Darío Aranda 08/08/2022
El gobierno de Río Negro dio en concesión a empresas mineras más de 50.000 hectáreas, donde se incluyen territorios de comunidades mapuches. Fallos judiciales cruzados —que llegaron hasta la Corte Suprema—, una movilización histórica de pueblos indígenas y la decisión de no dejar pasar a las empresas extractivas.
Compañías extractivas, el Poder Judicial y el gobierno de Río Negro, de un lado. Del otro, comunidad mapuches con posesión territorial centenaria. Es el contexto de fallos judiciales cruzados, cierre de tranqueras y una marcha histórica sobre Viedma. «Hemos logrado organizarnos, desde las comunidades, para enfrentar a petroleras, mineras, forestales y los negociados inmobiliarios. Sabemos que el extractivismo en Argentina tiene directa relación con la deuda externa y nos vamos a permitir que esa deuda se pague con nuestros territorios», afirmó Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche.

En julio de 2021 las comunidades mapuches de Río Negro se enteraron por los medios de comunicación que el gobierno provincial, mediante la Secretaría de Minería, había otorgado permisos de exploración sobre más de 50.000 hectáreas a la empresa Ivael Mining Sociedad Anónima. De inmediato, y como sucede a lo largo del país, exigieron que se cumplan los derechos vigentes, entre ellos el establecido en el Convenio 169 de la OIT (que en Argentina tiene rango supralegal, por encima de normativas locales). Intentaron diálogos con el Gobierno pero no dio respuesta.

Comenzaron un proceso de varios trawn (reuniones de comunidades, que incluye ceremonias y participación de werkenes y lonkos). Decidieron el «cierre de tranqueras a las mineras» y siete comunidades recurrieron al Poder Judicial. Presentaron un amparo donde denunciaban la vulneración de las leyes que protegen los derechos indígenas.

Fundamentalmente el derecho al consentimiento y a la consulta libre, previa e informada. También alertaron sobre el riesgo ambiental que significan las mineras y recordaron la vigencia de la Ley General del Ambiente (25.675).

En febrero de 2022, el juez Marcelo Muscillo dictó una medida cautelar en línea con los pedidos de las comunidades originarias. «Se prohíben las tareas de exploración, prospección, cateo y/o explotación minera como así también el ingreso de nuevos permisionarios dentro de los territorios indígenas», destacó.

El gobierno de Río Negro, a través de la Fiscalía de Estado, apeló de inmediato. En mayo, el Superior Tribunal de Justicia (con los votos de Liliana Piccinini, Ricardo Apcarian y Sergio Ceci) revocó la medida cautelar (no resolvió el amparo), lo que significó un paso adelante para la magaminería y el gobierno de Arabela Carreras.

Las comunidades mapuches apelaron a la Corte Suprema de Justicia de Nación (que no tiene plazo para resolver). En paralelo, el Pueblo Mapuche organizó una histórica marcha el 10 de junio, a Viedma. «Igkaleiñ Taiñ Mapu (en defensa del territorio)», se podía leer en la bandera que encabezaba la manifestación por las calles de la capital provincial. Hacía muchos años que las comunidades mapuches no se hacían presente de esa forma, masiva, en Viedma.

Hicieron cientos de kilómetros para explicitar la injusticia donde atiende el poder. Realizaron paradas en lugares emblemáticos que favorecen el extractivismo: el Poder Judicial, la Legislatura, la Dirección de Tierras, la Casa de Gobierno y el Superior Tribunal de Justicia.

María Cona Torres es «pillan cushe (mujer mayor con mucha sabiduría)». Fue una de las voces que se escuchó, micrófono en mano, durante la movilización. Al hablar intercalaba mapuzungun con español. «En pandemia nos decían que nos quedemos en casa, mientras en nuestro territorios avanzaban las mineras y nos robaban la tierra. Pero acá estamos, fuertes, aunque nos traten de ‘indios ignorantes’ por no saber leer o escribir, sabemos que tenemos derechos y sabemos que la minería es daño para el agua, daño para la tierra y daño para nosotros», afirmó. Denunció que el Gobierno no quiere escuchar: «La gobernadora (Arabela Carreras) nos cierra la puerta en la cara. Que sepa que queremos ser libres para vivir como lo marca nuestra cultura y nuestros derechos».

