Los trabajadores de la Empresa Minera Huanuni señalaron en octubre que no confiaban en el Gobierno para administrar sus ahorros para la jubilación.
Mineros: la vanguardia de una clase trabajadora que desconfía del GobiernoUn minero durante una vigilia en la ciudad de La Paz. APG
Manuel Filomeno

26/12/2022
El 11 de octubre de 2022, luego de enfrentarse a la Policía al intentar ingresar a la Plaza Murillo, los mineros de Huanuni tomaron la sede de la Central Obrera Boliviana (COB).

Fue una toma pacífica, los dirigentes del ente rector de los trabajadores habían abandonado el edificio minutos antes, prevenidos de la llegada de los mineros.

En esa mañana, temprano, los mineros que peleaban contra la Policía levantaban carteles con dos demandas: la primera, la abrogación de un decreto que obligaba las empresas públicas a entregar parte de sus utilidades al Tesoro General de la Nación (TGN) y, la segunda, la paralización de la Gestora Pública.

“El Estado, por la historia, nunca ha sido un buen administrador. Necesitamos las garantías en este momento de que nuestros aportes van a estar seguros. Por eso estamos pidiendo la paralización inmediata de las Gestoras Públicas hasta que haya un consenso real con los trabajadores”, manifestó entonces el dirigente de los mineros de Huanuni, Ronald Mamani.

Semanas antes, los trabajadores de Colquiri llegaron a La Paz para demandar la paralización de la Gestora y por otras demandas.

“La asamblea general de los trabajadores de Colquiri ha rechazado totalmente, porque no confiamos en una administración del Estado cuando, obviamente, hemos visto en los pasados años que la administración del Estado va desviando los aportes económicos que hacemos como un sector productivo”, declaró el ejecutivo de Colquiri, Joaquín Mamani.

Sin embargo, los trabajadores de la Empresa Minera Colquiri firmaron el acuerdo en el que el Gobierno se comprometía a atender sus otras demandas y la protesta se desactivó.

Un grupo de mineros de Huanuni tomó las instalaciones de la COB, durante las protestas contra la Gestora. APG
El 11 de octubre de 2022, luego de enfrentarse a la Policía al intentar ingresar a la Plaza Murillo, los mineros de Huanuni tomaron la sede de la Central Obrera Boliviana (COB).

Fue una toma pacífica, los dirigentes del ente rector de los trabajadores habían abandonado el edificio minutos antes, prevenidos de la llegada de los mineros.

En esa mañana, temprano, los mineros que peleaban contra la Policía levantaban carteles con dos demandas: la primera, la abrogación de un decreto que obligaba las empresas públicas a entregar parte de sus utilidades al Tesoro General de la Nación (TGN) y, la segunda, la paralización de la Gestora Pública.

“El Estado, por la historia, nunca ha sido un buen administrador. Necesitamos las garantías en este momento de que nuestros aportes van a estar seguros. Por eso estamos pidiendo la paralización inmediata de las Gestoras Públicas hasta que haya un consenso real con los trabajadores”, manifestó entonces el dirigente de los mineros de Huanuni, Ronald Mamani.

Semanas antes, los trabajadores de Colquiri llegaron a La Paz para demandar la paralización de la Gestora y por otras demandas.

“La asamblea general de los trabajadores de Colquiri ha rechazado totalmente, porque no confiamos en una administración del Estado cuando, obviamente, hemos visto en los pasados años que la administración del Estado va desviando los aportes económicos que hacemos como un sector productivo”, declaró el ejecutivo de Colquiri, Joaquín Mamani.

Sin embargo, los trabajadores de la Empresa Minera Colquiri firmaron el acuerdo en el que el Gobierno se comprometía a atender sus otras demandas y la protesta se desactivó.

Esta declaración pasó inadvertida, ya que luego de una reunión con el Gobierno y el compromiso de cumplir sus otras demandas, la protesta quedó desactivada.

Sin embargo, en octubre, la declaración del dirigente de Huanuni fue el germen para muchas otras, de varios sectores, que se sucedieron en los días y semanas siguientes.

