José De Echave 04/10/2022
Imagen: El Peruano
Hace unos días, en una entrevista[1], el ex viceministro de Economía, Enzo Defilippi[2], señaló que al inicio de este gobierno el exministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, “amenazaba por cuestiones absolutamente ideológicas subir los impuestos”.

De esta manera se refería a la propuesta de reforma tributaria que el entonces ministro Francke presentó al país, solicitando delegación de facultades al Congreso de la República. ¿Se puede sostener seriamente un argumento de este tipo, sobre todo en un país como el Perú, que presenta desde hace tiempo serios problemas en materia de recaudación y es uno de los pocos países de la región que no ha implementado una reforma tributaria de carácter estructural? Intentaremos responder a esta interrogante, al mismo tiempo que nos referiremos a los anuncios que se han hecho recientemente en materia de política tributaria.

La trayectoria preocupante de la recaudación

La evolución de la presión tributaria de nuestro país, comparada con los otros países de la región, ya estaba por lo menos desde hace 20 años por debajo del promedio, y lo más grave es que en la última década y media la diferencia se ha acrecentado como consecuencia de pésimas decisiones que se tomaron en materia tributaria. Por ejemplo, a finales del gobierno de Humala –precisamente cuando el señor Defilippi era viceministro de Economía– y a inicios del gobierno de Kuczynski.

Si en el 2000 nuestra presión tributaria estaba tres puntos por debajo del promedio latinoamericano, hoy estamos a siete puntos. Por lo tanto, mejorar la recaudación debería ser un acuerdo básico de todos los estamentos de la sociedad peruana, al margen de cualquier posición ideológica: un país con una presión tributaria por debajo del 17% o 16% del PBI tiene un Estado colapsado, y esa es nuestra realidad.

Pero además, el Perú no puede darle la espalda a las tendencias globales en materia de fiscalidad. Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial y la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han señalado en los últimos años con insistencia que los países deben aplicar impuestos más altos para los grupos de mayores ingresos y las empresas más rentables. Las páginas de economía de diferentes medios, en el país y en el extranjero, dan cuenta de ello y cómo diferentes países implementan medidas que confirman esta tendencia.

Es importante precisar que la reforma tributaria propuesta por el exministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, no planteaba solamente la subida de algunos impuestos; en realidad se plantearon tres ejes de acción: avanzar en la formalización, luchar contra el incumplimiento tributario, aumentar la progresividad y disminuir inequidades.

Es cierto que un componente clave de la reforma tributaria se centraba en el sector minero. Cabe recordar que para ello se pidió asesoría al Departamento de Finanzas Públicas (FAD, por sus siglas en inglés) del FMI. La misión del FMI planteó elementos de diagnóstico sobre el régimen tributario vinculado a la minería, haciendo un análisis comparado con un grupo de países en los que esta actividad ocupa un rol central en sus matrices productivas.

Lo interesante es que el FMI señaló que existía espacio para aumentar la presión fiscal del sector minero sin que el país pierda competitividad internacional –lo que fue una pregunta expresa del MEF– y recomendó que solo se considere cambiar las tasas de los impuestos, de manera moderada, cuya base es la utilidad operativa (regalía e impuesto especial a la minería). También señalaron que existía espacio para un aumento del piso de la regalía hasta en un punto porcentual sin afectar mayormente la estructura progresiva del régimen actual, lo mismo que las tasas marginales del impuesto especial a la minería, incrementando así la progresividad del sistema.

Como se recordará, la propuesta de reforma tributaria enfrentó una feroz y millonaria campaña de parte del sector empresarial, en especial de las empresas mineras, a través de los principales medios de comunicación del país. Se dijo que la reforma buscaba “subir agresivamente los impuestos a la minería” y se anunciaba que “las inversiones se irían del país y se iban a perder 2 millones y medio de puestos de trabajo”.

Finalmente, el pedido de delegación de facultades fue denegado en lo sustantivo por el Congreso de la República. Lo cierto es que pese a que varios países siguen impulsando en la actualidad reformas tributarias que apuntan a aumentar los niveles de recaudación, en el Perú esta posibilidad ha sido dejada de lado.

¿Se ha enterrado cualquier posibilidad de reforma tributaria?

La semana pasada, en plena Convención Minera (Perumin) en la ciudad de Arequipa, el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, le ha dado un mensaje claro al empresariado minero: “la normatividad tributaria se va a mantener tal cual”. No es la primera vez que lo dice. A inicios de septiembre ya lo había afirmado: “De ninguna manera [van a subir los impuestos]. No tiene sentido incrementar tasas impositivas si quiero que haya mayor actividad económica” (en El Comercio del 08/09/2022). También dijo que “Subir las tasas impositivas, eso sería dispararse al pie” (en Rumbo Minero, 25/08/2022).