Orlando Carriqueo es vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche. «Hay discusiones centrales que estamos dando en Río Negro gracias a que nos hemos organizado. Nos enfrentamos al poder político provincial y nacional, a las mineras y demás proyectos extractivos», explicó Carriqueo y realizó un vínculo entre el presente y el pasado: «La historia de la Argentina demuestra que hay situaciones que no están resueltas, por ejemplo que no se reconoce el genocidio que sufrimos y que hoy sigue habiendo avances sobre las comunidades, tanto mapuches como de otros pueblos originarios del país».

Otro debate, y conflicto, reciente se originó por el proyecto de «hidrógeno verde», que incluye a la minera australiana Fortescue Metals Group y la cesión (por parte del gobierno provincial) de 625.000 hectáreas en la meseta de Somuncurá. «En esa zona hay al menos 32 comunidades mapuches afectadas, a las que se vulneran sus derechos», explicó Carriqueo. El 14 de junio emitieron un comunicado conjunto, destinado a la gobernador Arabela Carreras: «Nos dirigimos a usted con el fin de hacerles llegar nuestra inquietud y preocupación como pobladores de la meseta de Somuncurá. Reclamamos la consulta previa, libre e informada de las comunidades ancestrales y de los habitantes que se encuentran viviendo en el territorio». Recordaron que dentro de las 625.000 hectáreas «está incluida un área natural protegida y patrimonio ancestral mapuche».

* Por Darío Aranda. Artículo publicado el 8 de agosto de 2022 en Agencia Tierra Viva.
** Foto: Hernán Vitenberg.

04/08/2022
Aseguran que ellos no pidieron la creación de otro municipio. Además, afirman que oficialmente se desvirtuó el discurso de la cacica de Laguna Blanca, quien en realidad se manifestó contra la minería.
Fuente: Página12
Las comunidades indígenas que pertenecen la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Belén y Tinogasta se manifestaron luego de que el Gobierno de Catamarca participara el 1 de agosto de la celebración de la Corpachada a la Pachamama y les entregara el proyecto que prevé la creación de un nuevo municipio en su zona. Aseguraron que oficialmente se descontextualizó el discurso de la cacica de Laguna Blanca, quien habló contra la minería y dijeron que el proyecto de la nueva comuna “llegó a las comunidades y sin que hayan podido tener una real participación en la discusión y elaboración del mismo”.

En diálogo con Catamarca/12 la abogada de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Belén y Tinogasta, Andrea Morales Leanza, explicó que la versión oficial de lo que sucedió el 1 de agosto en Laguna Blanca “contribuyó a la confusión general que solo pueden producir desunión en el movimiento indígena en momentos en los que muchas comunidades de la Unión están siendo sistemáticamente violentadas por funcionarios del Gobierno provincial y miembros de las empresas mineras que en asociación con el Gobierno están presionando para instalar definitivamente un emprendimiento minero en la región de Laguna Blanca”.

En el parte de prensa oficial sobre el tema, se anunció que el Gobernador Raúl Jalil había entregado “el instrumento legal” de creación del nuevo municipio de Laguna Blanca y que “la confirmación legal de la nueva comuna era un anhelo de las comunidades”, entre otras cosas.

Molares Leanza, explicó que actualmente la Unión que representa está compuesta por las comunidades de Laguna Blanca, Corral Blanco, Peñas Negras, Llastay Ñan, Azampay, Quimivil, Las Vallas y Las Lajas.

En este contexto, aclaró que en la región de Laguna Blanca, donde quedaría comprendido el nuevo municipio, conviven siete comunidades: “Carachi, Aguas Calientes, La Angostura, Peñas Negras, Yastay Ñan, Laguna Blanca, y Corral Blanco. De éstas sólo las primeras tres se han declarado a favor del proyecto minero Alto El Mulato – el pedimento minero se localiza en territorio de Peñas Negras-, traicionando y abandonando la organización a la que pertenecían, (la Unión de Pueblos) incumpliendo además los acuerdos intercomunitarios que están en la base de dicha organización indígena”, aseguró.

