www.conflictosmineros.org.pe
Alerta informativa 21/09/2022
Foto: Presidencia de Consejo de Ministros
Una agenda de trabajo que tiene como principales temas el plan de reparaciones, un fondo de emergencia social y la consulta previa. Esos fueron los acuerdos de la reunión realizada ayer, 20 de setiembre, en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) entre representantes del Estado y las 11 comunidades originarias de Espinar afectadas directamente por las actividades mineras del proyecto Antapaccay (de la empresa suiza Glencore).

En cuanto al plan de reparaciones, se acuerda que dicho documento será implementado en el marco de la Resolución Ministerial N°174-2020-PCM, que creó una Comisión Multisectorial encargada de evaluar los posibles desafíos en el ámbito de las comunidades originarias de Espinar. Para ello, la Presidencia del Consejo de Ministros se compromete a emitir una resolución que permita identificar, caracterizar, valorar y remediar, según sea el caso, los daños causados a las 11 comunidades afectadas. Este documento será socializado el 26 de setiembre de modo virtual.

En cuanto al fondo de emergencia social, se acuerda que la PCM elaborará un Plan de Actividades y Proyectos, el cuál será revisado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Gobierno Regional de Cusco y las comunidades. Este documento demorará en ser elaborado un máximo de 3 meses, contando a partir del 26 de setiembre.

Respecto a la consulta previa solicitada por las comunidades originarias para el proyecto minero denominado “Integración Coroccohuayco”, el Minem se compromete a retomar las acciones y gestiones para la implementación del proceso en el marco de la octava adenda suscrita. Para ello se plantearon tres ejes temáticos: educación, territorio y desarrollo sostenible.

Sobre este último punto, el Minem solicitó a las comunidades que presenten una propuesta detallada que será evaluada en el marco del eje temático de desarrollo sostenible.
www.conflictosmineros.org.pe

Ana Leyva 22/09/2022
Imagen: Peru.info
En una nota periodística aparecida en el Diario Gestión (20/09/2022) titulada: “Permisos ambientales demoran hasta 4 años y frenan nuevos proyectos”, representantes del gremio minero hacen algunas afirmaciones que son medias verdades y otras falsedades completas.

Afirman que, si bien las inversiones en exploración minera han crecido 39.4% de enero a julio, no alcanza la cifras pre-pandemia y que estaríamos en una tendencia declinante, por trabas que pondría el gobierno. En relación a las supuestas trabas, se dice que los permisos ambientales en el Perú demoran en ser otorgados año y medio y en algunos casos hasta cuatro y que en otros países no pasan de tres meses. Sostienen que las razones de la demora son la consulta previa del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el silencio administrativo negativo.

La afirmación sobre la tendencia de las inversiones en exploración merece algunas precisiones. En primer lugar, las cifras oficiales muestran que no es exacto que se esté lejos de los montos invertidos el año previo a la pandemia (US$ 356 millones en el 2019 contra US$ 329 millones en el 2021) y más bien se nota un claro proceso de recuperación (53% en el período 2020 vs 2021). Pero además, la pre pandemia no es solamente el 2019, también es el 2018 y los años previos y si vemos las estadísticas globales sobre inversión minera, se podrá comprobar que en el 2021 y en lo que va del 2022, se está invirtiendo más que en los años 2018 y 2017.

Además, el hecho de que la inversión en exploración, en el periodo enero-julio, haya crecido un 39.4% respecto al año anterior, nos estaría mostrando que la tendencia sigue ascendente, y que este año se podría estar alcanzando o superando las cifras pre pandemia. En el informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) se señala que el Perú sigue siendo uno de los principales destinos de inversión en exploración minera de América Latina.

Sobre las demoras en las evaluaciones de las solicitudes de permisos ambientales como es el EIA o la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y sus modificatorias, tampoco se dan datos. Tenemos entendido que los tiempos se han reducido significativamente. Tampoco reconocen que las demoras suelen producirse, entre otras cosas, porque las empresas presentan estudios de mala calidad, muchas veces con información incompleta, desactualizada o poco clara. Basta revisar un EIA y tomar nota de las observaciones para darse cuenta de ello.

