sin haber citado a nadie de ‘Forza’
• Fiscal de Cajamarca concluye que agentes que espiaban al padre Arana realizaban una acción lícita y eran "periodistas".
Por: Edmundo Cruz.
El 25 de enero, el fiscal provincial de Cajamarca Fredy Gómez Malpartida firmó la resolución por la que dispone el "archivamiento definitivo" de la denuncia sobre el operativo "El Diablo". La decisión la dio a conocer a los denunciantes recién anteayer miércoles 31, por la tarde, minutos antes de salir de vacaciones. Conforme informáramos oportunamente, dicho operativo de reglaje e intimidación tuvo como objetivo principal el sacerdote Marco Arana Zegarra, defensor de los derechos ambientalistas de las comunidades de Cajamarca en sus reclamos ante Minera Yanacocha, y a los directivos de la ONG Grufides y de la región que mantienen similar posición.
De 5 am a 12 pm El operativo "El Diablo" fue realizado por la empresa C & G Investigaciones, desde comienzos de agosto hasta mediados de noviembre del año pasado. Arana y decenas de dirigentes comunales fueron espiados de cinco de la mañana a doce de la noche, durante cuatro meses. Seguidos, fotografiados y filmados.
También amenazados. Finalmente la responsabilidad del operativo fue asumido por el capitán de policía en retiro César Cáceres Garrido, promotor de la empresa C & G Investigaciones. El capitán sostuvo en todo momento que esa extraña misión le fue encomendada por un medio de comunicación cuyo nombre se negó a revelar amparándose en el secreto profesional de los periodistas.
Por lo demás, negó cualquier vinculación con la empresa de seguridad "Forza", que presta sus servicios a Minera Yanacocha. Sobre esta relación, La República publicó una serie de evidencias en ocho ediciones continuas, ninguna de las cuales ha sido considerada por el fiscal Gómez Malpartida. Ninguno de los funcionarios de "Forza" implicados en las evidencias presentadas por la prensa ha sido citado a esclarecer su situación.
Sencillamente se les ha apartado de la investigación. Lucio Vásquez, César Gonzales, Essaud Salas, Miguel Barboza y otros funcionarios de Yanacocha denunciados como tales en su condición de organizadores de una marcha contra el padre Marco Arana solo son mencionados por su nombre. Sus cargos en la minera no existen. Impunidad El fiscal Fredy Gómez ha emitido resolución sin resolver el cuestionamiento planteado en su contra por los denunciantes.
Lo acusan de haberse adelantado a devolver a los denunciados las pruebas del delito (dos CPU informáticos y otras evidencias).
La resolución solo considera la denuncia por presunto delito de coacción que se planteara en principio. Y no toma en cuenta el presunto delito de asociación ilícita para delinquir interpuesto posteriormente cuando se descubrió el operativo en toda su magnitud. Sin ninguna pericia grafológica y únicamente ciñéndose a una simple observación, concluye que es falsa la firma de Marco Olguín Tadeo, quien aparece recibiendo dinero del gerente de operaciones de "Forza", Aldo Schwarz, en un recibo encontrado en las oficinas de C & G Investigaciones.
Con uno y otro pretexto, casi todos los agentes implicados en el operativo "El Diablo" fueron sacados de la investigación por el fiscal Fredy Gómez. Al final solo se quedó con el agente Miguel Ángel Saldaña, sorprendido cuando filmaba al padre Arana, y con el promotor de C & G Investigaciones, César Cáceres.
El argumento de este último –de que el operativo de espionaje era una misión de investigación periodística encargada por un medio de comunicación– es asumido en todos sus alcances por el fiscal Gómez Malpartida. Con tal lógica ha archivado el caso.
Acción de urgencia pide Coordinadora de DDHH Un pedido formal de acciones urgentes de protección para el sacerdote Marco Arana Zegarra presentará esta mañana la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ante el Grupo de Trabajo de la ONU presidido por Amada Benavides de Pérez, quien visita nuestra capital.
La Coordinadora remitirá otra petición similar al relator de la ONU sobre multinacionales y derechos humanos.
El Grupo de Trabajo de la ONU integrado por seis miembros, actualmente en Lima, no solo tiene facultades para formular observaciones a los gobiernos sino también puede alcanzarles recomendaciones cuando algunas autoridades de la administración de justicia no garantizan la protección de los derechos de los ciudadanos.
Desde la denuncia del operativo "El Diablo", el padre Marco Arana ha recibido diversas manifestaciones de solidaridad.
Cáritas de Honduras, el Colectivo Madre Selva de Guatemala y organizaciones del Servicio Justicia y Paz de Bélgica acaban de expresarle su apoyo.
En carta al Centro Internacional de Negocios y Derechos Humanos, Carlos Santa Cruz , vicepresidente de Newmont (accionista de Yanacocha) afirma que las autoridades han "descartado cualquier vinculación y/o participación de Yanacocha" en las muertes de los comuneros Isidro Llanos y Edmundo Becerra.
Lo cierto es que en dichos casos aún no se han deslindado responsabilidades.
La fiscal superior Esperanza León Deza, quien resolverá la apelación contra la resolución del fiscal Fredy Gómez, es madre de Jaime León Malca , abogado de los acusados.