Chile

Para una transición con justicia el Gobierno de Boric debe dejar de seguir los pasos de Piñera en la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde

08/07/2022
Este martes el Gobierno encabezado por Gabriel Boric Font dio inicio formal a la política dirigida a impulsar el Hidrógeno Verde en Chile, realizándose la primera sesión del Consejo Interministerial del Comité para el Desarrollo de la Industria del H2V, siendo presidido por el ministro de Energía, Claudio Huepe, y que contó con un despliegue de otros diez ministros y ministras junto a la participación de representantes de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO).

Este hecho marca un nuevo precedente de cómo el Gobierno chileno pretende abordar la transición energética, utilizada por empresas privadas y estatales para aparentar descarbonizar el planeta y reacomodar las formas y alcances de la explotación de los ecosistemas ante la crisis climática que enfrentamos, pero que busca sostener las ganancias y las devastaciones que el modelo extractivista ha reproducido por décadas en el país sin trastocar sus bases.

En este contexto, por los usos que ha tenido desde hace tiempo el hidrógeno y por ser un gas incoloro no disponible fácilmente en estado puro en la naturaleza, ha sido necesario producirlo con distintos métodos y colores para identificarlo. Así, a partir de combustibles fósiles tales como carbón, gas natural y petróleo, dependiendo del proceso utilizado, se obtienen hidrógenos negro, marrón, gris o azul. Con electrolisis del agua y energía nuclear se consigue hidrógeno rosa. Con la misma técnica de electrolisis y empleando distintas fuentes de energía -conectadas habitualmente a redes de sistemas nacionales- se genera el denominado hidrógeno amarillo, el cual se publicita como «Hidrógeno Verde» (H2V).

En Chile las alarmas en esta materia se encendieron hace un tiempo, ante una política que pretende sustentar la transición energética de los países del Norte Global a costas de la explotación de los bienes comunes naturales del Sur. Ya en agosto de 2021 desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA planteamos que la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde liderada por el Gobierno de Sebastián Piñera contaba con profundas insuficiencias e irregularidades en términos de su construcción, realizándose en pandemia y sin existir consulta ciudadana, concentrando la participación en sectores interesados en el negocio energético y extractivo, sin conocerse alguna convocatoria pública ni participación de la sociedad civil en el proceso.

En la misma línea, a inicios de este año se cuestionó el asesoramiento recibido por la empresa McKinsey & Company, la misma que cuenta con antecedentes vinculados al negocio de las emisiones de carbono, causas de corrupción y respaldo a gobiernos autoritarios, propulsando un negocio a gran escala destinado básicamente a exportar energía generada a partir de las llamadas “fuentes renovables”, maquillando con el Hidrógeno Verde los proyectos de electricidad, petróleo, gas, mineras y forestales que, paralelamente, continuarán utilizando combustibles fósiles provocando las consecuencias ya conocidas que arrastra el extractivismo.

En este sentido, se emplazó anteriormente al Gobierno entrante a que realizara una auditoría o al menos revisara los distintos aspectos que conllevaba la Estrategia Nacional de H2V impulsada por Piñera. Sin embargo, por el contrario, ha optado por avanzar en su agenda política-económica. En esta línea, se ha dado rienda a una lavandería de imagen, activos y especulación financiera tanto para proyectos como para empresas; más aún considerando los impactos territoriales acumulativos que esta conlleva.

El Hidrógeno Verde se ha intentado instalar como una fuente de energía sin emisiones, nutrida a partir de la continuidad de vientos y radiación solar que, mediante un proceso de electrólisis, genera hidrógeno permitiendo a grandes corporaciones ampliar, reanudar o iniciar operaciones con una fachada “verde”. Esta misma promoción vendida como panacea energética es la que evita referirse a sus indispensables requerimientos que implican la utilización de grandes cantidades de agua y energía eléctrica, extensos terrenos para plantas energéticas y sus respectivas líneas de transmisión, como también la intervención de energía no necesariamente renovable que emite gases de efecto invernadero. Asimismo, no son consideradas las consecuencias que estos procesos de generación de hidrógeno tienen en la Naturaleza y las poblaciones vecinas a los proyectos. De hecho, las grandes empresas eléctricas que negocian con el Hidrógeno Verde en Chile utilizan energía proveniente principalmente de combustibles fósiles (carbón, gas, petróleo) o de fuentes también contaminantes y dañinas para la naturaleza, denominadas «renovables» (como biomasa e hidroeléctricas), creando territorios de sacrificio en distintos lugares del país.

Por su parte, la concentración en los aspectos lucrativos de la explotación energética ha conllevado una omisión de los impactos ambientales y sociales que arrastra la producción de Hidrógeno Verde, donde diversas compañías que pretenden hacerse con esta iniciativa en Chile son responsables de provocar severos daños ambientales, continúan desarrollando negocios profundamente contaminantes.

Aún antes de iniciar sus proyectos, grandes transnacionales de la energía se han beneficiado con esta política energética nacional, principalmente mediante concesiones de enormes terrenos fiscales y millonarios subsidios otorgados por el Estado chileno. Al mismo tiempo, las principales empresas de medios de comunicación del país que promueven esta estrategia del negocio energético son co-financiadas con publicidad estatal.

Ante este cúmulo de irregularidades, a las cuales el Gobierno les ha dado respaldo comprometiendo cuantiosos recursos con miras a la exportación de energía, vuelve a ser recomendable, al menos, que éste deje de seguir la inercia que encabezó la administración de Piñera y realice una auditoría al proceso de elaboración de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. De igual forma, considerando la envergadura territorial que pretende abordar esta política, se debe realizar una amplia participación comunitaria y de la Sociedad Civil, como también la consulta indígena correspondiente, y una Evaluación Ambiental Estratégica que corresponde a aquellas políticas y planes de carácter normativo general, como lo estipula la institucionalidad ambiental; un proceso que no sea cooptado por los argumentos que buscan la implementación de esta estrategia a ciegas, sino que se discuta políticamente la orientación de una verdadera transición energética con justicia.
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA
https://olca.cl/articulo/nota.php?id=109546

Bolivia, Litio

Inauguran en Bolivia una fábrica de baterías de litio

Se espera que Quantum Batteries exporte baterías a otros países de la región como México, Perú, Paraguay y El Salvador. | Foto: PL
09/07/2022
por Itzamná Ollantay
Bolivia inauguró el viernes su primera fábrica productora de baterías de litio en la ciudad de Cochabamba, ubicada en la zona central del país, principalmente destinadas a los vehículos eléctricos de Quantum Motors.

El director ejecutivo de Quantum Motors, José Carlos Márquez, señaló a la prensa que su producto Quantum Batteries también se exporta a otros países de la región como México, Perú, Paraguay y El Salvador, en volúmenes suficientes para producir dos mil motocicletas al mes.

En la fábrica de 5 mil metros cuadrados ensamblan dos modelos de vehículos eléctricos, E2 y E3, equipados con baterías de ácido de plomo que ahora sustituirán totalmente con baterías de ión-litio.

Con Quantum Batteries marcamos un hito muy importante en esta historia, enfatizó Márquez, porque las baterías son el verdadero corazón de los vehículos eléctricos y la electromovilidad urbana es el futuro en Latinoamérica.

Quantum Motors comenzó a operar en 2019 con sólo 300 equipos al año.

Esta industria proveedora de packs de baterías con iniciativa privada es la primera de su tipo en el estado andino y beneficiaria de los grandes yacimientos de litio existentes en la región de Potosí.

Se estima que los salares bolivianos acumulan unos 21 millones de toneladas del preciado mineral, especialmente en el de Uyuni.
https://www.telesurtv.net/news/inauguran-bolivia-fabrica-baterias-litio-20220709-0006.html

Perú

OEFA fiscaliza estudio de impacto ambiental de Las Bambas

El organismo fiscalizador realizó 33 supervisiones ambientales a la empresa minera Las Bambas, ubicada en Apurímac.
09/07/2022
Estudio de Impacto Ambiental de proyecto minero Las Bambas contiene obligaciones ambientales fiscalizables, afirma Minam.
El director de la Oficina General de Asuntos Socioambientales del Minam, Carlos Eyzaguirre, informó que el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto minero Las Bambas contiene obligaciones que son fiscalizadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

En ese marco, el organismo especializado del Ministerio del Ambiente (Minam) ha efectuado hasta la fecha 33 supervisiones ambientales a esa unidad minera. Además, señala que existen otros compromisos como parte del relacionamiento social entre la empresa y las comunidades del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas, región Apurímac.

