Litio, Mexico

ALFONSO DURAZO, POLÍTICO Y BRAZO ARMADO DEL LITIO EN MÉXICO

13/09/2022
La falsa solución a la crisis energética del capitalismo se encamina a la profundización del Modelo Extractivo, cargando, como siempre, los costos de despojo, desigualdad y destrucción de la supuesta transición a una “economía de energía verde y limpia” a los territorios y pueblos donde se encuentran el litio y los minerales estratégicos que lo acompañan (cobalto, niquel, grafito, aluminio, hierro, fósforo, cobre entre otros); así como a la profundización de una crisis hídrica que desde hace años ya azota a este país.

Los hidrocarburos ahora serán reemplazados por la minería y, en especial, por el litio principalmente para la fabricación de baterías para “vehículos sustentables”. El control por este mineral modifica el mapa geopolítico para las naciones y las trasnacionales que dominan el mercado y la tecnología que requieren de este mineral. China, EU y los Estados miembros de la UE están imponiendo un falso discurso de preocupación global por el calentamiento global, y bajo la lógica de una necesidad de reducción de CO2, imponen un nuevo modelo de “mercado verde” que sigue despojando territorios y apropiándose de la vida de los pueblos para alimentar la voracidad de las empresas y del gran capital, bajo el puro estilo y lógica perversa colonialista.

Lejos de contrarrestar este Modelo Extractivo y buscar verdaderas soluciones virando hacia otros paradigmas de energía y estrategias al combate del Calentamiento Global, el gobierno mexicano pretende posicionarse en el control de la llave que abre las puertas del territorio a la explotación intensiva del litio en México, en el marco de controlar las ganancias que conllevará, ya que las consecuencias sociales y ambientales serán igual independientemente de la empresa que explote intensivamente este mineral.

Para ello, recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de creación de la empresa estatal Litio para México (LitioMx) que será coordinado por la Secretaría de Energía (Sener), dirigido por el hijo del actual Superdelegado del gobierno federal en Sonora, una vez que termine sus estudios, y contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía auténtica, operativa y de gestión. Según la Sener: “El objeto de Litio para México es la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, ubicado en territorio nacional, así como la administración y control de las cadenas de valor económico de dicho mineral”.

El discurso de la “utilidad pública del litio”, el “interés y la seguridad nacional”, serán la clave para la persecución, criminalización, judicialización o estigmatización de quienes defiendan el territorio, los derechos colectivos de los pueblos, para quien se oponga a la explotación del litio a lo largo del territorio nacional.

Aunque el gobierno está lejos de tener una idea real de los yacimientos de litio en el país, más allá del proyecto de Sonora Lithium que sigue en manos de la empresa china Ganfeng, el gobierno federal ve ahora en este mineral el reemplazo del ingreso de divisas petroleras toda vez que el litio, entre 2014 y 2018, su precio se disparó hasta en un 156%, desde los 7 mil dólares hasta llegar al máximo histórico de los 17 mil dólares. La fiebre de la prospección, exploración y explotación del litio en México pondrá bajo amenaza a los pueblos y territorios en el país, que serán estigmatizados de ir en contra del desarrollo “verde”, del interés nacional y de atentar contra la paz y la seguridad del país.

Por ello, el Presidente Andrés Manuel López Obrador necesita cuerpos de élite y fuerzas de seguridad especializada que le ayuden a imponer estos proyectos, por lo que es alarmante el nombramiento recientemente al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, como el Coordinador de LitioMx donde estará ubicada la sede de la paraestatal, y quien en 2020 fuera el encargado de la creación de la policía minera con el fin de proteger los intereses de las grandes empresas del sector, mientras era titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana del 2018 al 2020.

En aquel momento, toda la primera generación de 118 efectivos de policía minera fue desplegada a la mina de oro Herradura de la empresa Fresnillo plc en Sonora, una de las entidades donde las afectaciones sociales y ambientales han causado mayores conflictos mineros.

Tal es el caso de los justos reclamos de los pobladores del Ejido El Bajío para la implementación de 67 sentencias agrarias favorables quedeclararon nulos e inexistentes los convenios de ocupación de tierras delos ejidatarios afectados por la empresa mexicana Penmont (filial deFresnillo plc). Estas sentencias dictadas en 2014 ordenan resarcir los daños generados por la extracción de oro en las tierras del ejido y regresar todo el oro extraído de manera ilegal del ejido.Sin embargo, la justicia no ha llegado y los riesgos para el ejido se han intensificado. Las y los ejidatarios han sido víctimas de hechos violentos como asesinatos, encarcelamiento ilegal y desaparición forzada, además han denunciado el hostigamiento constante por parte de la policía federal, el ejército y hombres armados al servicio del tío de la exgobernadora de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich, actual cónsul de México en Barcelona, además de la misma policía minera.

Así también sigue en impunidad el derrame de lixiviados de sulfato de cobre acidulado de la mina Cananea del Grupo México que contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi en agosto de 2014, dejando sin agua limpia a miles y lo cual sigue generando fuertes daños a la salud de las comunidades afectadas a lo largo de los cuerpos de agua afectados.

Es así que el fervor actual por el litio en el país y el nombramiento de este personaje totalmente aliado de las empresas mineras nos deja claro que la política de la 4T va encaminada a seguir favoreciendo el avance de la minería en México, y con ello la violación a los derechos de los pueblos y el despojo de sus territorios dando continuidad al modelo extractivo de muerte.

