y se retorna a la cultura del secreto: Concertar o Fortalecer
Paul Pilo Dorregaray
Lima, 26 de diciembre del 2006
El escenario social y político en las regiones mineras de nuestro país tiene pocas perspectivas de alcanzar el nivel óptimo en las relaciones comunidad – empresa – Estado, que permitan asegurar en el corto y mediano plazo una relativa paz social, incluyendo en este proceso, el fortalecimiento de los espacios de diálogo (Mesas de Diálogo) como instancias de solución de futuros conflictos. Y la razón es muy sencilla de explicar.
El gobierno aprista ha privilegiado su relación con la gran empresa, imponiendo una legislación que no sólo perfora un conjunto de leyes y normas que en los últimos años (con sus debilidades y limitaciones) han trazado una línea entre las viejas prácticas mineras con la moderna minería, sino que además, todo lo avanzado en legislación ambiental se está direccionando hacia una engorrosa burocracia estatal, donde no existen responsabilidades definidas, sino una advertida y preocupante confusión de competencias.
Cabe precisar que el aporte voluntario (propuesta presentada por el Ejecutivo) perfora la Ley de Regalía Minera o Ley N° 28258, dejando en manos del Congreso de la República la estocada final, porque esta ley desde su aprobación fue calificada de inconstitucional y de ser un “impuesto ciego” por la SNMPE y que pese a ello, el Tribunal Constitucional ratificó su vigencia como una contraprestació n económica.
A esto se suma el silencio administrativo de la SUNAT para aplicar las sanciones a las empresas que no cumplen con pagar la regalía minera, además de haber procedido al análisis de todas las empresas mineras que declaran e incumplen con sus obligaciones contractuales con el Estado. Situación que por cierto, es un secreto guardado bajo siete llaves por la burocracia estatal. Otra norma que correrá la misma suerte que la Ley de Regalía es la Ley N° 28090 o Ley que regula el cierre de minas.
Los empresarios mineros han presentado una propuesta para que los gastos ocasionados por el cierre de mina sean deducibles del impuesto a la renta que pagan. Es decir, menos recursos para el canon minero y dejando sus utilidades intactas. A esta lista se suma la Resolución Ministerial N° 184-2005-MEM/ DM, del Ministerio de Energía y Minas que aprobó el formulario de declaración anual consolidada (DAC), instrumento que obliga a las empresas mineras a declarar en forma individual las unidades operativas bajo su cargo, dejando atrás una vieja practica que no facilitaba la adecuada fiscalización y transparencia.
Este instrumento administrativo que también está a punto de ser modificado, hubiese posibilitado conocer a fondo las captaciones por impuesto a la renta que pagan las mineras, y por lo tanto, se conocería con más precisión el total que el Estado transferirá a los gobiernos subnacionales por canon minero y otros conceptos en cada periodo anual.
Asimismo, permitía conocer no sólo el nivel y estado de las inversiones y grado de producción alcanzada por las empresas mineras, sino además, contar con información financiera actualizada, estado de pérdidas y ganancias, patrimonio empresarial (activos fijos), liquidaciones de venta, destino de las cargas, inventarios, etc., información que antes estuvo vedada incluso para los propios sectores del Estado, y que solo era accesible por unos pocos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, retornándose inevitablemente a la llamada cultura del secreto que muy poco contribuirá a fortalecer la gobernabilidad en nuestro país.
Hace poco un importante estudio de abogados, ligado a varias empresas mineras calificó esta resolución ministerial de inconstitucional porque se contrapone a los contratos de estabilidad de tributaria. Su derogatoria está en ciernes. Pero eso no es todo.
Los espacios de diálogo o mesas de diálogo surgidas a la luz de los recientes conflictos en diversas regiones del territorio nacional, son una piedra en el zapato para los cálculos políticos trazados desde Palacio de Gobierno, toda vez que representan un ejemplo de la incapacidad del Estado en la solución de los mismos. Incapacidad que también se vio reflejada durante el último año del gobierno de Alejandro Toledo al dejarle al gobierno entrante, algunas bombitas a punto de estallar (Yanacocha, Río Blanco, entre otras más)
Cabe precisar y recordar que en todos los conflictos socio ambientales mineros surgidos desde el 2004 a la fecha, el APRA no ha tenido el protagonismo necesario y mucho menos el compromiso partidario de asumir con otros sectores políticos y sociales la solución de los mismos. Por el contrario, sus autoridades (también apristas) como sucedió en Cajamarca, durante el conflicto del Quilish y los eventos sucedidos en Combayo fueron duramente cuestionadas por su abierta parcializació n con la empresa.
Los resultados de las últimas elecciones son una muestra de ello. La alianza con el gran poder minero, implica además dejar toda la potestad a las empresas a decidir a través del llamado Aporte Voluntario, dónde, con quienes y cómo orientarán sus aportes en beneficio de una determinada zona. Se prioriza la relación directa con las autoridades locales, dejando a un lado la participación de la población organizada en la toma de decisiones, lo que implica un retroceso en la necesidad de articular una relación más simétrica entre empresa y comunidad.
El Estado, en este contexto, asume nuevamente el rol de protector de la gran inversión. Hay un nuevo contexto político que se inaugura con los nuevos gobiernos regionales. En el caso de Apurímac, existe el abierto compromiso de la nueva autoridad regional de reconocer la Mesa de Minería como el espacio para proponer y concertar políticas públicas mineras, pero sin embargo, poco se conoce que sucederá con otros espacios de diálogo existentes en Cajamarca, Piura, Tacna y Moquegua, donde las autoridades se resisten a darle el respaldo necesario.
Los espacios de diálogo no sólo deben concertar las diversas tendencias y corrientes en este nuevo escenario, sino también deben fortalecerse y constituirse como organizaciones representativas de la sociedad civil, que expresen el sentir de todos los sectores sociales y políticos de una determinada zona. Pero además, estos espacios deben tener claro el rol que juegan en este proceso. Sus interlocutores no deben estar involucrados de manera directa o indirecta (a través de consultorías) con las empresas mineras o el Estado.
Allí radica la verdadera imparcialidad en la toma de decisiones y por lo tanto, en la mejor garantía para alcanzar el éxito en las relaciones entre los diversos actores involucrados para el adecuado tratamiento y solución de los conflictos. O sino miremos al Ministerio de Energía y Minas, juez y parte de una misma decisión que no solo es fuente permanente de criticas sino también de constantes conflictos que le impiden decidir correctamente entre los intereses de las grandes corporaciones y las demandas más sentidas de las comunidades asentadas en territorios mineralizados.