“En este momento (el Gobierno) pretende administrar la Gestora Pública sin un consenso. Los trabajadores no hemos decidido ese tema. Necesitamos conocer cómo y en qué sentido va a beneficiar a los compañeros trabajadores”, agregó Mamani.

En los días siguientes, el ejecutivo nacional del magisterio Rural de Bolivia Andrés Huayta también expresó sus dudas de que la Gestora se haga cargo de los aportes de los trabajadores para su jubilación. Dijo que los maestros están en emergencia.

“No quedaron claras todas las explicaciones que nos han hecho, sobre las inversiones, sobre la forma de administración. Hemos consultado sobre el directorio laboral, ellos no saben absolutamente nada (…). El magisterio nacional en el mismo sentido, rechaza que el Estado administre nuestros recursos”, indicó cuando el conflicto estaba en marcha.

El dirigente cuestionó entonces que en esa institución se paguen salarios elevados hasta 35.000 bolivianos, mientras los que aportan reciben rentas “miserables” de jubilación, después de tantos años de servicio.

De la misma manera, el sector del magisterio urbano de La Paz cuestionó el decreto 4783 y la creación de la Gestora del Estado. “Cuando cuestionan el hecho de que la Gestora Pública pase a la administración exclusiva del Estado, nosotros también ratificamos que es una forma de colocar en peligro nuestra jubilación”, señaló el dirigente del magisterio del departamento de La Paz, José Luis Álvarez.

La Confederación de Jubilados de Bolivia también rechazó que la Gestora administre sus aportes porque cree que el Estado no garantiza un buen manejo de sus recursos.

“El Gobierno tiene que hacer caso, los mineros tienen razón, tenemos que consensuar cualquier decreto o cualquier ley con los trabajadores aportantes y con los jubilados”, manifestó entonces el secretario general de la Confederación de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones, Rodolfo Ayala.

A los maestros, los trabajadores universitarios, los médicos y los jubilados se unieron luego los trabajadores fabriles, que además exigieron ser parte de la administración de la Gestora.

“Nosotros tenemos que tener la mayoría, nosotros tenemos que definir la política”, dijo Vitalino Mamani, secretario permanente de la Confederación General de Trabajadores de Bolivia.

Los jubilados apoyaron el pedido y solicitaron que los trabajadores y su sector sean parte activa del directorio de la Gestora Pública, y sean quienes administren dicha empresa, con el fin de precautelar y garantizar aportes de los trabajadores y jubilados del país.

“Tenemos que consensuar cualquier decreto, cualquier ley con los directos aportantes (…), lo que queremos es que la administración sea por los trabajadores y por los jubilados, porque no puede ser que el Estado con un decreto se haga cargo, por eso es nuestra asistencia aquí como confederación”, indicó Ayala.

El dirigente de los jubilados señaló que el sector ya se opuso, con una huelga de hambre, desde la pasada gestión a que la Gestora sea administrada sólo por los funcionarios públicos y no haya participación de los trabajadores activos y el sector de jubilados.

El Gobierno respondió que las puertas de la Gestora estaban abiertas para los trabajadores; sin embargo, el gerente de la entidad aclaró que para entrar en el directorio los trabajadores debían estar cualificados para hacerlo.

El Gobierno también terminó desarticulando las protestas de los mineros de Huanuni, acordando retrasar la migración de sus datos de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) a la Gestora Pública, medida que fue vista como una muestra de favotitismo por el resto de la sociedad, que expresó su miedo y preocupación por el paso de sus aportes al control del Estado, pero que no tuvo la fuerza para salir a las calles a reclamar.

Esta declaración pasó inadvertida, ya que luego de una reunión con el Gobierno y el compromiso de cumplir sus otras demandas, la protesta quedó desactivada.

Sin embargo, en octubre, la declaración del dirigente de Huanuni fue el germen para muchas otras, de varios sectores, que se sucedieron en los días y semanas siguientes.

