Chile, Internacional

Lanzan Fundación Instituto Chileno de Astrominería

La iniciativa forma parte del trabajo colaborativo entre la Cámara Minera de Chile y la Asociación Chilena del Espacio, Achide.
12/10/2022
Minería Chilena
Esta semana se lanzó la Fundación Instituto Chileno de Astrominería (Astromin), instancia que contó con la presencia de autoridades del sector minero, energético, de las ciencias y representantes de diversas instituciones relacionadas.

El lanzamiento de esta institución se enmarca en la creciente escasez de elementos inorgánicos esenciales, tales como elementos de tierras raras para los aparatos electrónicos y sistemas de energía renovable, el platino y otros metales relacionados e incluso helio para equipos médicos, lo que sugiere que es posible que necesitemos más recursos no renovables de los que la Tierra puede proporcionar.

Astromin tiene objetivos como promover, proteger, difundir y ejecutar actividades vinculadas a la creación de conocimiento y a la formación de capital humano para el desarrollo de la astrominería; velando por la existencia y la correcta aplicación y perfeccionamiento de políticas públicas y privadas, así como una legislación apropiada a esta actividad industrial, incentivando el estudio y el uso de la ciencia y el conocimiento espacial en beneficio de un desarrollo sostenible del país y de la actividad humana en sus procesos de expansión a otros cuerpos celestes

Al respecto, el presidente de la Fundación Astromin, Manuel Viera, destacó que “esperamos que la institución sea el principal referente nacional e internacional en materia de investigación científica y tecnológica, promoción y protección de las actividades de exploración, explotación y gestión de recursos mineros y otras sustancias en la Luna, Marte, asteroides y otros cuerpos celestes, siendo reconocida por entes públicos y privados en la representación de los intereses de la comunidad astrominera nacional, y aportando en forma efectiva al desarrollo y necesidades de la humanidad en el espacio”.

En tanto, la vicepresidenta de la institución, Loreto Moraga, indicó que “lo que pretendemos, entre otras cosas, es potenciar la creación de capacidades científicas, tecnológicas e industriales, así como de capital humano para el desarrollo de la astrominería, con base en una estructura de soporte legal, económico y administrativo que permita generar una red de valor para incentivar el desarrollo de la industria minera espacial”.

En la instancia, se presentaron los siguientes sistemas de explotación en asteroides:

A cielo abierto mediante raspado
Mediante labores subterráneas y piques
Mediante recuperación poderosos electro imán
Temperatura para fundir materiales volátiles
Centros de procesos con impresores 3D o mayor
Túneles

Los expertos agregaron que la astrominería es de suma importancia, ya que el desarrollo de las energías renovables, la mitigación de los efectos del cambio climático, la fabricación de celulares, computadores, y equipos de medicina, entre muchos elementos tecnológicos que se usan en la vida cotidiana y los que se puedan desarrollar a futuro, se requiere de elementos cuya demanda mundial aumentaría en más de cuatro veces al año 2050.

Estos elementos en nuestro planeta serán muy escasos y en muchos casos, su extracción podrían ser muy contaminante, ante lo cual la astrominería permitirá obtener estos elementos desde el espacio extraplanetario.
https://www.mch.cl/2022/10/12/lanzan-fundacion-instituto-chileno-de-astromineria/

Perú

Perú quiere formalizar a los mineros artesanales de oro, dice el ministro

mineriaenlinea 12/10/2022
Perú planea formalizar a los pequeños mineros de oro, dijo el martes la ministra de Minas, Alessandra Herrera, en medio de la creciente presión internacional para arrojar luz sobre la cadena de suministro del metal precioso en el principal productor de Sudamérica.

Alrededor del 22% de la producción de oro de Perú proviene de la minería a pequeña escala, dijo Herrera en un evento organizado en Lima por la asociación sin fines de lucro Swiss Better Gold.

Suiza es el primer refinador de oro del mundo y uno de los principales destinos del oro peruano.

“Tenemos un claro compromiso de apoyar el proceso de formalización (de los pequeños mineros de oro)”, dijo Herrera en el evento.

La pequeña minería de oro en Perú suele operar de forma ilegal o con poca supervisión, especialmente en la región de la selva amazónica.

“Está claro que los problemas para determinar la procedencia legal de la pequeña minería son un riesgo para la reputación de la actividad minera”, dijo Herrera. Pero añadió que los pequeños mineros del oro deben ser vistos “no como el enemigo, sino como aliados”.

Perú quiere formalizar a los mineros artesanales de oro, dice el ministro

Internacional

Yuca amarga reemplazaría al mercurio en procesos de recuperación de oro

Eva Cruz – 13/10/2022
Pepas de oro
La yuca dulce que comemos posee 20 miligramos de cianuro por kilo, mientras que la yuca amaga contiene hasta 1000 miligramos de cianuro por kilo, es decir, 50 veces su valor, lo que la hace propicia para recuperar hasta el 82% del oro en concentrados.

Con el objetivo de desplazar al mercurio como insumo para la extracción de oro en la minería artesanal, expertos de la Universidad de Columbia Británica, en Canadá, actualmente están evaluando aplicar la yuca amarga, por sus altos contenidos de cianuro, en el tratamiento y recuperación del mineral, cuyos resultados son promisorios a la fecha.

Durante su presentación en el Encuentro Internacional de PERUMIN 35 Convención Minera, Marcello Veiga, profesor emérito de UBC, compartió la experiencia de emplear los componentes de la yuca amarga en la industria minera del oro, como una alternativa que ha tenido participación en proyectos de extracción metalúrgica de 40 países desde 1980.