Además, ha señalado cómo será el manejo del tema tributario durante su gestión: “la lógica es que se va a crecer y la recaudación tributaria se va a incrementar, [pero] no porque voy a mover las tasas, sino porque estamos hablando de más actividad económica y la tasa imponible es más grande” (El Comercio del 08/09/2022).

Pensar que la recaudación solo va a aumentar vía el crecimiento de la economía es lo que nos ha llevado a ser uno de los países con más baja presión tributaria en América Latina. Incluso, en función de la expectativa de reactivar la economía, entre el 2015 y 2016 el exministro Alonso Segura y su viceministro Defilippi bajaron la tasa del impuesto a la renta, con consecuencias desastrosas: la recaudación se cayó y la reactivación esperada nunca llegó.

Lo cierto es que, pese a que varios países siguen impulsando en la actualidad reformas tributarias que apuntan a aumentar los niveles de recaudación, en el Perú esta posibilidad ha sido dejada de lado por el ministro Burneo. Se repite la misma historia de las últimas décadas, lo que significa que el Perú seguirá estando rezagado en materia de presión tributaria en América Latina y sin recursos suficientes para financiar el gasto en materia de salud, educación, presupuesto social, saneamiento básico, entre varias otras variables. Parece que no terminamos de aprender de la realidad y le seguimos dando la espalda a las tendencias globales en materia tributaria.

[1] En RPP, programa “Todo se Sabe”, edición del 30 de septiembre de 2022-
[2] En el período 2015-2016.

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Eva Cruz – 30/09/2022
Carolina Trivelli
Trivelli apunta que es necesario conocer las condiciones desde las que se parte para plantear el desarrollo territorial.
“La mina no es la que crea el territorio, no es la que decide a dónde va, pero es un actor vital para incorporar un diálogo entre el sector privado, sector público y comunidad territorial”, remarca.

La investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos- IEP, Carolina Trivelli, participó en una mesa redonda del Foro TIS donde se discutió la necesidad de reconocer las condiciones desde las que se plantea la importancia del desarrollo territorial como un eje estratégico para generar oportunidades.

“El objetivo central es reconocer que en los territorios donde están las operaciones mineras hay problemas, carencias, desafíos y conflictos, pero, también hay dinámicas donde participan muchos actores que debemos incorporar en un debate dirigido hacia donde queremos que vaya el territorio”, indica Trivelli

Apunta que es necesario conocer las condiciones desde las que se parte para plantear el desarrollo territorial y reconocer que no son la mismas en todos los espacios y que si no se entiende bien desde donde se comienza, difícilmente una metodología o una manera de acercarse al desarrollo funcionará.

“El enfoque de desarrollo territorial tiene 20 años y tenemos algunas reflexiones criticas de las cosas que hay que hacer. Esta no es una discusión peruana, es una discusión global”, afirma la investigadora.

Expone que cuando se logra “sentar” a los actores, se puede construir una visión compartida y luego usarla para tomar acciones, el territorio genera una plataforma para gestionar mejor la operación del sector privado, hacer más eficiente la participación del estado y generar mejores condiciones de vida y bienestar para la población.

“La mina no es la que crea el territorio, no es la que decide a dónde va, pero es un actor vital para incorporar un diálogo entre el sector privado, sector público y comunidad territorial para fijar hacia dónde queremos ir y como movernos hacia allá con los recursos que ese territorio tiene”, remarca la panelista.

Hay experiencias interesantes en el Perú que hay que entender mejor, visibilizarlas más para que se pueda avanzar más en generar desarrollo territorial en todo el país, no solo en los territorios mineros.

Por ello, se pone en debate cómo tomar ventaja de las oportunidades y como asegurar que esas oportunidades se realicen para que los ciudadanos del país se vean beneficiados y así el sector minero siga creciendo, para que el Estado asegure el desarrollo de los ciudadanos.
https://www.rumbominero.com/peru/noticias/mineria/carolina-trivelli-desarrollo-territorial/

EDITORIAL AMP- SETIEMBRE 2022
30/09/2022
La agenda de derechos ha estado totalmente ausente en esta campaña y el descrédito de la política, como hemos señalado, está acompañado de la apatía y la indiferencia de los electores. En estas condiciones, la posibilidad de construir procesos de gobernanza, por ejemplo, en los territorios con presencia minera, se complica aún más. Todo esto se traducirá en mayores tensiones y situaciones de conflictividad social, como consecuencia de la presión de la extracción minera y la degradación ambiental en todas sus escalas, más aún en un contexto de cambio climático y escasez de agua.

EDITORIAL OCM, Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú
Si algo caracteriza esta elección para gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales es el desinterés ciudadano y la apatía generalizada que se vive, faltando pocos días para la votación. Al parecer, similar situación se vive en Lima y en la casi totalidad de regiones. Habría que preguntarse cuántas personas irían a votar si no fuese obligatorio hacerlo.

