Mexico

En México hay 800 proyectos detenidos por falta de permisos e incentivos fiscales

Takeshi Chacon 15/07/2022
En México hay 800 proyectos detenidos por falta de permisos e incentivos fiscales
Según la Cámara Minera de México, de 2013 a 2021 se dejaron de invertir US$ 3.893 millones tan solo en el concepto de exploración minera.

La Cámara Minera de México (Camimex) afirmó que hay 800 proyectos mineros detenidos.

Los principales motivos, según Camimex, son falta de otorgamiento de permisos; incentivos fiscales para la exploración, entre otros.

La directora de Camimex, Karen Flores, indicó que los proyectos postergados desde 2013 a 2021 dejaron de invertir US$ 3.893 millones tan solo en el concepto de exploración.

Mientras que durante los años 2019, 2020 y 2021 se han dejado de invertir un total de US$ 2.440 millones.

“Hay más de 125 operaciones mineras en el país registradas por la Cámara, los proyectos que no han logrado florecer también influyen en la falta de desarrollo para la cadena de valor y la no generación de empleos”, comentó Flores.

Otros pendientes

Aunado a eso, la carga fiscal ha sido muy exorbitante para la industria.

Así, expuso que la minería paga impuestos, pero adicionalmente es de los sectores con carga fiscal adicional con tres derechos sumados.

Esos impuestos son por superficie que está concesionada, otro por utilidades de operaciones mineras, que es del 7,5%; y uno para las minas que producen oro y plata, que es del 5% adicional.

Aportes de RSE

Por otro lado, Karen Flores resaltó que las compañías mineras han logrado invertir de manera extraordinaria en acciones que benefician a las comunidades.

Esto mediante la construcción de 44 clínicas u hospitales para poblaciones cercanas a las operaciones mineras.

Así como el equipamiento y construcción de escuelas, laboratorios o centros comunitarios.
Producción minera en Zacatecas

Para Camimex, cinco estados aportan el 82% de la producción nacional minera: Sonora, Chihuahua, Durango, Guerrero y Zacatecas; este último, con el 21.5% de ese total.

Además, la industria en el estado genera más de 90.900 empleos directos e indirectos, es el primer productor de plata a nivel mundial y de zinc y plomo a nivel nacional, además de segundo en oro y cobre.

La derrama económica estimada en el sector minero para Zacatecas es de 12.000 millones de pesos.
https://www.rumbominero.com/mexico/mexico-proyectos-detenidos-permisos-incentivos-fiscales/

Chile

Gobierno confirma investigación contra Anglo American por posible extracción ilegal de agua en Río Aconcagua

18/07/20222
El Ministerio de Obras Públicas confirmó que solicitarán una investigación a la Dirección General de Aguas sobre una presunta extracción ilegal de aguas desde el Río Aconcagua por parte de la empresa minera Anglo American Sur S.A.

la Junta de Vigilancia de la Primera Sección del Río Aconcagua, en la región de Valparaíso, espera que se esclarezca una eventual extracción de agua irregular por parte de Anglo American.

Esto tras una denuncia presentada a la Superintendencia de Medio Ambiente, y luego de que el Ministerio de Obras Públicas anunciara la apertura de un expediente de fiscalización.

La acusación surge del testimonio de dirigentes de sistemas de Agua Potable Rural en la zona, que aseguran que la minera Los Bronces -de Anglo American Sur S.A- estaría trasladando al depósito de relaves Las Tórtolas agua extraída de puntos no autorizados en San Felipe.

Rodrigo Riveros, juez de río de la 1° Sección, explicó cuál sería su impacto.

Quienes también se sumaron a la denuncia de la Junta de Vigilancia fueron parlamentarios del Distrito 6, entre quienes se encuentran Nelson Venegas -presidente de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara- y la diputada María Francisca Bello, que solicitó una mayor fiscalización al actuar de los privados en la cuenca.

Respuesta de Anglo American

Cabe señalar que por parte de Anglo American indicaron que el agua transportada sería adquirida a la Conservera San Clemente, también conocida como ex Conservera Pentzke. No obstante, la denuncia de la Junta de Vigilancia argumenta que diversos sistemas de APR han visto disminuidos sus pozos a causa de esta presunta extracción ilegal.

Finalmente, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, confirmó que solicitarán una investigación respecto al tema a la Dirección General de Aguas. De esta manera, y a través de la DGA, la cartera ya procedió a la apertura de un expediente de fiscalización para investigar eventuales infracciones.

Este artículo describe un proceso judicial en curso

Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)
https://www.redimin.cl/gobierno-confirma-investigacion-contra-anglo-american-por-posible-extraccion-ilegal-de-agua-en-rio-aconcagua/Fuente: Bio Bio

Perú

Crecientes protestas en Perú afectan corredor minero del sur

Bnamericas 18/07/2022
Cobre Conflictos Sociales Minería a cielo abierto Procesamiento, fundición y refinación de metales Tipos de minería
Crecientes protestas en Perú afectan corredor minero del sur

Las empresas que utilizan el corredor minero del sur de Perú sufren dificultades ante conflictos casi constantes por la actividad minera, que afectan regularmente a la producción de la zona.

