Reunidos en Oruro, Bolivia, país de larga tradición minera, hoy contaminada y empobrecida por el saqueo indiscriminado de sus recursos, las organizaciones de comunidades y pueblos afectados por la minería, las instituciones ecologistas, de derechos humanos y de las Iglesias, reunidos en la ciudad de Oruro, en el marco del Encuentro Latinoamericano de Justicia Ambiental y Minería, realizado entre los días 09 al 11 de marzo, sobre la base de nuestras experiencias, consideramos: Que, la agresiva expansión de la industria minera en Latinoamérica, bajo el argumento de “desarrollo económico”, esta generando conflictos y afectando los derechos de un número cada vez más creciente de comunidades y poblaciones, provocando el despojo de sus tierras, desplazamientos forzados y migraciones, y daño irreparable al medio ambiente que es la base fundamental para la vida de las poblaciones.
Que, la industria minera es responsable del saqueo y destrucción de los recursos naturales por más de 500 años, generando una enorme deuda ecológica y la apropiación de bienes comunes como el agua y el suelo, afectando las soberanías nacionales y la pérdida de valores e identidad cultural propia.
Que, el Estado y los gobiernos han abandonado su rol de protección de los derechos humanos, de regulación y fiscalización ambiental de los proyectos de exploración y explotación minera, y se han empeñado en generar políticas favorables para atraer la inversión minera, principalmente transnacional.
Que, la poderosa influencia de las empresas mineras transnacionales en todos los niveles de gobierno, su intervención directa en la vida de las comunidades, y el control de gran parte de los medios de comunicación, son algunas de sus estrategias de dominio, corrupción y campañas públicas en contra de nuestras organizaciones e instituciones.
Que, las acciones de hostigamiento, amenazas, agresión física y asesinato de líderes sociales en ámbitos donde se desarrollan conflictos entre empresas mineras y comunidades son prácticas crecientes en los países de Latinoamérica.
Que, la criminalización de la legítima defensa de los derechos vulnerados ha dado lugar a verdaderas operaciones de control territorial, por parte de las empresas mineras cuya manifestación más clara es la militarización, haciendo uso de fuerzas públicas y privadas, contra las comunidades afectadas por sus proyectos extractivos. La corrupción, cooptación de dirigentes y ONGs son complemento frecuente a estas operaciones.
Por lo señalado, declaramos que:
Rechazamos las prácticas criminales e impunes de las empresas, gobiernos e instituciones que atentan contra los derechos de las comunidades y nos sumamos a la creciente respuesta de la sociedad civil y la resistencia de las comunidades.
Abogamos por el fortalecimiento y articulación de las diversas experiencias de lucha que están logrando sensibilizar a amplios sectores de la población y avanzar en la recuperación de sus derechos y territorios.
A partir de estas experiencias y buscando confluir con estos procesos de resistencia acordamos constituirnos como Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, para fortalecer la unidad, solidaridad y la defensa de nuestros derechos.
Expresamos nuestra solidaridad con los líderes sociales, defensores ambientales y de derechos humanos, así como instituciones, de los países de Latinoamérica, que vienen sufriendo hostigamiento y represión por parte de las empresas mineras y los Estados.
Llamamos a los gobiernos de los Estados de América Latina y a las instituciones del sistema de las Naciones Unidas a que asuman políticas y mecanismos para garantizar el respeto y ejercicio pleno de los derechos humanos de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería y eviten asumir programas que facilitan y legitiman las malas prácticas de la industria minera.
Conscientes que los pueblos de América Latina se ponen de pie para defender sus derechos, reafirmamos nuestra esperanza y nuestra opción por la defensa de la dignidad de la vida, el derecho a la tierra, el territorio, el agua, los bosques, el aire.
Oruro, 11 de marzo del 2007.