En Perú: Nuevamente al descubierto operaciones de espionaje de empresas privadas de seguridad y empresas mineras contra activistas ambientales y de derechos humanos.
27 de abril de 2007
El día jueves 26 de abril el programa de televisión “La Ventana Indiscreta” mostró los resultados de su investigación periodística en relación a empresas de seguridad privadas que están utilizando a agentes de inteligencia del Estado, pertenecientes a la Marina de Guerra del Perú y la Policía Nacional del Perú, para realizar labores de espionaje contra organizaciones ambientalistas comprometidas con la defensa de derechos ambientales en La Oroya y Yauli donde opera la empresa norteamericana Doe Run; en Atalaya, provincia de Ucayali donde la empresa española petrolera REPSOL YPF realiza labores de exploración y en Huancavelica donde opera la empresa minera suiza Xtrata. La Sra. Valenzuela, conductora del programa de televisión, pidió al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) realizar una investigación que permita establecer las responsabilidades de agentes de inteligencia que están contando con el apoyo de sus jefes de comando para vender información producida por los órganos de inteligencia del Estado a las empresas de seguridad privada que luego venden la misma a empresas mineras y petroleras.
La información que las empresas privadas de seguridad están vendiendo a las empresas mineras o petroleras está relacionada con las actividades de las organizaciones ambientalistas del interior del país.
La investigación periodística prometió dos ediciones más sobre el tema.
En su primera edición mostró que las empresas de seguridad privada GRUPO ATENEO y ANDRICK SERVICE, vinculadas a ex oficiales de la Marina de Guerra del Perú estarían cometiendo actos delictivos al hacer uso de la información “que pagamos todos los peruanos para venderla a empresas privadas que terminan poniendo en peligro a los ciudadanos y la propia seguridad del Estado”.
La empresa de seguridad privada GRUPO ATENEA habría vendido información producida por la Dirección de Inteligencia de la Marina – DINTEMAR a la empresa minera DOE RUN acerca de las actividades de los candidatos a la alcaldía de la provincia de Junín en las elecciones del año 2006.
Recuérdese que en diciembre del año 2006, el Diario La República publicó los resultados de una investigación periodística que daba cuenta del operativo de inteligencia denominado “Diablo” realizado por las empresas de seguridad privada C&G y FORZA.
El operativo de espionaje fue realizado contra líderes ambientalistas y tres sacerdotes católicos de Cajamarca que vienen cuestionando la contaminación y los impactos sociales negativos de las actividades de Minera Yanacocha, la mayor productora de oro de América Latina.
Decenas de líderes ambientalistas, y todos los miembros de la ONG GRUFIDES, incluidos sus familiares, fueron reglados durante más de cuatro meses (agosto-noviembre 2006 en que fue descubierto el operativo).
Durante este tiempo, el padre Marco Arana y la Dra. Mirtha Vásquez, miembros de GRUFIDES, fueron blanco de amenazas de muerte vía telefónica, sea personalmente o a través de llamadas telefónicas a sus familiares.
El operativo se había iniciado días antes del estallido del conflicto de Combayo en el que fue asesinado el líder campesino Isidro Llanos Chevarría por efecto de disparos de fúsil hechos por efectivos de la Policía Nacional del Perú que en su día de franco se hallaban trabajando para la empresa minera Yanacocha, brindando labores de seguridad y actuando junto a los efectivos de la empresa de seguridad FORZA.
La investigación periodística de La República demostró que varios de los agentes que fueron descubiertos haciendo las labores de espionaje trabajan para la empresa FORZA, entre ellos, el Sr. Marco Olguín y el jefe del operativo, el ex policía César Cáceres Garrido.
Aunque la empresa minera ha negado oficialmente su participación en el operativo, la investigación periodística demostró que César Cáceres despachaba correos electrónicos con información desde las propias oficinas de Minera Yanacocha en el Km. 24 de la carretera Cajamarca-Bambamarca.
Igualmente, la investigación periodística de La República demostró que ambos agentes tenían vínculos directos con Aldo Schwars, Jefe de Operaciones de FORZA, un ex comandante de la Marina de Guerra del Perú. En Cajamarca, la investigación fiscal se dio por archivada a fines de enero sin que se estableciera delito alguno y, por cierto, sin que se hubiera identificado responsabilidades.
Luego de diversas demandas públicas, que incluyeron la labor periodística del Diario La República, la 5ta. Fiscalía Provincial Penal amplió las investigaciones hasta por sesenta días y, actualmente, ha pedido de los propios agraviados, se ha pedido investigar la responsabilidad del Sr. Clemente Rabanal, un alto oficial de la Policía Nacional de Cajamarca que brindaba apoyo logístico a los agentes de FORZA que realizaban las labores de espionaje.
Existen pruebas que muestran que el 20 de octubre 2006, el oficial PNP Rabanal intervino en la Dirección de Investigaciones Criminales – DIVINCRI para instruir a uno de los agentes de C&G y la policía para que fuera liberado Orlando Inche el cual había sido detenido minutos antes cuando realizaba labores de reglaje contra miembros de la ONG GRUFIDES.
Los vínculos entre el servicio de inteligencia del Estado y las empresas privadas de seguridad como FORZA que trabajan para empresas mineras o petroleras se han hecho cada vez más evidentes y los agentes de seguridad de las empresas privadas están actuando con total impunidad.
La seguridad de los activistas de derechos humanos y ambientalistas en el Perú que vienen cuestionando los impactos negativos de las empresas mineras y petroleras está en peligro.
Los medios de comunicación independientes deben seguir cumpliendo su labor de develar las conexiones existentes entre agentes de los servicios de seguridad nacional, las empresas privadas de seguridad y las grandes empresas mineras o petroleras que operan en el país.
Las autoridades encargadas de administrar justicia deben investigar y sancionar a los responsables para restablecer el estado de derecho en el país.
El Congreso y el Poder Ejecutivo deben investigar y tienen que actuar para recortar legalmente las atribuciones de seguridad que, en la práctica, se han adjudicado las empresas de seguridad privadas y las empresas mineras y petroleras creando no solo un clima de inseguridad sino también de impunidad.
Téngase en cuenta que el año 2006 se hizo pública una denuncia pública contra obispos y activistas ambientales en el norte del Perú a los que se le atribuía ser parte de una “red del terror”. Entonces, la conductora del programa de televisión Panorama señaló que las fuentes de información remitían a los servicios de inteligencia del Estado y supuestamente la empresa minera que estaba siendo amenazada por esa “red de terror” era Minera Majaz ubicada en Piura.
El Dr. Javier Jahncke miembro de FEDEPAZ y la RED MUQUI ha recibido amenazas de muerte. La información puesta en evidencia por las investigaciones periodísticas del Diario La República y últimamente por “La Ventana Indiscreta” muestra que es evidente que existe una red de corrupción entre miembros de los servicios de inteligencia del Estado, las empresas privadas de seguridad y las empresas mineras y petroleras.
Las responsabilidades existentes deben ser establecidas al más alto nivel de los servicios de inteligencia del Estado y, por cierto, debe sancionarse a todos los involucrados en la cadena de corrupción y no solo a los agentes de mando inferior que han sido descubiertos.
GRUFIDES – Miembro de la RED MUQUI