Según el último informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), este nivel de conflictividad no se había visto en otras zonas del país.

El corredor atraviesa las regiones Arequipa, Apurímac, Cusco, Moquegua, Tacna y Puno y es utilizado principalmente por las empresas Las Bambas, Hudbay y Antapaccay —filial de Glencore—, que operan en las regiones Apurímac y Cusco.

El reporte del OCM destaca que una característica de la actual conflictividad es la fragmentación de agendas y demandas: en el corredor del sur, cada 30km se puede hallar demandas diferenciadas que generan movilizaciones con actores distintos que no tienen ni la capacidad ni el interés de articularse entre sí, por lo que se ve una competencia entre distritos, provincias y regiones, y también entre comunidades.

“Lo que una comunidad consigue de una negociación con la empresa minera o con el Estado, puede terminar siendo el incentivo de nuevas demandas de las comunidades vecinas que terminen en nuevos estallidos”, señaló el OCM.


Según la entidad, entre Apurímac y Cusco, autoridades y comunidades se miran cada vez con mayor recelo, y la propuesta del gobernador de Apurímac para encontrar una vía alternativa para la salida de los minerales que no pase por Cusco, es un claro indicador de las tensiones y recelos que crece entre esas regiones.

Otro de los conflictos en la actividad minera, según el observatorio, es que la agenda de los trabajadores mineros está cada vez más divorciada de la agenda y demandas de las comunidades, como en el caso de la mina de cobre a cielo abierto Cuajone, que se ubica en Moquegua y es operada por Southern Copper.

En marzo las comunidades de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala se tomaron el reservorio que abastece de agua a la operación minera, por lo que estuvo a punto de producirse un enfrentamiento con los trabajadores de la empresa, que anunciaron que iban a recuperar por la fuerza las instalaciones tomadas.

En el caso de Las Bambas, los trabajadores se han movilizado en Apurímac, Arequipa, Cusco y Lima, en contra de los bloqueos y la paralización de las operaciones y el impacto en la pérdida de puestos de trabajo.

Las tensiones en el corredor minero se han ido acumulando por las propias características de la zona y de las operaciones que se desarrollan: una vía de más de 400 kilómetros que atraviesa por cuatro provincias alto andinas, decenas de centros poblados y comunidades campesinas que reciben los impactos, tanto de la zona de extracción como del transporte de los minerales, indicó el OCM.

Según el Observatorio, la situación se fue configurando gradualmente desde los inicios de la fase operativa del proyecto Las Bambas, en 2016 y, sobre todo, desde la puesta en marcha del transporte de los minerales por la vía nacional, pero en los últimos meses las tensiones se han agudizado, con conflictos con las comunidades que llevaron a la paralización de las operaciones de la mina desde la segunda quincena de abril hasta principios de junio, tiempo en el que perdió US$500 millones en exportaciones.

MINERÍA INFORMAL

Otra variante de la conflictividad tiene que ver con el avance de la minería ilegal en nuevas zonas en el país, que ya no solo explota oro sino también otros metales como cobre en zonas como Apurímac, Cusco y Puno, entre otras, incentivada por los altos precios.

En varios casos la minería informal encuentra zonas que ya han sido concesionadas a empresas mineras formales.

En mayo pasado, la minera Ares, filial de Hochschild Mining, denunció que el campamento del proyecto Azuca fue quemado y destruido por mineros informales; una situación similar se dio en el campamento del proyecto Los Chancas, de Southern Copper.

Situaciones similares de tensión entre mineros informales y titulares de concesiones y proyectos en desarrollo, se viven en Cotabambas en la Región Apurímac; Chumbivilcas y Espinar, en la Región Cusco.

“Hoy en día, la minería informal ya no es exclusividad de los productores de oro y comienza a ser motivo de tensión y de disputa con las propias empresas mineras formales”, consigna el estudio del OCM.

El observatorio sugiere convertir al corredor minero del sur en una vía por donde transiten no solo minerales sino también la producción de las provincias alto andinas, y construir un sistema de gobernanza para los territorios, donde estén representados el Estado (nacional y subnacional), los actores productivos de la zona, incluida la minería, y los estamentos representativos de las poblaciones.

“Está claro que es necesario hacer un giro en el abordaje del conflicto”, aseveró el observatorio.
https://www.bnamericas.com/es/noticias/crecientes-protestas-en-peru-afectan-corredor-minero-del-sur

Latinoamerica

Golpean conflictos mineros a toda AL

El Universal 17/07/2022
Los conflictos mineros abruman a toda América Latina así lo confirma el OCMAL. El Universal / EL DIARIO

Legal o ilegal, la minería es satanizada o bendecida en América Latina y el Caribe. Los adversarios de la actividad argumentan que la zona paga a diario una onerosa factura de daños socioambientales, corrupción política y represión militar y policial por la criminalización de las protestas por el impacto hemisférico de la minería legal e ilegal.