POR UN MÉXICO LIBRE DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)

Chile

Rio2 apela rechazo de EIA para proyecto de oro en Chile

08/09/2022
Actividad de perforación en el proyecto Fénix Gold, en Chile./ Crédito: Rio2
Rio2 Limited de Canadá está apelando el rechazo del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para su proyecto Fenix ​​Gold en Maricunga, Chile. La minera argumenta que el rechazo no es consistente con el proceso de evaluación ambiental que tuvo lugar en los últimos dos años.

La Resolución de Calificación Ambiental (“RCA”), que es el documento administrativo con el cual el Servicio de Evaluación Ambiental (“SEA”) expone los fundamentos de su decisión, fue emitida el 19 de julio de 2022. Desde la recepción de este documento, Rio2, junto con sus asesores ambientales y legales, han estado evaluando opciones para continuar con el avance del proyecto.

La RCA reconoció que el proyecto cumplía con las normas y requisitos ambientales. Sin embargo, la empresa no había proporcionado suficiente información sobre cómo pretendía eliminar los “impactos adversos” que tendría sobre las especies de vida silvestre del área, específicamente sobre las chinchillas , guanacos y vicuñas.

La minera afirma que proporcionó toda la información solicitada por las diferentes agencias y abordó las observaciones planteadas durante el proceso. Cabe señalar que al culminar el riguroso proceso de EIA, 18 agencias emitieron su conformidad técnica al Proyecto.

Revisión de la RCA y apelación
Durante la revisión de la RCA, Rio2 ha identificado numerosas discrepancias tanto factuales como de procedimiento en el documento, lo que cree proporciona fundamentos sólidos para que la decisión sea reconsiderada por medio de un recurso administrativo no judicial ante el Comité de Ministerios. El Comité de Ministerios estará integrado por los Ministerios de Medio Ambiente (presidente), Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería. El director nacional del SEA es el secretario del Comité.

Basándose en los hallazgos producto de la revisión de la RCA, Fenix Gold Limitada, la subsidiara local de Rio2 decidió ejercer su derecho a presentar un recurso administrativo ante el Comité de Ministerios, lo que ocurrió el 31 de agosto de 2022.

Rio2 dijo que el proceso de apelación tomaría aproximadamente un año. La preparación y nueva presentación de una nueva EIA, si la apelación administrativa no tiene éxito, tomaría alrededor de dos años.

“El proyecto representa una importante inversión en el negocio de la minería aurífera en Chile por parte de una empresa minera junior y generará empleo para aproximadamente 1.200 personas durante la fase de construcción y 550 personas durante la fase de operaciones de 17 años”, dijo Rio 2

Rio2 también dijo que trabajaría en estrecha colaboración con las autoridades regionales para realizar observaciones adicionales de la fauna en el área del proyecto y acordar nuevos compromisos voluntarios si fuera necesario.

Rio2 apela rechazo de EIA para proyecto de oro en Chile

Mexico

Mina mexicana Los Filos de Equinox Gold golpeada por bloqueo

08/09/2022
Los Filos está ubicado a 180 km al sur de la Ciudad de México en el municipio de Eduardo Neri, Estado de Guerrero, México./ Crédito: Equinox Gold
Las operaciones en la mina Los Filos de Equinox Gold, en México, se suspendieron como resultado de un bloqueo ilegal por parte de miembros de la comunidad cercana de Mezcala, informó hoy la compañía.

El bloqueo impide la entrega de ciertos suministros a la Mina Los Filos que se requieren para mantener las operaciones.

Equinox también anunció que colaborará con los líderes de la comunidad para encontrar una solución que le permita reanudar sus operaciones por completo.

Los Filos ha sido golpeado con frecuencia por protestas comunitarias y sindicales en los últimos dos años, incluido un bloqueo de dos meses por parte de miembros de la comunidad de Carrizalillo, que afectó la producción y la proyección de costos de la compañía para 2020.

Hay tres ejidos, o áreas de tierras comunales utilizadas para la agricultura, asociados con la propiedad Los Filos. Esta es la primera vez que el ejido de Mezcala bloquea el acceso desde y hacia el sitio.

El año pasado, los problemas fueron causados ​​principalmente por un grupo de empleados sindicalizados y miembros de la comunidad de Xochipala que exigían pagos más altos a Equinox.

El complejo Los Filos inició su producción comercial en 2008. La operación consta de dos grandes tajos abiertos (Los Filos y Bermejal) y una mina subterránea.

Este año se espera que la mina produzca entre 155 000 y 170 000 onzas de oro, lo que representa el 37 % del valor de los activos netos mineros de Equinox Gold y el 28 % de su producción estimada para 2022.

La empresa con sede en Vancouver también tiene activos mineros en EE. UU., Brasil y Canadá.
Fuente: Equinox Gold y Mining.com

Mina mexicana Los Filos de Equinox Gold golpeada por bloqueo

Colombia, Litio

Paisa abrió recuperadora de litio, la primera del país

Andrea Alzate, una química egresada de la U de A, inició el emprendimiento con recursos propios y préstamos de amigos.
La planta habilitada por Andrea Alzate puede procesar hasta 90 toneladas de baterías residuales cada mes. FOTO CORTESÍA

RECICLAJE ANTIOQUIA
POR JUAN C. QUICENO RAMÍREZ | 09/09/2022
Todos los días se desechan baterías de celulares, computadores y carros, siendo residuos que contienen minerales altamente valiosos, pero los procesos industriales para extraerlos son poco amigables con el medio ambiente.

