Tegucigalpa.
Unos 100 policías y 300 militares el Batallón de Ingenieros llegaron a la entrada de Siguatepeque donde se encontraban unas 500 personas que respondieron al llamado de la Alianza Cívica por la Democracia que propugna por una nueva Ley de Minería.
Sin mediar palabra con los manifestantes llegaron primero los policías y posteriormente los militares que lanzaron bombas lacrimógenas, repartieron toletazos a diestra y siniestra golpeando a varia personas entre ellas mujeres.
Posteriormente procedieron a capturar a tres hondureños entre ellos a Justo Sorto Coordinador del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras,COPINH, a Pablo Munguía de Radio Progreso y al Padre Mario Francis Amaya.
La marcha fue anunciada desde este lunes por líderes de la Alianza Cívica por la Democracia que expresaron que con sus exigencias buscan buscan frenar los abusos que cometen las transnacionales mineras, cuya actividad a cielos abiertos, ha traído graves consecuencias para la salud de cientos de compatriotas y un acelerado deterioro de nuestros recursos naturales, por lo que el país necesita una nueva Ley de Minería.
Salvador Zúniga, miembro del COPINH dijo que los policías y militares ni siquiera llegaron a hablar con los manifestantes sino que realizaron dicha acción represiva haciendo uso excesivo de la fuerza a pesar que los manifestantes estaban desarmados, llegando a Sigutepeque,Comayagua, en la zona central de Honduras.
Una fuente policial dijo que el desalojo violento se llevó a cabo por órdenes del ministro de Seguridad,Alvaro Romero, por instrucciones del presidente de la república, Manuel Zelaya Rosales y que además se tenía orden de capturar a cualquiera que se opusiera.
Dicha versión fue confirmada por el vice ministro de seguridad, Jorge Rodas Gamero quien dijo a través de Radio América que la policía tiene que cumplir con su deber constitucional de restablecer el orden. A la pregunta de que si la policía tenía orden de actuar con violencia, Rodas
Gamero manifestó que "lo que sucede es que hay violencia contra las personas en su derecho a libre locomoción". En lo que va del presente gobierno se han registrado más de cinco desalojos violentos contra diferentes grupos que se han manifestado por reivindicaciones sociales.
No obstante el COPIN denunció que aparte del usos indiscrimnado de bombas lacrimógenas, toletazos y detencíones también la fuerza policial y militar procedió a despojar de sus cámaras a comunicadores sociales que documentaban los acontecimientos.
Ante esta acción que deja muy mal parado al gobierno de Zelaya Rosales, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, condenó las acciones "represivas y violentas ejecutadas por policías, contra compatriotas miembros de la Alianza Cívica por la Democracia (ACD) que en seis puntos de la República se han manifestado en contra de las reformas a la Ley de Minería que pretenden aprobar los y las diputadas al congreso Nacional.