“La minería es negocio porque no se hace a cargo de los costos socioambientales que provoca”, afirmó el chileno César Padilla, coordinador del (no estatal) Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).
Intereses económicos

Los defensores aducen que la minería legal genera puestos de trabajo y atrae fuertes inversiones y que, por vía de impuestos, una parte de las decenas de miles de millones de dólares que fluyen cada año a la región por las exportaciones minerales abastece las finanzas públicas del área y financia planes sociales. “La minería es un sector fundamental de la economía de América Latina y el Caribe. Tenemos unos recursos naturales en minería muy grandes que permiten atraer inversión extranjera muy grande y que genera trabajo”, alegó el economista peruano Carlos Paredes, presidente en 2019 y 2020 de la estatal Petróleos del Perú (Petroperú).
https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/07/17/golpean-conflictos-mineros-a-toda-al/

Internacional, Latinoamerica, Litio

La «OPEP del litio» en Sudamérica sería una mala noticia para el auge de la electromovilidad, pero buena para los productores

Javier Costas Franco
18/07/2022
A lo largo de este año varios titulares periodísticos nos van haciendo a la idea de que los tres países de Sudamérica con mayores reservas probadas de litio -Bolivia, Chile y Argentina- puedan formar un cártel para controlar los precios de este recurso mineral. Aunque los tres países acumulan el 63% de las reservas probadas de litio, ahora mismo Australia es el principal productor mundial y con una cuota cercana al 50%.

Los citados países latinoamericanos, de formar la «OPEP del litio», mirarían por sus intereses para evitar que el precio de la materia prima baje demasiado por el efecto de la competencia, limitando las cantidades que se exportan para intervenir los precios artificialmente. De no haber cárteles, el precio de las materias primas está más próximo al coste real de la prospección, extracción y exportación.

En un mundo en el que la demanda de litio va a aumentar de forma bestial, que los precios se mantengan altos supone un enorme obstáculo para que las baterías se sigan haciendo asequibles. Solo hay que ver lo que ha pasado con el petróleo desde que la OPEP se propuso castigar a Occidente en 1973 por apoyar a los israelíes: si ellos cierran el grifo, a todo hijo de vecino le costará más repostar, dado su elevado control de la mayoría de las reservas probadas y pozos.


El cártel latinoamericano tiene que salvar unos cuantos obstáculos legales y que se pongan de acuerdo entre ellos. ¿Qué alternativas hay? Perú y Méjico podrían unirse a este cártel mirando por sus intereses, aunque tengan menos litio, 3 millones de toneladas. Si nos vamos fuera de esta zona del mundo, los que acumulan mayores reservas de litio son EEUU (6,8 MT), Australia (6,3 MT) y China (4,5 MT). Solo Bolivia tiene 21 MT, más que esos tres países juntos.

Por pura lógica empresarial, los fabricantes y sus proveedores tratarán de conseguir el litio más barato posible, y a quienes les puedan garantizar un suministro estable. Es una medida anti-cártel, pero una de las más efectivas se prepara a largo plazo como un gigantesco tirachinas: el reciclaje. Empresas como Redwood Materials calculan que pueden recuperar casi todo el litio de baterías usadas a un precio inferior al litio «virgen». Todo lo que se recicla, se deja de sacar de una mina.

En otras palabras, durante un tiempo habrá que pagar el «peaje» del precio que los países productores que intervengan en los precios, que afecta a todo el mundo por contagio en mayor o menor medida, pero a largo plazo, una vez que haya cierto número de unidades circulando, empezará a haber un suministro de litio local reciclable como para depender menos de los mineros y de sus precios. No será renovable, pero sí reciclable una y otra vez. El precio del litio reciclado tirará hacia la baja el litio de mina o salar.
Esta es la absurda ruta del litio, el cobalto y el níquel en la actualidad


Si fracasa la iniciativa de los países del «triángulo del litio», será más fácil que los precios estén más condicionados al libre mercado que a otra cosa. Al revés, cuantos más países se adhieran al cártel, habrá precios más elevados. Los países sin acceso a este recurso natural y sus empresas deberían tomar nota del recado: deben invertir en reciclaje de baterías a escala industrial. Es lo que les hará ser competitivos.

La «OPEP del litio» en Sudamérica sería una mala noticia para el auge de la electromovilidad, pero buena para los productores

 

Venezuela

FundaRedes: Actividades ilícitas en el Arco Minero tienen consecuencias irreversibles

17/07/2022
La deforestación, el extractivismo y la tala indiscriminada de grandes extensiones de bosque acompañan a la minería ilegal por parte de diversas organizaciones criminales, como las actividades ilícitas que tienen lugar en el Arco Minero del Orinoco. Así lo reportó la ONG FundaRedes en su informe sobre la destrucción inminente de esta extensión de terreno.

