La República Miércoles 18 de julio del 2007.
p. Marco Arana.
Los problemas de salud provocados por la contaminación y depredación de los recursos naturales debieran ser definidos como problemas de DDHH, así las enfermedades causadas por los impactos ambientales de las industrias extractivas y de la mala gestión ambiental pública que desprotege el derecho a la salud de los más pobres serían abordados como problemas relacionados con la injusticia social.
Estudios realizados a nivel mundial por el PNUD y la U. de Harvard (The Global Burden of Disease) han establecido que en las sociedades pobres la denominada "carga de la enfermedad" o muertes causadas por contaminación ambiental es de 20%, lo que representa 5 millones de personas/año, la mayoría de las cuales son mujeres y niños (3 millones por problemas de acceso y calidad de agua y 2 millones por el humo de las cocinas).
Esta cifra es alarmante y equivale al total de las muertes causadas por la desnutrición en el mundo. La contaminación mata y lo hace de manera perversa con los niños y mujeres más pobres. Nuestra legislación consagra el derecho a vivir en un medio ambiente sano; sin embargo, es impunemente vulnerado.
Las poblaciones que sufren afectación de su derecho a la salud por efectos de la contaminación o escasez de agua son cada vez más conscientes de esta realidad, y por eso muchos de los reclamos de las comunidades del interior del país.
En la agenda de los recientes conflictos aparecen expresadas las demandas de las comunidades por una intervención seria del Estado en materia de regulaciones ambientales, así como de prohibición de actividades mineras en zonas generadoras de agua, las que no están siendo protegidas. Si hubiera política ambiental y nuestros gobernantes tuvieran aprecio por los DDHH y ambientales no se darían privilegios unilateralmente a la inversión privada por encima del derecho a la salud de las poblaciones locales, sino que se evaluaría seriamente dónde y bajo qué condiciones debería otorgarse o no una licencia para realizar un proyecto minero, gasífero o petrolero.
Como han señalado voceros de la Red Muqui, si hubiera política ambiental de Estado, las reivindicaciones de las poblaciones en la materia no tendrían por qué estar en conflicto con los objetivos de una economía con talante ético, cuyo fin siempre será el bienestar integral de la persona.
Sin embargo, lo que ocurre es que el modelo económico actual de crecimiento con baja redistribución, con desprotección de la salud y sin garantías de sostenibilidad ambiental, solo deja a las comunidades que sufren las consecuencias de la contaminación industrial el camino de la protesta ciudadana.
Es preciso que gobernados y gobernantes tomen mayor conciencia de la gravedad de la situación: la salud de los peruanos, especialmente de miles de niños y mujeres pobres, está siendo directamente afectada por la contaminación y la escasez de agua que provocan muchas de las industrias extractivas. Una reforma del Estado en materia ambiental debiera considerar el derecho a la salud ambiental como parte fundamental de los DDHH.