05-02-07
DIARIO EL MERCURIO DE CUENCA ECUADOR
CUENCA.- Aunque durante su corta estadía en Cuenca, el ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta, obvió referirse en concreto a los reclamos que sobre la explotación minera existe en Azuay y Morona Santiago, organizaciones opuestas a esta actividad persisten en su posición.
Acosta se limitó a explicar que a futuro dará respuestas concretas sobre el tema. Sin embargo, organizaciones comunitarias, que se sienten afectadas en sus derechos por las empresas mineras, se dirigieron al ministro para expresarle la preocupación que tienen por los términos con los se refiere al papel que pretende dar a la minería en el país. "¿Acaso, el fin de la época postpetrolera, significa desde la visión del nuevo gobierno, el inicio de la era minera?" Esta es la interrogante planteada a Alberto Acosta. Le enviaron una declaratoria manifestándole el rechazo a la minería a gran escala en el país.
Pues, en concepto de las organizaciones populares, esa actividad afecta a los ecosistemas.
Han planteado que el país debe entrar en una moratoria en la entrega de nuevas concesiones mineras. Dichas concesiones, en miles de hectáreas, en el caso de aquellas dos provincias, han ocasionado paros y protestas, a tal punto que la exploración propiamente dicha ha sido imposible.
Las organizaciones consideran que el país debe salvaguardar su patrimonio natural, así como la seguridad de su población. Exigen, por lo tanto, el fin de "todos los mecanismos de extorsión, chantaje, utilizados por éstas (las compañías mineras) contra las poblaciones locales".
Problema con diversas visiones
Directivos de las Cámaras de Minería del país, tiempo atrás refutaron la visión que sobre la explotación y exploración mineras tienen algunas comunidades. Las defendieron bajo el argumento de que dichas actividades comienzan con estudios de impacto ambiental. También de que la moderna tecnología permite que, por ejemplo, la explotación no cauce daño alguno.
Además, sostienen que algunas ONGs, a las que no identifican, son las que patrocinan los levantamientos de las comunidades.
Urgen reformas
En cambio, el ex directivo de la Cámara de Minería del Azuay, Holger Parra, argumenta que debe reformarse la Ley de Minería para, entre otras cosas, regular el margen de participación.
Pues, actualmente las compañías mineras se llevan la mayor parte de lo que produce la actividad, mientras pueblos y comunidades donde están los yacimientos (oro, cobre, etc.) siguen en la pobreza.
Además, como sucede en pueblos orientales y en la provincia del Azuay, (Tarqui por ejemplo), la actividad minera, sobre todo cuando está en fase de exploración, termina dividiendo a la gente.
Exigen suspensión
Por todos los antecedentes anotados, las organizaciones orientales, reunidas la semana pasada en Sigsig y en Gualaquiza, demandaron del Ministerio de Energía la ratificación de la suspensión de la actividad minera a gran escala que pretende ejecutarse en sus jurisdicciones, al igual que la provincia de Imbabura.
Pidieron al ministro Alberto Acosta que tome las medidas pertinentes para "detener toda forma de presión, chantaje o amenaza de parte de las empresas transnacionales que buscan dividir a las comunidades afectadas".
El progreso es utópico
Parte de la declaratoria, y que fue remitida al ministro Alberto Acosta, señala que no hay un solo ejemplo a lo largo y ancho del mundo, en el que luego de la explotación minera de las transnacionales, las poblaciones tengan el ansiado progreso, hayan elevado su calidad de vida o exista la remediación ambiental prometida. Estiman que sucede todo lo contrario. "Lo único que queda son las migajas de pequeñas donaciones, mayor empobrecimiento ambiental y humano.
Cuando se agotan los yacimientos de minerales las comunidades se quedan con tierras devastadas, quiebran las pequeñas economías de subsistencia con el abandono de la actividad agropecuaria para dar paso a prácticas consumistas…" Además sostienen que la destrucción generada por las mineras transnacionales, abarcan graves daños a fuentes de recursos hídricos y la apropiación del agua en beneficio de muy pocos.
Asamblea múltiple
En días anteriores, en Sigsig, Cuenca y Gualaquiza se desarrolló el Encuentro de Pueblos por la Vida, y al que invitaron a participar al ministro Acosta.
Lo convocaron el Movimiento Mundial para la Salud de los Pueblos –Latinoamérica-, la facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca, el Frente Nacional por la Salud de los Pueblos del Ecuador, la Coordinadora Campesina Popular, Acción Ecológica, Comisión en de Defensa del Medio Ambiente de la Victoria del Portete y Comité de Defensa de la Vida y en Contra de la Minería de Sigsig.
Según los convocantes, organizaciones y comunidades de Azuay, Loja, Morona, Zamora, Imbabura, Pichincha, Bolívar, escucharon las exposiciones a cerca de lo que es minería a gran escala y cielo abierto y los impactos en la salud humana.
Exposiciones de distintos profesionales como los testimonios presentados, cuestionaron el papel de las Fuerzas Armadas en los conflictos con las transnacionales mineras. En especial, en los casos de Intag (Imbabura) y El Pangui (Zamora Chinchipe).(JDF).