La organización destacó la explotación agresiva e irracional que sufre la zona minera. Hasta el momento, han sido destruidas al menos 1.200 hectáreas de selva virgen del estado Bolívar, cerca de la frontera con Brasil. FundaRedes señaló que tal destrucción ha estado motivada a acciones estratégicas del régimen de Nicolás Maduro en su intento de cubrir el déficit del ingreso petrolero, además de las políticas económicas erradas.

La construcción de pistas ilegales para despegue y aterrizaje de aeronaves para narcotráfico y contrabando ha sido otra de las denuncias hechas por la organización, que ha evidenciado la tala de árboles y la deforestación para tal fin.

La consecuencia más inmediata ha sido la fragmentación de los ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad. FundaRedes también señaló como consecuencia la contaminación de las aguas y el suelo y la deforestación de miles de hectáreas de selva tropical. Todos estos desastres ocurren con el conocimiento del Estado venezolano.

Dentro del informe emitido por la organización, destaca que las actividades ilícitas no se limitan solo a los estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas. Por el contrario, se ha extendido a otros territorios como lo son Apure, Falcón, Sucre, Nueva Esparta, Guárico y Zulia.

Los grupos irregulares como las FARC y el ELN operan con total apertura dentro de estos territorios, tomando posesión de las minas de coltán y de diamante.

“La explotación minera que se está llevando a cabo en la zona centro-sur del país, se está realizando a través de mecanismos o labores altamente destructivas como lo es la minería a cielo abierto, que por el uso del mercurio para encontrar el oro va destruyendo y contaminando cada una de las capas de los suelos y afluentes de los ríos”, informó el ingeniero forestal y profesor de la Universidad de Los Andes, Gustavo Uzcátegui.

FundaRedes agrega en su informe que los derechos fundamentales a la vida, a un ambiente sano y sustentable, al trabajo, la salud y la propiedad, así como los derechos de los pueblos indígenas se mantienen vulnerados con la complicidad del régimen venezolano. Además, la organización pone en evidencia la forma en la que se incumple la Ley Penal del Ambiente, en la que se encuentran detallados todos los delitos que atentan en contra de los recursos ambientales y naturales.

El informe emitido por la ONG busca nuevamente llamar la atención en cuanto a la preservación de los recursos naturales ya que los hechos evidenciados han revelado que los daños en la biodiversidad y en las especies endémicas del Arco Minero son irreversibles. PresidenciaVe / EA (Foto: PresidenciaVe)
Fundaredes
https://informe21.com/actualidad/fundaredes-actividades-ilicitas-en-el-arco-minero-tienen-consecuencias-irreversibles

Chile

Anglo American en la mira: Incluyen caso de Mina El Soldado en informe internacional sobre violaciones a Derechos Humanos y contaminación por empresas internacionales

14/07/2022
www.olca.cl
Un reciente informe muestra parte de las vulneraciones que ha arrastrado la explotación de la mina El Soldado encabezada por la transnacional Anglo American en la localidad de El Melón, las cuales han sido denunciadas por las mismas comunidades que viven las consecuencias diarias de estas faenas.
Comunicaciones OLCA

“¿Acaso se está repitiendo la historia en Chile?: Cómo la gente de El Melón sufre bajo la presencia del gigante minero Anglo American” es el título de un capítulo que forma parte del informe coordinado por Facing Finance publicado en los Dirty Profits de 2022.

La organización alemana se dedica a investigar impactos sociales, medioambientales y económicos que son perjudiciales producto del comportamiento de grandes compañías mundiales, además de las relaciones financieras con dichas multinacionales.

En este sentido, desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA y el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina – OCMAL, con el apoyo de Iglesias y Minería, se contribuyó a la sistematización de información sobre las vulneraciones protagonizadas por la transnacional Anglo American en la localidad de El Melón, donde explota la Mina El Soldado.

El levantamiento de información se une al resto de casos de violaciones a derechos humanos y contaminación ambiental que diversas empresas realizan en distintos territorios a escala internacional, donde se encuentran sectores de la minería, pesticidas, exportación de armas y energía fósil.

En el caso de El Melón, se vislumbran al menos cinco derechos vulnerados que han sido denunciados por la población que habita el territorio, sumado a las estrategias de “greenwashing” que ha desarrollado la transnacional pero que ha contado con la respuesta y organización de las comunidades quienes han sostenido expresiones de vigilancia y resistencia ante la presencia de la explotación minera.

