La Republica Martes 03 de julio 2007
Edmundo Cruz y Elizabeth Prado.
• Esgrime arma para amedrentar a líder rondero, conmina a renunciar a teniente gobernador e injuria a opositores por la TV.
El caso más grave es el de José Adrián Lezma Sánchez, un agricultor de sesenta años, pionero de las rondas campesinas y líder ambientalista de la provincia de San Marcos. En los últimos meses, la hostilización contra él ha llegado a los niveles de detención, allanamiento de domicilio, agresión física y amenaza de muerte. Amenaza con arma
El 10 de febrero último, en el mercado de Aguas Calientes del caserío La Grama de su provincia natal (San Marcos), José Lezma enfrentó uno de los eventos más agresivos.
Fue abordado intempestivamente por Isidoro Fernández, el funcionario más conocido de Minera Miski Mayo en la zona. "Ingeniero" lo llaman. Lo emplazó acompañado de dos sujetos armados, los que flanquearon al sorprendido dirigente.
"Yo estaba desprevenido cuando el señor Isidoro Fernández se acercó y me dijo: Hola, don José, ¿ya me ha desconocido?", empezó a narrar Lezma.
"Yo no quería ni verlo por la campaña acusándome de terrorista y que él como funcionario de la empresa ha difundido por la televisión local.
Además había provocado el allanamiento de mi domicilio". "Le increpé. Nada tengo que ver con esas cosas me dijo y por eso quería que conversáramos.
Fue en ese momento que Fernández sacó su pistola y como para que yo la viera la entregó a uno de sus guardaespaldas. Luego me dijo: Mira, José, yo soy zorro viejo, tú eres zorro viejo, conversemos. Sentí como si me dijera ¿cuánto vales?".
Vida de rondero
José Lezma nació en el caserío de Poroporito. Reside en Campo Alegre, el principal centro poblado de la jurisdicción. En 1986 fundó las rondas campesinas de Campo Alegre.
Hasta 1989 integró la dirección de las rondas en su provincia. En 1988 fue secretario departamental.
Durante la época de la violencia el movimiento rondero fue visto con suspicacia por las fuerzas armadas. Esto determinó que el 18 de setiembre de 1989, José Lezma y otros cinco dirigentes ronderos fueran detenidos bajo sospecha de subversión.
El 20 de octubre de 1990 se comprobó su inocencia y salieron libres. Esta detención ha pretendido usarse posteriormente por funcionarios de Miski Mayo para acusarlo de "terrorista".
Desde el 2002, Lezma es presidente del Frente de Defensa de Ecología y Medioambiente de la Cuenca del Río Cajamarquino del Valle de Condebamba.
Le tocó contrarrestar la explotación ilegal de mineral y contaminación de la quebrada El Chirimoyo que provocó la empresa Huayta del Pauco SRL, expulsada por las autoridades el 2003 al confirmarse las denuncias.
Acusación
José Lezma declara para La República.
Al lado, demanda constitucional de hábeas corpus. A partir del 2004, cuando Miski Mayo llegó a la zona, Lezma sostuvo diversas reuniones con la empresa en su condición de presidente del Frente de Defensa del valle.
Y desde el comienzo expuso su oposición al proyecto "La Morada".
En agosto del 2004 fue invitado a una pasantía en Bayóvar (Piura), donde la matriz brasileña de Miski Mayo es también concesionaria. Pero Lezma no aceptó.
En los últimos tiempos su relación con la empresa se deterioró.
El dirigente comunal recuerda que "la minera convocó a una reunión en San Pablo (distrito Jesús, provincia de Cajamarca), pero los de mi caserío Campo Alegre no pudimos asistir debido a la distancia.
Ocurrió que la mayoría de los que concurrieron, que no aceptan la presencia de la minera, perdieron los papeles y agredieron al subprefecto de Cajamarca, a los funcionarios de la empresa y a la policía".
"Entonces me acusaron a mí de ser el autor intelectual, el instigador de la agresión, pese a que no asistí a esa reunión y no soy partidario de la violencia", declaró José Lezma.
A partir de ese hecho se desató una campaña de descrédito en su contra. La campaña incluye la versión de que Lezma está exigiendo a la minera una suma que fluctúa entre los 30 mil y 80 mil dólares para dar su brazo a torcer.
Él ha replicado que como agricultor gana más.
Allanamiento
El 22 de julio del 2006, también en este caso en el Mercado del poblado de Aguas Calientes –en un día de feria–, Lezma fue rodeado por tres hombres vestidos de civil. Sin más explicación lo introdujeron violentamente a una camioneta y lo llevaron a su vivienda de Campo Alegre.
