04/06/2022
Dos nuevas detenciones de asambleístas se suman a una serie de hechos de violencia policial -solo durante este mes- contra vecinas y vecinos que resisten el proyecto MARA en Andalgalá, comandado por la canadiense Yamana Gold, la suiza Glencore Internacional y la estadounidense Newmont Corporation. En diálogo con lavaca integrantes de la histórica asamblea El Algarrobo que mantienen un acampe en la cuenca del río Choya denuncian: «Ya hicieron trabajos que causaron la destrucción de la cuenca del río. No podemos permitir un proyecto megaminero a la vera de un río de donde tomamos agua». Describen a la vez un «estado de sitio» en la zona donde «la policía y las patotas de la empresa pro minera están enfrentados con la gente de las asambleas”. Del anuncio del gobierno sobre la «Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad», a la (falta de) respeto del agua, la biodiversidad, la naturaleza y la participación de las comunidades que defienden la vida y el futuro.

Fuente: lavaca

Por Francisco Pandolfi

Foto: Susi Maresca.

2 de mayo de 2022. El ministro de Producción Matías Kulfas lanza con bombos y platillos la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad. A su lado, varios funcionarios del gabinete. De frente, lo escucha atentamente el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, también del Frente de Todos. El video institucional con el que comienza la presentación emite sus primeras palabras: “La minería genera más de 80 mil puestos de trabajo en el país, promueve el desarrollo de las comunidades locales, genera encadenamientos productivos y es fundamental para el crecimiento de la Argentina. Necesitamos desarrollarla. Queremos hacerla con el consenso de todas y de todos”.

2 de junio de 2022. A un mes del lanzamiento, el pueblo catamarqueño de Andalgalá, bastión de la lucha antiminera, sigue sin ser escuchado. Y sigue siendo perseguido, como desde aquel octubre de 1997 cuando se inauguró la megaminería en Argentina con la explotación del yacimiento Bajo La Alumbrera. Luego de haber sufrido en las últimas semanas la represión policial, anteayer encarcelaron a dos activistas de la asamblea El Algarrobo. ¿El motivo? La resistencia a la implantación del nuevo proyecto minero MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera). ¿Dónde? En el distrito de Choya, departamento de Andalgalá, ahora mismo sitiado por la policía provincial.

¿DESARROLLO? ¿SUSTENTABLE?
El proyecto MARA, que busca producir cobre, oro, plata y molibdeno en pleno cerro Aconquija, está comandado por tres empresas: la canadiense Yamana Gold, la suiza Glencore Internacional y la estadounidense Newmont Corporation. También son tres las normas jurídicas que debieran imposibilitar su realización: la Ley General del Ambiente, la prohibición de la explotación minera a cielo abierto que rige para la cuenca del Río Andalgalá y la Ley Nacional de Glaciares. “Sin embargo, vino la pandemia y en medio del aislamiento autorizaron la exploración avanzada en el Cerro Aconquija, que afecta también a la cuenca del río Choya. Ahí piensan hacer una escombrera, donde volcarán la explotación que realicen en la montaña, o sea, la cobertura vegetal y lo que ellos llaman la roca estéril, que para nosotros es nuestra biodiversidad”, dice a lavaca Sergio Martínez, uno de los antiguos vecinos de la asamblea El Algarrobo.

Rosa Farías tiene 59 años e integra la asamblea desde su creación en 2010. “Aprovecharon la pandemia y llevaron las máquinas perforadoras al cerro. Ya hicieron trabajos que causaron la destrucción de la cuenca del río. No podemos permitir un proyecto megaminero a la vera de un río de donde tomamos agua. Porque no lo hacemos de una red subterránea, nuestra agua viene de la montaña, del valle”. El gobierno de Catamarca desde hace tres años declara la emergencia hídrica, en una provincia donde el 28% de sus pueblos no tiene acceso total al agua potable, mientras La Alumbrera consume 100 millones de litros diarios de agua.

Expresa Sergio: “A la autorización para la exploración se le sumó la construcción de caminos, pozos de explotación y todos los residuos los tiraron al lecho del río. Esto alteró la composición química del agua, que se llenó de bacterias porque hasta la materia fecal tiraban ahí. Empezamos a notar que muchos chicos tenían problemas gastrointestinales. Entonces un grupo de vecinos de Choya subió a las montañas para ver qué estaba pasando y ahí se dieron cuenta cómo estaban destruyendo todo”.