En términos de propuestas, el capítulo incluye recomendaciones tanto al Estado chileno como también a la empresa para considerar soluciones políticas al conflicto. Tal lo es el caso de que los organismos del Estado cumplan con el aseguramiento de agua a las y los habitantes, además de avanzar “en medidas de reparación ecosistémicas y la consagración de los derechos de la Naturaleza”, mientras que a la empresa se le emplaza a “dar respuesta concreta a las legítimas exigencias de la población respecto a la agudización de la crisis medioambiental que azota a las comunidades”, y al mismo tiempo avanzar en el freno a los proyectos de ampliación y continuación de la mina.

Puedes descargar el informe completo en inglés haciendo clic acá:
https://www.facing-finance.org/files/2022/05/Facing_Finance_Dirty_Profits_9.pdf

Puedes descargar el capítulo sobre El Melón en español acá:
https://olca.cl/oca/informes/Como-la-gente-de-El-Melon-sufre-bajo-la-presencia-de-Anglo-American.pdf

 

Chile

Se baja el telón para Pascua Lama: Suprema confirma cierre definitivo del megaproyecto

Samuel Romo 14/07/2022
La Tercera Sala rechazó el recurso de casación presentado por la empresa y confirmó el fallo del Primer Tribunal Ambiental que sancionó al proyecto minero emplazado en la alta cordillera, en la Región de Atacama.

La Corte Suprema ratificó el cierre definitivo del megaproyecto minero binacional Pascua Lama, de la canadiense Barrick Gold, con el fallo emitido este jueves por la Tercera Sala del máximo tribunal que mantuvo las duras sanciones del Tribunal Ambiental.

En la sentencia, la sala integrada por la ministra Ángela Vivanco, los ministros Mario Carroza, Jean Pierre Matus, Raúl Mera y el abogado (i) Diego Munita– rechazó el recurso de casación presentado por la empresa y confirmó el fallo del Primer Tribunal Ambiental que sancionó al proyecto minero emplazado en la alta cordillera, en la Región de Atacama, por incumplimientos a medidas urgentes y transitorias de mitigación.

Los ministros descartaron infracción de ley en la sentencia, como argumentaba la parte demandante, Compañía Minera Nevada SpA, y mantuvo a firme los tres cargos interpuestos en su momento por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

La resolución significa el cierre definitivo del megaproyecto cuestionado por organizaciones medioambientalistas por el daño que generaría en el entorno, sobre todo en aguas y glaciares.

La medida fue valorada por personalidades como el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, quien recordó que el cierre fue decretado en primera instancia por la Superintendencia de Medio Ambiente del Gobierno de Michelle Bachelet.

En su resolución, la Sala Constitucional de la Corte Suprema avala el marco de la institucionalidad ambiental, al recalcar que “la Ley N° 20.417 radicó en la SMA la potestad sancionadora, estableciendo un procedimiento para la determinación del castigo a aplicar en caso de constatar una infracción, el cual ha sido complementado, esencialmente, por las Bases Metodológicas creadas por la SMA, en cuya presentación se indica, que constituyen una herramienta ‘que tiene por objeto dar coherencia, consistencia y proporcionalidad en la fundamentación de las sanciones, potenciando el efecto disuasivo de las mismas’”.

Por esto señala que “lo planteado por la recurrente en cuanto a que la SMA carece de facultades para modificar el quantum de las multas que aplica, porque las normas que exhorta, a su juicio, lo obligan a seguir los ‘mínimos’ que al efecto contemplaría la ley o que no se habría ponderado correctamente lo dispuesto en el artículo 40 de la misma ley –sin precisar la infracción ni tampoco la circunstancia a la que alude–, además de estimar que ‘absolvió’ incorrectamente a la reclamada, constituye no solo una equivocada interpretación del sistema sancionatorio ambiental, desde que sus alegaciones se basan en argumentos que no atacan el procedimiento ni la argumentación entregada por la SMA y explicitada por el Tribunal, sino que se estructuran sobre la base de su particular teoría del caso”, sostiene la Corte Suprema, recalcando que la parte recurrente en definitiva “desconoce el fundamento y fines del sistema sancionatorio”.
https://www.eldesconcierto.cl/bienes-comunes/2022/07/14/se-baja-el-telon-para-pascua-lama-suprema-confirma-cierre-definitivo-del-megaproyecto.html

Chile

Estudio concluye que retroceso de glaciares en la cordillera de los Andes se debe a la contaminación de Codelco y Anglo American

por Emilia Aparicio 15 julio, 2022
Estudio concluye que retroceso de glaciares en la cordillera de los Andes se debe a la contaminación de Codelco y Anglo American
La revista científica Environmental Research publicó el artículo «Comprender el papel de las emisiones antropogénicas en el retroceso de los glaciares en los Andes centrales de Chile», realizado por Francisco Cereceda, María F. Ruggeri, Víctor Vidal, Lucas Ruiz y Joshua S. Fu. El estudio da por zanjada una discusión que ha llevado más de una década y al menos ocho años de pruebas. La investigación concluye que el cambio climático no es el principal responsable de la desaparición de glaciares en los Andes Centrales sino que es la actividad minera, específicamente las emisiones de carbón negro de las empresas mineras Codelco División Andina y Anglo American, que se encuentran en la zona. Los investigadores compararon dos glaciares con características similares y demostraron que en diez años el glaciar Olivares Alfa perdió el 28% de su área total versus el glaciar Bello, que perdió el 6%. «Hay algunos glaciares en la zona que se derriten de manera más rápida que otros, teniendo características similares tanto en términos de la altitud de los glaciares como climática, también en la inclinación y en la profundidad, en la superficie», expresó a El Mostrador Francisco Cereceda, investigador del Centro de Tecnologías Ambientales de la Universidad Federico Santa María.