En ese sentido, Eyzaguirre dijo que el Minam participa como coordinador del subgrupo de trabajo entre la comunidad campesina de Huancuire y la empresa minera Las Bambas, espacio que fue instalado la semana pasada con el acompañamiento del Ministerio de Energía y Minas y la Presidencia de Consejo de Ministros.

Estas acciones fueron abordadas durante la sétima sesión y audiencia pública descentralizada en Apurímac, desarrollada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, en la localidad de Huancuire.

Durante la cita se abordaron asuntos de problemática social, económica y ambiental en las comunidades del ámbito de influencia de explotación minera Las Bambas.

Asimismo, mediante la Resolución Ministerial Nº 182-2022 se creó el Comité para el acompañamiento y evaluación de los compromisos arribados entre el Poder Ejecutivo, representantes de la citada compañía minera y las comunidades campesinas de Fuerabamba, Chila, Choaquere, Chuicuni, Pumamarca y Huancuire del departamento de Apurímac, el cual es integrante el Ministerio del Ambiente.
PRODUCCIÓN DE MINA DE COBRE LAS BAMBAS SE RECUPERA

La producción en la mina de cobre Las Bambas de Perú se ha recuperado a niveles normales después de un cierre de casi dos meses debido a protestas, según datos sobre el uso de energía, pero las conversaciones para solucionar el conflicto con comunidades se han entrampado y vuelve la sombra de nuevas tensiones.

Según Reuters, el proyecto minero Las Bambas, de propiedad de la china MMG Ltd, su producción que representa el 2% del suministro mundial, se vio afectada por la peor crisis de su historia desde finales de abril hasta mediados de junio cuando dos comunidades campesinas acamparon dentro de una parte de la mina, parando la producción.

El cierre hizo que la producción total del país cayera un 11,2% en mayo con respecto al año anterior, junto a las menores leyes del metal extraído en otros depósitos. Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre después de Chile.

Las comunidades en conflicto, que habían estado exigiendo la devolución de las tierras utilizadas por la mina, acordaron suspender la protesta en una tregua temporal para dar inicio a una ronda de conversaciones con la empresa.


Durante las protestas, comunidades acamparon dentro de la propiedad de la mina de cobre Las Bambas.

Un análisis de Reuters de datos de demanda de electricidad en la mina, que no se había informado antes y que gráfica su actividad y producción, muestra que los niveles han vuelto a la normalidad después de una gran caída en mayo.

La demanda de energía en la mina cayó casi a cero a fines de abril, según datos del COES, organismo que representa a las empresas del sector energético de Perú. Pero después de la tregua acordada con las comunidades el 9 de junio se recuperó más de diez veces a niveles normales históricos.

Una fuente de Las Bambas que pidió no ser identificada dijo que la recuperación fue progresiva y que actualmente la producción en la mina y el transporte de concentrados hasta un puerto para su exportación “están al 100 por ciento”. Las Bambas es clave para la economía local porque su actividad representa el 1% del Producto Interno Bruto de Perú.

MMG Ltd había dicho antes que la proyección para producir 300.000-320.000 toneladas de concentrados de cobre este año en Las Bambas estaba en peligro si no se resolvía el conflicto.
CONVERSACIONES SE ESTANCAN

En la tregua de hasta el 15 de julio la empresa minera y las seis comunidades en conflicto, con la mediación del Gobierno, acordaron revisarían el cumplimiento de compromisos previos.

“Estamos conversando, pero no hay avance, la agenda se ha entrampado”, dijo a Reuters Romualdo Ochoa, líder de la comunidad de Huancuire. “Esta complicado, podría cumplirse (el plazo) sin llegar a ningún acuerdo”, agregó.

A la pregunta de que si retornarían protestas en caso de que no se llegue a acuerdos durante el periodo de tregua el dirigente respondió: “vamos a evaluarlo primero”. “Las próximas reuniones entre lunes y miércoles, serán claves”.

Por su parte, representantes de Las Bambas en Lima se excusaron de hacer comentarios sobre el estado del diálogo con las comunidades.
https://www.infobae.com/america/peru/2022/07/09/oefa-fiscaliza-estudio-de-impacto-ambiental-de-las-bambas/

Agua y Minería, Perú

CAMPESINOS DEL SUR ANDINO DEMANDAN PROTECCIÓN DE CABECERAS DE CUENCA

Imagen: Red Muqui 07/07/2022
El miércoles 06 de julio, se desarrolló el Foro público “Miradas y perspectivas de cabeceras de cuenca, donde nace la vida” con la participación de especialistas y dirigentes de Apurímac, Puno y Cusco.

El evento, que se desarrolló en la Casa campesina del Centro Bartolomé de las Casas en la ciudad del Cusco, buscó articular saberes de especialistas y de dirigentes campesinos de las regiones del sur andino, que busquen alternativas para la preservación del agua frente a retos como el cambio climático.

El evento fue organizado por la Red Muqui, CooperAcción, Cedep Ayllu, Centro Bartolomé de Las Casas, APRODEH, Derechos humanos sin fronteras, Arariwa, IDECA, Isaías, Cadep.

La primera exposición estuvo a cargo del biólogo Wilfredo Chávez, responsable de la unidad de estudio del Instituto de manejo de agua y medio ambiente- IMA, quien señaló la importancia de la Ley de recursos hídricos y la Ley 30640 que destaca importancia de cabeceras de cuenca. En ese sentido dijo que es un concepto difícil de definir, y sobre todo de establecer hasta dónde son las cabeceras de cuenca en los territorios. Asimismo, que no hay una metodología clara para establecerlo.

“La norma no es clara sobre los instrumentos para garantizar la conservación de las cabeceras de cuenca. Los límites de las cabeceras de cuenca son difusos, el agua no entiende de límites. El agua puede discurrir en una cuenca de manera subterránea. No todas las cuencas tienen las mismas características, tienen diferentes rocas”, puntualizó Chávez.

Por su parte Ana Leyva, de CooperAcción, recordó que la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca le corresponde a la Autoridad Nacional del Agua del Perú.

“¿Quiénes van a hacer la zonificación de las cabeceras? Las empresas en sus Estudios de Impacto Ambiental. Esto es grave. Tenemos que actuar ante el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú que lo aprobó», señaló Leyva.

Asimismo, Henry Córdova del MOCICC recordó que los gremios empresariales como la SNMPE y la SNI reaccionaron en contra de las cabeceras de cuenca, pues señalaron que esa concepción atentaría contra la inversión privada. En esa línea recordó que cuando uno va a Cusco, Cajamarca, Piura, ve que hay un permanente conflicto con las poblaciones por la protección de las cabeceras de cuenca, por lo que las poblaciones son perseguidas. Por eso hay que exigir al Estado que se defina técnicamente las cabeceras.


Imagen: Red Muqui

Por su lado el Ingeniero Edwin Mancilla, del Concejo regional del cambio climático, dijo que es muy importante contar con las áreas de conservación, que van a significar que se podrá cuidar esas zonas. El agua necesita un cuidado especial, sobre todo frente al cambio climático como gran amenaza.

«Recién en adelante se va a tomar en cuenta la zonificación de las cabeceras de cuenca de acuerdo a los criterios que está señalando la Autoridad Nacional del Agua del Perú, pero las concesiones mineras que se dieron y están en cabeceras, ¿no se va a hacer nada?», señaló Mancilla.

Por otro lado, también intervinieron diversos líderes campesinos del sur andino, haciendo comentarios y contando sus experiencias de luchas por la preservación de las cabeceras de cuenca.

«Hemos visto quemas en los cerros de Cusco y el gobierno regional no tiene capacidad para apagar incendios. Cuando hemos sido dirigentes hemos apagado incendios con el pueblo. Como Federación Departamental Campesina del Cusco hacemos la siembra y cosecha del agua para su uso racional, pero ¿el Estado?», sostuvo un dirigente de la Federación Departamental Campesina del Cusco.