Son varios los factores que explican este desinterés generalizado. El total descrédito de la política, producto de años de crisis, cuyo indicador más reciente es el de cinco presidentes en apenas seis años y un Congreso que siempre demuestra que puede ser peor. Pero además está la corrupción extendida a nivel nacional y subnacional. Como señala Antonio Zapata (La República del 23/09/2022), “La mayor parte de los candidatos se mueve por oscuros intereses, bastante visibles en forma apenas velada”.

Foto: Editorial OCM
Por ejemplo, en varias regiones del país, actividades ilícitas -como la minería ilegal- están teniendo una participación directa en este proceso electoral, disputando gobiernos regionales y municipalidades con candidatos propios. Esta vinculación es cada vez más visible en territorios como Madre de Dios, Apurímac, Puno, La Libertad, Arequipa, entre otros.

Lo mismo viene ocurriendo en las esferas del Congreso, el Ejecutivo y hasta en las relaciones que vienen estableciendo posibles futuros candidatos: es el caso de Antauro Humala que, en su reciente gira por el sur del país, se reunido con varios personajes vinculados a la minería ilegal.

En cuanto a Lima, podemos señalar el total desinterés por temas que impactan de manera directa en la calidad de vida de los ciudadanos. Es el caso, por ejemplo, del tema ambiental: hace una semana y media, un colectivo de organizaciones ambientalistas invitó a los candidatos a un debate al respecto y, pese a que la mayoría había confirmado su participación, al final desistieron. Por otro lado, en el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, a un candidato se le preguntó sobre las áreas verdes y cómo hacer de Lima una ciudad ecoamigable, pero su respuesta se fue por las ramas y terminó hablando sobre seguridad ciudadana.

Por otro lado, cuando algún candidato habla del tema del agua y la necesidad de cubrir la brecha de desabastecimiento[1], en ningún caso se hace referencia a la protección y el manejo de las cuencas. En Lima, por ejemplo, la zona que abastece de agua a toda la población está siendo fuertemente presionada por pasivos ambientales y la implantación de proyectos mineros, como el de Ariana, que se ubica en medio del Sistema de Marcapomacocha. Sobre estos temas no han dicho absolutamente nada los candidatos.

La agenda de derechos ha estado totalmente ausente en esta campaña y el descrédito de la política, como hemos señalado, está acompañado de la apatía y la indiferencia de los electores. En estas condiciones, la posibilidad de construir procesos de gobernanza, por ejemplo, en los territorios con presencia minera, se complica aún más. Todo esto se traducirá en mayores tensiones y situaciones de conflictividad social, como consecuencia de la presión de la extracción minera y la degradación ambiental en todas sus escalas, más aún en un contexto de cambio climático y escasez de agua.

[1] A nivel nacional, entre 7 y 8 millones de personas no cuentan con conexión de agua potable domiciliaria y se calcula que 1 millón y medio en Lima y Callao.

28/09/2022
Ana Leyva y Ximena Puelles
Imagen: PUCP
El 13 de agosto se publicó la resolución ministerial No 298-2022-MINEM/DM, que autorizaba la publicación de un proyecto de decreto supremo que flexibiliza normas sobre el proceso de formalización minera. La resolución ministerial otorgó 10 días calendario de plazo para opiniones y sugerencias y el 5 de setiembre el decreto supremo fue publicado con el No 10-2022-MINEM.

Esta rapidez en la aprobación y publicación de la norma por el poder ejecutivo tuvo como contexto la visita de cientos de mineros informales y representantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Arsenal al Presidente de la República, Pedro Castillo, el 16 de agosto. En esa reunión, Pedro Castillo ofreció corregir los decretos que son lesivos a los intereses de los mineros informales.

El Decreto Supremo N.º 010-2022-EM modifica los decretos supremos 018-2017-EM, 001-2020-EM y 009-2021-EM, y deroga el decreto supremo 008-2022-EM, así como el artículo 13.16 del decreto supremo 018-2017-EM. Iremos presentando los cambios, de acuerdo con el orden cronológico de las normas modificadas.

Modificaciones al Decreto Supremo 018-2017-EM que establece disposiciones complementarias para la simplificación de requisitos y la obtención de incentivos económicos en el marco del Proceso de Formalización Minera Integral.

Entre otras cosas, la modificatoria elimina un dispositivo (art. 7, literal e)[1], que obligaba al minero inscrito a desarrollar su actividad en forma pacífica, sin vulnerar el derecho a la vida, integridad, seguridad, o salud de las personas y sin provocar daños a las instalaciones públicas o privadas. Además, elimina como causales de exclusión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades ambientales o de seguridad ocupacional y de un actuar pacífico regulado en el artículo 13.17[2]. Asimismo, esta modificatoria le permite al minero que ha consignado información falsa en el REINFO o ha incurrido en causales de exclusión, prorrogar el tiempo establecido para realizar sus descargos.