En 2014, la Dirección General de Aguas (2014) financió un proyecto de investigación sobre los glaciares en los Andes Centrales, específicamente acerca del impacto de la actividad minera sobre los macizos de hielo. El organismo depende hasta el día de hoy del Ministerio de Obras Públicas que, en ese entonces, era presidido por Alberto Undurraga Vicuña, durante le segundo Gobierno de Michelle Bachelet. Finalmente, tras ocho años desde que efectuaron las pruebas, finalmente las conclusiones se pusieron a disposición del público y de la comunidad científica recién hace algunas semanas, cuando se publicó en la revista científica Environmental Research el artículo «Comprender el papel de las emisiones antropogénicas en el retroceso de los glaciares en los Andes centrales de Chile», realizado por Francisco Cereceda, María F. Ruggeri, Víctor Vidal, Lucas Ruiz y Joshua S. Fu.

«El impacto de la minería sería responsable del 82% de la pérdida del área del glaciar Olivares Alfa en los últimos diez años entre 2004 y en 2014, y el cambio climático sería entonces la diferencia, el 18%», expresa Francisco Cereceda, autor del estudio e investigador del Centro de Tecnologías Ambientales de la Universidad Federico Santa María.

«El cambio climático no era el principal responsable de la desaparición del glaciar como se podría haber creído», añade.

El objetivo del estudio era tratar de entender cuál es el rol que cumple la contaminación atmosférica local en el derretimiento de los glaciares en los Andes Centrales. Los investigadores decidieron hacer la investigación a raíz de una hipótesis que tenían tiempo atrás.

«Hay algunos glaciares en la zona que se derriten de manera más rápida que otros, teniendo características similares tanto en términos de la altitud de los glaciares como climática, también en la inclinación y en la profundidad, en la superficie, en la distancia que hay, por ejemplo», explica Cereceda.


Francisco Cereceda tomando muestras en la cordillera de los Andes.

Los glaciares Olivares Alfa y Bello

De esta forma, el estudio se centró en comparar dos glaciares. Los lugares seleccionados para desarrollar las primeras campañas de este proyecto fueron los glaciares Bello (GB) y Olivares Alfa (GOA), ubicados en la cordillera de los Andes de la Región Metropolitana.

Ambos glaciares son de alta montaña, ubicándose entre los 4.280 y 4.500 metros sobre el nivel del mar (m s. n. m.)​, respectivamente. El GB se considera por su ubicación geográfica y su lejanía a las fuentes de emisión antropogénicas, es decir, emisiones realizadas por el humano. Por otro lado, el GOA se consideró como posiblemente más impactado, primero por su mayor cercanía a fuentes antropogénicas, como la ciudad de Santiago (47 km desde el centro de esta), por estar en la dirección de los vientos predominantes de esta ciudad hacia la cordillera y, finalmente, por tener muy cerca (7,2 km hasta la estación de monitoreo en el glaciar) megaproyectos de extracción minera a tajo abierto, pertenecientes a las empresas mineras Codelco División Andina y Anglo American.

«En el caso del Glaciar Olivares Alfa, en los últimos 50 años ha perdido el 60% de su masa, es el que más ha perdido masa en esa zona de los Andes Centrales, sin embargo, y otros glaciares han perdido a lo mejor el 20% en el mismo periodo de años, estando, como digo, con características súper semejantes. En algún momento los glaciólogos empezaron también a poner en sus papers y a describir que, eventualmente, esto podía deberse a causas ajenas a las glaciológicas y ajenas a la del cambio climático. Entonces, ahí empezamos nosotros a a sospechar que eventualmente podía haber algunas causas directas con la contaminación atmosférica, en particular la contaminación antrópica local. En ese caso se podría leer que podía ser en la minería, por ejemplo, que es una de las actividades antrópicas locales que está a esa altitud», detalla el investigador.


Físico química de las muestras de nieve.

Las emisiones de los camiones mineros

Cereceda explica que efectivamente algunos de los contaminantes que encontraron en los glaciares son también algunos que dan origen a la emergencia climática, es decir, impactan sobre el efecto invernadero y de manera sinérgica sobre el cambio climático. Es decir, son las emisiones antropogénicas en un espacio determinado que afectan directamente la pérdida de masa de los glaciares.