Un dirigente campesino de Chamaca, Chumbivilcas, señaló que «nosotros en las comunidades donde vivimos cerca a las cabeceras de cuenca, no sabemos lo que hace el Estado con nuestros territorios. ¿Cómo quieren codifican las cabeceras de cuenca? Defendemos el territorio y el agua para nuestro presente y futuro».

En un segundo momento de las exposiciones, intervinieron especialistas como Wallter Choquevilca, docente de la Universidad Tecnológica de los andes, quien destacó que la importancia de entender las cuencas como ecosistemas, un sistema integral y delicada convivencia donde todos los seres vivos estamos en interrelación. Puso de ejemplo que no puede haber actividades intensivas de ganadería o agricultura en la parte alta de la cuenca, pues afectarán a la parte baja de la misma.

Por su parte Marcela Machaca, de la asociación Bartolomé Ariypalla de Ayacucho, señaló que la cuenca no puede ser vista desde una concepción solo utilitaria. También señaló que el cambio climático está impactando con la reducción de glaciares y a las cabeceras de cuenca. Por eso es clave rescatar los conceptos quechuas del buen vivir y la convivencia con la tierra, para no sobre explotar los bienes de la naturaleza.


Imagen: Red Muqui

Posteriormente el foro tuvo un momento participativo. Las y los participantes realizaron grupos de trabajo, donde intercambiaron experiencias y saberes. Finalmente, el foro concluyó con exposiciones y reflexiones de los asistentes sobre el rol que cumplen las cabeceras de cuenca en las regiones y qué se debe de hacer para la protección y preservación de las mismas, con un enfoque del buen vivir y con demandas dirigidas al gobierno de Pedro Castillo para que se norme y asuma políticas públicas concretas para la preservación de las cuencas, como el tema de una ley de ordenamiento territorial. Se formó, asimismo, una comisión especial entre los asistentes, para redactar un memorial que será dirigido al gobierno central y autoridades regionales.
Puede ver la transmisión del evento en este enlace: https://bit.ly/3aigSQG

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

Ecuador

Tundayme: a 10 años del primer proyecto minero a gran escala en Ecuador ¿Qué ha dejado la minería?

En 2022 se cumplen 10 años desde que Ecuador firmó el primer contrato de minería a gran escala y a cielo abierto: Cóndor Mirador, un mega proyecto de explotación de oro y cobre, liderado por la empresa China Ecuacorriente S.A.

Texto: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Video: Viviana Erazo @Vivianaerz

En marzo de 2012, Wilson Pástor, ministro de Recursos Naturales No Renovables durante el gobierno de Rafael Correa, firmó el primer contrato de explotación minera a gran escala, que permitió la explotación a cielo abierto de cobre y otros minerales, por un tiempo de 25 años renovables. Pero, ¿qué ha pasado en estos diez años?

En marzo de 2012, Wilson Pástor, ministro de Recursos Naturales No Renovables durante el gobierno de Rafael Correa, firmó el primer contrato de explotación minera a gran escala, que permitió la explotación a cielo abierto de cobre y otros minerales, por un tiempo de 25 años renovables. Pero, ¿qué ha pasado en estos diez años?

Mishell Mantuano y Viviana Erazo visitaron la parroquia de Tundayme, en el cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, en la Amazonía Sur de Ecuador, donde está situado el proyecto, para ver de cerca las consecuencias de la explotación minera, la afectación al medio ambiente, la migración forzada y el despojo de identidad que vivieron y continúan viviendo los y las comuneras y las comunidades indígenas shuar, quienes han sido desalojados de manera violenta y forzosa más de una vez de su territorio y quienes fueron engañados cuando, hace diez años, se les prometió escuelas y hospitales que jamás llegaron.

En un recorrido de dos días por la parroquia, las periodistas observaron la afectación a los ríos y el medio ambiente, además de hablar con hombres y mujeres que aún resisten a la minería.

***

Desde la Casa Comunal de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador, Cascomi, se observa un gran asentamiento, que de lejos parecen casas donde habita otra comunidad. Pero no, cuando te acercas hasta el asentamiento estas son campamentos y letreros que indican que estás en “Propiedad Privada” de Ecuacorriente S.A, empresa China.

Por este proyecto minero, más de 32 familias indígenas fueron desalojadas de manera violenta entre los años 2014 al 2022, además de vivir graves consecuencias de contaminación a sus territorios.

En una ranchera, la tarde del 08 y 09 de abril de 2022, salimos de la Casa Comunal, Cascomi, para ver de cerca los campamentos y el proyecto minero por el cual la comunidad fue desalojada. En compañía de los y las comuneras de Tundayme; líderes y lideresas de otras zonas del país, que también resisten a la minera y el extractivismo; y parte del Colectivo Geografía Crítica, quienes acompañan procesos en defensa del territorio, los derechos colectivos y de la naturaleza, realizamos un recorrido de dos horas por la zona para observar las afectaciones al medio ambiente.

–Miren, observen, registren, vayan a la ciudad y cuenten lo que pasa, cuenten nuestra realidad y todo el daño que nos ha causado la minera Ecuacorriente S.A y el Estado. Pero, sobre todo, digan que necesitamos su ayuda, que necesitamos de la gente de la ciudad para continuar esta lucha, porque lo que hacemos no es solo por nosotros, es por ustedes, por todas y todos; es por defender los territorios y nuestros ríos, el agua. Nos prometieron escuelas, hospitales, mejor calidad de vida. No tenemos nada. Además, nosotros no queremos dinero ni oro, solo queremos nuestras tierras, agua limpia, recuperar nuestra vida.

Esas son las palabras de Luis Sánchez, líder indígena, defensor de los derechos de la naturaleza y parte de La Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador, Cascomi, una organización comunitaria que lleva años resistiendo las consecuencias del despojo cometido por la Fuerza Pública y la empresa minera china en Tundayme. Luis, junto a varias familias de la comunidad, han sufrido desalojos desde el 2014 por parte de la empresa minera china ECSA y ahora resisten desde su Casa Comunal, de la cual también hoy los quieren desalojar.

Luis cuenta que la empresa minera destruyó el tejido social comunitario “con toda la venganza y con las formas más perversas llevaron a cabo los despojos para intimidar a la gente”.

Luis habla mientras caminamos sobre el puente por donde pasa el rio Wawayme, uno de los principales de la parroquia y que ahora se ve espumoso y con su caudal reducido producto de la contaminación.

–Ya no podemos consumir agua de este río, nos hace daño – dice Luis.

Mientras continuamos el recorrido, converso con varias personas que viven las consecuencias de la explotación minera. Una de ellas es Carmen.

–Yo nací y crecí en esas tierras –dice Carmen, mujer indígena amazónica, mientras mira con desconsuelo el campamento de la empresa, cruza sus brazos, suspira, pasa las manos por su cabellera larga y mira a su esposo que está a pocos metros de ella, le sonríe y permanece en silencio por unos minutos.

–Estamos cansados de luchar, han sido muchos años, hemos caminado de un lugar a otro, dejando a nuestros hijos e hijas muchas veces solos –dice Carmen, mientras agacha su cabeza, sus ojos se llenan de lágrimas y continúa –¿De qué ha servido?, solo nos ha dejado cansancio y dolor. Hemos querido actuar como personas civilizadas, actuar con base en las leyes, pero para ellos no hay ley que valga.

Continuando el recorrido por Tundayme y el proyecto minero, hicimos una parada en la zona donde antes estaba la casa y la comunidad a la que pertenecía Luis y otros de sus compañeros y compañeras; ahora ese terreno está lleno de monte y maleza, producto de la tala de árboles, desde ahí se logra ver grandes bosques y una roca que de lejos parece ser el rostro de una persona.

–Detrás de esos grandes bosques hay arroyos o mini ríos como nosotros les llamamos –dice Luis. Al pasar por la vía se puede ver un canal que, según Luis, es para llevar el agua hasta un asentamiento militar, negándoles a las comunidades de la zona su derecho al agua, establecido en el artículo 318 de la Constitución, que dice, que “el agua es un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización”.