Según el especialista, la yuca dulce que comemos posee 20 miligramos de cianuro por kilo, mientras que la yuca amaga contiene hasta 1000 miligramos de cianuro por kilo, es decir, 50 veces su valor, lo que la hace propicia para recuperar hasta el 82% del oro en concentrados, conforme a los resultados preliminares obtenidos en el laboratorio de UBC.
Minería artesanal del oro

En referencia a los desafíos de la minería artesanal del oro y el problema del mercurio, el catedrático explicó que alrededor del 90% de los mineros artesanales en el mundo son micro-mineros, y que del total solo el 1% logra formalizarse a través de las propuestas y normas vigentes, por lo que propuso una alianza entre la pequeña y gran minería.

“¿Por qué es tan difícil para la minería artesanal adoptar nuevas técnicas? Porque no se tienen los conocimientos necesarios de química para adoptarlas y porque es caro hacer plantas buenas y limpias. Entonces, la solución es la coexistencia: los mineros hacen la minería y las compañías procesan el mineral”, señaló el especialista en el cónclave.

Los informales emplean mercurio porque resulta barato y fácil, pese a su impacto en la salud y el ambiente. Por ello, Marcello Veiga sostuvo que el trabajo conjunto entre la minería artesanal y las compañías convencionales está funcionando para desterrar el mercurio de la actividad y ante el lento avance del proceso de formalización minera.

“Queremos transformar a todos los mineros artesanales en pequeños mineros responsables y formales capaces de rentabilizar el negocio, cumpliendo las leyes de protección ambiental y tributando justamente”, enfatizó, advirtiendo que muchos mineros artesanales seguirán utilizando el mercurio si no encuentran otra vía económica para la extracción del oro.

Basándose en casos de coexistencia entre productores artesanales y empresas mineras, el docente de la Universidad de Columbia Británica ejemplificó el caso de Poderosa, pionera en la implementación de programas de capacitación y formalización minera en el distrito de Pataz, para fomentar empleo de calidad y recuperación responsable del mineral dorado.
https://www.rumbominero.com/peru/yuca-amarga-mercurio-recuperacion-de-oro/

Perú

CASO COTABAMBAS: SE INICIA JUICIO CONTRA DIRIGENTES


Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

Foto: Miguel Gutierrez/ CooperAcción
13/10/2022
Luego de las protestas realizadas en el año 2015 en la provincia de Cotabambas, 17 dirigentes fueron acusados de supuesta autoría mediata por varios delitos. Después de 7 años de realizada la denuncia y una espera angustiante, recién el 19 de setiembre de este año, se ha dado inicio a este proceso.

El caso se encuentra actualmente etapa de juicio oral, que está siendo conducido por el Sr. Juez, Andrés Abelino Flores Aguilar, del Juzgado Penal Unipersonal de Tambobamba. La acusación contra los dirigentes consta de cinco delitos: Disturbios, daños agravados, entorpecimiento a las vías de comunicación, asociación ilícita para delinquir y usurpación agravada. Sin embargo, estas acusaciones están basadas principalmente en su participación en las protestas como dirigentes.

Como se recuerda, en el 2015 las comunidades la provincia de Cotabambas se levantó en protestas contra la empresa minera MMG Las Bambas, esto debido a las modificaciones al estudio de impacto ambiental en su territorio sin consulta previa, esto con el fin de transportar los minerales a través de una carretera sin asfaltar en vez de un mineroducto. Producto de esas protestas, hubo 3 personas fallecidas, decenas de detenidos y los 17 dirigentes criminalizados.

La persecución contra dirigentes y líderes en las zonas del llamado corredor minero del sur no es una práctica nueva. Se recuerda el caso de Espinar donde 3 dirigentes (entre ellos el ex alcalde provincial, Oscar Mollohuanca) llevaron el juicio desde el 2012 hasta que a principios de este año fueron absueltos. Sin embargo, la parte acusatoria ha apelado tal resolución. ¿Hasta cuándo puede extenderse un juicio con los defensores y defensoras ambientales?

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

Argentina, Litio

Litio: el caso de Livent

Un modelo de fraude y saqueo que se debe terminar
Claudio Del Plá 12/10/2022
Argentina alberga grandes reservas de litio
Mucho se discute hoy sobre cómo debe ser la explotación del litio en este momento de boom mundial de precios y demanda, siendo que en tres provincias argentinas se acumulan una de las reservas más importantes del mundo y que en ellas el costo de producción alcanza menos de 5.000 dólares la tonelada, mientras se vende a 70.000.

En cualquier caso, hay algo que no debería discutirse: el yacimiento que Livent opera desde hace veinte años en el Salar del Hombre Muerto, en el límite entre Salta y Catamarca, debe ser expropiado y puesto a funcionar por el Estado bajo control de los trabajadores.

Es que esta empresa estuvo cometiendo fraude con la subfacturación de su producción y hasta la Afip no tuvo otra alternativa que descubrir, ya que la empresa valuaba sus ventas ocho veces menos del valor de mercado. Le han hecho pagar apenas una multa por el último año, pero la cosa viene de muy atrás. Ya en un encuentro de investigadores sobre el tema litio de todas las universidades del país en 2019, se denunciaba con detalle que la empresa vendía el mineral a sus propias filiales en otros países y colocaba precio de fantasía varias veces menor, sobre el que terminaba abonando las regalías. No se ha abierto una investigación en regla sobre la deuda acumulada en estos veinte años de producción y la totalidad de los funcionarios del gobierno, desde Massa hasta el gobernador de la provincia Gustavo Sáenz, se vienen reuniendo en Argentina y en Estados Unidos con los CEOs de la empresa, que es presentada como una de las principales protagonistas de las inversiones que, según ellos, impulsarán el desarrollo de las provincias más pobres del país.