Los contaminantes «son a la vez locales porque se emiten de manera local y tienen una afectación o un impacto local, primero, y en segundo lugar, tienen un impacto global», indica.

Uno de los elementos clave de la investigación fue comparar la temperatura, la dirección y la velocidad del viento y la concentración de Black Carbon durante un día de cada uno de los glaciares. A raíz de eso, los autores de la investigación pudieron observar que había ciclos que se repetían en estos elementos, sin embargo, en el gráfico del glaciar Olivares Alfa las fluctuaciones cambiaron al momento en que la dirección del viento venía desde la mina hacía el glaciar, lo que demostraría que justamente la fuente de este tipo de aerosoles, de Black Carbon, es la actividad minera», explica Cereceda.

Este contaminante es un aerosol «que se produce fundamentalmente por procesos de combustión de cualquier material que tenga carbono, como por ejemplo el diésel, la gasolina, la biomasa, la quema de basura, lo que sea que se queme produce Black Carbon o carbono negro. Y, por lo tanto, en este caso quienes producen el carbono negro son los camiones de la minería», alerta el investigador.

De esta forma, los autores del estudio indican que en el periodo comprendido entre 2004 y 2014 el área del GOA pasó de 5,13 km2 a 3,72 km2, mientras que el GB en el mismo periodo pasó de 3,84 km2 a 3,61 km2 , es decir, en diez años el glaciar Olivares alfa perdió el 28% de su área total versus el glaciar Bello, que perdió el 6%.

Cereceda añade que los glaciares en algún momento se van a derretir, sin embargo, el humano con la contaminación antropogénica está acelerando raudamente estos procesos.

«Los glaciares más tarde que temprano se van a derretir, pero lo que estamos haciendo nosotros, por supuesto, es acelerarlo. Eso no tendría por qué desarrollarse en 50 años, a lo mejor se va a desarrollar en los próximos 300, 500 años», señala.
La Ley de Glaciares

En ese sentido, uno de los puntos relevantes en relación con el rol del Estado en esta materia clave, es la Ley de Glaciares, que ha estado en tramitación desde hace quince años. Recién el 16 de junio de este año, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó el proyecto de ley que busca aumentar la protección de los glaciares y su entorno, prohibiendo actividades que afecten a estos cuerpos de agua.

«Lo que se ha hecho a nivel del Estado es avanzar lentamente, con muchos obstáculos, con mucha resistencia de varios ministerios, partiendo por el Ministerio de Minería, por la Sociedad Nacional de Minería, porque son los directos afectados de una Ley de Glaciares. Si se aprueba finalmente una Ley de Glaciares como tal, con restricciones importantes a la explotación minera en altura, por supuesto que va a afectar de manera muy importante a la actividad minera y eso significan muchos cientos de millones de dólares, y eso es una afectación tremendamente importante», opina el experto.

Una de las alternativas que expone Cereceda es que las mineras realicen proyectos subterráneos, de forma que estos contengan los contaminantes y no se exponga a los glaciares.

«Anglo American decidió hacer su proyecto subterráneo en vez de hacer un proyecto a tajo abierto, con eso se quedan confinados de alguna manera todos esos contaminantes al interior de la mina, pero por algún lado tienen que salir. El proyecto se retrasó, hay que evaluar si la chimenea por donde van a salir esos contaminantes que van a estar siendo emitidos, en este caso, de manera subterránea, no afectan la zona. Eso hay que estudiarlo. Ahora, si Codelco División Andina decide no hacerlo de manera subterránea es porque, obviamente, eso cuesta más plata, obviamente eso de alguna manera compromete la casa. Pero hay maneras de hacer esto mucho más sustentable, mucho más amigable en este caso», finaliza.
https://www.elmostrador.cl/cultura/2022/07/15/estudio-concluye-que-retroceso-de-glaciares-en-la-cordillera-de-los-andes-se-debe-a-la-contaminacion-de-codelco-y-anglo-american/

Perú

ES NECESARIO UN NUEVO ABORDAJE A LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS SOCIALES

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Foto: OCM 12/07/2022
En las últimas dos décadas el Perú ha tenido un crecimiento sostenido de su economía, pero, acompañado de los conflictos sociales, principalmente, vinculados a la minería que no están siendo resueltos de manera efectiva por los distintos gobiernos. Por ende, urge cambiar la estrategia gubernamental de resolución de conflictos considerando que las mesas de diálogo no son eficaces, coincidieron diferentes especialistas que participaron en la presentación del reporte del 30° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú – OCM.

“Las mesas de diálogo han perdido toda credibilidad y en las actuales circunstancias solo sirven para desbloquear los levantamientos e instalar negociaciones que, por lo general, no llegan a ningún lado”, comentó Cesar Flores, investigador de CooperAcción durante su participación en el evento.

Según el reporte del 30° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú – OCM, en los últimos meses la naturaleza de los conflictos vinculados a la minería ha venido cambiando. Uno de esos cambios es la gran fragmentación de agendas y demandas, incluso entre los pobladores de zonas aledañas.