Los desalojos: una forma de debilitar la comunidad

–Los policías ingresaron y nos desalojaron en el año 2014, a pesar que habíamos interpuesto una acción de protección para evitar que sucediera– recuerda Luis Sánchez, líder de la comunidad Cascomi. En el desalojo la Policía destruyó el Centro Comunitario de San Marcos, la escuela y la iglesia

–Todo lo rompieron las maquinarias, con ayuda de los Policías.

Pero la acción que marcó el punto de quiebre fue en agosto de 2015 cuando arrancó la gran marcha del pueblo desde la parroquia Tundayme, liderada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Para la marcha “se dieron cita delegaciones de todo el país para sumarse a las personas que se dirigieron hacia Quito para reivindicar sus demandas en torno a la protección de la Cordillera del Cóndor ante la mega minería”. Asimismo, la marcha fue en rechazo a la minería a gran escala y especialmente a la empresa ECSA, según un boletín de prensa publicado por la COANIE.

“En ese tiempo ya nos encontrábamos en la resistencia”, dice Luis. Y recuerda que ese año el presidente Rafael Correa Delgado “se molestó tanto que, en septiembre del mismo año, mandó a desalojarnos. De ahí en adelante los despojos han continuado”.

135 efectivos de la Policía Nacional y guardias de la empresa minera Ecuacorriente, según datos del Ministerio del Interior y recogidos en un comunicado de INREDH, ingresaron a la parroquia de Tundayme para desalojar a varias familias de la zona que habitaban el lugar.

En total, 32 familias, formadas por 116 personas, fueron desalojadas entre septiembre de 2015 y febrero de 2016 por policías, militares, guardias y trabajadores contratados por la empresa minera, Ecuacorriente S.A., por el notario del cantón Pangui, funcionarios de Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom, y la Intendencia de Policía de Zamora Chinchipe.

María de los Ángeles García y su familia fueron parte de las personas desalojadas.

– Con las máquinas tumbaron todo, las casas, entre esas la mía. Yo tenía gallinas, pollos, cuyes, cerdos, todo eso se perdió. Lo destruyeron. Con lo poco o nada que me quedó tuve que ir a la casa de mis suegros en Gualaquiza– dice María con gran nostalgia, mientras respira por unos segundos para continuar con el relato.

– ¿Pero sabes qué fue lo peor de todo eso? –me pregunta y, enseguida, sin darme tiempo a responderle, dice:

–Todo eso lo vimos desde afuera, porque ya no pudimos ingresar a nuestra casa, los policías y los trabajadores de la minera nos entregaron un par de cosas y todo lo demás se perdió.

Después de eso, María y las familias desalojadas recibieron ayuda de personas externas quienes les brindaron ropa y alimentos. Ahora, María trabaja cuidando niños y niñas, con eso, dice, pudo lograr que sus hijos terminen el colegio, pero la Universidad no.

– Porque no tengo dinero para eso, en la ciudad no hay comida, no hay nada. Al menos con la finca que teníamos podíamos sostenernos con la siembra y la cosecha de naranjilla y yuca, además de la leche que sacábamos de las vacas.

Pero los desalojos no han parado. Rosa y Aurelio es una pareja de la tercera edad, ella tiene 65 años y él tiene 73, vivían de la siembra y la cosecha que realizaban en su tierra, en sus chacras; además, criaban animales como cuyes, gallinas y tenían algunas vacas para ordeñar y vender la leche para su propio sustento. Ellos vivían cerca del río Wawayme Alto hasta que el 10 de abril de 2022, comuneros de la parroquia de Tundayme les alertaron que la empresa minera China Ecuacorriente S.A los iba a desalojar, esa alerta preocupó y asustó mucho a su hija Jenny Morocho.

Doña Rosa, como la conocen en la parroquia, desde que era una niña ha vivido en estas tierras, y aquí se casó y formó una familia. Ella, al igual que su esposo Aurelio, no querían dejar sus tierras ni la vida que había construido durante muchos años. Por eso, su hija Jenny Morocho y Luis Sánchez, como líder de la comunidad, alertaron a organizaciones de derechos humanos y el colectivo Comunálisis para que intervengan y logren detener el desalojo a Rosa y Aurelio.

Sin embargo, las acciones de organizaciones de derechos humanos fueron en vano y el 26 de abril de 2022 la empresa minera ECSA desalojó a Rosa y Aurelio con alrededor de 25 efectivos de la Policía Nacional y maquinaria, sin contar con una orden oficial para efectuar la acción, según Luis Sánchez líder de la comunidad.

Michelle Báez, docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ha trabajado algunos años con la comunidad y el colectivo Geografía Crítica, para ella “el Estado está apoyando un proyecto mega minero que significa un muy buen negocio para las pocas personas que se benefician de él, donde se ve claramente un vínculo de complicidad entre el capital y el Estado”.

Este proyecto, el más grande en Ecuador, inició su exploración inicial en 1994. “Ahora, en 2019, es una realidad luego de cumplir con todas las fases mineras de exploración inicial, avanzada, evaluación económica, construcción de infraestructura y finalmente explotación y beneficio”, así lo anunció, Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, durante el gobierno de Lenin Moreno.

Pero nada de esto favorece a Tundayme. El Colectivo Geografía Crítica en 2019, publicó el Informe sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto minero Mirador, motivado por la preocupación sobre estos impactos y la posibile vulneación de los derechos humanos y de la naturaleza.

Karolien van Teijlingen, en 2019, realizó el estudio: Un análisis de los proyectos de minería a gran escala Mirador y Llurimagua, donde revela que la minería metálica a gran escala es una actividad que está en auge en el Ecuador. También el estudio denuncia que el 15% del territorio continental está concesionado por empresas mineras y que es muy probable que este porcentaje siga en aumento. Además, la investigadora ya advertía que la actividad minera en “ecosistemas sensibles como la Cordillera del Cóndor puede generar graves impactos al ambiente y a las comunidades indígenas y campesinas que habitan en estos lugares”.

Hoy, esos impactos son una realidad, donde antes había árboles, vegetación y ríos limpios, ahora solo queda el recuerdo. De lejos se observa una rivera donde la empresa desecha los lodos tóxicos de la extracción de los minerales, hay un dique que retiene el cauce del río Tundayme, el principal de la parroquia. Maquinarias que se mueven de manera ordenada, casi mecánica. Desde donde estoy no logro ver qué es lo que transportan. Hay hombres construyendo altas plataformas con varillas y cemento. A mi lado, está una lideresa a quien escucho decir:

–Solo te queda llorar.

A simple vista es muy difícil entender lo que está pasando, por eso los aportes del Colectivo Geografía Critica y los estudios que han realizado alrededor de este proyecto son necesarios para lograr comprender todo el panorama y las graves afectaciones al medio ambiente.

Según las valoraciones del Colectivo Geografía Crítica, la mina utilizará 166 540m3 de agua diariamente para procesar las 60.000 toneladas de material crudo y obtener un concentrado de minerales de valor. Pero ¿cómo extraen los minerales y dónde irán los desechos? La extracción de minerales como el cobre consiste en la remoción de la roca usando perforadoras y explosivos para después excavarla y separar los metales de las rocas, para ello se trituran las rocas hasta obtenerse una arena fina, la cual es mezclada con agua y químicos que ayudan a los metales a separarse de la arena y flotar en burbujas hacia la superficie. Todo el material restante, que además es tóxico, va a parar a los relaves, los cuales contienen roca molida y agua, pero también contienen los químicos aplicados en el proceso de separación de los metales como cianuro, arsénico, plomo, cadmio, zinc y mercurio.

De igual forma, Karolien van Teijlingen en su estudio señala que además de los contaminantes utilizados “existe la posibilidad de que ciertos elementos de los relaves reaccionen cuando entran en contacto con agua y oxígeno, generando ácido. Por estas características potencialmente tóxicas, los relaves tienen que permanecer resguardados en infraestructuras herméticamente cerradas”. Estos relaves están separados por diques, que son estructuras de tierra, hormigón, piedra u otro material. En el proyecto minero Mirador que se desarrolla en Tundayme se prevé construir otra relavera de 270 metros, según mencionó Luis Sánchez

José Cueva, parte del Observatorio Ambiental Social y Minero del Norte del Ecuador de la provincia de Imbabura, está de pie desde donde se puede observar una relavera donde la empresa desecha los lodos tóxicos. El proyecto Mirador, dice José, “fue el experimento social para el desalojo de comunidades y la violación múltiple de derechos ambientales como de las personas”.