Carteles en medio de una de las tantas marchas contra el proyecto MARA. Este sábado vuelven a movilizarse: será la caminata número 643

ESTADO DE SITIO
El proyecto minero está avalado por el gobierno provincial y también por el gobierno nacional. Ante la soledad absoluta, la comunidad decidió llevar adelante la acción directa e impedir el paso de los camiones que llevaban combustible a la zona de exploración. “Hace 55 días que en Choya, donde no hay conectividad digital, se está acampando arriba de la montaña para impedir que se siga destruyendo la montaña. No estamos exigiendo nada más que se cumpla la ley”, cuenta Sergio, 59 años e instructor judicial.

Puntualiza en la represión estatal: “En estos 55 días ya hubo tres hechos de violencia policial y actualmente hay presencia permanente de la policía, intimidando a quienes se manifiestan. Estamos viviendo prácticamente en un estado de sitio, donde están suspendidas las garantías constitucionales, en un estado de guerra permanente entre el poder político, económico, junto a la policía y las patotas de la empresa pro minera, enfrentados con la gente de las asambleas”.

Agrega Rosa: “Vivimos en una tensa espera, una incertidumbre marcada que no se tolera en el espíritu, esperando cuándo será el próximo hecho represivo. Cada 15 días estamos viviendo una situación de violencia. La policía no permite el libre tránsito de vecinos hacia el cerro, y aunque denunciamos a las autoridades políticas y judiciales, nadie se hace cargo. Mientras, los presos y el dolor son nuestros”.

El martes, el fiscal Martín Camps ordenó la detención de Aldo Flores y Enzo Brizuela, de El Algarrobo, “por desobediencia judicial y supuestas amenazas, ante las falsas denuncias de gente relacionada con la empresa minera”, afirman desde la asamblea. Flores, jubilado de 73 años, sufrió una descomposición cardíaca en la declaración indagatoria y se encuentra internado en un hospital de San Fernando del Valle. Brizuela, arrestado en la comisaría departamental por su parte, comenzó una huelga de hambre seca para denunciar la persecución. “Son causas armadas, que nunca llegan a nada porque no hay ninguna prueba en su contra”, sentencia Rosa.

“Tenemos dos compañeros detenidos porque acá, todo aquel que se opone a la megaminería es amenazado. Reina un gobierno autoritario, que en determinadas situaciones lo comparamos con una dictadura porque impone el pensamiento único, no escucha a los pueblos y está incrementando la represión”, exclama Sergio, que necesita seguir vomitando rabia: “La dictadura minera empezó en 2006 cuando nos reprimieron por primera vez. Lo mismo en 2010, 2011, 2012, por no permitir el ingreso de las maquinarias. Por ese entonces, un juez dictó una medida cautelar en la que exhortaba a pararse la actividad minera hasta que Andalgalá recuperara la paz social. Pero de 2010 hasta hoy nunca se restableció la paz social; los hechos de violencia se suceden uno tras otro, y tanto el gobierno provincial como la empresa no paran de violar nuestros derechos humanos”.

Y sigue la bronca: “El pueblo está muy enojado y no hay respuesta de ningún organismo gubernamental para poner un freno a la situación: más de 100 personas judicializadas, detenciones, torturas. El Estado de derecho dejó de funcionar”.

LA LUCHA NO PARA

El próximo sábado el pueblo de Andalgalá –20 mil habitantes, a 240 kilómetros de la capital catamarqueña– volverá a caminar, a marchar, a denunciar, como lo hace ininterrumpidamente desde hace 12 años. Será la caminata número 643. “Desde el 2010 venimos reclamando por nuestra vida, nuestra agua, nuestra tierra, nuestros bienes comunes. Como cada sábado, el siguiente explotará de gente gritando a los cuatro vientos que no queremos más esta locura, que incluye balas, gases y represión”, detalla Sergio.

Cierra Rosa, con sus cuatro nietos que la escuchan a su alrededor: “Aunque haya cansancio, agotamiento mental y espiritual, hay que continuar despertando la conciencia colectiva, custodiando las calles, los caminos, haciendo bulla, porque lo primordial es seguir cuidando el agua y de acá no nos vamos a mover”.