Por otro lado, el planteamiento de dar por aprobados los permisos ambientales cuando la autoridad evaluadora no ha tomado una decisión dentro de los plazos establecidos (silencio administrativo positivo) nos parece un despropósito. La razón de no aplicar el silencio administrativo positivo en estos casos tiene como justificación la necesidad de proteger a la población y al ambiente del entorno minero, de los riesgos y daños que puede acarrear el proyecto. En la evaluación del EIA, la autoridad competente tiene que determinar esos riesgos o daños y evaluar si son adecuadas y suficientes las medidas de prevención, mitigación o compensación propuestas para así evitarlos, reducirlos o repararlos. Pretender que la autoridad no se pronuncie por la falta de cumplimiento de un plazo y se dé por aprobado el EIA tal como fue presentado nos parece un acto de irresponsabilidad.

Tal vez alguien diga que ello sí es posible para proyectos de exploración porque no acarrean daños; sin embargo creemos que esa afirmación es una presunción falsa. Si no hubiese la posibilidad de que un proyecto de exploración genere daños no se le pediría a su titular, en todas partes del mundo, que presente un EIA o un DIA. Además, basta visitar las comunidades de Huini Coroccohuayco y Pacopata (Espinar, Cusco) para darse cuenta de los impactos que pueden producir las actividades de exploración en la cantidad y calidad del agua y en sus formas de vida.

Asimismo, en este punto debemos recordar que la Ley 30230 estableció que las autoridades que participan en la evaluación del impacto ambiental y que incumplen los plazos establecidos para emitir su pronunciamiento incurren en falta grave y son pasibles de las más duras sanciones. Esto ha significado que, desde el 2014 para adelante, la calidad de la evaluación ambiental se debilite.

Finalmente, los representantes del citado gremio dicen que la consulta previa del EIA en la fase de exploración demora el proceso de otorgamiento de permisos. Esta afirmación es completamente falsa. En el Perú no se consulta el EIA ni sus modificaciones, solo se consulta la autorización de inicio de operaciones, un permiso que se ubica al final del proceso decisiones, y que solo verifica que se haya cumplido todos los requisitos necesarios para iniciar la exploración o explotación.

Cabe señalar, que la falta de consulta del EIA a pueblos indígenas en el Perú va a contracorriente de lo que sucede a nivel internacional e incluso en el mismo Chile, país que siempre tomamos como referente. En nuestro país, presionados por el gremio de empresarios mineros, hacemos caso omiso de lo que suele ser razonable. Vale recordar que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Cultura, desde hace ya varios años, han planteado la necesidad de consultar el EIA para evitar poner en riesgo las condiciones de existencia física y cultural de los pueblos indígenas. El Congreso de la República y el Poder Ejecutivo siguen haciendo caso omiso a esta recomendación.

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

Comunidades campesinas involucradas en conflicto minero muestran su descontento debido a que no se implementó la totalidad de acuerdos. Evaluarán la resolución y su respuesta al Gobierno.
Ángeles Santos 17/09/2022
Apurímac. La Secretaría de Gestión Social y Diálogo del Viceministerio de Gobernanza Territorial informó que no se ha logrado implementar la totalidad de acuerdos a raíz del conflicto minero, por lo que se aprobó la ampliación de vigencia del grupo de trabajo en Las Bambas. Ante tal situación, las comunidades campesinas anunciaron que evaluarán la resolución y un posible reinicio de protestas.

Las voces que señalan las protestas surgen luego de que el Poder Ejecutivo aprobara ampliar hasta el 31 de diciembre la vigencia del grupo de trabajo que acompaña y evalúa el cumplimiento de los compromisos entre el Ejecutivo, representantes de la empresa minera Las Bambas y de las comunidades campesinas involucradas en el conflicto minero de Cotabambas.

Los dirigentes de las comunidades campesinas de Fuerabamba, Chuicuni y Huancuire, en comunicación con La República, mostraron su descontento por esta ampliación, señalando que es mucho tiempo el plazo establecido y que evaluarán la resolución que aprueba dicha ampliación para darle respuesta al Gobierno central y la empresa minera.

Además, aseguraron que la resolución no les impide exigir los compromisos acordados y reiniciar con protestas.

David Huillca, representante de la comunidad de Chuicuni, indicó que la postergación de espacios de diálogo por parte de algunas comunidades y la empresa minera no permitió cumplir con los acuerdos suscritos el pasado 9 de junio.

En aquella oportunidad, a través de un acta, las comunidades se comprometieron a paralizar con sus medidas de protesta; y la empresa, a no reiniciar sus actividades en el tajo Chalcobamba. Adicionalmente, se crearían subgrupos de trabajo por comunidad.

En el caso de la comunidad de Chuicuni, se tiene un avance del 70%; por ello, para el dirigente, la ampliación es innecesaria. Sin embargo, en otras comunidades, los avances no superan ni del 10% en la instauración de diálogo y acuerdos.