Cueva, además, explica las consecuencias de la minería a los ríos “este proyecto de gran escala traerá consecuencias gigantes a nivel ambiental y social, empezando por la contaminación de los ríos cuando la empresa lleva operando poco tiempo. Y sin construirse la relavera de 270 metros que es el principal peligro de este problema”.

Cueva explica las consecuencias de la construcción de un depósito tan grande y una relavera de tantos metros como la que la empresa pretende construir en una zona amazónica como la de Tudayme y, además, hay que considerar el nivel de sismicidad que tiene Ecuador, agregó Cueva “están prohibidas, porque no se han visto ni en América, menos en China, causaría una bomba de tiempo, porque aquí no hay experiencia minera, no hay control”. Para él las relaveras son el principal peligro de la minería a gran escala porque al acumularse millones de toneladas de desechos tóxicos se genera un drenaje ácido de minas, es decir, los ácidos concentrados en la relavera empiezan a drenarse por las paredes y contamina agua superficial y subterránea y puede viajar cientos de kilómetros y “una vez que eso sucede no hay como pararlo, no tiene solución”, indicó Cueva.

Esto sería aún más grave para la parroquia de Tundayme, que está atravesada por 3 ríos: Tundayme, Wawayme y Quimi de los cuales, los dos primeros están contaminados, ya no conservan su color natural el agua es espumosa, además, varios ríos están canalizados. El rio Wawayme ya perdió su color natural, ya perdió su caudal y se ve una espuma blanca, causada por los químicos. De la misma forma, el río Tundayme ya perdió fuerza y pasa por un canal de cemento hasta llegar a un estanque, construido por trabajadores de la minera.

El temor de la comunidad y los ambientalistas es que al construirse una relavera tan alta se puede generar un desastre como lo ocurrido en Brasil, donde el 25 de febrero de 2019, colapsó una relavera minera de la compañía Vale en el municipio de Brumadinho, al sudeste de Brasil, y provocó 179 muertos, 131 desaparecidos e incalculables pérdidas ambientales y económicas, según el informe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

Mónica Brito, parte del Colectivo Geografía Critica, también estuvo presente en el recorrido por Tundayme. Para ella otra de las consecuencias del proyecto minero, es la migración forzada a causa de los desalojos y la violencia de género generada por la creciente masculinización en la zona debido a la presencia de las fuerzas armadas, trabajadores del Estado y de la empresa minera.

La resistencia tiene rostros de mujeres

Llegamos a la Casa Comunal, Cascomi para realizar la socialización del proyecto y sus consecuencias. A mi lado está Mercedes Taish, parte del pueblo Shuar Arutam.

Ella recuerda que durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa los mandaron a desalojar, los maltrataron, los llamaron terroristas, delincuentes, subversivos. Su testimonio no difiere de lo que cada persona de la comunidad mantiene en la memoria.

– Es lamentable lo que hace el Estado ecuatoriano. Nosotros somos originarios del pueblo amazónico y seguiremos resistiendo hasta las últimas consecuencias. Aquí está nuestra vida, no hemos venido de otro lugar para tener que dejar nuestros territorios. No aceptaremos migajas.

Mientras su esposo habla en la Asamblea a la que asistimos en la Casa Comunal, Mercedes me dice:
–Él es mi esposo –y recuerda que, durante los desalojos, su esposo, al igual que los esposos de las demás mujeres y sus hijos hombres tuvieron que huir.

–Nos quedamos en el territorio resistiendo las mujeres, los niños y niñas. No podíamos dejar que los militares capturen a nuestros esposos, porque se los llevarían presos, actuarían con violencia –cuenta.

De las mujeres que quedaron, Mercedes es una de las pocas que permanece en el territorio.

– Hoy, esas mujeres ya no están, unas migraron, de las otras no supe nada más, perdí su rastro – dice y mueve su cabeza de arriba hacia abajo.

Desde otros territorios del Ecuador, hay más mujeres resistiendo en sus territorios, de la misma forma en como lo hace Mercedes. Tal es el caso de Elizabeth Durazno, dirigenta de la Organización de Mujeres Sinchi Warmi, de la comunidad de Río Blanco, parroquia Molleturo, Cuenca, que, desde hace más de 20 años, resiste a la minería. Ella visitó la parroquia de Tundayme y fue parte del recorrido realizado, para conocer los efectos, porque es algo que no quiere que pase en su territorio.

Al terminar el recorrido en la ranchera y llegar a la Casa Comunal, Cascomi, pasamos a tomar un refrigerio y mientras tanto, todo se organiza para generar un debate de lo visto. Para Elizabeth lo más importantes fue la participación de las mujeres en defensa de los territorios.

– Estamos nosotras poniendo el cuerpo en los territorios, en nuestros hogares, los hombres salen a trabajar y nosotras nos quedamos produciendo, sembrando en los huertos y cosechando nuestros alimentos y cuidando de los animales.

A pesar de esto, para Elizabeth, la participación de las mujeres es más difícil.

– Porque los hombres piensan que les estamos quitando su derecho y eso no es así. Más trabajamos las mujeres que los hombres y se trata de involucrarnos todos en la lucha por intereses en común. Es importante involucrarnos para defender nuestros hogares e incluso a nuestros esposos, para que no sean criminalizados o perseguidos, porque a ellos se los llevan presos y cuando eso sucede nos quedamos sin el sustento de nuestros esposos que es un complemento, porque nosotras también sustentamos los hogares –lo dice mientras se sienta y se acomoda en una de las sillas desocupadas. Mira en dirección a los campamentos de la empresa minera y me dice:

–Tengo una reflexión de lo visto en el Proyecto Minero Mirador –lo dice con sus ojos que no logran contener las ganas de llorar. Así entre pausas y suspiros, evitando desmoronarse por la impresión que la causó ver lo avanzado del proyecto minero, además de la contaminación, dice:

–En 2017 vine a visitar Tundayme, hice el recorrido para ver lo que la empresa minera Ecuacorriente S.A estaba realizando. Pero no estaba tan avanzado, hoy, cinco años después regresé y me dan ganas de llorar.

Respira por unos segundos, como intentando tomar valor para terminar su idea y continúa

–Me da decepción ver cómo el gobierno o las mineras que hablan de minería tecnificada, tecnología de punta, solo destruyen. ¿Dónde está la tecnología de punta si vemos cómo terminaron totalmente con los bosques, con las montañas, con el agua? –Lo dice mientras abre sus manos y levanta sus brazos, mostrando el asentamiento de la minera que puede verse desde la Casa Comunal.

­–Este proyecto demuestra la violencia al derecho del agua. El agua debe ser libre, tener su propio caudal y no estar desviado por un túnel de cemento que genera daños al medio ambiente y a los seres humanos cuando se nos quita nuestros territorios solo para beneficio del Estado y de las transnacionales que sacan el dinero del país.

Refiriéndose a la manera en que el rio Tundayme está canalizado por túneles de cemento y la pérdida de su fuerza y color natural.

Elizabeth debía estar presente en la mesa de debate que realizó Geografía Crítica junto a los y las comuneras de Tundayme y otros líderes y lideresas. Ella está ahí para aprender de los efectos y compartir la información en su comunidad en Azuay:

–Las mineras chinas no solo están en Tundayme. Están en Río Blanco y otros territorios. Por eso la lucha es necesaria.

Elizabeth participó en el debate para reflexionar sobre el recorrido realizado. Entre las participantes estaba Aracely Nugra vocal de la comuna de indígenas San Sebastián de Sígsig en la provincia de Azuay, quien recordó que desde el 2008 la naturaleza tiene derechos, reconocidos en la Constitución en el artículo 71 de la Constitución , pero para ella “esto es solo papel muerto, no se cumple. Por eso es importante nuestra lucha, levantar nuestras voces como mujeres que buscamos visibilizar lo que sucede en nuestros territorios y la contaminación que se genera a raíz de las actividades destructivas”.

