oponerse al desarrollo de la agenda privatizadora. El fracaso del modelo condujo a partir de 2004 a un nuevo ciclo de luchas sociales, caracterizado por la emergencia de nuevos actores y organizaciones. La resistencia de Sololá en 2005, la manifestación de Totonicapán en septiembre del mismo año (20.000 pobladores de los 48 cantones se opusieron a la Ley del Agua en trámite) y la realización de consultas populares, entre otras movilizaciones, implican la irrupción de nuevos liderazgos, reivindicaciones y formas de lucha, así como el fin de un ciclo de desmovilización.
Es fundamental construir una democracia participativa "que refleje los intereses reales de la población", en palabras del periodista y dirigente de izquierdas Miguel Ángel Sandoval. Paradójicamente, si los beneficios económicos de la actividad minera recaen exclusivamente en los propietarios de las empresas, la oposición a la misma está derivando en el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y la elaboración de proyectos alternativos. Así es como las luchas contra la minería se convierten en un ejercicio de ciudadanía que a la larga beneficia la construcción de alternativas y logra ampliar el calificado por Sandoval de "estrecho margen de la democracia guatemalteca".
Colaborador habitual de Pueblos, Andrés Cabanas ha escrito el libro Mirar hacia el interior. Organización social frente a la depredación de nuestros recursos. Voz Alternativa, Guatemala, 2005. Este artículo ha sido publicado en el nº 27 de la revista Pueblos, julio de 2007, Especial América Latina.
[1] ras el asesinato de los abogados Julio Camey Herrera y Adolfo Mijangos, López Piedrasanta permaneció exiliado quince años en Costa Rica por su oposición a la explotación de níquel en el Lago de Izabal.
[2] HURTADO, Leonor (junio de 2006): "Explotación minera: Una herida en la tierra y la sociedad", en Revista Pueblos, nº21, Madrid.
[3] CASTAGNINO, Vincent (2006): Minería de metales y derechos humanos en Guatemala. La mina Marlin en San Marcos , Brigadas de Paz Internacionales, Guatemala.
[4] Luis Solano es autor del libro Guatemala: Petróleo y Minería en las Entrañas del Poder . Inforpress Centroamericana, 2005.
[5] SAMAYOA, Claudia (abril de 2007): "¿Qué modelo de seguridad impulsó Oscar Berger?", en El Observador, número 5, Guatemala.
[6] Ricardo Sáenz de Tejada es autor de Revolucionarios en tiempos de paz: rompimientos y recomposición de las izquierdas de Guatemala y El Salvador . Guatemala, 2007