Andrea Alzate, una paisa egresada de la Universidad de Antioquia —y doctora en materiales— desarrolló un método que permite aprovechar esas baterías sin dejar huellas contaminantes y extrae cobalto, níquel y litio. De ahí que su emprendimiento tiene un potencial de crecimiento relevante.

Vale aclarar que el litio es considerado como una de las fuente energéticas que podría sustituir parcialmente al petróleo. Y en países desarrollados hay metas claras: para el 2030, hasta el 50% del parque automotor debe estar conformado por vehículos libres de combustión fósil.

Puesto de un modo más sencillo, esta antioqueña puede proveer parte del litio que necesitan los fabricantes de carros, teléfonos y computadores.

Empresa del mañana
Altero fue el nombre que le puso a su planta recuperadora, ubicada en Guarne y constituida legalmente desde 2018. El emprendimiento fue capitalizado con recursos propios y préstamos de amigos que le creyeron a su idea.

Aún así, quedaba faltando otra inyección financiera. Hasta que durante un viaje a Estados Unidos, alguien conoció la propuesta de Andrea y decidió invertir en ella.

Teniendo en cuenta que los minerales que recupera son apetecidos por los países industrializados, ella pudo abrir su planta en cualquier nación, pero decidió retornar a Colombia y generar riqueza con su emprendimiento, el primero del país con estas características.

Ella explicó que “el residuo de esas baterías es de difícil manejo, puesto que el litio es altamente reactivo. En el mundo, lo que han encontrado para solucionar este problema es tratamientos con nitrógeno para congelar la peligrosidad”.

“Nuestra tecnología —añadió— no requiere nitrógeno. Nos alejamos de los métodos convencionales, que son pirometalúrgicos o hidrometalúrgicos”, añadió al detallar que, con el primer proceso, hay quema en hornos y se generan emisiones de carbono. Con el segundo, hay disolución en ácido y se generan vertimientos tóxicos.

En su caso, los minerales de las baterías son recuperados a través de procesos electromagnéticos, mecánicos y eléctricos. Su planta tiene capacidad para procesar 90 toneladas al mes. El cobalto, el níquel y el litio se exportan, mientras que el cobre y el aluminio se comercializan en el mercado local.
https://www.elcolombiano.com/negocios/paisa-abrio-recuperadora-de-litio-la-primera-del-pais-DF18598568

Colombia

Hasta San Gil llegaron las protestas por título minero otorgado por la CAS

Jorge Ríos 09/09/2022
Durante más de dos horas, alrededor de 150 personas provenientes de San Vicente y El Carmen de Chucurí recorrieron las calles de San Gil en una protesta pacífica que terminó frente a la sede principal de la Corporación Autónoma de Santander.

La travesía que inició en un recorrido en caravana de tres buses la noche del miércoles desde sus territorios para llegar a la capital turística de Santander, tenía como objetivo exigirle a Alexcevith Acosta Sánchez, director de la autoridad ambiental, la revocatoria de la licencia ambiental de extracción de carbón a cielo abierto autorizada a la empresa Colcco SA el pasado 22 de agosto.

El tercer interviniente en el proceso, el representante a la Cámara, Cristian Avendaño, quien acompañó la protesta y el encargado de interponer el derecho de reposición ante la entidad, cuestionó el papel de la CAS y la ‘dudosa’ forma en la que terminó otorgándose el visto bueno ambiental.

Una de las razones que ponen en entredicho la licencia autorizada en la resolución 574 es que hay 27 inconsistencias de impacto ambiental y lo más preocupante es que dentro de la entidad existen dos estudios ambientales que no coinciden, señaló Avendaño.

Según el Representante, al parecer favoreciendo intereses particulares, posiblemente la CAS avanzó en el licenciamiento ambiental.

“Lo que debería ser ideal es que los criterios técnicos estén por encima de los intereses políticos y particulares, pero históricamente no ha pasado en las corporaciones ambientales. Estas 27 inconsistencias dejan el proceso en el limbo, porque estamos hablando de una mina en la vereda Los Aljibes que tiene unas rondas hídricas estratégicas”, continuó Avendaño, recordando que las corporaciones ambientales como la CAS están para hacer cumplir la normatividad ambiental y proteger los ecosistemas.

Para ambientalistas como Mauricio Mesa, coordinador del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Corporación Compromiso, no se entiende cómo la autoridad ambiental aprueba la explotación de carbón a cielo abierto en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional los Yariguíes, que justamente está hecha para proteger este espacio natural y no para abrirle las puertas a la explotación.

“Si ponemos los mapas uno sobre otros les demostramos que estamos en lo correcto”, aseveró el defensor ambiental, quien además aseguró que se está generando una enorme afectación a una de las principales despensas agrícolas de Santander en donde el cacao, los cítricos y otros cultivos son la actividad principal de miles de familias.