Con el debate, las reflexiones de líderes y lideresas además de las aportaciones del Colectivo Geografía Crítica, finalizó el Encuentro para la Articulación en Defensa de los Territorios y el Rechazo a la Minería y el Extractivismo. Al final, con dinámicas, cantos, refranes e improvisaciones comuneros, comuneras, líderes y lideresas asumieron su compromiso y solidaridad con el territorio de Tundayme.

Abrazos, apretones de manos y mensajes de fortaleza no faltaron para Luis Sánchez, líder de Cascomi, para las mujeres y hombres de la comunidad que cada día tratan de recuperar, no solo sus territorios, sino la identidad de la cual fueron despojados al momento de los desalojos, y quienes siguen resistiendo desde su Casa Comunal.

De igual forma Luis hace un llamado a las personas de las ciudades a luchar por la conservación de los bosques y del agua, porque “del campo ellos viven, toman el agua que viene de las Cordilleras”. Para él el proyecto de minería representa “una violación de derechos sistemática. Porque al violarse un derecho, se violan todos. La justicia no funciona y nunca va a funcionar con esa estructura organizativa del Estado que es caduca, corrupta y todo lo demás, la cual hay que cambiar; pero hasta que eso pase, todos a las calles a resistir, pero no cada quien, por su lado, sino articulados”.

Chile

Corte Suprema acoge recurso presentado por universidades públicas y deja sin efecto polémica licitación de Corfo sobre ITL

Cristian Leighton 06/07/2022
El recurso de protección, presentado por los rectores de las universidades de Chile, Católica, de Antofagasta, de Concepción, Católica del Norte, de Santiago, de Tarapacá y de Talca –entidades que son parte del consorcio Asociación para el Desarrollo del Instituto Tecnológico (Asdit)– y que inicialmente fue rechazado por la Corte de Apelaciones, fue acogido esta vez por la Corte Suprema (por 4 votos contra 1), dejando sin efecto la licitación que había adjudicado el proyecto al consorcio Associated Universities Inc. (AUI), que integran nueve universidades extranjeras y socias chilenas como las universidades del Desarrollo y San Sebastián. En su argumentación, el máximo tribunal del país se refirió al doble rol que jugó el exgerente general del Corfo, Felipe Commentz Silva, en la Comisión Evaluadora y, luego, como vicepresidente ejecutivo (s) por la inhabilitación del titular, Pablo Terrazas, en el Consejo de Ministros de Corfo, indicando que “constituye una irregularidad manifiesta». Entre los rectores integrantes de Asdit destacaron el fallo, el que –según expresaron– mejorará «la calidad de vida de los chilenos con nuevos conocimientos», junto con añadir que «es una muy buena noticia para el país», entre otras reacciones. Corfo señaló que acoge el recurso «dictado el día de ayer y notificado durante la tarde, al que dará cumplimiento por tratarse de una sentencia judicial».

La teleserie del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) de Corfo suma un nuevo capítulo. Y siguiendo con la analogía, este sería el capítulo final, ya que la Corte Suprema acogió el recurso de protección constitucional interpuesto por rectores de universidades chilenas, el que acusaba errores e irregularidades en el proceso de licitación, dejando sin efecto las actas de adjudicación del 4 de enero de 2021. Dicha licitación se la había adjudicado el consorcio Associated Universities Inc. (AUI), que integran nueve universidades extranjeras y socias chilenas como las universidades del Desarrollo y San Sebastián.

El recurso, presentado por los rectores de las universidades de Chile, Católica, de Antofagasta, de Concepción, Católica del Norte, de Santiago, de Tarapacá y de Talca, entidades que son parte del consorcio Asociación para el Desarrollo del Instituto Tecnológico (Asdit), que obtuvo el segundo lugar en la licitación de Corfo, fue admitido por la Tercera Sala de la Corte –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean Pierre Matus; y por el abogado integrante Raúl Fuentes– por 4 votos a 1 (en contra votó Fuentes), dejando sin efecto la resolución del Corte de Apelaciones que había declarado “inadmisible” este recurso y, en su lugar, lo acogió.

«Las circunstancias anotadas precedentemente demuestran o relevan la parcialidad con que el señor Commentz presentó el informe de la Comisión Evaluadora que él mismo suscribió. Reproduciendo una opinión que a lo menos no tiene expresada una razón suficiente, dado que, al decir del propio presentador, no obstante estar evaluando el proyecto mismo, fue fundamental lo que sucedería al concluir el período de diez años en que se financiaría el proyecto, sin que se expresara que se había exigido tal continuidad en las bases del concurso. Para terminar, el señor Commentz emite su votación a favor de AUI, ratificando el mismo pronunciamiento que él formuló como miembro de la Comisión Evaluadora», indica el fallo.

«Esta irregularidad impide reconocer la legitimidad necesaria para producir efectos al procedimiento, por cuanto se ha faltado gravemente al principio de imparcialidad del procedimiento administrativo contemplado en el inciso 1° del artículo 11 de la Ley N°19.880 (…). Por lo razonado, queda de manifiesto que tanto la garantía de igualdad como la del debido proceso, aplicable al actuar de la Administración en la toma de 32 decisiones, han sido desconocidas. En efecto, esta Corte Suprema ha dicho que el Estado tiene la obligación de sustanciar un procedimiento cumpliendo el mandato del artículo 10 de la Ley N°19.880, (…) norma que refleja el mandato constitucional del debido proceso y que aparece como vulnerada respecto de las actoras, quienes han perdido la licitación en un procedimiento irregular, en que la participación del señor Commentz aparece parcial y determinante en la adopción de la decisión final del proceso de adjudicación del aporte I+D. En el mismo sentido, debe concluirse que la racionalidad ha estado ausente en el pronunciamiento del Consejo de CORFO, pues el señor Commetz debió abstenerse de participar como miembro de él. Por lo razonado, la presente acción deberá ser acogida», añaden.

Lea el fallo completo en el siguiente link. https://media.elmostrador.cl/2022/07/P1-16.pdf
Reacciones de los actores
En conversación con El Mostrador, el abogado representante del consorcio Asdit, Gabriel Reyes Seisdedos, afirmó que «por tratarse de un recurso de protección es un tremendo y muy positivo fallo para el país. De la multiplicidad de irregularidades que acreditamos, la Corte toma como indubitada y palmaria la falta de imparcialidad del gerente general de Corfo de la época, Felipe Commentz. Y sienta una doctrina, al decir que el estándar de transparencia exigido en la sociedad actual requiere que la administración se comporte de forma imparcial, proba, transparente y sin conflictos de interés y, si esto no se cumple, la decisión o el acto final es nulo».

«Esto es muy interesante, ya que en esta causa Corfo siempre dijo que la actuación del Sr. Commentz estaba apegada a derecho, minimizando los actos irregulares perpetrados. La Corte Suprema dice claramente que no y tilda su actuación como ‘irregularidad manifiesta’, y su voto como ‘ilegítimo’. Para nosotros siempre estuvo claro que los funcionarios de Corfo intervinientes en todo el proceso ITL no respetaron la garantía del debido proceso y es motivo de alegría que el máximo tribunal de la Republica haya estimado lo mismo en este fallo histórico. Desde el punto de vista del recurso de protección, estimo que la Corte hizo justicia. Ahora esperamos que el Consejo de Corfo lo haga también desde el punto de vista de la adjudicación de este proceso. La postulación de AUI, de acuerdo a antecedentes que obtuvimos a través de Ley de Transparencia, carece de información requerida, lo cual la deja fuera de bases. Esperamos que el Consejo de Corfo también pueda examinar esa información», agregó.

Reyes indicó que están atentos a la investigación penal sobre esta materia, la que se inició tras el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. «Creemos que esa investigación entrará al detalle de responsabilidad personal de funcionarios en estos hechos, teniendo a la vista muchos más antecedentes que los que puso examinar la Corte Suprema en sede de recurso de protección. En mi opinión, aquí hubo una operación deliberada para desacreditar a los integrantes de la postulación de Alta Ley y actos de empleados públicos que intentaron consolidar una adjudicación irregular a AUI. Presentaremos antecedentes en ese sentido a la Fiscalía», señaló.