La situación en la comunidad de Fuerabamba, según su dirigente, Edison Vargas, no ha tenido desarrollo y —sostuvo— se encuentran en un 0% avance, mas no descartó evaluar protestas por el descontento de la ampliación de fechas.

Según la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, no se ha logrado implementar la totalidad de los acuerdos suscritos, a pesar de que el grupo de trabajo ha establecido un cronograma para el cumplimiento de los compromisos asumidos con las comunidades campesinas de Fuerabamba, Chila, Choaquere, Chuicuni, Pumamarca y Huancuire de la provincia de Cotabambas y la instalación de seis subgrupos de trabajo en cada comunidad.
https://larepublica.pe/sociedad/2022/09/17/las-bambas-comunidades-evaluan-retomar-protestas-ante-ampliacion-de-vigencia-de-grupo-de-trabajo-apurimac-lrsd/

Un caso nuevo es la protesta observada en la zona de La Pampa (Madre de Dios), reportó la Defensoría del Pueblo
Fernando Durand 13/09/2022
La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales n.° 222, correspondiente al mes de agosto del presente año. El documento da cuenta de la identificación de un total de 209 conflictos sociales registrados (149 activos y 60 latentes) a nivel nacional.

Casos nuevos

Respecto al mes anterior, se incorporaron tres nuevos conflictos sociales. Un conflicto de tipo socioambiental se desarrolla en Madre de Dios. En este caso mineros ilegales y población de la zona La Pampa se oponen a los operativos de interdicción contra la minería ilegal en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata y en la zona de La Pampa, por presuntos abusos policiales.

Un caso por asuntos de gobierno local se registra en el departamento de Cajamarca, donde ciudadanas/os de la comunidad de Alto Perú demandan a la Municipalidad Distrital de Chontalí culminar la ejecución del mejoramiento del camino vecinal en el tramo Tabacal – Alto Perú.

Un tercero se registra en Puno, donde autoridades, criadores alpaqueros, Frente de Defensa de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Suches, comités de usuarios de agua y pobladores del distrito de Cojata exigen al Estado la declaratoria de emergencia de la cuenca Suches, la reactivación de la Comisión Técnica Binacional Perú-Bolivia de la cuenca Suches, la cancelación de las concesiones mineras ubicadas en la cabecera de cuenca Suches y ejecución proyectos de inversión pública para la remediación ambiental del río Suches.

Violencia

Producto del enfrentamiento entre la Policía Nacional y mineros ilegales de la zona La Pampa en Madre de Dios, trece personas resultaron heridas y una falleció, quien fue identificada como Luis Daniel Pérez Dolores.

Protestas

Según el documento defensorial, durante el mes de agosto se registraron 337 acciones colectivas de protesta, 63 más que el mes anterior. Del total, el 60.2 % (203) fueron plantones y el 41.2 % (139) fueron protagonizados por gremios de trabajadoras y trabajadores no sindicalizados.

Casos resueltos

Se registran dos casos resueltos este mes. Uno involucra a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta en Ayacucho, quienes presentaron un pliego de demandas a sus autoridades, las mismas que fueron atendidas. Otro es el que fue protagonizado por la Central Asháninka del Río Tambo, la cual presentó una serie de reclamos al Gobierno Regional de Junín, verificándose que las demandas relacionadas a las temáticas de educación y de salud han sido atendidas.

Casos por tipo y lugar

Con relación a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (28 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (18) y Apurímac (17). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (63.6 %). Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007. Respecto de los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos, con relación a los socioambientales, es de 66.9 %.

Diálogo

Del total de casos activos, el 67.8 % (101 casos) de los conflictos es atendido a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 78 de ellos. Del total de conflictos en diálogo, el 79.2 % (80 casos) corresponde a casos socioambientales.

Alertas tempranas

En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envía al Estado, las empresas y la sociedad 20 alertas tempranas (ver página 13 del reporte), para que se actúen en el marco de sus competencias y responsabilidades. Del total de alertas, tres corresponden a casos nuevos, 8 son conflictos activos y 9 son casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales.

Para más información del Reporte Mensual de Conflictos Sociales haga click aquí: https://www.defensoria.gob.pe/areas_tematicas/paz-social-y-prevencion-de-conflictos/

Alerta informativa www.conflictosmineros.org.pe
14/09/2022
En la madrugada de hoy se reiniciaron las protestas en la provincia cusqueña de Espinar, con un bloqueo del corredor minero a la altura del kilómetro 14 entre las comunidades de Huisa y Hanccolla.