Livent le hace el “paga dios” a Salta desde hace casi 20 años…
Según conocemos por el boletín oficial de Salta del 9/9/22, la empresa anunció el descubrimiento de Litio I y Litio II dentro del “Salar del Hombre Muerto” en territorio salteño ya en el año 93. Hasta la fecha, sin embargo, la empresa no ha pagado un peso de regalías a la provincia. De allí que, tardíamente, el gobierno ha iniciado el reclamo por el período que va de 2017 a 2019, solo en esos dos años y con la ínfima regalía del 3%, la deuda que exige la provincia es de 59 millones de pesos. La empresa se niega a pagar a pesar de haber reconocido que produce en esos yacimientos y se niega también a informar, mediante declaración jurada, el volumen producido. De allí que la provincia tuvo que hacer una estimación de ese volumen. No conocemos si la provincia de Salta está reclamando el pago del impuesto a las actividades económicas conforme a los verdaderos valores de mercado del producto, ya que la transformación del mineral en cloruro de litio y su exportación se hace en su mayoría en y desde el parque industrial de General Güemes. Es indudable que en este otro concepto Livent acumula enormes deudas millonarias con el Estado salteño.

Sáenz se ha mantenido en silencio cuando se conoció que la Afip colocó a la empresa una multa de 6.700 millones de pesos por la subfacturación de exportaciones que en un 60% fue realizado desde territorio salteño.

Si “para muestra basta un botón” y “los hechos valen más que mil palabras”, debemos considerar que Livent es el modelo parasitario y fraudulento de la explotación de las mineras en la región. Comencemos por impulsar su expropiación como contraparte de la enorme deuda que acumula en estos veinte años con las provincias de Catamarca y Salta. Abramos el debate sobre una minería que nos “saque de pobres” con control obrero y derecho a veto de las comunidades en materia ambiental.
https://prensaobrera.com/politicas/litio-el-caso-de-livent

Argentina, Litio

La extracción de litio

13/10/2022
Redacción Río Negro
Cristián Frers*
El agua en estos salares es realmente escasa y se necesitan dos millones de litros para producir una tonelada de litio.

En la Argentina, el litio se extrae a través de la evaporación de la salmuera presente en los salares. Se trata de una técnica más económica que la extracción del mineral de roca, que por otro lado goza de ventajas medioambientales, y del que nuestro país puede sacar provecho debido a la presencia de salares en la Puna de Jujuy, Salta y Catamarca.

Esta unión de empresas busca maximizar las posibilidades económicas del emprendimiento proyectado para los próximos 40 años: la primera aporta el know how para extraer el litio en los salares jujeños; la segunda, advirtiendo del potencial uso del mineral en la industria automotriz -y gran conocedora de la demanda de Asia, donde se fabrican el grueso de los celulares y las tabletas-, se orienta a la colocación de la materia prima en el mercado; y, la tercera busca ser parte de un negocio relativamente nuevo y estratégico de la provincia, con amplio potencial de crecimiento, a la vez que intenta garantizarse la oferta necesaria para cuando, en un futuro, se completen los proyectos en danza de producción de baterías en Jujuy.

Hay otros dos en funcionamiento: uno más antiguo en el Salar del Hombre Muerto (Catamarca), y otro a pequeña escala aún, en el Salar del Rincón de Salta, que en conjunto brindan toda la producción de la materia prima (alrededor de 40.000 toneladas) que es exportada en un 100% y… con suerte también se podría agregar la de Salinas de Gualicho, en Río Negro.

El proceso de fabricación de litio comienza en uno de los 17 pozos estratégicamente ubicados en el salar, que tienen una profundidad de hasta 200 metros.

Bombas especiales extraen la salmuera, que luego es transportada a través de caños de 16 pulgadas (salmueroductos), cuya extensión más larga es de 16 kilómetros. Al cabo del recorrido, la salmuera es colocada en grandes piletones.

A partir de allí, durante alrededor de un año, el proceso va desde la extracción del mineral de la salmuera hasta que se convierte en producto terminado, bajo la forma sólida de sales. Entonces se apila en bolsas para ser despachado para la exportación.

La salmuera va pasando por 17 piletas, en la medida que aumenta la concentración de litio y el agua se va evaporando, a cielo abierto, bajo las condiciones medioambientales únicas que ofrece la puna jujeña -clima desértico de mucho sol y viento en el día, y poquísimas lluvias- que favorecen la evaporación del agua, y por lo tanto permiten extraer el mineral a costos competitivos.

Hay gente que sostiene que la explotación del litio requiere de perforaciones de agua que luego, se coloca en piletones hasta dejarla evaporar para luego extraer el litio. Para sacar litio hay que hacer perforaciones. Y en la tierra se superponen napas de aguas saladas y de aguas dulces. El litio se extrae perforando, pero al hacerlo se mezclan el agua dulce y la salada y ahí se contamina el agua porque ya no se puede usar ni para consumo humano ni para riego. El agua que sacan la llevan a unos piletones y ahí la dejan secar, evaporar para así extraer el litio.

Uno de los argumentos que se sostienen desde los gobiernos provinciales para intentar avanzar con la explotación del litio, es que no se utilizan grandes cantidades de agua. Pero desde las comunidades aborígenes aseguran que la del litio “es una minería de agua” y que “no tiene un impacto ambiental diferente a la minería del oro”. “Cuando se perfora no queda más laguna porque la secan. Es una minería de agua. Es verdad que no se usan explosivos, pero si se produce un daño ambiental grande porque se utiliza muchísima cantidad de agua. Además, el mismo litio cuando se mueve es contaminante.

