Por Daniela Estrada SANTIAGO, 6 dic (IPS) –
La compañía minera canadiense Barrick Gold será blanco de una nueva campaña civil internacional contra su proyecto Pascua Lama de explotación aurífera en la frontera entre Chile y Argentina.
La firma obtuvo el martes 5 el visto bueno ambiental de las autoridades de la occidental provincia argentina de San Juan, donde ya explota el yacimiento de Veladero y tiene en carpeta la mina de Famatina.
Un Tribunal Ciudadano, realizado el 26 de noviembre en Santiago con ocasión del II Foro Social Chile, declaró a Barrick Gold Corporation "responsable de graves atentados ambientales, sociales, culturales y económicos, producto de sus políticas, programas y acciones sobre los territorios y pueblos de Argentina, Chile y Perú" Detrás del simbólico proceso estuvieron cerca de 20 organizaciones chilenas. Barrick Gold fue citada, pero se excusó a través de un fax, argumentado que su representante no se encontraba en el país.
"El tribunal logró consolidar la coordinación de los tres países en contra de la minera canadiense. El fallo es la carta, el eje ordenador, que orientará nuestra campaña de denuncia", dijo a IPS Lucio Cuenca, director del no gubernamental Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).
Cuenca adelantó que los activistas pretenden establecer un día internacional contra Barrick Gold Corporation, que tiene 12 explotaciones mineras en cuatro continentes, y fortalecer la oposición a Pascua Lama durante el inminente verano austral. Pascua Lama es una de las fuentes auríferas intocadas más grandes del mundo, ya que posee reservas de 18,3 millones de onzas de oro y 685 millones de onzas de plata.
En Chile, está emplazada 150 kilómetros al sudeste de la ciudad de Vallenar, en la tercera región de Atacama, y en Argentina, 300 kilómetros al noroccidente de San Juan, capital de la occidental provincia homónima.
La inversión prevista es de 1.500 millones de dólares. Pese a la oposición ejercida durante años por grupos ambientalistas y ciudadanos chilenos, la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de la tercera región autorizó su explotación el 15 de febrero de este año, al aprobar el Estudio de Impacto Ambiental elaborado por la empresa.
No obstante, la Corema fijó algunas restricciones: prohibió remover los tres glaciares –Toro I, Toro II y Esperanza– cercanos al yacimiento, exigió la protección de la flora y la fauna de la zona y el tratamiento de los residuos que verterá, los cuales podrían afectar a los habitantes del Valle del río Huasco, en su mayoría pequeños agricultores.
En el fallo, los cuatro miembros del jurado reclamaron "al nuevo Consejo de Derechos Humanos de la (Organización de las) Naciones Unidas que aplique las normas de derechos humanos de la ONU a las empresas y, que en virtud de ellas, diseñe y ejecute procedimientos de fiscalización, a través de observadores internacionales, a la empresa minera Barrick Gold Corporation, así como a todas las empresas mineras transnacionales que operan de la misma o igual forma".
El abogado chileno Jaime Gallardo, quien actuó como defensor de Barrick en el tribunal a petición de los organizadores, comentó a IPS que utilizó la información disponible en el sitio web de la empresa, cuyo eslogan es "Minería Responsable". Gallardo presentó tres argumentos:
"En primer lugar, la empresa asegura estar monitoreando permanentemente la cantidad y calidad del agua de los ríos y sus cauces, lo que haría improbable una eventual contaminación", indicó.
"En segundo lugar, la empresa destaca la inversión hecha en infraestructura en la zona y el apoyo a escuelas y centros de salud. Y en tercer lugar, está la creación de entre 4.000 y 5.000 empleos directos, sin contar los indirectos", añadió el abogado. "Después de haber participado en el juicio ciudadano, me queda la impresión de que, si nos centramos en los testimonios, Barrick es culpable éticamente de lo que se le acusa.
Pero un tribunal de justicia formal no la habría condenado porque, por lo menos en Chile, los impactos ambientales, económicos y socioculturales no están tipificados como delitos", señaló. "Yo desligué de responsabilidades a Barrick, traspasándoselas a las autoridades de gobierno, porque son los que permiten la instalación de las mineras y son los que no han perfeccionado sus legislaciones ambientales", indicó Gallardo.
Durante varios días, IPS procuró respuestas de la compañía, que se limitó a señalar que esperaba la aprobación en Argentina. "El proyecto Pascua Lama ha estado sujeto a una muy amplia y profunda revisión tanto en Chile como en Argentina y ya ha habido una saludable discusión sobre él", respondió a través del correo electrónico el vicepresidente de comunicación corporativa de Barrick, Vincent Borg, desde Canadá.
Barrick informa en su sitio web que Pascua Lama sigue en desarrollo y estaría en operación en 2009. Pero Mario Mautz, agricultor del Valle del Huasco y uno de los testigos del Tribunal Ciudadano realizado en Chile, aseguró a IPS que los trabajos están paralizados. "Hace un tiempo comenzaron a despedir a decenas de trabajadores que tenían contrato indefinido para el proyecto Pascua Lama, argumentando ‘término de faenas de caminos’", dijo el productor de paltas (aguacates) orgánicas.
Los agricultores aseguran que también han dejado de percibir turbidez en las aguas del río Chollay. El proyecto se ha visto obstaculizado por denuncias en Chile de irregularidades en la compra de terrenos necesarios para construir la mina, que están pendientes de resolución judicial.
Pero a partir de la autorización de San Juan, la empresa dijo en un comunicado que estaba lista para retomar las obras. Aún debe obtener permisos sectoriales, y los dos países deberán resolver aspectos fiscales relativos al proyecto.