"Me obligaron a abrir mi casa y la allanaron pensando encontrar alguna escopeta. No encontraron nada". Indignados, estamparon dos manotazos en su rostro y lo forzaron a que respondiera si era verdad que él estaba exigiendo dinero a Miski Mayo.
"En ese momento me di cuenta de que era la Policía, supongo que enviada por la empresa.
Ellos me conminaron a que dejara de ser dirigente y me dedicara a mis ocupaciones propias", recordó.
En mayo último las presiones sobre Lezma se acentuaron en vísperas de la reunión convocada por el gobierno de la Región (para el 21 de mayo).
El 12 de ese mes, nuevamente el ingeniero Isidoro Fernández, acompañado por su guardaespaldas Mauro Quispe Barrios y por los procesados Joel Briones y José Armas, lo retuvo para advertirle que evite las movilizaciones populares porque éstas estaban prohibidas.
Para presionarlo le mostraron una nota publicada en el diario "Panorama" de la región.
El 26 de mayo, los guardaespaldas de Isidoro Fernández intentaron secuestrar a otro opositor, Francisco Roncal.
El teniente gobernador
Hilario Fernando Caruajulca, teniente gobernador del caserío Yahuarmarca, es otra de las autoridades comunales que han sufrido la directa presión del encargado de Relaciones Comunitarias de Miski Mayo, Isidoro Fernández. "A fines de abril, en la plaza de armas de San Marcos, me acerqué a preguntarle por la demora en responder el reclamo de mi comunidad sobre los trabajos que la minera venía realizando en el poblado", explica Caruajulca.
–La gente me reclama a mí porque yo soy la autoridad y si no me han planteado salirse del trabajo en la minera –le dije. –Si tanto la gente te jode, renuncia, flaco. O si no preséntame una solicitud y al toque te respondo que no se pueden salir. –Yo no puedo renunciar porque usted me dice. Yo renunciaré cuando mi comunidad me lo pida –le contesté–. Ese día, él estaba acompañado por un joven alto con revólver al cinto.
Los hermanos Dilas
La más reciente intervención de Isidoro Fernández se dio también en San Marcos, el 3 de junio último. A las 10 de la mañana de ese día andaba en busca de Segundo Quiroz, presidente de las rondas campesinas del caserío de Cochas.
No lo encontró, pero en el camino se cruzó con los hermanos David Dilas Tello y Leoncio Dilas Tello, de conocida posición contraria a la actividad minera en ese valle. Isidoro Fernández empezó a perseguirlos revólver en mano. Un testigo, Alipio Marín, relató que los hermanos Dilas se refugiaron en su tienda.
Fernández también irrumpió tras ellos: "c… tu madre, hoy día les toca morir, ustedes son los que no quieren nada, yo los conozco, tengo sus fotos, todos ustedes son de Cochas", gritaba.
El incidente terminó en la comisaría. Se citó a un comparendo para el 6 de junio. La comunidad asistió. Pero Fernández no.
PNP requisará armas en "La Morada"
El general PNP Víctor Fernández Noriega, jefe de la Dirección Territorial de Policía de Cajamarca, ordenó el inmediato desplazamiento de efectivos al sector de "La Morada" luego de conocerse la denuncia de La República. Van a investigar si los trabajadores con antecedentes delictivos tienen licencia para portar armas.
Caso contrario procederán a requisarlas. "El uso de armas de guerra está prohibido. Eso lo saben muy bien las empresas mineras. He desplazado a gente especializada para constatar en el lugar la situación en que opera la concesionaria del proyecto "La Morada".
El general Fernández adelantó que lo más pronto posible citará a su despacho a los funcionarios de la minera Miski Mayo para que expliquen la denuncia de la prensa.
El jefe policial no descartó que podría tratarse de una operación psicológica de la empresa Miski Mayo para advertirles a los campesinos "no te metas con nosotros, que somos bravos".
En caso de portar armas sin la licencia respectiva, el personal contratado por la minera empeoraría su situación, más aún si se trata de personas con antecedentes penales.
El general Víctor Fernández adelantó que el cuerpo de seguridad de todas las empresas mineras que operan en Cajamarca, como FORZA, será rigurosamente chequeado.
En vez de armar a la gente, tratando de reactivar los Comités de Autodefensa, deben preocuparse en cumplir un trabajo social. (Edgar Jara)