Conozco Salinas Grandes en Jujuy y Salinas de Gualicho en Río Negro, los dos salares más grandes de Argentina, y el agua en estos lugares es realmente escasa ya que se necesitan dos millones de litros de agua para producir una tonelada de litio. La obtención de recursos minerales que se extraen por disolución y concentración tienen la desventaja del uso intensivo del agua, que suele ser de procedencias alejadas y potable de consumo humano se confrontan con los costos-beneficios y suelen encontrar hueco legales que perjudican a los pobladores por lo que es necesario legislar al respecto priorizando la salud y bienestar futuro exigiendo a las empresas la implementación de técnicas innovadoras de aprovechamiento eficientes y dejando de lado lo eficaz y económico con que se depredan los recursos escasos que perjudican la economía en el corto y mediano plazo.

Hay que entender que en la zona hay cuencas que son cerradas, que se nutren de la lluvia. Se crean naturalmente pequeños depósitos acuíferos en donde se almacena el agua dulce. Al realizarse una perforación en los salares y extraer esa agua salina no apta para el consumo, se produce un desplazamiento del agua dulce que está en la cuenca hacia el salar. En consecuencia, el agua que las comunidades usan para riego y consumo humano se saliniza y altera el balance hidrogeológico. Para un territorio en donde el déficit hídrico es extremo, esta gestión del agua significa un desequilibrio para el ecosistema, para las comunidades y para la biodiversidad

Por otro lado, convengamos que entre ambas posiciones existen Estudios de Impacto Ambiental que debería producirse en forma estatal y privada, antes que los emprendimientos mineros comiencen con la extracción del mineral y sobre todas las cosas que sea Vox Populi para que la gente lo entienda y se quede tranquila que no se verá afectada la producción ganadera ni la producción agrícola especialmente de las comunidades aborígenes.

Al consultarle al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, sobre cómo están siendo gestionados estos recursos estratégicos, sostuvo que “a la ley de minería habría que mejorarla” y “Hay que mirar aquellas normativas que nos ponen en menores condiciones para el desarrollo argentino”.

Muchas veces se contempla lo ambiental como anti productivista. Sin embargo, toda actividad es productivista siempre y cuando no se degrade lo ambiental en pos de utilidades y ganancias.
* Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social.
https://www.rionegro.com.ar/opinion/la-extraccion-de-litio-2542092/

Perú

Bloquean Corredor Minero en protesta contra Las Bambas


Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

En Espinar quemaron llantas en la vía y pusieron piquetes para impedir el paso de vehículos de la mina.
Corredor minero se encuentra en permanente conflicto.
REDACCIÓN PERÚ21 12/10/2022
En una nueva protesta contra la minera de cobre MMG Las Bambas, comuneros de Coporaque, distrito ubicado en la provincia de Espinar, en Cusco, bloquearon ayer parcialmente el Corredor Minero del Sur y lanzaron piedras contra los vehículos de la compañía china.

El presidente de la Cámara Regional del Cusco, John Gonzáles, contó a Perú21 que las manifestaciones empezaron el domingo pero se intensificaron ayer. Según refirió, los comuneros estarían reclamando el incumplimiento de algunos compromisos por parte de la minera.

El general PNP Pedro Villanueva, jefe de la VII Macrepol Cusco, informó que los manifestantes pusieron piquetes para controlar el acceso a la vía. Dejaban pasar a todos los vehículos particulares menos a los de Las Bambas.

“Esta madrugada quemaron llantas en la vía pero se logró retirarlas, ahora están en los cerros y cada vez que ven un encapsulado de Las Bambas bajan a bloquear la vía o les tiran piedras, ya hemos levantado un acta con el representante del Ministerio Público y les hemos dicho que eso ilegal, pero ellos continúan en la zona”, señaló.

Cabe precisar que los encapsulados de las mineras Hudbay y Antapaccay sí tendrían el pase libre: solo se restringiría el tránsito a Las Bambas.

BUSCAN EJERCER PRESIÓN
Hoy estaría programada una reunión de diálogo entre comuneros de Espinar, autoridades del Minem y representantes de MMG, por lo que el bloqueo sería un modo de ejercer presión antes del encuentro. Mientras tanto, más agentes del orden se dirigen al sector, provenientes de Huincho y Espinar.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, este es uno de 18 conflictos sociales activos en el Corredor Minero Sur, entre las regiones de Apurímac y Cusco.

Cabe recordar que el exdirector ejecutivo de la SNMPE, Pablo de la Flor, advirtió que las protestas en el Corredor Minero vienen generando una desaceleración en la economía.

Minera Las Bambas
Fuentes cercanas a Minera Las Bambas indicaron que la empresa viene cumpliendo con los compromisos asumidos con Coporaque; asimismo, que los dos tractores serán entregados este mes de octubre.
https://peru21.pe/politica/bloquean-corredor-minero-en-protesta-contra-las-bambas-noticia/

Ecuador

Grupos indígenas de Ecuador celebran la moratoria al petróleo y la minería, pero esperan más

La moratoria de un año interrumpirá 200 proyectos mineros y 15 bloques petroleros, pero las organizaciones indígenas esperan una ley que proteja mejor a las comunidades
Jonathan Palma 12/10/2022
Manifestantes indígenas en Quito, Ecuador, en junio.
El país vivió semanas de manifestaciones contra el aumento de los precios de los combustibles y los alimentos, la exclusión indígena y las políticas extractivas del gobierno. (Imagen: Joaquín Montenegro Humanante / dpa / Alamy)

Una decisión sin precedentes puede marcar un hito en la historia de Ecuador. El gobierno de Guillermo Lasso anunció el mes pasado una moratoria de un año para nuevos proyectos mineros y petroleros. En pocas palabras, se mantendrán cerrados los registros para nuevas concesiones, otorgamientos de permisos ambientales y concursos para ceder bloques petroleros.

El 9 de septiembre pasado, el régimen de Lasso y organizaciones indígenas firmaron un acta para oficializar la medida, que estará en vigencia hasta que se elabore una ley de consulta previa para los pueblos donde se pretenda ejecutar un proyecto de esa naturaleza.