Minería contra la comunidad: Choya, Andalgalá, sitiado por la policía provincial para que avance el proyecto MARA

27/05/2022
La explotación de uranio se promociona como sinónimo de desarrollo pero los antecedentes provinciales no dejan más que preocupaciones. Aquí compartimos un artículo publicado por el Movimiento Antinuclear de la República Argentina (MARA) que detalla que «decenas de miles de toneladas de residuos radiactivos de la minería del uranio fueron abandonadas hace 40 años por la Comisión Nacional de Energía Atómica, en las cercanías del Paso Berwyn, en la margen derecha del río Chubut». Se trata de los pasivos ambientales de las operaciones mineras en Los Adobes y Cerro Cóndor.
Imagen 1) Un cartel de advertencia en el ex Complejo Minero Fabril Pichiñán, provincia del Chubut, donde están depositadas decenas de miles de toneladas de residuos radiactivos de la minería del uranio, el lunes 15 de noviembre de 2021.

Por: Cristian Basualdo – Movimiento Antinuclear de la República Argentina

PASO BERWYN, Chubut.- Un cartel amarillo advierte: “Área Restringida” y “Prohibido el Acceso”, a pesar de su deterioro se alcanza a leer: “Comisión Nacional de Energía Atómica”. El cartel está detrás de un alambrado que delimita parte de un predio yermo, de unas 8 hectáreas, ubicado a la vera de la Ruta Provincial Nº 12, donde se distinguen unos promontorios artificiales que esconden, debajo de unos centímetros de ripio, decenas de miles de toneladas de residuos radiactivos generados por la minería del uranio.

Haciendo un poco de historia, en la década de 1960 la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) desembarcó en la localidad de Sarmiento, al sur de la provincia del Chubut, luego mudó sus oficinas a Trelew porque había comenzado a explorar la Sierra de Pichiñán, aproximadamente en el centro geográfico provincial, mediante estudios geológicos y radimétricos que le suministraron las primeras informaciones del que luego denominó distrito uranífero Pichiñán. El autoabastecimiento de los combustibles nucleares fue la consigna enarbolada por la CNEA durante sus primeras cuatro décadas de actividad.

A comienzos de 1976, la CNEA licitó una planta de concentración de uranio (en los pliegos figuraba como Planta Química), cerca del paso Berwyn, a unos mil metros del río Chubut. En junio del mismo año, la empresa Quórum comenzó el montaje de un galpón de chapa para alojar las instalaciones electromecánicas, además de unas casillas para los operarios. La planta comenzó a operar al año siguiente, procesando el mineral de dos explotaciones de uranio a cielo abierto: Los Adobes y Cerro Cóndor. La lixiviación se realizaba con ácido sulfúrico, que decantaba en una cisterna (conocida como los piletones), después, el líquido se bombeaba a la planta para continuar el proceso con filtros y columnas de resinas. En la documentación oficial figura con los siguientes nombres: Complejo Minero Fabril Pichiñán, Complejo Minero Fabril Los Adobes, Planta Los Adobes o Fábrica Los Adobes.

Imagen 2): En la Memoria Anual de 1978 de la Comisión Nacional de Energía Atómica, pg. 10, figura esta imagen con la leyenda: Interior de la Fábrica Los Adobes (Chubut).

La minería del uranio produce grandes cantidades de residuos sin pensar en el futuro o en el ambiente, tales como roca estéril, minerales de baja ley, agua de mina, y lodos de precipitación. Especialmente peligrosas son las colas de mineral, como se denomina al material del cual se ha extraído la mayor cantidad posible del uranio que contenía. Según datos de la CNEA, alrededor del 15% de la radiactividad original del mineral pasa al concentrado de uranio y, una vez que los radionucleidos de corta vida han decaído, el 70% de la radiactividad original del mineral permanece en las colas, que contienen casi toda la actividad proveniente del decaimiento del uranio-238: torio-230 y radio-226, el que a su vez decae produciendo radón-222. El torio-230 es una fuente de producción de radiactividad a largo plazo. Las colas contienen además metales pesados que están presentes en el mineral, tales como plomo, vanadio, cobre, cinc, y cromo, además de otros compuestos adicionados durante el proceso, tales como amonio, nitrato y solventes. La dispersión de las colas mediante el viento o el agua, o por disolución, puede trasladar partículas con radiactividad y otros compuestos tóxicos a cuerpos de agua superficiales o subterráneos que constituyen fuentes de agua potable, a los suelos, a la cadena trófica y a los alimentos.