Uno de las mayores denuncias a la CAS durante la jornada fue que la socialización del proyecto no se hizo con toda la comunidad. Uber Izaquita, presidente de las juntas de acción comunal de San Vicente de Chucurí, denunció justamente que en San Vicente de Chucurí no se hizo ninguna audiencia pública. “Se nos está haciendo un daño muy grande ambiental y agrícola”, sentenció el representante de la comunidad.

“Los que hizo la corporación fue una avasallada, le entregó nuestro territorio a una minera francesa y se supone que es una entidad ambientalista que debe proteger el medio ambiente (….) No consultaron, no hicieron audiencia pública en San Vicente, violaron nuestro principio de información, nos enteramos por un grupo de Whatsapp”, expresó Isnardo Vesga, habitante de San Vicente de Chucurí.

Al final, la comunidad exigía que les escucharán y que no se generará el deterioro ambiental de un territorio, con una licencia de la existe el riesgo se pueda extender a 30 hectáreas, según denunció Avendaño.

La respuesta de la CAS

La autoridad ambiental, que tiene bajo su jurisdicción a 74 municipios, empezó el día emitiendo un comunicado a la opinión pública insistiendo que los terrenos licenciados no hacen parte de las áreas incluidas en los Distritos Regionales de Manejo Integrado, DRMI.

En el documento se confirma que solo se hizo una audiencia pública en El Carmen de Chucurí y que aunque el título minero es de 1.949 hectáreas, 14,5 hectáreas fueron las aprobadas para la explotación a cielo abierto y 30 hectáreas de explotación subterránea no son protegidas ni hacen parte de forestal o DRMI Yariguíes.

Acosta Sánchez expresó que además del recurso de reposición a estudiar, la entidad deberá evaluar que la empresa licenciada cumpla con todos los requerimientos estipulados en la resolución.
https://www.vanguardia.com/santander/guanenta/hasta-san-gil-llegaron-las-protestas-por-titulo-minero-otorgado-por-la-cas-DB5672335

Chile

SMA ordena 7 medidas a Minera Los Pelambres para controlar riesgos asociados a rescate de equipos con hidrocarburos en Bahía Conchalí

Las medidas incluyen la habilitación de centros de rescate de fauna marina, la modelación de la pluma de hidrocarburos y/o aceites, la evaluación de áreas de mayor sensibilidad ambiental del borde costero y la ejecución de monitoreo extraordinario de aves y mamíferos.
09/09/2022
MINERÍA CHILENA
SMA dicta medidas urgentes y transitorias contra Compañía Minera del Pacífico
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ordenó a Minera Los Pelambres, titular del proyecto “Infraestructura Complementaria” (INCO, RCA N° 16/2018), la adopción de 7 medidas provisionales, las cuales deberán implementarse en un plazo de 15 días hábiles.

Las medidas tienen por objeto prevenir riesgos asociados a la fuga de hidrocarburos desde equipos sumergidos y se ordenan, en el contexto del rescate de estructuras, tras el colapso de una plataforma “Jack Up”, durante la construcción de las obras marinas asociadas a la desalinizadora aprobada por el proyecto INCO.

El jefe de la Oficina Regional, Gonzalo Parot, explicó que “tras el incidente, ocurrido el 15 de agosto de este año, cayeron al mar diversos elementos que se encontraban sobre la plataforma, incluyendo una grúa y un grupo electrógeno, con hidrocarburos y aceites de origen vegetal que se encontraban en contenedores. Las labores de rescate, supervisadas por la Autoridad Marítima, han permitido recuperar el grupo electrógeno, pero sigue pendiente el rescate de la grúa y se han verificado afloramientos de hidrocarburos, cuya contención se ha visto dificultada por razones climáticas”.

Por su parte, el superintendente del Medio Ambiente (S), Emanuel Ibarra, señaló que debido a que sigue pendiente el rescate de unidades desde el mar, se “solicitan 7 medidas provisionales a la empresa, que buscan la adopción de acciones preventivas para el caso que se verifique una fuga mayor de hidrocarburos desde los equipos y contenedores sumergidos y/o que fallen los sistemas de contención desplegados, tendiendo a minimizar los efectos adversos que podrían darse para especies hidrobiológicas y para el medio marino”.

Adicionalmente, hoy la SMA ha encomendado un nuevo muestreo de aguas y sedimentos intermareales a una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), actividad que se ejecuta con la Autoridad Marítima. “Debido a que se encontraron trazas de hidrocarburos, se están tomando muestras del afloramiento en terreno para determinar su trazabilidad”, añadió Parot.

Medidas
En este contexto, las siete medidas que Minera Los Pelambres deberá adoptar son las siguientes:

1. Respecto a la ejecución del proyecto INCO, no ejecutar obras u actividades asociadas a la fase de construcción de las obras marinas del proyecto INCO, respecto a actividades constructivas en la superficie del agua, columna de agua o lecho marino de la Bahía Conchalí, hasta que se ejecute el rescate total de las sustancias y estructuras que representen un riesgo al medio ambiente, circunstancia que deberá ser visada por la Autoridad Marítima.

2. En atención a la inexistencia de centros de rescate de fauna silvestre/fauna marina en las cercanías del lugar de la contingencia, el titular deberá habilitar un centro de rescate de fauna silvestre (mamíferos/aves) con especialistas ad hoc en la región de Coquimbo y/o gestionar disponibilidad de un centro de rescate en la región de Coquimbo o en otra región, considerando en ambos casos la logística necesaria para el traslado y rehabilitación de fauna que eventualmente pueda ser afectada por filtraciones de hidrocarburos al medio marino.