Este hecho histórico es consecuencia de las mesas de diálogo que se realizaron luego de las protestas de junio que mostraron el desacuerdo de las poblaciones indígenas frente a políticas económicas y extractivas del Gobierno. Durante esos días, murieron seis personas, se reportaron más de 500 heridos y se calcularon pérdidas económicas de unos USD 1.000 millones.

Con la firma de este acuerdo, unos quince bloques petroleros estarán congelados a la espera de la normativa, según el Ministerio de Energía y Minas; al igual que unos 200 proyectos de minería que no pueden operar por la falta de permisos respectivos, que dependen de la vigencia de esa ley, de acuerdo con estimaciones del movimiento indígena.

Este acuerdo da la oportunidad a que el Estado ecuatoriano salde una deuda que ha tenido por décadas con los pueblos indígenas

“La moratoria deberá mantenerse hasta que se emita una ley que regule, de acuerdo con los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos, la consulta previa para la ejecución de cualquier proyecto que pueda afectar territorios indígenas”, señala Cristina Melo a Diálogo Chino, asesora jurídica de la Fundación Pachamama que representa legalmente a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y que además considera que este “acuerdo da la oportunidad a que el Estado ecuatoriano salde una deuda que ha tenido por décadas con los pueblos indígenas”.

Este avance, añade, se registra a diez años de la sentencia del caso Sarayaku vs Ecuador, que juzgó la invasión de territorio ancestral para fines petroleros. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya dispuso la obligación del Estado ecuatoriano de legislar apropiadamente este derecho (consulta previa)”.

Demandas de organizaciones
La Conaie pedía al Gobierno que detenga la ampliación de la frontera minera y petrolera, una auditoría a las concesiones otorgadas, la reparación socioambiental, entre otras demandas. Como parte de estas acciones se exigía también la derogatoria de los decretos 95 y 151.

El decreto 95, que entró en vigor el 7 de julio de 2021, fue lanzado por el presidente Lasso en un intento por duplicar la producción petrolera, que en el segundo trimestre de ese año se situaba en casi 500.000 barriles de crudo diarios. Proponía cambios en las políticas públicas para mejorar las condiciones técnicas y operativas de los inversores y ajustes en los modelos de contratos, entre otras medidas. Fue derogado el 29 de junio, un día antes del fin de la huelga.

En cambio, el decreto 151 no fue derogado. Entró en vigencia el 5 de agosto del año pasado y contiene el Plan Minero con el que se daba más agilidad a los trámites de concesión. Más bien, el Gobierno expidió el decreto 468, que ordena que no se aprueben nuevos permisos mineros en territorios indígenas y áreas protegidas, algo que consta en la Constitución, pero por otro lado exceptúa a aquellas iniciativas que ya tenían un acuerdo previo.

Escepticismo en el movimiento indígena
El 24 de agosto, en medio de las negociaciones, las dirigencias indígenas reclamaban mayores avances. Ese día, Gilberto Talahua, del Movimiento Indígena de Bolívar, dijo que esperaba que se cumpla la “moratoria a toda actividad extractiva”.

El ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, coincidió con los dirigentes, pero argumentó que también se debe entender que “los minerales tienen un rol en el planeta” y que eso conlleva a analizar una alternativa.

El 5 de septiembre se reinstaló otra mesa para conocer las contrapropuestas. Luis Mullo, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), se mostró insatisfecho con las respuestas del oficialismo: “De parte de la sociedad civil estamos cumpliendo con la paz, pero eso nos preocupa”. No obstante, las partes llegaron a ciertos acuerdos, principalmente, la moratoria.

José Cueva, ingeniero agrónomo, experto en temas mineros y ambientales que asesora al movimiento indígena, le explica a Diálogo Chino que el sinsabor en una parte de la dirigencia se genera por el discurso contradictorio del oficialismo: “El Gobierno nunca aceptó que en la moratoria entren todos los proyectos, incluyendo los que tienen actualmente permisos o concesiones otorgadas. El Gobierno habla de que únicamente entran en la moratoria los nuevos proyectos o solicitudes“.

En efecto, en declaraciones a medios de comunicación, el ministro de Energía y Minas, Xavier Vera, indicó que “todos los proyectos que están en marcha continúan en marcha” y que los proyectos mineros que podrán obtener licencia ambiental sin requerimiento de consulta previa son: Curipamba, La Plata, Loma Larga, Cascabel, Warintza y Mirador Norte, que se centran principalmente en la extracción de oro, cobre y plata y representan una inversión de más de USD 10 mil millones.

Diálogo Chino solicitó una entrevista con un vocero de ese ministerio y la entrega de información al respecto, pero hasta el cierre de este artículo no se concretó la cita ni se recibió la data. Se envió un correo electrónico y se hicieron consultas recurrentes a personal de Prensa de la institución.

Presencia minera en Ecuador
En 2018, cuando se detectaron más de 4.200 fuentes de contaminación minera a nivel nacional, el Ministerio de Energía impulsó el Proyecto de Depuración del Catastro Minero para aclarar el panorama de esa actividad.

4.237
El número de fuentes de contaminación minera en Ecuador registradas por una investigación del Ministerio de Ambiente y Agua en 2018
Hasta septiembre del 2019, Energía había validado más de 4.000 expedientes, “equivalentes al 75 % del registro de las concesiones mineras legales existentes en el territorio ecuatoriano”, entre todos los proyectos, indistintamente de su escala.

