… luego de nacionalizar Vinto
CARLOS VALDEZ
10 de febrero de 2007
– Associated Press LA PAZ –
El gobierno de Evo Morales no indemnizará a la transnacional Glencore por la nacionalización decretada del viernes de una metalúrgica, y más bien iniciará demandas judiciales a los responsables de la venta de esa procesadora a la compañía suiza. "No tenemos nada que indemnizar y vamos a realizar una auditoria técnica y jurídica hasta establecer responsabilidades penales por la forma en que la fundidora Vinto" fue transferida, dijo a la AP el sábado el ministro de Minería, Guillermo Dalence.
La Empresa Metalúrgica Vinto era del estado. La Compañía Minera del Sur (Consur), cuyo principal accionista era el depuesto presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2001-2003), compró la fundidora y luego la vendió a una subsidiaria de Glencore.
Dalence dijo por teléfono que la privatización "fue fraudulenta".
La compañía suiza no se ha pronunciado hasta el sábado y tampoco ha reclamado al gobierno por la expropiación de la metalúrgica ubicada en el departamento andino de Oruro a 211 kilómetros al sur de La Paz.
El gobierno boliviano tomó posesión de la planta el viernes apoyado por una fuerza militar ante la inicial resistencia de los trabajadores de la planta.
Dalence aseguró desde esa ciudad que los obreros de la empresa cumplían con normalidad sus labores el sábado y que sólo fueron cambiados cinco funcionarios "ejecutivos y administrativos".
"No hubo ninguna paralización de las labores. Me reuní con los trabajadores (el sábado) y todos ratificaron su entusiasmo para impulsar la empresa", dijo.
"Hasta ahora no hemos recibido ningún reclamo", puntualizó.
Es la segunda nacionalización que ejecuta Morales desde que asumió el gobierno en enero del 2006.
En mayo de ese año aplicó la misma medida para "recuperar la propiedad de los hidrocarburos", sin expropiar bienes de las petroleras.
El viernes el mandatario señaló que "todas las empresas" mineras que fueron de Sánchez de Lozada serán nacionalizadas. Varias de ellas son ahora de la compañía Sinchi Wayra subsidiaria de la transnacional suiza.
Sánchez de Lozada vive en Estados Unidos desde que fue forzado a dejar la presidencia y enfrenta un juicio de responsabilidades por la muerte de 60 personas durante la rebelión popular que precipitó su salida.
La expropiación de la fundidora de minerales se produce un momentos en que la ejecución de nuevos contratos con las petroleras se halla paralizada por fallas técnicas en la elaboración de los convenios, lo que ha provocado fricciones en el gabinete de Morales.