3. Realizar una modelación hidrodinámica de deriva de la pluma de hidrocarburos y/o aceites en el área de la contingencia, que considere simulaciones en distintas condiciones de vientos, corrientes y mareas características del área, a objeto de reconocer a priori la dirección predominante de la derivación de la pluma de hidrocarburos, para anticipar y dirigir los esfuerzos de las tareas de contención, absorción, conducción y limpieza, en caso de que sea necesario.

4. Realizar una evaluación y determinación de lugares del borde costero dentro del área de influencia, con mayor sensibilidad ambiental, de acuerdo al índice utilizado por DIRECTEMAR, de acuerdo al tipo de costa, tipo de recursos y su cercanía con posibles afloramientos de hidrocarburos.

5. Mantener vigilancia con frecuencia diaria de la presencia de hidrocarburos en el cuerpo de agua en torno a los sitios de mayor sensibilidad ambiental, con capacidad de entregar información de detección de hidrocarburos en tiempo real o dentro del mismo día de registro/medición, y que pueda proveer de medios de trazabilidad y verificación de los resultados por parte de la autoridad ambiental.

6. Mantener la vigilancia y monitoreo extraordinario de las matrices aguas y sedimentos propuesta por el titular con ocasión de la contingencia, hasta que se ejecute el rescate total de las sustancias y estructuras que representen un riesgo al medio ambiente.

7. Ejecutar monitoreo extraordinario de aves y mamíferos en el área de influencia, en concordancia con el objetivo señalado en el procedimiento “Plan de emergencia frente a derrame de hidrocarburos al mar”, hasta que se finalice el rescate de elementos que representen un riesgo al medio ambiente y hasta que se finalicen las labores de recuperación y limpieza, en coordinación con SERNAPESCA.

Cabe señalar que la SMA fiscalizará el estricto cumplimiento de las medidas señaladas, pudiendo ampliar el foco de las acciones requeridas o disponer de medidas adicionales con el objeto de minimizar los posibles efectos generados a partir de la contingencia.
https://www.mch.cl/2022/09/sma-ordena-7-medidas-a-minera-los-pelambres-para-controlar-riesgos-asociados-a-rescate-de-equipos-con-hidrocarburos-en-bahia-conchali/

Colombia

¿Qué hará Petro frente a la privatización de la fuerza pública?

Juan Pablo Soler (Revista Rayal)
Foto: Desalojo de cerca de 400 campesinos afectados por Hidroituango /Foto: Ríos Vivos
La revisión de los documentos secretos del Ministerio de Defensa, realizada por el Senador Iván Cepeda reveló las millonarias contrataciones de la fuerza pública con empresas públicas, mixtas y privadas del sector minero energético colombiano entre 2002 y 2014

La parcialidad y la irregularidad con las que pueden llegar a actuar la Policía y Ejército Nacional pueden tener estrecha relación con su financiamiento.En el año 2013 en la Vuelta del Bombillo, al cruzar el río Cauca, las comunidades campesinas afectadas por Hidroituango hicieron uso de su legítimo derecho a la protesta social para llamar la atención sobre los derechos vulnerados. De inmediato fueron reprimidos por el ESMAD, cuyos agentes, sin mediar palabras, usaron sus armas de gas pimienta y sus pistolas de balas de goma en contra de la población. No les importó que hubiera adultos mayores y menores de edad, ni que varios de ellos cayeran rodando por la pendiente del terreno y sufrieran contusiones ni tampoco que no recibieran atención médica. Lo único que les importó fue abrir la vía para que la empresa siguiera operando.
Al día siguiente, en inmediaciones del Valle de Toledo, el ESMAD se acercó, mientras se desarrollaba una reunión comunitaria, y subió a la fuerza a 87 personas en camiones de la policía. A pesar de que las capturas masivas son ilegales, lo que no fue un impedimento para que la policía intentara deshacer la manifestación campesina de dicha manera.

Al tercer día, pese a que la comunidad estaba reunida en un predio privado, la policía derribó el cerco y tiró al piso las ollas donde se preparaba el desayuno. Este último encuentro fue el detonante para que varios habitantes salieran de la zona caminando hacia Medellín, donde fueron albergados en la Universidad de Antioquia, protagonizando un desplazamiento forzado que se prolongó por más de siete meses.

Dos años más tarde, en noviembre de 2015, en una Audiencia Senatorial convocada por Iván Cepeda comprendimos que estas y otras actuaciones corresponden a un ejercicio sistemático derivado de los convenios de la fuerza pública con distintas empresas.

La revisión de los documentos secretos del Ministerio de Defensa, realizada por el Senador y su equipo de trabajo (de la que no se permitió hacer copias ni fotografías), reveló las millonarias contrataciones de la fuerza pública con empresas públicas, mixtas y privadas del sector minero energético colombiano entre 2002 y 2014:

Entre 1990 y 2014 se firmaron más de 1.229 contratos de cooperación secretos para la instalación de Batallones Especiales Energéticos y Viales -BAEEV- y Centros de Operaciones Especiales para la Protección de la Infraestructura Crítica y Económica del Estado -COPEI-. Cifra que no contempla las operaciones de años recientes derivadas de la ampliación de la frontera extractiva ni los posibles convenios de cooperación firmados directamente por los batallones.