Si bien la minería artesanal y la ilegal preocupa a los activistas por el uso indiscriminado de mercurio hay un mayor foco en aquella minería que se hace a cielo abierto o que genera impactos de mayor envergadura en el medioambiente y en la dinámica social de los pueblos. Al mes de julio pasado, la minería a gran escala ocupaba 104 mil hectáreas del Ecuador (tres veces la superficie de Quito), distribuidas en siete provincias.

Proyectos petroleros en para
Pese a que el ministro de Energía, Xavier Vera, dice que el país no se vería afectado por el año de moratoria extractiva, ni mucho menos la producción petrolera de la que depende gran parte del presupuesto del Estado, Katherine Navia, experta en macroeconomía y profesora del Instituto Argos de Guayaquil, ve un panorama poco alentador por ese cierre temporal.

“Esto trae consigo pérdidas en plazas de empleo, a nuevas tecnologías, en conocimiento, apertura comercial internacional, y todo esto da como resultado una merma en la recaudación de impuesto a la renta”, analiza Navia y refiere que desde 2008, año en que se cerró el catastro minero, inversionistas han empezado operaciones en Perú y Chile.

La moratoria trae consigo pérdidas en plazas de empleo, a nuevas tecnologías, en conocimiento, apertura comercial internacional, y una merma en la recaudación de impuesto a la renta

Ella espera que se cumplan los puntos que recoge el acta del diálogo, si es posible antes del año, para que el país tenga una legislación clara sobre la explotación de recursos naturales y así se genere un clima de confianza para el empresariado extranjero.

La preocupación de la especialista recae en la complejidad que ha tenido el debate de este tema, aún más profundo quizás en el apartado petrolero, porque se aborda un componente adicional a la expansión de la frontera extractiva, la vida de los pueblos que decidieron aislarse del mundo que conocemos.

Cristina Melo, asesora jurídica de la Fundación Pachamama que representa legalmente a la Conaie, aspira que con el acuerdo alcanzado se reevalúe el futuro de cada una de las instalaciones que está en plena operación en la selva, ya que los impactos en la flora y fauna también lo están viviendo las comunidades.

“No hay cifras exactas, pero se amplió la actividad extractiva en zonas de territorios intangibles Tagaeri y Taromenane, (nombres de los) pueblos en aislamiento voluntario; y (los pozos) están en el Yasuní, la zona más biodiversa del mundo. Se inició incluso la explotación de los bloques Ishpingo Norte y Tambococha, zonas de esos pueblos y de amortiguamiento ambiental del Yasuní. Son algunos de los proyectos que deberán ser reevaluados por el Gobierno”, detalla la abogada.

La actividad petrolera conlleva la instalación de campamentos, plataformas donde funcionan los pozos, mecheros que están encendidos las 24 horas del día, que generan mucho ruido. Y con la llegada de la exploración y extracción de crudo surgen otros problemas como la deforestación, la caza de animales silvestres, enfermedades y problemas sociales, en la medida que transcurre el tiempo, según estudios.

Las organizaciones indígenas esperan que la elaboración de una ley que garantice la consulta previa a las comunidades sea el punto de inflexión que esperaban para que realmente se busque, desde el Estado, un cambio en la matriz energética y productiva, apostando más en la energía limpia y en proyectos sostenibles en zonas naturales, donde las comunidades mantengan su forma de vida, sus costumbres, su salud.

Grupos indígenas de Ecuador celebran la moratoria al petróleo y la minería, pero esperan más

Venezuela

Elementos clave del Informe sobre la situación de Derechos Humanos en el Arco Minero del Orinoco

22/09/2022
OEP Venezuela
Crédito Foto Tiago Orihuela
La Misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela ha hecho público el 20 de septiembre varios informes que documentan de manera detallada los resultados de investigaciones sobre la violación de derechos humanos en en el país. Uno de los documentos revela específicamente La situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar.

Tras la implementación del Estado venezolano de una Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco», se dio puerta franca a la explotación legal e ilegal de oro y otros minerales en el país,trayendo consigo la incorporación de dinámicas de expoliación que afectan tanto a seres humanos como a la naturaleza. Este informe de las Naciones Unidas confirma las reiteradas denuncias que se vienen haciendo desde las organizaciones sociales sobre la violación sistemática de derechos humanos en el contexto del Arco Minero del Orinoco. Es así como esta misión internacional independiente basa sus análisis y conclusiones en los testimonios de 155 entrevistas (71 en misiones de terreno y otras 84 a distancia) realizadas a víctimas, familiares, organizaciones de derechos humanos y representantes de pueblos indígenas. A continuación destacamos algunos elementos relevantes de este informe de 156 páginas.

Estado y Grupos armados irregulares
Esta investigación sostiene que hay evidencias que permiten establecer nexos entre algunas autoridades del Estado venezolano con las bandas criminales involucradas con el comercio ilegal de oro proveniente del Arco Minero. Este informe dice que “Según las investigaciones de la Misión, parece existir una forma habitual de colaboración entre la FANB y los grupos ilegales consistente en el intercambio de oro a cambio de armamento”.

Presencia y actividad del ELN en el Arco Minero
También se corrobora en este documento la presencia y expansión en el territorio nacional de grupos armados extranjeros entre ellos el Ejército de Liberación Nacional. Se denuncia la colaboración y complicidad de algunos miembros de la Guardia Nacional Bolivariana con estos grupos irregulares.

Violencia en la zona del Arco Minero
El informe señala que los distintos grupos armados extranjeros como el ELN y la FARC así como los denominados “sindicatos” han establecido diversas dinámicas de violencia que se expresan de la siguiente manera: “(1) enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados, que incluyen operaciones de “limpieza” de zonas mineras; (2) incidentes violentos entre grupos armados, así como actos violentos perpetrados por los dichos grupos contra la población civil y minera, y por el control de las minas; (3) ataques perpetrados por el ELN; y (4) castigos corporales y ejecuciones ejemplarizantes”.

