24/07/2021
La minería amenaza el 40 % de Aranzazu junto a otros municipios del Departamento de Caldas. Aranzazu es un Municipio colombiano declarado Patrimonio de la Humanidad, territorio cafetero, y sus habitantes han logrado aplazar la Audiencia Pública que pretende aprobar el saqueo.

No son buenas las noticias que últimamente llegan de mi pueblo. Primero fueron las que hacen referencia a la muerte, como consecuencia del contagio con el covid-19, de amigos entrañables. Ahora tienen que ver con la posibilidad de que las tierras de este municipio que producen café de buena calidad sean convertidas en tierras de explotación minera, causando un grave daño ambiental y, por supuesto, poniendo en peligro la tranquilidad que ha caracterizado a este pueblo fruto de la colonización antioqueña, fundado el 9 de noviembre 1853. Dos empresas mineras –Northern Colombia y Minerales Córdoba– aspiran a que la Agencia Nacional de Minería les conceda licencia para hacer actividad extractiva en 8.334 hectáreas entre los municipios de Neira, Aranzazu y Salamina.

Mediante auto GCM número 00063 del 15 de junio de 2021, la Agencia Nacional de Minería convocó a una audiencia pública con participación de terceros para anunciar que seis empresas especializadas en minería hicieron propuestas al Gobierno Nacional para que les otorgue licencias para la explotación en ocho municipios del departamento de Caldas de yacimientos donde es posible que se encuentren oro, plata, cobre, platino, paladio, rutenio, rodio y osmio, minerales esenciales para desarrollar alta tecnología. En Aranzazu esa audiencia estaba programada para el 23 de julio. Afortunadamente, la comunidad fue escuchada, y las audiencias fueron suspendidas. En mi pueblo aspiran a explotar minerales en el 40 por ciento de su territorio.

Un documento de la Agencia Nacional de Minería, donde se dice qué empresas están interesadas en esta búsqueda de yacimientos y, además, qué clase de minerales se pueden encontrar, señala que la concertación para buscar “áreas susceptibles de vocación minera” fue acordada entre la gerente de contratación de esta entidad con el alcalde del municipio de Aranzazu, Lisímaco Amador Cuesta, el 24 de mayo del año en curso. La realización de esta audiencia había despertado en esta población una oleada de rechazo sin precedentes por parte de la comunidad. Todos los pobladores se pronunciaron contra la explotación minera, argumentado que con esta actividad Aranzazu dejaría de ser un espacio donde reina la tranquilidad para convertirse en un lugar donde va a prevalecer la violencia.

No solo a esto le tienen miedo los pobladores de Aranzazu, un municipio que hace parte del Paisaje Cultural Cafetero, declarado por la Unesco como patrimonio mundial el 25 de junio de 2011. Les temen también a la llegada de grupos armados, a las exploraciones a cielo abierto que acaban con la naturaleza, a la contaminación de los ríos con mercurio, a la inseguridad que se apodera del entorno, al crecimiento del consumo de sustancias alucinógenas, al auge que tomaría la prostitución y, desde luego, a la pérdida de su identidad cultural. Con la llegada de la minería este pueblo de arraigadas costumbres paisas, con gente formada en valores, donde casi todos sus pobladores profesan la religión católica, dejaría de ser un remanso de paz para convertirse en zona de conflicto. Así de sencillo.

La noticia sobre la realización de esta audiencia hizo que durante estos días en Aranzazu la gente se manifestara para tratar de impedir su realización. Quienes vienen liderando la oposición a que la minería se tome el pueblo siguen recogiendo firmas para expresar el descontento ciudadano. Rubén Darío Toro, un escritor con conciencia social, y Juan Manuel Salazar Gómez, un especialista en medio ambiente y economía circular, han tomado las banderas para decirles a sus conciudadanos qué les espera en caso de que esta actividad se asiente en este pueblo caldense de clima cálido. Ellos invitan a manifestar su descontento diciéndoles que con la explotación minera Aranzazu dejaría de ser ese poblado apacible del que tan orgullosos se sienten.

La Corte Constitucional les quitó a los ciudadanos la posibilidad de pronunciarse contra proyectos extractivos de minería en sus regiones a través de las consultas populares, aduciendo que el subsuelo es propiedad del Estado. Así las cosas, el ciudadano quedó sin herramientas para impedir que a sus pueblos lleguen las multinacionales a cambiar sus costumbres y a acabar con la convivencia pacífica. Ahora tienen que expresarse rechazando audiencias. Los personeros de los diez municipios de Caldas donde se tenían programadas le pidieron a la Agencia Nacional de Minería que las suspendiera, argumentando que por la situación de orden público las audiencias podrían terminar en actos vandálicos. Esto debido al estallido social que ha vivido Colombia en los últimos meses.