Los distintos convenios citan de manera recurrente que son para actuar frente a las amenazas terroristas que pueden generar daños al medio ambiente y a la seguridad nacional, pero ¿qué pasa cuando el daño al ambiente lo genera la empresa que los financia? Imagínense aquí una autoridad ambiental diligente que, para hacer una labor de inspección ambiental, debe anunciar su visita días antes a la empresa y además coordinarla con los cuerpos públicos de seguridad pagados por las empresas infractoras. No es un asunto menor, son más de 68.000 hombres los que hacen parte de estas contrataciones, es decir, más del 15% del total de las fuerzas armadas en 2015.

Un aspecto que además valdría la pena analizar de cara a la transición energética para entender los impactos ambientales que conlleva la operación de estos batallones, la cual implica emisiones de carbono que jamás aparecen en las cuentas de los proyectos etiquetados como energía limpia.


Desalojo en el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, participado por la española Endesa.
Además, para la construcción de paz con enfoque territorial vale la pena replantear este financiamiento o por lo menos, revisar los objetos contractuales y establecer limitaciones claras de las actuaciones: en ningún caso el uso de las armas y la intimidación se puede dirigir contra la población civil, mucho menos contra movilizaciones que buscan proteger derechos colectivos y las formas tradicionales de subsistencia en los territorios.

Un ejemplo que permite entender las complicaciones que genera la privatización de la fuerza pública en materia de vulneración de derechos, se dio en la consulta previa con las comunidades negras en el norte del Cauca afectadas por la represa Salvajina, tierra que vio nacer a la vicepresidenta Francia Márquez. Allí la empresa EPSA reconoció, tardíamente, que había financiado al batallón que opera en sus instalaciones, pero se abstuvo de reconocer los impactos.

El caso del proyecto hidroeléctrico El Quimbo permite apreciar otro efecto de estas alianzas, pues la base del BAEEV #12 José María Tello, que aloja 1.200 soldados, se construyó frente al proyecto en zona de Reserva Forestal de la Amazonía[1].


Leo Sátira (leosatira.blogspot.com)
Si, además, se traslapa el análisis anterior con él de las ejecuciones extrajudiciales la situación se torna aún más compleja. En el caso de Antioquia entre el 2000 y el 2006 existían 747 militares investigados que hacían parte de los batallones Coronel Atanasio Girardot, Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez y General Pedro Nel Ospina; en Casanare 146 ejecuciones extrajudiciales fueron responsabilidad de la Brigada 16, la cual ha recibido más de 209.400 millones de pesos, vía convenios de cooperación con empresas como: Ecopetrol, BP, Emerald, Equion, Pacific Rubiales, Petrobras y Petrominerales, entre otras. A esta lista se debe sumar el drama de los desplazamientos forzados que ha ocasionado la fuerza pública pagada por empresas, tema que está siendo investigado por la Fiscalía.

El problema no es sobre la vigilancia de las infraestructuras energéticas. El problema es que la fuerza pública lo haga a través de contratos secretos suscritos con empresas extractivas y de energía, situación donde el cumplimiento de obligaciones contractuales deriva en la vulneración de los derechos humanos y constitucionales de las comunidades que se movilizan frente a la afectación de derechos colectivos como el ambiente sano, derecho al trabajo, a la libre, a la información, etc.

En 2015 el Senador Cepeda denunciaba además en la mencionada audiencia, que por lo menos seis empresas trasnacionales tienen su propio batallón y parte de sus operaciones privadas estarían siendo pagadas con recursos de la Nación. Este es un tema que debe tener relevancia en el Tratado Especial para Empresas y Derechos Humanos que se discute actualmente en Naciones Unidas para atender la responsabilidad de las empresas frente a las vulneraciones de derechos humanos.

Frente a esta situación, cabe preguntarse ¿Qué hará Petro frente a la privatización de la fuerza pública? ¿Al pueblo quién lo cuida sino tiene el dinero suficiente para establecer un convenio de cooperación? Una desfiguración total del Estado Social de Derecho.


Represión en el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, participado por la española Endesa.
[1] Ejército creó en Huila Batallón energético para cuidar polémico proyecto El Quimbo. El Tiempo. 12 de mayo de 2009. Consultado en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5181719
Tomado de: https://revistaraya.com/juan-pablo-soler/50-que-hara-petro-frente-a-la-privatizacion-de-la-fuerza-publica.html

¿Qué hará Petro frente a la privatización de la fuerza pública?

Ecuador

Gobierno Ecuador dice logra acuerdos preliminares sobre petróleo y minería con indígenas

Alexandra Valencia
07/09/2022
Foto de archivo del presidente de Ecuador Guillermo Lasso en una rueda de prensa en Quito
(Reuters) -El gobierno de Ecuador llegó a un acuerdo preliminar con grupos indígenas para declarar una moratoria temporal en 16 bloques petroleros, dijo el miércoles el ministro de Energía y Minas, Xavier Vera, marcando un punto de inflexión en las negociaciones destinadas a evitar nuevas protestas callejeras.

Lasso, un exbanquero conservador, abrió un diálogo de 90 días para discutir la implementación de un acuerdo que puso fin en junio a más de dos semanas de protestas indígenas contra su agenda económica y ambiental.

