Presentado en el Foro Social Mundial, Nairobi, 23 de enero de 2007 por CIDSE y organizaciones contrapartes provenientes de todo el mundo
Nosotras, organizaciones de la sociedad civil firmantes de este documento creemos que los recursos naturales de los países pertenecen a sus ciudadanos y deben ser utilizados en el mejor interés de todos sus habitantes.
Estos recursos naturales son un don de Dios y deben servir para toda la humanidad y las futuras generaciones.
Estamos profundamente preocupados porque en vez de beneficiarse de sus recursos naturales, las comunidades locales en las áreas de explotación de petróleo, gas, minería e industria forestal están experimentando un aumento de la pobreza.
Notamos la pérdida de medios de vida, los conflictos violentos, las violaciones de derechos humanos persistentes, la degradación ambiental y la corrupción, con consecuencias especialmente adversas para las mujeres.
La competencia por los limitados recursos naturales amenaza la seguridad humana a nivel mundial.
● A desarrollar y garantizar el cumplimiento de políticas claras y marcos legales para el control efectivo de las industrias extractivas.
Tales políticas y leyes deben cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos y ambientales, incluyendo el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, las salvaguardas de los derechos humanos de los Pueblos indígenas, y las Normas fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
● A exigir responsabilidad a las compañías por sus actividades extractivas, donde sea que realicen sus operaciones.
● A requerir evaluaciones de impacto ambiental, social y de los derechos humanos y a publicar sus resultados de manera temprana, accesible y comprensible para las poblaciones afectadas.
Estas evaluaciones de impacto deben ser la base para una decisión informada, con participación de todos los interesados, si los proyectos extractivos garantizan el mejor interés de toda la población.
A los gobiernos del Sur en particular:
● A incluir en sus marcos legales las garantías para una genuina participación de las comunidades locales en todas las etapas de los proyectos extractivos;
● A otorgar licencias para operaciones de las industrias extractivas solamente si cuentan con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades locales afectadas;
● A permitir la renegociación de los contratos que no garantizan el mejor interés de las comunidades afectadas;
● A mejorar la transparencia en relación con el manejo de los ingresos, a través de su adhesión a la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (EITI) y a garantizar una distribución justa y equitativa de estos beneficios, orientándolos a la reducción de la pobreza;
● A poner término inmediato a toda criminalización e intimidación a los defensores que abogan contra la corrupción, la violación de los derechos humanos y la destrucción ambiental relacionada con la explotación de los recursos naturales. A
los gobiernos del Norte en particular:
● A implementar los mecanismos necesarios para cambiar los patrones de consumo de sus poblaciones y a promover el uso sustentable de la energía y los recursos naturales.
● A rechazar créditos a las exportaciones y garantías a las inversiones a aquellas empresas que no cumplan los más altos estándares internacionales aceptados, incluidos los de las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales, las Normas fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (EITI).
A las corporaciones multinacionales y otras empresas comerciales:
● A honrar sus contratos con los gobiernos anfitriones, los que deben respetar las leyes nacionales así como los estándares internacionales de derechos humanos y ambientales, que se han detallado más arriba.
● A contar con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y las comunidades locales antes de iniciar sus operaciones y a respetar el derecho de las comunidades a decir “NO” a los proyectos que no garantizan su mejor interés.
El consentimiento libre, previo e informado debe ser una condición para la firma de cualquier contrato con los gobiernos.
● A adherirse formalmente a la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (EITI) y a garantizar la publicación de todos los pagos y contratos realizados con los gobiernos.
● A asegurar que sus operaciones no causen o exacerben los conflictos. Donde esto suceda, a suspender las operaciones hasta que los conflictos sean resueltos con satisfacción de todas las partes involucradas y de acuerdo con los más altos estándares nacionales e internacionales.
A las instituciones financieras internacionales:
● A terminar con la imposición de las políticas de liberalización y privatización en el sector de las industrias extractivas.
Instituciones financieras internacionales tales como el Fondo monetario internacional, el Banco mundial y otros bancos multilaterales de desarrollo deben considerar las condiciones particulares de cada país y el derecho de sus pueblos a determinar su propio desarrollo.
● A insistir en la realización del monitoreo independiente obligatorio de los proyectos con la participación efectiva de la sociedad civil.
● A declarar una moratoria en el financiamiento de los proyectos vinculados a extractivas para evaluar los costos y beneficios de éstos, considerando los impactos económicos, sociales y ambientales, incluyendo la pérdida de bio-diversidad y el cambio climático.
● Especialmente, el Banco mundial debe exigir la implementación de las recomendaciones originalmente consideradas en el informe de revisión de las industrias extractivas, que incluye la necesidad de contar con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades locales.
A las Naciones Unidas:
● Llamamos al Representante especial del Secretario general de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales/empresas comerciales a desarrollar un marco regulatorio efectivo y obligatorio para el cumplimiento de los derechos humanos por las empresas transnacionales y empresas comerciales, que admita sanciones en casos de severo incumplimiento.
● Llamamos a la Asamblea General y a todos los estados miembros de las Naciones Unidas a respaldar y aprobar la Declaración sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho al consentimiento libre, previo e informado haciéndolo extensivo como derecho de todas las comunidades afectadas.
Mientras hacemos estas demandas a los responsables identificados más arriba, y establecemos estrategias y mecanismos para exigir su responsabilidad aplicando los más altos estándares, declaramos que nosotros (CIDSE y otras organizaciones de la sociedad civil) evaluamos constantemente nuestros paradigmas de desarrollo y estamos determinados a cambiar nuestros patrones de comportamiento donde impidan un desarrollo humano integral, o donde entren en contradicción con nuestro compromiso con los derechos humanos, la dignidad humana, la paz duradera y la solidaridad.