“En este momento (el Gobierno) pretende administrar la Gestora Pública sin un consenso. Los trabajadores no hemos decidido ese tema. Necesitamos conocer cómo y en qué sentido va a beneficiar a los compañeros trabajadores”, agregó Mamani.

En los días siguientes, el ejecutivo nacional del magisterio Rural de Bolivia Andrés Huayta también expresó sus dudas de que la Gestora se haga cargo de los aportes de los trabajadores para su jubilación. Dijo que los maestros están en emergencia.

“No quedaron claras todas las explicaciones que nos han hecho, sobre las inversiones, sobre la forma de administración. Hemos consultado sobre el directorio laboral, ellos no saben absolutamente nada (…). El magisterio nacional en el mismo sentido, rechaza que el Estado administre nuestros recursos”, indicó cuando el conflicto estaba en marcha.

El dirigente cuestionó entonces que en esa institución se paguen salarios elevados hasta 35.000 bolivianos, mientras los que aportan reciben rentas “miserables” de jubilación, después de tantos años de servicio.

De la misma manera, el sector del magisterio urbano de La Paz cuestionó el decreto 4783 y la creación de la Gestora del Estado. “Cuando cuestionan el hecho de que la Gestora Pública pase a la administración exclusiva del Estado, nosotros también ratificamos que es una forma de colocar en peligro nuestra jubilación”, señaló el dirigente del magisterio del departamento de La Paz, José Luis Álvarez.

Protesta. Pidieron la abrogación de un decreto y la paralización de la Gestora, pero no lograron ninguno de los dos objetivos.

Victoria. Pudieron retrasar temporalmente la migración de sus datos a la entidad estatal.

Los trabajadores mineros
La Confederación de Jubilados de Bolivia también rechazó que la Gestora administre sus aportes porque cree que el Estado no garantiza un buen manejo de sus recursos.

“El Gobierno tiene que hacer caso, los mineros tienen razón, tenemos que consensuar cualquier decreto o cualquier ley con los trabajadores aportantes y con los jubilados”, manifestó entonces el secretario general de la Confederación de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones, Rodolfo Ayala.

A los maestros, los trabajadores universitarios, los médicos y los jubilados se unieron luego los trabajadores fabriles, que además exigieron ser parte de la administración de la Gestora.

“ Lo que queremos es que la administración de la Gestora sea por los trabajadores y por los jubilados”.
“Nosotros tenemos que tener la mayoría, nosotros tenemos que definir la política”, dijo Vitalino Mamani, secretario permanente de la Confederación General de Trabajadores de Bolivia.

Los jubilados apoyaron el pedido y solicitaron que los trabajadores y su sector sean parte activa del directorio de la Gestora Pública, y sean quienes administren dicha empresa, con el fin de precautelar y garantizar aportes de los trabajadores y jubilados del país.

“Tenemos que consensuar cualquier decreto, cualquier ley con los directos aportantes (…), lo que queremos es que la administración sea por los trabajadores y por los jubilados, porque no puede ser que el Estado con un decreto se haga cargo, por eso es nuestra asistencia aquí como confederación”, indicó Ayala.

“El Estado, por la historia, nunca ha sido un buen administrador. Necesitamos garantías”.
El dirigente de los jubilados señaló que el sector ya se opuso, con una huelga de hambre, desde la pasada gestión a que la Gestora sea administrada sólo por los funcionarios públicos y no haya participación de los trabajadores activos y el sector de jubilados.

El Gobierno respondió que las puertas de la Gestora estaban abiertas para los trabajadores; sin embargo, el gerente de la entidad aclaró que para entrar en el directorio los trabajadores debían estar cualificados para hacerlo.

El Gobierno también terminó desarticulando las protestas de los mineros de Huanuni, acordando retrasar la migración de sus datos de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) a la Gestora Pública, medida que fue vista como una muestra de favotitismo por el resto de la sociedad, que expresó su miedo y preocupación por el paso de sus aportes al control del Estado, pero que no tuvo la fuerza para salir a las calles a reclamar.
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