Las manifestaciones dejaron al menos ocho muertos y afectaron severamente a la industria petrolera, con presiones que obligaron a recortes inmediatos en los precios de la gasolina y el diésel, subsidios a fertilizantes y otras medidas que, según el Gobierno, costarán unos 600 millones de dólares.

Los grupos indígenas exigían una moratoria a las actividades extractivas y que se declaren nulas las concesiones en zonas sensibles. Lasso acordó suspender la aprobación de nuevos proyectos en territorios indígenas considerados ancestrales, áreas de protección ambiental y zonas arqueológicas.

«Damos una muestra como Estado que estamos cediendo a la petición», añadió Vera a los medios.

La moratoria afectará a bloques en el sur del país donde no se realizan operaciones de exploración y producción, y estará vigente hasta que se establezca una ley de consulta previa libre e informada para las comunidades indígenas, explicó el ministro.

De manera similar, el Gobierno no otorgará más títulos mineros hasta que se apruebe la ley de consulta previa, dijo Vera, agregando que podría aprobarse en los próximos 12 meses.

Las exportaciones de las dos minas de oro y cobre a gran escala de Ecuador están convirtiendo rápidamente al sector en clave para el fisco del país. Ecuador espera ventas de minerales de al menos 2.800 millones de dólares este año.

«Nuestra posición es no a la minería, ese el punto de inicio y a partir de ahí se verá la propuesta del Gobierno», dijo Gilberto Talahua, presidente del movimiento indígena de Bolívar, donde se ubica el proyecto Curipamba, que se convertirá en la tercera mina del país.

Los acuerdos relacionados con el petróleo y la minería podrían firmarse el viernes, al igual que aquellos que se alcancen sobre producción agrícola y subsidios a los combustibles, dijeron los ministros que participan en el diálogo.

Los líderes indígenas no estuvieron disponibles para comentar sobre los acuerdos preliminares presentados por Vera.

El único acuerdo firmado hasta ahora es sobre la condonación de la deuda de los pequeños agricultores, y algunos líderes indígenas han amenazado con abandonar las negociaciones.

«Puede ser como un juego del Gobierno y no nos queda otro camino que nuevamente la presencia en las calles», dijo a Reuters Blanca Chancoso, expresidenta de la organización indígena Ecuarunari. «Para nosotros el paro no se ha terminado. Esperamos que (la negociación) no sea solamente un desgaste».

Otras área de negociación, que se prevé duren hasta mediados de octubre, son los controles de precios en más de 40 productos.

El Gobierno ha dicho que está comprometido con todas las demandas de los grupos sociales, pero destacó que estos no obtendrán todo lo que quieren.

Sin embargo, el exministro de Energía Fernando Santos dijo a Reuters que no está seguro de que se pueda llegar a un acuerdo exitoso.

«Al Gobierno lo veo débil y el presidente Lasso es una persona bastante orgullosa y no va a ceder, ni de casualidad, a las demandas indígenas y el señor Iza también está con una posición triunfalista que quiere todo o nada», dijo Santos en referencia al líder indígena Leonidas Iza.

«Veo días difíciles, no veo voluntad de llegar a acuerdos», sostuvo Santos, y agregó que la actividad petrolera y minera podría estancarse durante el gobierno de Lasso.

La oficina de Lasso dirigió las preguntas al ministerio de Gobierno, que dijo que no podía conceder una entrevista a Reuters hasta finales de esta semana.

El Gobierno aseguró que las conversaciones están avanzando en el tema de los subsidios a los combustibles, que este año costarán alrededor de 3.800 millones de dólares, más que los presupuestos públicos anuales para salud, educación y seguridad.

«En esas condiciones es difícil que incline la balanza para entablar una mesa de diálogo», explicó el analista político Alfredo Espinosa, quien recalca la impopularidad de Lasso y su desvinculación con la ciudadanía. «Es como que el rehén está negociando con su captor, que es el movimiento indígena».
(Editado por Javier Leira y Carlos Serrano)
https://es-us.vida-estilo.yahoo.com/negociaciones-grupos-ind%C3%ADgenas-ponen-prueba-131417142.html

Chile

Diputados respaldan proyecto que impide constituir derechos de aguas sobre glaciares

Entre sus lineamientos, el texto define que no podrán realizarse en glaciares, zonas de glaciares y entorno glaciar, actividades que generen impacto significativo o daño ambiental. El texto pasó ahora al Senado.
06/09/2022
Tras sumar 114 votos a favor, uno en contra y 17 abstenciones en su votación en particular, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas para impedir la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares.

Subsecretario de Medio Ambiente y glaciares: “Buscamos dar certeza a quienes tienen que ejecutar proyectos”
La iniciativa reconoce, expresamente, que los glaciares son ecosistemas complejos asociados a su entorno, ambientes glaciares y ambientes periglaciares y que son parte del ciclo hidrológico de las aguas.

El texto fue informado por el diputado y autor del proyecto, Daniel Melo (PS).

Se entiende por glaciar todo volumen de agua en estado sólido, que persiste por períodos de al menos dos años. Esto, cualquiera sea su contenido de detritos superficiales e internos.

Son partes constituyentes de un glaciar: su material detrítico; el agua líquida, tanto superficial como interna y basal; su parte flotante, siempre que esté unida a su masa, la que se considerará como agua terrestre. También, las masas de agua en estado sólido que, flotando y separadas del glaciar, por efectos climáticos circunstanciales, puedan adherirse a este.