Según un comunicado de los dirigentes de las diferentes comunidades, señalan que desde hace varios años vienen luchando por la defensa de sus derechos históricamente vulnerados por el Estado y las empresas mineras que han tenido a cargo las operaciones que se desarrollan en sus territorios.

En el comunicado comentan que han alcanzado una serie de acuerdos con los sucesivos gobiernos de turno, pero muchos de los cuales no se implementan por la falta de voluntad política de parte de las autoridades.

“Esa misma falta de voluntad para atender la problemática de las comunidades se vería reflejada en la forma como se pretende culminar el proceso de Consulta Previa respecto al proyecto minero Antapaccay Expansión Tintaya Integración Coroccohuayco”, señalan.

Los dirigentes indican que este proceso habría sido abandonado por el Estado, llevándolo a convertirse en un mero acto administrativo sin que se garanticen los derechos de las comunidades, sin respetar el marco normativo peruano y lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

“Frente a esta situación exigimos que se respete el derecho a la consulta previa, pues esta no puede ser reducida a un acto administrativo en el que un grupo de funcionarios, sin poder de decisión, asuman compromisos a nombre de otros ministerios o sectores del Estado.”

Demandan que la consulta previa debe desarrollarse de acuerdo a lo establecido en la Ley de Consulta Previa, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.

“Que se apruebe el plan de reparaciones por los daños causados en nuestros territorios. A pesar de que en reiteradas oportunidades se ha demostrado los daños que se han causado en nuestro territorio a lo largo de las más de cinco décadas de operaciones mineras en tierras comunales y los compromisos asumidos por el Estado para la atención de los mismos, a la fecha no se cumplido con la aprobación de ningún plan o programa que vaya en ese sentido.”

Asimismo, denuncian que las comunidades siguen sufriendo las consecuencias de los daños que sigue causando en el medio ambiente y la salud por parte de las operaciones mineras.

“Que se garantice el desarrollo sostenible de las comunidades, pues el anunciado desarrollo para nuestros pueblos sigue siendo una promesa. Muestra de ello es la falta de acceso a servicios básicos, salud y educación en muchos sectores”, señalan en el comunicado.

Por eso, exigen que se garantice la redistribución efectiva de los recursos provenientes de la renta minera y la participación efectiva de las comunidades en los beneficios de las actividades mineras que se desarrollan en sus territorios.

Añadieron que “por todas estas razones demandamos la inmediata presencia de la ministra de Energía y Minas, y de los titulares de los sectores competentes en la atención a la problemática que nos afecta, en los territorios comunales para que asuman el compromiso de garantizar nuestros derechos y atender nuestros justos reclamos.”

Finalizaron señalando que, si no se garantizan y respetan los derechos de las comunidades, ninguna operación minera será viable.

Por otra parte, cabe señalar que ayer se reunió el Comité de gestión del convenio marco de la provincia de Espinar, en una Sesión extraordinaria desarrollada en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Espinar. El acuerdo fue que los beneficiarios al bono solidario de 2000 soles serían los electores de la provincia, los estudiantes de educación superior y universitario, adultos mayores y discapacitados.

12/09/2022
Mina Yauricocha en la provincia de Yauyos, Lima -Perú/ Crédito: Sierra Metals
Sierra Metals informó que aproximadamente a las 4:00 p. m. hora de Lima, del domingo 11 de septiembre de 2022, hubo un incidente de deslizamiento de lodo en su mina subterránea Yauricocha, en Perú.

Tres empleados de una compañía contratista que realizaba trabajos en la mina, ubicada en la provincia de Yauyos (Lima), fallecieron en la tarde del domingo y uno resultó herido. No se identificó a la empresa contratista ni las labores que realizaban los trabajadores cuando ocurrió el deslizamiento de lodo.

La minera canadiense comunicó sobre el fatal accidente a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Sierra Metals manifestó que la seguridad y el bienestar de todos los empleados y contratistas es un compromiso y enfoque principal de la compañía, y se están desplegando todos los esfuerzos para garantizarlos.

“Como resultado, las operaciones mineras se han suspendido temporalmente y se reanudarán una vez que las condiciones se consideren seguras y apropiadas”, agregó.

Las autoridades locales han sido notificadas y están realizando una investigación sobre el incidente.

Perú es el segundo productor mundial de cobre y la minería es una industria importante para el país.
https://www.mineria-pa.com/noticias/sierra-metals-informa-sobre-deslizamiento-en-mina-peruana-yauricocha/