Las otras cuatro comunidades sostienen que dicho proyecto minero “atenta contra nuestro modo ancestral de vida, nuestra cultura y nuestra Madre Tierra Pachamama haciendo peligrar nuestra existencia comunitaria” y que la empresa minera “vino a perturbar nuestra vida en comunidad, llegando con intereses, valores y formas contrarias a los nuestros”, tal como afirmaron previamente en un comunicado emitido el 3 de julio.

En este contexto, la abogada aclaró que “es falso que el nuevo municipio estaría integrado por comunidades indígenas a favor de la actividad minera, porque de las siete que lo componen sólo tres estarían en todo caso a favor de que se realice dicha actividad en la región”.

Municipio

Por otra parte, Morales Leanza explicó que el origen de la creación del nuevo municipio “no nace en el interior de la Unión Diaguita ni responde a sus formas de gobierno indígena, sino a las formas e intereses del gobierno no indígena”.

En este marco, la abogada citó el comunicado del 3 de julio en donde las comunidades se refirieron a esta proposición estatal: “Manifestaron que tendría que ser un municipio indígena, conforme a sus formas ancestrales de gobierno y buen vivir, en una relación armónica con la naturaleza, nuestra Madre Tierra Pachamama y sobre lo cual tienen el derecho a decidir en razón a su derecho a libre determinación y autogobierno”.

Según aseguró, las comunidades “no tuvieron una participación real en la elaboración del proyecto de este nuevo municipio, y lo que el Gobernador les entregó no fue un instrumento legal sino una copia de un proyecto del que ellos no habían participado como es su derecho según consta en la ley nacional 24.071.

Las comunidades, al informarse sobre éste proyecto lo que solicitaron fue tener un municipio indígena, que nada tendría que ver con el municipio Estatal que se propuso y que lo que aportaría sería “un reconocimiento de sus tierras. Es como lo que sucedió en el municipio de Tilcara en Jujuy. Es reconocer que allí se encuentran comunidades con un modo de vida propias, no significa una gran transformación, pero si es una gran avance en el reconocimiento de sus derechos de que existe otra cultura y nación. Significaría adecuar la estructura del municipio de Laguna Blanca a la cosmovisión de las comunidades que allí habitan”, explicó Morales Leanza.

Descontextualizado

La abogada señaló que información enviada de manera oficial, “deja entrever que el Gobernador goza de la licencia social como para instalar el tema de la minería en la región de Laguna Blanca cosa que dista de la realidad, mostrando frases que podrían interpretarse como de espíritu conciliador, cuando dice que ´tiene que tener un impacto que mejore lo económico y social».

“Esta afirmación no puede estar más alejada de la realidad cuando en realidad ellos son criminalizados solamente por exigir lo que marca Convenio 169 de la OIT, exigiendo a la empresa minera que realice la consulta libre, previa e informada, cosa que aún no ha realizado y, a pesar de ello, el gobierno sigue dándoles respaldo a la empresa minera”, manifestó.

En este sentido, dijo que el gobierno provincial, “no sólo no tomó cartas en el asunto para garantizar que se resguarden los derechos indígenas sino que se continúo articulando acciones con los representantes de esta empresa en contra de la Comunidad Indígena de Peñas Negras. Mientras que, por otro lado, se desliga también de los acuerdos provinciales, nacionales e internacionales de respeto por el medioambiente dado que Laguna Blanca ha sido declarada en 1979 como Reserva Natural de Vida Silvestre y, en 1982 como Reserva de Biosfera en el marco del Programa Man and Biosphere de UNESCO y finalmente en 2009 como sitio RAMSAR por sus humedales”.