El entorno glaciar comprende los ambientes dinámicos dependientes del clima que incluyen procesos, condiciones y formaciones terrestres que, no siendo glaciares, posibilitan la mantención del equilibrio de uno o varios de ellos. Ello permite la captura de nieve, la formación o mantención de neviza y hielo, así como la generación de detritos.

A su vez, el entorno incluye el suelo, subsuelo, aguas superficiales y subterráneas. Igualmente, el espacio aéreo del ecosistema que rodea al glaciar y que posibilita la mantención de sus funciones y servicios ecosistémicos.

Actividades prohibidas en glaciares
No podrán realizarse en glaciares, zonas de glaciares y entorno glaciar, actividades que generen impacto significativo o daño ambiental. Se considera, para los efectos de esta ley, actividades que generan impacto significativo o daño irreversible a glaciares, las siguientes:

1. La que impliquen su remoción, traslado o destrucción.

2. El desarrollo de actividades sobre la superficie de los glaciares.

3. Actividades bajo los glaciares, que puedan alterar su condición natural, acelerar o interrumpir su desplazamiento, o acelerar su derretimiento.

4. La liberación, vaciamiento o depósito de basuras, productos químicos, material particulado, desperdicios o desechos de cualquier naturaleza o volumen.

5. La ejecución de cualquier otra acción que pueda afectar directa o indirectamente las funciones del glaciar.

Exclusiones y multas
Quedan excluidas de las prohibiciones mencionadas, las actividades de ecoturismo; montañismo de baja intensidad; investigación científica autorizada o que realice la Dirección General de Aguas (DGA). Además del rescate, instrucción y entrenamiento de personal autorizado, que se efectúen en el glaciar o su entorno.

Las acciones o actividades en contravención a las prohibiciones establecidas, serán sancionadas con multa de hasta diez mil unidades tributarias anuales.

Se suman multas de cuarto grado a los actos u obras que se realicen sin contar con el permiso de la autoridad competente. Esto, siempre que afecten la disponibilidad de las aguas. De igual modo, que de alguna manera perjudiquen o alteren las obras de la red de estaciones de monitoreo que debe establecer y mantener la DGA.

Las multas podrán incrementarse en 75% si los actos u obras realizados sin autorización, conlleven la reconstrucción o reinstalación de la red de monitoreo.

La DGA tendrá entre sus atribuciones y funciones, las de investigar, medir el recurso y monitorear, tanto su calidad como su cantidad. Todo en atención a la conservación y protección de las aguas y glaciares.

Autores y debate
Esta moción ingresó a trámite legislativo en enero de 2018. Además de Daniel Melo, la propuesta contó con la firma de su compañera de bancada, Daniella Cicardini. También, de los exlegisladores Cristina Girardi, Luis Lemus, Clemira Pacheco, Raúl Saldívar y Camila Vallejo. Asimismo, los actuales senadores Loreto Carvajal y Fidel Espinoza.
https://www.mch.cl/2022/09/diputados-respaldan-proyecto-que-impide-constituir-derechos-de-aguas-sobre-glaciares/

Ecuador

Ecuador: Indígenas piden proteger la selva ante minería

Medio centenar de indígenas protestan ante la Corte Constitucional para exigir al gobierno la protección de la selva en cumplimiento de sentencias judiciales frente al avance de empresas mineras y petrolíferas
AP Noticias
06/09/2022
En medio de gritos de justicia y acción y de cánticos y danzas en su idioma nativo, hombres y mujeres de la comunidad cofán Sinagoe y waorani —habitantes milenarios de la selva tropical de la Amazonía— reclamaron decisiones efectivas por parte de las autoridades para impedir la explotación de los recursos.

Wider Guaramag, presidente de la comunidad Sinangoe, dijo durante la medida que exigimos revertir las concesiones —52 mineras y un bloque petrolífero, según datos oficiales— y la reparación integral porque dicen que los alimentos los obtienen de la pesca en el río Aguarico.

“Siempre hemos pescado ahí, si esos alimentos, esos pescados están contaminados por lo que hizo la minería, entonces nosotros estamos directamente afectados”, señaló.

Tras largos juicios en diferentes cortes, finalmente la Corte Provincial de la provincia de Sucumbíos y la Corte de la provincia de Pastaza fallaron consecutivamente en años recientes a favor de los indígenas cofán y waorani y en contra de las actividades de extracción en miles de hectáreas de selva tropical.

Gaba Guiquita, de la etnia waorani, aseguró que tras una lucha de años siguen esperando resultados. “Hoy levantamos fuerte nuestra voz, porque queremos vivir sanamente en nuestros territorios, el Estado nos dañó porque no respeta nuestras decisiones y entró a nuestro territorio”.

Ecuador obtiene de la actividad petrolífera alrededor del 30% de los ingresos de la caja fiscal y la actividad minera ha ido en incremento en minas de otros sectores del país dejando exportaciones alrededor de los 3.000 millones de dólares al año, especialmente de minas de oro, cobre y otros minerales del sur del país andino, de acuerdo con las autoridades.
https://www.independentespanol.com/ap/ecuador-indigenas-piden-proteger-la-selva-ante-mineria-b2161258.html