El Complejo Minero Fabril Pichiñán cerró en 1981, tan solo 4 años después de su puesta en marcha. En la documentación de la CNEA consta que se extrajeron 90.198 toneladas de mineral del yacimiento Los Adobes para obtener 108 toneladas de uranio, y del yacimiento Cerro Cóndor se extrajeron 57.340 toneladas de mineral para obtener 45 toneladas de uranio. Una vez finalizadas las operaciones mineras, la cantera Cerro Cóndor fue abandonada y está como quedó, luego de su explotación. La cantera Los Adobes fue parcialmente rellenada en 1998. El complejo fue desmantelado, en el predio quedaron las fundaciones del galpón, las plateas, y lo más peligroso: 85.000 toneladas de las pilas de lixiviación, las cisternas de lixiviación, el dique de colas y 60.000 toneladas en la escombrera de desechos sólidos.

Imagen 3) Imagen satelital del ex Complejo Minero Fabril Pichiñán, arriba en color verde se distinguen los menadros del río Chubut. Crédito: Fernando Berdugo.

Para tener una idea de la improvisación de los funcionarios del átomo, basta con señalar que los predios en cuestión son propiedades privadas. La CNEA paga una indemnización al propietario cada vez que se efectúan trabajos de algún tipo en los yacimientos, en concepto de daños y perjuicios. Por el terreno donde están localizadas las colas del procesamiento, la CNEA paga una suma anual en concepto de alquiler del mismo.

El centro poblado más cercano es Paso de Indios (2079 habitantes en 2010), ubicado 26 kilómetros al sur del complejo. En 1993, murieron en la zona 4 personas https://www.lanacion.com.ar/sociedad/historia-de-cuatro-muertes-dudosas-nid144776/ en circunstancias extrañas, según las autopsias 2 de ellas presentaban cuadros de cristalización pulmonar, propios de una intoxicación con hexafluoruro de uranio.

La Mina Nuclear Cerro Solo

Las perforaciones exploratorias que realizó la CNEA siguiendo los niveles aflorantes del yacimiento Los Adobes, atravesaron los primeros niveles mineralizados del yacimiento Cerro Solo. En la década de 1990, la CNEA cerró el resto de las minas de uranio que explotaba en el país. A su vez, realizó estudios más detallados del distrito uranífero Pichiñán, Cerro Solo se convirtió en el gran yacimiento de la CNEA, que lo denominó Mina Nuclear Cerro Solo.

En 1995, la actualización del código de minería puso a los minerales nucleares en la categoría de concesibles. Los funcionarios del átomo se adaptaron rápidamente a la nueva normalidad: “tiraron por la ventana” la consigna del autoabastecimiento de minerales nucleares, y se dedicaron a negociar con las empresas privadas la información geológica sistematizada por la CNEA hasta ese momento.

Imagen 4) Crédito: Pablo Lada.

Javier Rodríguez Pardo, fundador del Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH), señaló la colusión de la CNEA con las mineras. Los galpones de la Planta Los Adobes eran utilizados para clasificar las muestras testigo de las perforaciones. En 1997, una consultora privada completó el estudio de prefactibilidad de Cerro Solo, pagado por la CNEA. En 1999, la CNEA licitó -sin éxito- 4.600 toneladas de uranio de este yacimiento.

Desde 2003 está prohibida la minería metalífera en Chubut (Ley XVII-Nº68, antes Ley 5001). Esto no parece ser un obstáculo para la multinacional canadiense Blue Sky Uranium, que ofrece a los potenciales inversores proyectos en el distrito uranífero Pichiñán, tales como Cerro Parva, Tierras Coloradas y Sierra Colonia. La multinacional cuenta entre sus asesores con un ex geólogo de la CNEA, Jorge Berizzo, al que se le atribuye un papel destacado en el descubrimiento de los yacimientos Cerro Cóndor y Cerro Solo.

Si la CNEA se tomara las leyes en serio, debería recuperar los sitios afectados por la minería del uranio (Ley N° 25.018, Artículo 11). Pero los funcionarios del átomo nunca estuvieron dispuestos a gastar un peso en los pasivos ambientales que dejaron atrás sus aventuras radiactivas, por el contrario, los utilizaron como excusa para lucrar con un crédito del Banco Mundial. Así nació el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU), originalmente previsto con una duración de 7 años, para remediar 8 sitios, a un costo de 30 millones de dólares. 16 años después, el PRAMU remedió 1 sitio (Malargüe).

El 10 de enero de 2021, Pablo Lada, integrante del MACH, visitó las ruinas del Complejo Minero Fabril Pichiñán, y filmó un video en el que se puede ver el mismo estado de abandono de siempre. Los promontorios con residuos radiactivos son un testimonio material de la carga que representa la energía nuclear para las generaciones futuras.

Chubut tiene miles de toneladas de residuos radiactivos abandonados hace 40 años