Por último, Morales Leanza advirtió que las palabras de la cacica de Laguna Blanca, Mabel Gutiérrez, fueron descontextualizadas ya que emitió un discurso en contra de la actividad minera y no a favor. Así destacó lo siguiente de que dijo la autoridad indígena:“Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarla (a la tierra) y defenderla de todos aquellos que quieren hacer dinero con ella saqueándola, dinamitando los cerros, secando y contaminando las vegas, los ojos de agua, los ríos, las lagunas. No se pueden sacar esos metales de nuestra tierra sin destruirla y empobrecernos (…) Por eso la gran lucha que tenemos, que estamos teniendo las organizaciones indígenas contra los terratenientes que nos tenían como esclavos, nos abusaban y encima nos quitaban lo que teníamos, empobreciendo las generaciones –díganos si no es así– y ahora también las empresas mineras que llegan para querer saquear nuestros territorios, con mentiras y falsas promesas, pretendiendo que vendamos a la Pachamama por dos monedas. Kusiya, Kusiya, Pachamama (alégrame, ayúdame)”, dijo Gutiérrez.

Comunidades indígenas aseguran que el Gobierno y las mineras desconocen sus derechos

08/08/2022
El inacabable verso de la «minería responsable» suma un nuevo ejemplo. Ya dijimos en esta página que es el oxímoron de moda y hace 10 años informábamos sobre una situación similar. La Responsabilidad Social Empresarial es cosmética pura.

Cinco tambores de cianuro están acopiados en un polvorín que pertenece a la mina de hierro de Sierra Grande. Sin embargo, no hay ningún plan propuesto para su disposición final, y, debido a esto, un legislador denunció su existencia para que el gobierno de la Provincia indague y se ocupe de hallar un destino para los tóxicos.

El veneno se encuentra en el mismo lugar en el que está almacenada una gran cantidad de PCB, otro compuesto altamente contaminante que en su momento se encontraba en los transformadores de energía eléctrica.

El gobierno nacional está llevando adelante un programa para disponer de ese material, que, tal como ocurre aquí, se encuentra arrumbado en varios puntos del país. Debido a esto recientemente funcionarios del área realizaron una visita a la mina. Allí se descubrió, además, el cianuro. Pero para éste no existe un abordaje que promueva su erradicación.

La existencia del cianuro quedó en evidencia cuándo la comitiva nacional realizó una inspección ocular en ese polvorín. Lo riesgoso es que tanto los locales como el resto de los presentes no parecieron preocuparse por ese otro veneno. Y si bien para el PCB se iniciará un proceso con la intención de que se realice su disposición final, para este tóxico no hay planes» manifestó Facundo Montecino Odarda (Frente Renovador), el dirigente que alertó sobre el material.

Debido a esto el legislador envió tres notas, con la intención de que el tema se aborde. «Le mandamos una a la Defensora del Pueblo, otra a la titular del área de Ambiente Dina Migani y la última al procurador general Jorge Crespo para que instruya a los fiscales». Hasta el momento no hubo novedades sobre las actuaciones de cada uno de los destinatarios.

¿El mismo veneno que años atrás se trasladó a Las Grutas?

En 2011 tres tambores de cianuro provenientes de Sierra Grande fueron hallados en un campo ubicado al sur de Las Grutas, propiedad de la familia Tarruella. La denuncia de un vecino del lugar alertó acerca del tema, y el área de ambiente de la Provincia intervino para que el material retornara, ya que se supo que formaba parte del pasivo ambiental de Hiparsa, que la Provincia debía remediar.

Se desconoce si esos toneles hoy son parte de la partida hallada en el polvorín de la mina.

En su momento el tema provocó una profunda indignación. Se descubrió que el contador y por entonces liquidador de los bienes de Hiparsa Alejandro Tarruella fue quien contrató a la cooperativa de servicios Cotrasao para mover los citados toneles desde Sierra Grande hasta el balneario, sin ningún recaudo y de manera ilegal. Lo que nunca se supo fue la intención que tuvo esa maniobra.

Hoy, ese compuesto químico que es sumamente tóxico tanto para los seres humanos como para el medio ambiente vuelve a estar en la mira de las autoridades.
Fuente: Río Negro

Denuncian la existencia de tambores de cianuro en Sierra Grande