Por ejemplo, en el corredor minero del sur andino, cada 30 kilómetros se puede identificar expectativas que se expresan en demandas diferenciadas que generan movilizaciones con actores distintos que no tienen ni la capacidad ni el interés de articular entre sí. En esta zona, el OCM identifica que se ha configurado una suerte de situación de conflictividad casi permanente.

Incluso se evidencia cierta competencia entre distritos, provincias y regiones; también compiten entre comunidades: lo que una comunidad consigue de una negociación con la empresa minera o con el Estado, puede terminar siendo el incentivo de nuevas demandas de las comunidades vecinas que terminen en nuevos estallidos. Ante este escenario, según los especialistas que participaron de la presentación del informe es urgente realizar un giro en el abordaje de los conflictos sociales

“Se hace necesario construir un sistema de gobernanza para los territorios, donde estén representados el Estado (nacional y subnacional), los actores productivos de la zona, incluida la minería y por supuesto los estamentos representativos de las poblaciones”, indicó Flores.

Para Mirtha Villanueva, directora de Grufides, las políticas gubernamentales promueven la inversión minera sin la protección de los derechos de las comunidades adyacentes a los proyectos mineros. Advirtió que actualmente, la minera Yanacocha sigue ampliando su territorio de exploración e incluso tiene aprobado su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para desarrollar minería subterránea de cobre

“Yanacocha Sulfuros se prepara para realizar minería subterránea, pero sin informar a la población sobre los impactos ambientales que tendría sus operaciones. La falta de transparencia en este proyecto tiene preocupado a la población”, comentó Villanueva.

La congresista Ruth Luque coincidió en la importancia de crear un sistema de gobernanza para los territorios con el fin de convertirse en una plataforma para resolver los conflictos sociales mediante consensos, no obstante, advirtió que “no existe la voluntad política” desde el poder Ejecutivo y Legislativo para dicho fin.

Por el contrario, Luque afirmó que el Estado peruano en los últimos años viene aprobando normas que debilitan la gestión ambiental y la protección al medio social y ambiental. “Todo este debilitamiento a la institucionalidad ambientas debemos denunciarla. Existen intereses claros de ciertas fuerzas políticas que están esperando aprobar normas que ya fueron dejadas de lado. Ahora mediante Plenos de madrugada se busca aprobar dichas normativas”, aseguró la parlamentaria.

Por último, el informe resalta que la contaminación minera cada vez más amenaza a Lima, la capital del país, y a sus más de 10 millones de habitantes. Muestra de ello es el derrame de zinc en el rio Chillón a consecuencia de la volcadura de un camión que brindaba servicios a la empresa minera Volcan. Así mismo, los relaves mineros de Tamboraque y el proyecto Ariana son a su vez otras amenazas al abastecimiento de agua potable en la capital.

Avance de la minería informal

La minería informal o la abiertamente ilegal sigue “ganando terreno”. El reporte advierte del avance de la minería de oro en la Amazonía que sigue penetrando nuevas zonas, al mismo tiempo que genera tensión, violencia y enfrentamientos con los pueblos indígenas. En los últimos meses los mineros informales aprovechando los altos precios de los minerales vienen explotando cobre.

Según el reporte, en el primer semestre también se ha visto como la minería informal le quita territorio a la minería formal. “En el Valle de Condebamba, la población de la zona viene denunciando el impacto negativo del proyecto Shahuindo, operado por Pan Américan Silver, en sus fuentes de agua. Y en los últimos meses se ha sumado la minería informal que opera al lado de la empresa minera. Ahora los mineros formales e informales afectaron las fuentes de agua de la zona”, manifestó Villanueva.

Al respecto, Augostina Mayán Apikai, defensora awajún, quien ahora se encuentra amenazada por mineros ilegales del Cenepa, una zona de la Amazonía peruana en la frontera con Ecuador, denunció que el inicio de la pandemia y la falta de recursos es un problema que impide a las autoridades de la zona desarrollar adecuadamente su labor de fiscalización.

“No se han realizado interdicciones en la parte baja del Cenepa, por lo menos desde el año pasado, lo que ayuda al fortalecimiento de la minería ilegal que viene acompañada de violencia”, dijo.

Según David Velasco, director de Fedepaz, los diferentes gobiernos han implementado una política estatal diseñada para la criminalización de la protesta. “El Estado peruano continúa priorizando una solución fáctica llevando a la policía y las FF. AA para reprimir las protestas legitimas que realizan las defensoras y los defensores de derechos humanos. La represión a la protesta viene acompañada de la instrumentalización del derecho penal”, dijo.

El reporte del 30° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, es elaborado por CooperAcción, Grufides y Fedepaz.

Puedes descargar el reporte del primer semestre del 2022 aquí: https://bit.ly/3yZHKyr