Precisamente, el presidente de la señalada comisión, el diputado Tomás Hirsch (AH), celebró el fallo del máximo tribunal del país, asegurando que “confirma lo que concluimos en la instancia investigativa y aclara una situación que habíamos denunciado. En segundo lugar, al poder volver a hacerse la votación, que fue lo que resolvió la Corte Suprema, va a permitir que se realice la elección del desarrollador del próximo Instituto de Tecnologías Limpias como corresponde: sin personeros que son parte interesada, permitiendo que los recursos queden en manos de las universidades chilenas, con inversión en las regiones mineras, con posibilidades de desarrollo tecnológico, científico y académico para nuestro país, con generación de contratos y desarrollo de mano de obra chilena. Desde todo punto de vista, es una resolución tremendamente importante”.

Finalmente, la Corfo indicó que acoge el recurso «dictado el día de ayer y notificado durante la tarde, al que dará cumplimiento por tratarse de una sentencia judicial». Cabe recordar que, en la actualidad, no están los nombres que licitaron inicialmente en el referido Consejo de Corfo, sino que ahora este está conformado, entre otros, por el ministro de Economía, Nicolás Grau; el ministro de Hacienda, Mario Marcel; el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela; y el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente.

Los rectores celebran
Tras conocer la noticia, desde el consorcio Asdit celebraron el fallo de la Corte Suprema. Víctor Pérez, director ejecutivo, señaló que “tanto el país como la Región de Antofagasta, así como las instituciones que buscan participar y desarrollar el ITL, merecen que se tome una decisión seria e informada bajo los más altos estándares de transparencia, probidad y resolución de conflictos de interés. La resolución de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que acoge el recurso de protección, dejando sin efecto las actas de adjudicación de Corfo, pide que se pongan todos los antecedentes a disposición del Consejo Corfo, a fin de que este adopte una decisión de adjudicación a la brevedad, y que se emita una decisión fundada de las propuestas admisibles de forma transparente y considerando las evaluaciones de los expertos internacionales. Este dictamen de la Corte Suprema honra el propósito de Asdit, que no es otro que mejorar la calidad de vida de los chilenos con nuevos conocimientos, innovación, emprendimiento y nuevas tecnologías que apoyen un desarrollo sostenible para nuestro país, la humanidad y las futuras generaciones».

Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile, comentó que “el fallo de la Corte Suprema es contundente, y es una muy buena noticia para el país , para el desarrollo de la ciencia e innovación y el emprendimiento local, en las áreas de energía solar, minería verde, producción de hidrógeno y tecnologías asociadas a la producción de litio. El consorcio Asdit está totalmente activo, y ha seguido profundizando actividades público-privadas en estas líneas. En este sentido, la Universidad de Chile tiene los equipos preparados para llevar adelante esta iniciativa, en el marco de trabajo que defina Corfo».

Por su parte, Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, aseguró que “como UC estamos muy satisfechos con la sentencia de la Corte Suprema, que acoge el recurso de protección interpuesto por un conjunto de prestigiosas universidades chilenas y entidades nacionales y extranjeras, en una materia que es de primer interés del país. Se reconoce que la adjudicación de los recursos para el Instituto de Tecnologías Limpias tenía anomalías que deben ser corregidas. Se ordena, asimismo, que se adopte una decisión de adjudicación a la brevedad, fundada en la forma más transparente posible de las propuestas admisibles y de las opiniones de los expertos internacionales», concluyó.
https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/07/06/corte-suprema-acoge-recurso-presentado-por-universidades-publicas-y-deja-sin-efecto-polemica-licitacion-de-corfo-sobre-itl/

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RIESGOS MINEROS SOBRE LAS CUENCAS DE LIMA Y CALLAO

05/07/2022
Imágenes de la limpieza del río Chillón tras el derrame de concentrado de zinc. Foto: El comercio
En los últimos días hemos visto cómo la actividad minera puede poner en serio riesgo a las cuencas de los ríos que abastecen de agua a las ciudades de Lima y El Callao. Para visibilizar estos riesgos, CooperAcción ha elaborado una infografía detallada donde se puede ubicar proyectos mineros cuestionados, depósitos de relaves y accidentes recientes.

El caso más reciente fue el 13 de junio: el derrame de 35 toneladas de concentrado de zinc en el río Chillón por parte de una empresa que realiza transporte de minerales para la minera Volcan, propiedad de la transnacional Glencore.

El derrame en el río Chillón provocó la muerte de más de 600 toneladas de truchas de criaderos de la zona, además que encendió las alertas en varias entidades del Estado. Los municipios de Lima norte están bajo alerta, y el Ministerio de Salud declaró una alerta epidemiológica. Los trabajos de limpieza continúan, pero la población sigue asustada por la presencia del zinc y otros elementos del concentrado que se derramó en las aguas del Chillón.

Pero este no es el único caso. Existen otros casos emblemáticos que cabe recordar por sus serias implicancias para las fuentes de agua de las comunidades aledañas, pero también para toda Lima Metropolitana y El Callao.

Relaves de la mina Huampar en Santa Eulalia

A mediados de abril, ciudadanos de la cuenca del río Santa Eulalia denunciaron que el desprendimiento de relaves mineros de Mina Huampar está contaminando las cuencas del valle de Santa Eulalia y del río Rímac.

La Mancomunidad Municipal del Valle Santa Eulalia, liderada por su presidenta Cecilia Espinoza, denunció la grave emergencia sanitaria ocasionada por bloques y desprendimientos del relave minero de la Mina Huampar ubicado en la Zona de Cunay.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), atendió una alerta ambiental por una posible afectación a las aguas que circulan en la parte media de la microcuenca de los ríos Santa Eulalia y Rímac. Informó que el pasivo ambiental que existe en la zona es producto de un relleno de material de relave por actividades mineras que se desarrollaron años atrás.

El relave minero causante de la emergencia ambiental es un pasivo minero que perteneció a la Compañía Minera Huampar, la cual se encuentra abandonada desde hace 30 años, según refieren pobladores de la zona.

Los riesgos de los relaves de Tamboraque

Por otra parte, existe el peligro de los relaves mineros de Tamboraque, zona que se ubica en el distrito de San Mateo, en la provincia limeña de Huarochirí, a la altura del kilómetro 90 de la Carretera Central. Los depósitos de relave (canchas 1 y 2) corresponden a la mina Coricancha, que operaba la compañía San Juan desde los años 50.

A inicios del 2008, los cerros empezaron a mostrar evidencias de inestabilidad por la activación de un deslizamiento de tierras. Ese año, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) declaró el estado de emergencia del cerro por el plazo de sesenta días calendario (tuvo varias prórrogas). Ese mismo año, la mina y sus pasivos pasan a manos de NYRSTAR y luego a Great Panther Coricancha S.A.

Osinergmin confirmó que la empresa Great Panther Coricancha S.A. – que compró la mina en el 2015– mantiene pendiente el traslado de aproximadamente 140.000 m3 (casi 140.000 toneladas) de relaves remanentes que se ubican al pie de la ladera del cerro Tamboraque, adyacente al río Rímac. Esta cantidad representa el 37% del total de desechos mineros. El 63% –la empresa asegura que es el 65%– ya ha sido trasladado al depósito de Chinchán.

La continuidad del traslado, sin embargo, está suspendida en medio de una disputa legal y las 140 mil toneladas de desechos minerales en Tamboraque aún no se trasladan.

El caso de la mina Ariana

La concesión del proyecto minero Ariana, ubicado en Junín, se superpone al sistema hídrico de Marcapomacocha y se ubica a 500 metros de distancia del túnel trasandino por el que pasa aproximadamente el 60% del agua que abastece a Lima y El Callao.

La posibilidad de que un evento imprevisto –como un sismo, lluvias intensas o un accidente– cause el colapso de la presa de relaves tóxicos es elevado. Esto implicaría un corte del abastecimiento de agua potable para la capital del país y sus más de 10 millones de habitantes.

Por ello, el año 2019 un grupo de ciudadanos interpuso una demanda legal en contra de la mina Ariana para que esta paralice sus operaciones por poner en riesgo el agua de Lima y Callao.