Violencia por el control de la minería en territorios indígenas
Esta investigación señala que diversos líderes y lideresas de pueblos indígenas han recibido amenazas en algunos casos por grupos armados irregulares y en otros por los mismos representantes del Estado venezolano. El documento indica lo siguiente: “Desde 2016 hasta la fecha de redacción del presente informe, varios líderes y lideresas indígenas han sido blancos de amenazas y ataques. Estas dinámicas han sido particularmente frecuentes en las comunidades indígenas ubicadas en lugares estratégicos por la presencia de minas o por ser parte de rutas de tráfico ilícito, como Kumarakapay, ubicada sobre la Troncal 10, y Maurak, que alberga el aeropuerto de Santa Elena de Uairén”.

La invasión de territorios indígenas por parte de militares como de grupos irregulares atenta contra la integridad física de los pueblos indígenas, es así como este informe de las Naciones Unidas documenta con detalles varios casos ilustrativos en los cuales se ejerció la violencia y se violó los derechos de comunidades indígenas.

Violencia sexual y de género en el contexto de la minería en el estado de Bolívar
La Misión internacional independiente identificó casos de explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes. Al respecto indican que “La explotación sexual de niñas y adolescentes es particularmente frecuente en las minas. Organizaciones locales especializadas en derechos de los pueblos indígenas han denunciado que muchas de las currutelas y locales donde se ejerce la prostitución, esclavizan a niñas y adolescentes indígenas, cada vez de menor edad, por la preferencia por las más jóvenes”.


Foto Vía CEPAZ
Ver también: Mujeres indígenas de Venezuela: las otras víctimas del extractivismo

Este informe indica que hay indicios de casos de prostitución de niñas. “Según el testimonio de un hombre que trabajó en varias minas en el municipio de Sifontes en 2016 y 2017, había trabajadoras sexuales en todas las minas, incluyendo niñas de unos 12 años en adelante. A las niñas casi siempre las ponían a trabajar en la madrugada, mientras las mujeres trabajaban por las tardes. Otro testigo que habló con la Misión y que trabajó en las minas de San Luis de Morichal entre mayo y julio de 2018 afirma haber visto por lo menos 25 menores trabajando en las currutelas en estas minas”.

Este informe retrata de manera detallada la situación de afectación de derechos humanos de pueblos indígenas y de niñas, mujeres y adolescentes en el contexto del Arco Minero del Orinoco. Este documento nos motiva a las organizaciones sociales, indígenas, ambientalistas y de derechos humanos a seguir investigando y denunciando los impactos de la minería legal e ilegal en Venezuela.

Elementos clave del Informe sobre la situación de Derechos Humanos en el Arco Minero del Orinoco

Venezuela

Pasivos ambientales de CVG Bauxilum, una historia de impunidad

19/09/2022
Erick Camargo
CVG Bauxilum. Foto redes sociales de CVG Bauxilum
La empresa CVG Bauxilum es la encargada de la explotación de bauxita y su transformación en alúmina, para luego ser transformada en aluminio. Esta surgió con la fusión de la CVG Bauxiven e Interalúmina en 1994 y está compuesta por la mina de Los Pijiguaos y la planta de alúmina en Puerto Ordaz. Bauxilum por mucho tiempo fue un ejemplo de “eficiencia” y desarrollo de aquella Venezuela saudita, incluso posterior al quiebre, la empresa llegaría a mostrar sus picos de producción alrededor del año 2002, gracias a las inversiones realizadas por el Estado.

El deterioro de la economía había ya paralizado desde 2016 la producción de Bauxita, pero esta se seguía transformando en alúmina, utilizando el mineral depositado al pie de la mina y en los depósitos de los puertos. La conflictividad laboral, la escasez de energía eléctrica estable y el poco mantenimiento de las máquinas han permitido que la producción sea lenta y escasa, sin consumirse la totalidad del mineral extraído. Ya en 2019 Tal Cual había reportado la paralización y reactivaciones momentáneas de la maquinaria, sin que esto fuese algo estable. Hay que notar que en la misma nota se indica la llegada de soda cáustica al puerto, para suministrar de ese químico a la planta, sin que esta pueda reciclar el contenido en las piscinas.

Para agosto de este año, tras el reclamo de trabajadores de la empresa, se pudo saber que la misma va teniendo últimamente una lenta reactivación, incluso declaran “que se hacen algunos trabajos en la mina”. Pero a principios de este septiembre se verificó, que este inicio de actividad vino acompañado con un desastre ambiental de gran calado; la expulsión de alúmina calcinada (óxido de aluminio) al aire, el cual ha sido respirado por más de una semana por los habitantes de las comunidades circundantes. No olvidemos que esta planta, en Matanzas, está en el perímetro urbano de Puerto Ordaz.

El 8 de septiembre, el Correo del Caroní, anunció que ya se tenían 4 días de expulsión del material al ambiente. Este mismo reportaje señala que las personas de las zonas afectadas empezaron a mostrar síntomas de molestias respiratorias, irritación en mucosas, en ojos y garganta. Mientras la empresa pide una disculpa y no asume responsabilidades. Silvano Moreno, secretario general de Sutralúmina Bolívar, precisó en entrevista con Correo del Caroní que el calcinador se encendió sin haber culminado su mantenimiento. Hay una imposición por producir a toda costa, sin mediar en las consecuencias.

Comunicado de CVG Bauxilum

Por otra parte, en Crónica Uno se reseñó que no hay control sobre las partículas expulsadas al ambiente, y que hay un grave peligro con las micropartículas que entran al organismo y se alojan en tejidos blandos, provocando acumulación de contaminantes. Entre los efectos para el sistema respiratorio puede haber disminución de la capacidad pulmonar, asma bronquial, bronquitis, enfisemas pulmonares, fibrosis pulmonar y cáncer. Algunos de estos pueden aparecer a largo plazo, cuando el evento quede en el olvido y nadie se haga cargo.