Lo logrado no es para bajar la guardia. Las audiencias fueron aplazadas, pero no canceladas. No se puede aceptar que a nuestro pueblo le cambien su vocación agrícola. Detrás de los proyectos mineros llega la minería ilegal, que viene acompañada de problemas de carácter social. Aranzazu no puede convertirse en otro Buriticá, el pueblo antioqueño donde la explotación minera trajo para sus pobladores tragedias. Para seguir disfrutando los paisajes hermosos que brinda el cultivo del café se debe seguir manifestando el inconformismo con la minería. Y seguir luchando para que esta actividad no acabe con nuestras bellezas naturales. Nuestra naturaleza no debe ser arrasada por la maquinaria que destruye el campo para buscar oro acabando con el agua.
Fuente: EL TIEMPO – JOSÉ MIGUEL ALZATE
Tomado de Noalamina https://noalamina.org/latinoamerica/colombia/item/45480-no-a-la-mineria-en-aranzazu

Afirman que el análisis sobre los impactos de esta actividad fue realizado por investigadores que hacen parte de empresas mineras.
A través de una acción de tutela, varias organizaciones sociales e indígenas de La Guajira, exigen a la justicia que se pronuncie sobre un estudio y una política pública, realizados en cumplimiento de decisiones de la Corte Constitucional, sobre los impactos de la minería.
Según los accionantes, “estos fueron llevados a cabo por investigadores que hacen parte de empresas mineras o que han defendido sus intereses y sin participación de las comunidades”.

La investigación a la que se refieren es a la de los impactos de la actividad minera y la explotación ilícita de minerales, en los ecosistemas del territorio colombiano, en cumplimiento de la sentencia T445 de 2016 y la política pública nacional integral para “optimizar y hacer cumplir prioritariamente la prevención y el control contra la contaminación del aire y del agua causada por la explotación y transporte de carbón, ordenada por la sentencia T 154 de 2013”.
En la sustentación de la tutela afirman que el impacto específico de este estudio y esta política para las comunidades de La Guajira, así como las prácticas institucionales evidencian la exclusión de las comunidades y el favorecimiento de los intereses de la compañía Carbones del Cerrejón en los capítulos específicos sobre la región.

“Estas conductas por parte de la institucionalidad ambiental del país representan una violación sistemática a los derechos fundamentales de participación, y acceso a la información veraz e imparcial, amenazando los principios de democracia y justicia ambiental en una región con una reconocida crisis por el agua y la alta vulnerabilidad a los estragos del cambio climático”, afirman.

La tutela se interpone contra los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Minas y Energía, del Interior, la Unidad de Parques Nacionales Naturales, al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, la Agencia Nacional de Minería, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.

“Estas entidades a través de sus conductas, u omitiendo sus deberes, han vulnerado y desconocido los derechos reclamados”, indican en la tutela.

Específicamente aseguran que, en la construcción del estudio y en particular de “las conclusiones gubernamentales” frente a los impactos de la actividad minera en los ecosistemas del territorio colombiano, “de manera indebida, las autoridades públicas delegaron y privilegiaron la producción de la información relacionada con los impactos de la minería de carbón a cielo abierto, en autores con evidentes conflictos de intereses, como son los directores de gestión ambiental de las dos compañías multinacionales carboníferas Drummond y Carbones del Cerrejón”.
Gobierno buscará endurecer sanciones por minería ilegal

Agregan que, los estudios elaborados por autores de las empresas carboníferas, dan como resultado conclusiones parcializadas y sin el rigor científico que apuntan a negar, ocultar y minimizar los impactos, tales como que la explotación carbonífera durante 40 años en La Guajira no ha causado un conflicto significativo por el agua en la región.

Por eso solicitan abrir espacios significativos e incluyentes de participación a las comunidades locales, de manera que su conocimiento y experiencia, y se incorporen en los capítulos específicos sobre La Guajira del estudio y la política.

Además, que se ordene a la institucionalidad ambiental adoptar en adelante un estándar de imparcialidad, rigurosidad e independencia en los estudios oficiales y políticas públicas relacionadas con los impactos de la minería de carbón a cielo abierto.

Finalmente que se prevenga a las entidades accionadas para que adopten un especial cuidado en su conducta a fin de frenar la influencia indebida de la empresa Carbones del Cerrejón en los procesos públicos de toma de decisiones, generación de información, estudios, evaluaciones de impacto ambiental, formulación e implementación de políticas públicas de fiscalización, regulación o medidas destinadas a la protección de derechos en el marco de las afectaciones y violaciones causadas por la extracción minera en La Guajira.

Los que tutelan son Fuerza Mujeres Wayuu, la comunidad de Tamaquito, la comunidad La Gran Parada, la Corporación Geoambiental Terrae y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
https://www.elheraldo.co/la-guajira/comunidades-piden-participacion-en-estudio-sobre-impactos-de-mineria-en-la-guajira-835031