COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
Colombia, Marmato, 14 de febrero de 2007
Después de varios meses de zozobra permanente a que nos han sometido el Ministerio de Minas, Ingeominas, la Procuraduría General de la Nación, la Industria Militar y la Oficina de Atención de Desastres de la Gobernación de Caldas, obligándonos a desalojar la zona histórica de Marmato y la montaña aledaña, alegando las instituciones el inminente peligro de derrumbe del Cerro El Burro.
Nos damos cuenta que todo no es más que una acción de mala fe del Estado colombiano para ayudarle a una compañía multinacional canadiense a desocupar el cerro, que ésta ya ha comprado en más del 60%, a fin de explotar cinco millones de onzas de oro (150 toneladas) que calculan están enterradas debajo del pueblo de Marmato.
En efecto, el periódico El Mundo de Medellín del 27 de septiembre de 2006, basado en declaraciones del señor Ian M. Park, presidente de la Compañía Minera de Caldas S.A., subsidiaria de la Colombia Goldfields, expresa que el proyecto "se trata de una explotación de la montaña de Marmato, donde operan 120 minas legales y otras 150 ilegales con las cuales aspira a quedarse en su totalidad la compañía de inversionistas extranjeros, así como de un campo de más de 200 kilómetros cuadrados en Caramanta (Antioquia) (…).
El proyecto se convertirá en el más grande de Colombia en materia de oro, tanto en su inversión, que podría alcanzar los US$ 300 millones, como en tamaño".
Por su parte, la página web de la compañía (www.colombiagf.com) informa que "un estudio de 1998 identificó la presencia de más de cinco (5) millones de onzas de oro al interior del área de explotación de Marmato perteneciente a la compañía".
Lo grave es que esta explotación se hará a cielo abierto, lo que implica la demolición del pueblo de Marmato, que es Patrimonio Cultural de la Nación. En el artículo titulado "El Cerrejón del Oro" del periódico El Colombiano de Medellín, del 12 de diciembre de 2005, que informa de un encuentro entre Ian Park, presidente de la Compañía Minera de Caldas; Julián Villaruel, director general de Ingeominas, y Fabio Valencia Cossio, alto consejero de la Presidencia de la República, se lee: "El director General de Ingeominas, Julián Villaruel, le manifestó a este diario que ‘Marmato es una región que hace más de 100 años ha venido siendo explotada de una manera artesanal.
Hoy existen grandes firmas internacionales que quieren volverla una gran explotación a cielo abierto, pero para ello habría que trasladar el pueblo. Esto demandaría inversiones del orden de 8 a 10 millones de dólares’". El problema es que los habitantes de Marmato nunca fuimos informados de que se había decretado la pena de muerte contra nuestro Municipio, para que se hiciera una explotación minera a cielo abierto. Por el contrario, ha sido INGEOMINAS la entidad que ha generado el pánico anunciando el inminente derrumbe del pueblo por causa de la supuesta inestabilidad del cerro.
Y si se necesitara trasladar el pueblo, ¿dónde está el pueblo de reemplazo? Hasta ahora los evacuados de la parte alta de Marmato han sido reubicados en la parte baja del cerro (El Llano), pero este es un asentamiento de emergencia, no un nuevo Marmato. Y además están los efectos ambientales.
Dice el mismo artículo que "Se calcula que la mina a cielo abierto será una de las más grandes de Suramérica. De hecho, habría qué mover entre 30.000 y 60.000 toneladas diarias de tierra, para producir del orden de 250.000 onzas de oro al año".
Y nosotros preguntamos ¿Y con qué método van a romper la montaña si esta es roca sólida y no tierra suelta como en La Guajira? ¿Y con qué agua van a lavar 60.000 toneladas diarias de piedra? ¿Y cuánto cianuro emplearán? ¿Y de qué tamaño van a ser los molinos? ¿Y en dónde van a construir las gigantescas instalaciones que esto requiere? ¿Y dónde van a botar las toneladas de piedra residuales? ¿Y dónde arrojarán las aguas contaminadas? Nada se nos ha informado de esto.
Tampoco sabemos que exista una Licencia Ambiental que prevea todos estos aspectos que conlleva la Gran Minería. El proceso de adquisición de la montaña por parte de la compañía canadiense está muy avanzado. Leemos en El Mundo del 27 de septiembre de 2006: "En este momento ya tienen un 50% de las minas legales, tras adquirir 62 de ellas el 31 de agosto pasado y para finales de este año esperan terminar con el 100%.
En cuanto a las minas ilegales, explicó el presidente de la Compañía [Minera] de Caldas, la empresa se va a registrar ante el Ministerio de Minas colombiano como un proyecto denominado Gran Minería para tener derechos preferenciales de expropiación y así poder explotar todas las minas". ¿Pero se ha preguntado el Gobierno Nacional qué está pasando con los miles de indígenas, afrocolombianos y mestizos que están quedando sin empleo a raíz de estas ventas? ¿Qué será de nuestras familias?
DENUNCIAMOS EL INMINENTE PELIGRO DE DESAPARICIÓN DEL MUNICIPIO DEL MARMATO POR UNA EXPLOTACIÓN DE ORO A CIELO ABIERTO Y A GRAN ESCALA. DENUNCIAMOS QUE SE VAYA A EXPLOTAR EN 20 AÑOS UN RECURSO DE LA NACIÓN QUE PODRÍA DURAR 200.
RECHAZAMOS LA MALA FE CON QUE HAN PROCEDIDO INGEOMINAS Y OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO COLOMBIANO AL INFORMAR SOBRE LA CAUSA DEL DESALOJO FORZADO DEL CERRO DE MARMATO.
EXIGIMOS UN ESTUDIO GEOLÓGICO INDEPENDIENTE SOBRE EL POSIBLE RIESGO DE DERRUMBE DE LA MONTAÑA DE MARMATO. EXIGIMOS EL RESPETO DE MARMATO COMO PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA NACIÓN. EXIGIMOS REALIZAR LA CONSULTA PREVIA PREVISTA EN EL CONVENIO 169 DE LA OIT Y EN LA LEY 70 DE 1993 EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS Y DE COMUNIDADES NEGRAS. EXIGIMOS QUE EL GOBIERNO NACIONAL EXPLIQUE BAJO QUÉ LICENCIA AMBIENTAL FUE APROBADA LA EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO DE LA MINA DE MARMATO, Y QUÉ MEDIDAS DE CONTINGENCIA SE TIENEN PREVISTAS PARA AFRONTAR SUS INMENSOS IMPACTOS AMBIENTALES, CULTURALES Y SOCIALES.
Firman los asistentes a la reunión:
CRIDEC, Cabildo Indígena Cartama, Cooperativa Multiactiva de Mineros, Asociación Pro-Defensa de Marmato, Grupo Social Revivamos, Grupo de Bienestar Social, Club de Salud, Asociación de Barequeros, Asociación de Transportadores, Asociación de Joyeros, delegados de docentes y de Juntas de Acción Comunal, ciudadanía en general.