Legado Destructivo desde la Mina
Pero de lo que poco se habla es del nefasto legado de la empresa en materia medioambiental y social. Desde la propia explotación de mineral que ha dejado una enorme herida en la selva, con la construcción de un pueblo para los trabajadores a costa del desplazamiento de comunidades indígenas E’ñepa, sin consulta previa y sin que aún se les haya restituido sus territorios o se les indemnizara adecuadamente.

La deforestación en la zona de Los Pijiguaos es uno de los casos más emblemáticos de la amazonía, como se puede ver en la foto, más de 9 kilómetros de selva fueron destruidos para la extracción de mineral, sin contar la capa vegetal que también se removió para la construcción de los pueblos del campamento, de Morichalito y el aeropuerto. Pueblos que además siempre han vivido en una terrible situación de precariedad.


Deforestación en los Pijiguaos

Lodos Rojos, amenaza constante al Orinoco
Pero en la planta de producción de alúmina también, desde el principio, ha existido un grave problema, que contamina nuestro río principal y pone en peligro la subsistencia y salud de poblaciones río abajo. Es el caso de las lagunas de oxidación, conocidas también como piscinas de lodos rojos. El proceso de conversión del mineral de bauxita en alúmina, mediante el proceso Bayer requirió la creación de estas lagunas, las cuales contienen además de los lodos rojos, soda cáustica. Esta situación se viene denunciando desde hace años, según una investigación de Carlina Ron, cuando la planta estaba en operación el desecho era de 1 millón de toneladas de lodos anuales y 2 millones de metros cúbicos de soda cáustica.


Lagunas de oxidación
Estos contaminantes se han venido acumulando en unas piscinas de oxidación, a pocos metros de la orilla del río Orinoco. En el año 2.000 se había anunciado un proyecto de modernización con la inversión de la empresa francesa Pechiney, la cual mejoraría la producción y resolvería de forma definitiva el problema de la acumulación de lodos rojos. Sin embargo, la situación política, social y económica del país dejaría a ese proyecto en el olvido. Además, se presume que la supuesta solución al tema de los residuos era más propaganda que una realidad; pues en el mundo apenas el 2% de los lodos rojos se han reciclado y al contrario, han sido origen de catástrofes ambientales de gran magnitud.

La Contaminación No Para
En El Pitazo, otro dirigente sindical, José Basanta, reveló que para el 17 de septiembre aún no se detenía la dispersión de partículas de alúmina calcinada en el ambiente. Pese a que la empresa había anunciado el cese de las operaciones para evitar seguir contaminando. Alega además que es mentira que se colocaran filtros en el calcinador, como anunció la empresa; pero que además los empleados no cuentan con equipo de protección adecuado para trabajar, apenas con mascarillas y se ven expuestos a los químicos contaminantes.

Afirmó además que “No van a paralizar porque le están mandando alúmina a Venalum, empresa que arrancó una celda y no la puede paralizar. Ellos han decidido, de manera irresponsable, seguir contaminando el ambiente y dañando a los seres humanos. Solo están pendientes del proceso productivo”.

Declara el dirigente sindical que el problema no es nuevo, que hace años los filtros vienen fallando o se carecen de ellos; que ya los trabajadores se han visto afectados en su salud por laborar en esas condiciones. Las declaraciones del líder sindical hacen parecer que Venezuela cuenta con su propia versión de casos como el de Chernobyl o Bophal, donde industria y Estado se juntan para encubrir el daño ambiental en aras de la producción.

Silencio de las Autoridades, Indefensión Ciudadana
Las autoridades ambientales del país han hecho absoluto silencio ante lo ocurrido. Desde el Ministerio de Ecosocialismo ni siquiera se ha publicado un comunicado, ni se han anunciado las medidas judiciales a tomar sobre los responsables de la empresa que ha envenenado a miles de personas.

Bajo la Ley Penal del Ambiente, en su artículo 96, corresponde pena de prisión de 6 meses a 2 años, así como una multa de entre 600 a 2.000 Unidades Tributarias a los responsables de lo sucedido, lo que podríamos ver como insuficiente dada la gravedad del asunto. Sin embargo, también cada uno de los implicados tiene la potestad de demandar a la empresa estatal por daños y perjuicios ocasionados por las partículas, exigiendo que se les cancelen los gastos médicos, así como futuros chequeos para ver la evolución de la salud a raíz de la exposición al contaminante.

También cabría abrir un procedimiento administrativo contra la empresa por incumplir el decreto de normas sobre calidad del aire y control de la contaminación atmosférica, que dispone en el artículo 17, que empresas que puedan incurrir en riesgo, aplicar medidas de mitigación, contención y en caso, como ahora, de haber realizado el daño, deben corregir y reparar el daño realizado. Sin embargo, hasta ahora no vemos que ninguna autoridad tome cartas en el asunto. Queda en mano de los ciudadanos exigir justicia a Bauxilum y al Ministerio de Ecosocialismo, por su inacción y falta de transparencia y responsabilidad en el asunto.

Este 19 de septiembre se anunció por Crónica Uno, que se establecería una comisión ciudadana para investigar el daño ambiental provocado por Bauxilum, en este caso de dispersión de alúmina calcinada. Sin embargo, ya es tarde para esto y se deben tomar medidas penales, además; ya pasados más de 15 días y sin que se detenga la emisión del contaminante, se debe exigir a la empresa la paralización total de su actividad e iniciarse los procedimientos administrativos pertinentes para determinar responsabilidades.

Pasivos ambientales de CVG Bauxilum, una historia de impunidad