2) Cambios sobre el Decreto Supremo 001-2020-EM, mediante el que se establecen disposiciones reglamentarias para el acceso y permanencia en el REINFO.

La modificatoria del artículo 3 del D.S. 001-2020-EM señala que el minero solicitante no tendrá acceso a áreas que ya han sido otorgadas a otro mientras que hayan sido reconocidas por resolución administrativa. También añade que no tendrá acceso a las áreas con superposición de otro minero, con áreas efectivas o de influencia directa de otro minero. Por lo que, se infiere que en los casos en los que el área sea de influencia indirecta, sí podrá desarrollar minería, salvo que sea parte de un Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) o Instrumentos de Gestión Ambiental para la Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM) aprobados. De realizarse actividades en ellas, si la autoridad competente verifica en campo que la acción del informal inscrito no afecte el desarrollo de la actividad minera declarada en el instrumento, podrá mantener su acceso a estas zonas.

Consideramos que esta norma es muy peligrosa, porque flexibiliza el marco regulatorio y puede generar enfrentamientos entre los mineros artesanales que cumplieron con el proceso de formalización y los que están en proceso de hacerlo. A lo que se suma, los conflictos que pueden darse con quienes viven en el entorno.

Lo modificatoria del artículo 5 limita la potestad de revocación de oficio que tiene la Dirección General de Formalización Minera sobre las inscripciones en el REINFO. La reduce a aquellos casos de mineros inscritos que trabajan en zonas donde existe superposiciones con áreas naturales protegidas. Ya no se puede revocar de oficio la inscripción cuando el minero tiene sentencia condenatoria firme por delito de minería ilegal, o incumple normas ambientales o de seguridad y salud ocupacional y otras situaciones establecidas en el artículo 2 del DS 001-20220-EM.

La modificación del artículo 7 reduce los requisitos y condiciones de permanencia en el REINFO y en consecuencia, permite que puedan permanecer inscritos los mineros que tienen sentencia condenatoria firme por delito de minería ilegal o que incumplen normas ambientales o de seguridad y salud ocupacional u otras prohibiciones establecidas en el citado artículo 2. También puede permanecer inscrito en el REINFO quien solo tiene IGAFOM presentado (ya no en trámite). En este artículo, además, se amplía, el plazo para la declaración de la producción minera semestral de 10 a 30 días.

En la modificatoria del artículo 8.1 se elimina una causal de exclusión del REINFO. Así, los mineros que obstaculizan las acciones de verificación o fiscalización en campo solo serán sancionados con su suspensión en el REINFO (ya no exclusión), la cual se mantendrá hasta que éstos permitan que las acciones de verificación o fiscalización se realicen. Solo perderán la inscripción si su conducta es reincidente.

Finalmente, se modifica el artículo 7 referido requisitos y condiciones de permanencia en el REINFO, en su inciso e, para permitir al minero trabajar en áreas con pasivos ambientales identificados. Además, se precisa que la sanción por no cumplir los requisitos y condiciones de permanencia en el REINFO es la suspensión de la inscripción y no su exclusión de ella.

3) Cambios en el Decreto Supremo 009-2021-EM a través del que se establecen disposiciones complementarias para la permanencia del REINFO.

Esta modificatoria señala que la suspensión de la inscripción en el REINFO para quienes incumplen obligaciones y responsabilidades ambientales o de seguridad y salud ocupacional solo será levantada si se cumple con las medidas dictadas en el marco del procedimiento administrativo sancionador.

A todo ello, debemos sumar la Ley 31007, dada por el Congreso de la República el año 2019, que prolonga el proceso de formalización hasta el año 2024.

Como podemos apreciar, estos cambios, en su gran mayoría, favorecen a una minería informal que se expande sin control y sin asumir sus responsabilidades, generando enormes daños. Frente a ello, nos preguntamos en qué quedó la propuesta de política de minería artesanal que fue puesta en consulta en julio del presente año por este gobierno. Lo que apreciamos es que, con el transcurrir del tiempo, los mineros ilegales e informales han ido ganando mayor influencia en el poder político y por ello no existe una voluntad real de abordar con seriedad y efectividad esta problemática.

[1] Incluido en el Decreto Supremo 018-2017-EM que establece disposiciones complementarias para la simplificación de requisitos y la obtención de incentivos económicos en el marco del Proceso de Formalización Minera Integral, por medio de DS 008-2022-EM en julio de 2022.

[2] Añadido también por medio de DS 008-2022-EM en julio de 2022.

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