José De Echave
30/04/07
Las labores de seguimiento se realizan en gran medida contra organismos no gubernamentales y líderes sociales, que vienen desarrollando una labor en zonas de influencia de industrias extractivas. Fueron nombrados, con documentos probatorios, los casos de La Oroya, donde opera la empresa Doe Run, el del lote 57 donde opera la empresa REPSOL YPF en Ucayali, Majaz en Piura y Las Bambas en Apurímac, donde desarrolla trabajos de exploración la empresa suiza Xstrata.
Funcionarios de los servicios de inteligencia del Estado y empresas de seguridad privada, estarían cometiendo estos actos delictivos. Por ejemplo, una de las empresas identificadas, el Grupo Atenea, habría vendido información producida por la Dirección de Inteligencia de la Marina (DINTEMAR) a la empresa minera DOE RUN, sobre las actividades de los candidatos en las últimas elecciones regionales y municipales y las acciones que realizan organismos no gubernamentales e incluso la Universidad San Luis de Missouri de los Estados Unidos.
Estos hechos traen a colación la denuncia periodística del diario La República, en diciembre de 2006, en la que se daba cuenta del denominado “Operativo Diablo”, realizado por la empresa de seguridad privada C&G en aparente coordinación con la empresa FORZA, que le presta servicios de seguridad a Minera Yanacocha. Como lo señala un informe reciente elaborado por la institución Grufides “el operativo de espionaje fue realizado contra líderes ambientalistas y tres sacerdotes católicos de Cajamarca que vienen cuestionando la contaminación y los impactos sociales negativos de las actividades de Minera Yanacocha”. Durante cuatro meses, líderes sociales de Cajamarca, funcionarios de la institución GRUFIDES, fueron seguidos de manera permanente, recibiendo inclusive, vía telefónica, amenazas de muerte.
El informe de Grufides también indica que “la investigación periodística de La República demostró que varios de los agentes que fueron descubiertos haciendo las labores de espionaje trabajan para la empresa FORZA, entre ellos, el Sr. Marco Olguín y el jefe del operativo, el ex policía César Cáceres Garrido”. Aunque la empresa minera ha negado oficialmente su participación, las explicaciones no han sido del todo convincentes; peor aun cuando la investigación periodística ha señalado que algunos correos habrían sido despachados de una de sus oficinas de Cajamarca. La empresa minera tampoco ha explicado que medidas han tomado frente a estos graves hechos.
Todas estas investigaciones periodísticas ponen en evidencia que existe una red de corrupción, donde la oferta de estos servicios se encuentra con una demanda que proviene del sector privado. Si bien la Comandancia General de la Marina acaba de relevar a parte del personal comprometido “por la presunta infiltración de información reservada a dos empresas privadas de seguridad”; también debería explicarse al país porqué los servicios de inteligencia han decidido hacer labores de seguimiento y espionaje a los organismos no gubernamentales que trabajan en zonas de influencia de industrias extractivas.
Lo cierto es que se confirma que hay una oferta de servicios de inteligencia, público privada, que responde a una demanda de estos servicios aparentemente creciente. Y todo indica que esta demanda proviene de las empresas privadas -mineras, de hidrocarburos y seguramente de otros sectores- que han optado por esta oscura estrategia. ¿Qué dirán al respecto sus códigos de conducta? Si nada está escrito, este es sin duda un nuevo tema que deberá ser incluido.