La empresa a cargo del proyecto, Southern Peaks, también fue operadora de Compañía Minera Quiruvilca, proyecto ubicado en La Libertad. Durante sus años de operación, la unidad minera recibió diversas sanciones por parte del OEFA.

El 2021, Sedapal solicitó ser incluido en el proceso judicial como demandante, lo que fue aceptado por el juzgado al ser parte interesada en la protección de las fuentes de agua para el abastecimiento de la capital.

Pese a que hasta la fecha se han realizado tres audiencias y ya se han escuchado los argumentos tanto de la empresa como de la parte demandante, han transcurrido tres años y aún no hay sentencia.

Vea la infografía con las zonas de riesgo por actividades mineras elaborada por CooperAcción:

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

Venezuela

SOS Orinoco alertó sobre pérdida de bosques por minería en el Esequibo

Analítica 06/07/2022
La ONG venezolana SOS Orinoco alertó este martes que entre los años 2000 y 2021 se han perdido «al menos 135.318» hectáreas de bosques tropicales en el territorio Esequibo, disputado entre Venezuela y Guyana, por causa de la minería de oro en la zona.

«Entre 2000 y 2021, el territorio Esequibo perdió al menos 135.318 ha (hectáreas) de bosques tropicales. Esta destrucción supera la huella de la minería aurífera evidente en el estado Bolívar, donde la actividad minera es promovida agresivamente por la política del Arco Minero del Orinoco», denunció la ONG en un informe.

La organización identificó 1.499 espacios mineros dentro de este territorio en disputa, «lo que representa un total de 1.091 kilómetros cuadrados impactados por la actividad minera de oro».

Refirió que esta explotación equivale a una producción anual de oro estimada en 19 toneladas, para lo que se emplean, aproximadamente, 29 toneladas de mercurio cada año, siempre según el reporte.

SOS Orinoco aseguró que esta actividad genera costos ecológicos «incalculables» y, además, afecta territorios indígenas y los derechos de las poblaciones asentadas en estos espacios.

«Los costos de este impacto ecológico son incalculables por la pérdida de servicios ambientales que esta región ofrecería en términos de bioprospección, reservorio de carbono, pérdida de productos madereros, no madereros, pérdida de recreación, de especies, entre otros», subrayó la investigación de la ONG.

Ante esto, la organización instó al régimen de Venezuela a «ofrecer una alternativa a esta destrucción ecológica y cultural».

El pasado marzo, la ONG venezolana Fundaredes denunció las «constantes violaciones a los derechos humanos» y la presencia sin control de «minería ilegal» que, aseguró, tienen lugar en el Arco Minero del Orinoco (AMO) -ubicado en los estados Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas- y que afectan, principalmente, a las comunidades indígenas asentadas en la zona.
https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/sos-orinoco-alerto-sobre-perdida-de-bosques-por-mineria-en-el-esequibo/

Chile

Chile presenta plan de reforma tributaria que incluye subir impuestos a grandes mineras de cobre

04/07/2022
El gobierno del presidente Boric se había comprometido a enviar una reforma impositiva dentro del primer semestre. / Crédito: Prensa Presidencial.
El gobierno chileno presentó un proyecto de reforma tributaria que considera un alza de los impuestos a las grandes mineras de cobre, que contempla una combinación de tasas sobre las ventas y el margen de producción.

En Chile, el mayor productor mundial de cobre, operan gigantes globales como la estatal Codelco, BHP, Glencore, Anglo American, Freeport McMoRan y Antofagasta.

“Lo que estamos proponiendo acá es que para las compañías mineras con producción superior a 50.000 toneladas métricas de cobre fino al año se aplique una combinación de tasas ad valorem y tasas sobre el margen de producción crecientes según el precio del cobre“, dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel al presentar el plan.

Para el resto de las compañías mineras se va a mantener el régimen actual, aclaró.

“Esto va a significar un aumento de la recaudación por concepto del royalty, un aumento de la participación del Estado en la renta minera pero buscando mantener que la actividad minera tenga retornos suficientes para alentar la inversión”, agregó el ministro.

Según una nota divulgada por Hacienda, el impuesto tendrá dos componentes: uno ad valorem que oscilará entre tasas efectivas de entre 1% y 2% para los productores de entre 50.000 y 200.000 toneladas métricas de cobre fino, y entre 1% y 4% para aquellos con más de 200.000.

Y otro componente con tasas de entre 2% y 32% sobre la rentabilidad, para precios del cobre entre USD 2 y USD 5 la libra. En ambos casos se establecen tasas que consideran el precio del cobre, precisó el comunicado.

El viernes pasado, el precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres bajó a USD 3,6176 la libra, un mínimo de cerca de 18 meses. Mientras que en mayo del año pasado se acercó a los 5 dólares.

El plan modificará un texto sobre royalty que actualmente está en tramitación en el Congreso, duramente criticado por la industria por no considerar el desempeño operativo de cada faena.

El gobierno del presidente progresista Gabriel Boric, que asumió en marzo, se había comprometido a enviar una reforma impositiva dentro del primer semestre para financiar su ambiciosa agenda social.

Con el objetivo de recaudar un 4,1% del PIB en un plazo de cuatro años, en régimen, el proyecto de reforma también incluye la creación de un tributo a la riqueza, cambios en los impuestos a la renta y mecanismos contra la elusión y evasión fiscal.

En cuanto al impuesto a los altos patrimonios, el país sudamericano empezará gravando a 6.300 personas naturales, con domicilio o residencia en Chile, en relación a su riqueza mantenida tanto en Chile como en el extranjero.

Habrá dos tramos para este impuesto, el primero para patrimonios de entre USD 5 millones y USD 15 millones con una tasa marginal de 1% y un segundo tramo que contemplará una tasa de 1,8% sobre la parte del patrimonio que supere los USD 15 millones.

Dentro del patrimonio a declarar se consideran la participación en sociedades, los inmuebles, vehículos, portafolios de inversiones e instrumentos financieros, entre otros.
Fuente: Reuters

Chile presenta plan de reforma tributaria que incluye subir impuestos a grandes mineras de cobre

Chile

EIA del proyecto Fenix Gold no fue aprobado

Eva Cruz
El Proyecto Fenix Gold es un ejemplo de minería aurífera moderna.
Tras la decisión de la Comisión Regional de Evaluación, Rio2 Limited trabajará en la evaluación de sus opciones y decidirá un plan de acción.
Rio2 Limited y su subsidiaria chilena Fenix Gold Limitada anuncian que la Comisión Regional de
Evaluación, que incluye a 12 instituciones de gobierno, ha votado en contra de la Evaluación de
Impacto Ambiental (“EIA”) para el proyecto Fenix Gold en Chile.

Tras esta decisión, la Compañía trabajará en la evaluación de sus opciones y decidirá un plan de acción.

Una vez que se complete el plan de acción, la Compañía anunciará cómo pretende ejecutarlo y
proporcionará el cronograma revisado.

Es importante destacar que Fenix Gold sigue con la convicción de que ha aportado la información técnica y los estudios suficientes para obtener un dictamen favorable del EIA. Esto está bien respaldado por la posición del Servicio de Evaluación Ambiental (“SEA”) con las siguientes consideraciones clave favorables:

El Proyecto cumple con toda la normativa aplicable y cumple con los requisitos ambientales para el otorgamiento de los permisos sectoriales aplicables.
Fenix Gold ha culminado satisfactoriamente los procesos de Participación Ciudadana y Consulta Indígena.
El Proyecto Fenix Gold es un ejemplo de minería aurífera moderna, para cual se consultó y diseñó un número extenso de consideraciones técnicas, ambientales y sociales desde el principio. El Proyecto representa una inversión significativa en el negocio de la minería del oro en Chile por parte de una empresa minera junior y generará empleo para aproximadamente 1,200 personas durante la fase de construcción y 550 personas por 17 años durante la de fase de operaciones.

La mina que se contempla para el Proyecto será una operación de lixiviación en pilas, no se requieren instalaciones de chancado o depósito de ripios, lo que minimiza el impacto general y la huella del proyecto.
https://www.rumbominero.com/peru/noticias/internacionales/eia-del-proyecto-fenix-gold-no-fue-aprobado/