Bolivia, Litio

Proponen referendo para contratación de empresas que exploten litio

14/09/2021
El proyecto será socializado con instituciones, autoridades y la población orureña / mineriaenergia.com
A través de un proyecto de ley presentado por Comunidad Ciudadana (CC), instaron a que las empresas que se encarguen de la explotación, producción y procesamiento del litio en los salares de Bolivia sean contratadas a través de un referendo nacional, y sea convocado por el Presidente del Estado Plurinacional.

“Dentro de la contratación de empresas que lo hace el gobierno a través de YLB (Yacimientos de Litio Boliviano), se pueda contratar mediante referendo nacional, que el pueblo decida a qué empresas vamos a contratar”, aseveró el diputado de CC, Orlando Valdez.

Los diputados orureños Orlando Valdez y Enrique Urquidi, ambos de Comunidad Ciudadana, presentaron el proyecto de “Ley de Aprovechamiento del Litio para Beneficio del Pueblo Boliviano y las Regiones Productoras”, la cual tiene cuatro artículos.

“Este proyecto de ley será solazado, nos interesa a nosotros en primera instancia que sea conocido y obviamente pueda ser enriquecido, y podamos recibir las mejores contribuciones en orden técnico, económico, para que este proyecto de ley pueda ser, en la brevedad posible, de consenso regional y en una segunda instancia llevada a la Asamblea Legislativa Plurinacional”, mencionó Urquidi.

Artículos

La norma contempla: que la ecuación económica financiera garantice al menos una regalía del 11 por ciento para los departamentos productores, que por lo menos el 60 por ciento de los trabajadores sean bolivianos.

Además, prevé la transferencia de tecnología al Estado boliviano, y que los productos finales sean fabricados en Bolivia.

“Queremos nosotros que la explotación, industrialización, hasta lograr un producto de litio se realice en suelo boliviano, en suelo de regiones productoras, eso queremos”, añadió Valdez.

El tercer artículo señala: “El proceso de explotación, producción y procesamiento del Litio estará enmarcado en los principios de Publicidad, Transparencia e Igualdad de Oportunidades, garantizando que el mismo sea de carácter público”.

Proponen referendo para contratación de empresas que exploten litio

Colombia

Fue adjudicada la primera Área Estratégica Minera en La Jagua del Pilar, La Guajira

14/09/2021
La República
A la empresa colombiana Carbomas S.A.S le fue adjudicado el contrato de exploración y explotación de cobre en el municipio
Alejandro Pastrán
Después de abrir en febrero el proceso de selección objetiva para Cobre y lanzar los primeros 5 bloques de la Ronda Minera, la Agencia Nacional de Minería firma con la empresa Carbomas S.A.S, el contrato para la exploración y explotación del bloque 4 ubicado en jurisdicción del municipio de La Jagua del Pilar, en el departamento de La Guajira.

“Cumpliendo con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros exigidos por la Resolución 150 del 18 de marzo del 2021, expedida por la ANM, la empresa Carbomas S.A.S presentó el 28 de mayo la oferta por el bloque 4, que cuenta con un alto potencial para minerales de cobre y sus concentrados y un área de 469.9682 Ha”, anunció el presidente de la ANM, Juan Miguel Durán Prieto.

El cuatro de junio de 2021, la ANM publicó la evaluación de la oferta, la cual cumplió con los requisitos de adjudicación de Contratos Especiales de Exploración y Explotación de Minerales en Áreas de Reserva Estratégica Minera para el mineral de cobres y polimetálicos, y extendió la invitación a participar en la habilitación de contraofertas hasta el día 19 de junio de 2021, siguiendo los tiempos que se plantea en los términos de ley.

Al no recibir contraofertas de los participantes que, al momento de la recepción de la primera oferta, se encontraban Habilitados o Habilitados Restringidos para participar en el proceso de selección objetiva de las AEM, la autoridad minera procedió a realizar la evaluación final y la adjudicación del contrato especial.

“Después de cumplir con todos los requerimientos, la agencia adjudica el contrato por 30 años a Carbomás S.A.S. Dentro de la propuesta, el oferente presentó un Programa Obligatorio Exploratorio y Programa Exploratorio Adicional por $3.754.429.183, que contribuye al desarrollo del conocimiento del subsuelo de la región y al conocimiento del potencial minero del país”, señaló el ejecutivo de la ANM.

Así mismo, el funcionario indicó que el proyecto que se otorga bajo un contrato especial de concesión tendrá una contraprestación adicional a las regalías, de conformidad con lo ofertado que fue un 5%, impactando positivamente los ingresos de la región y el país.

El Contrato de este proceso de selección objetiva también proporciona diferentes incentivos para los adjudicatarios tales como:

*Evaluación técnica anticipada: El Contrato prevé la posibilidad de incluir una fase previa al inicio de la etapa de exploración que permitirá la prospección y exploración del AEM en beneficio del Adjudicatario.

*Incentivos a la exploración acelerada: El Contrato prevé ciertos beneficios para aquel Adjudicatario que logre reducir los tiempos de su etapa de exploración e inicie con las actividades de explotación en un menor tiempo.

*Variación de la Contraprestación Adicional por precios altos y precios bajos: La Contraprestación Adicional podrá tener un pago mayor o menor dependiendo del rango en que se ubique el precio de mercado (PM).

“Esta primera adjudicación abre una gran oportunidad para el país y las regiones, al permitir atraer inversiones y recursos para exploración del subsuelo del país, aportar a la transición energética, produciendo los minerales para las tecnologías del futuro, generar mayores recursos para la nación y para las regiones a través de contraprestaciones económicas adicionales a las regalías y atraer inversión directa en la región derivada de los Planes de Gestión Social de los contratos”, aseguró el presidente Durán Prieto.

La ronda minera es una herramienta para lograr la diversificación de minerales e impulsar la exploración en el país a través de un proceso flexible, competitivo y transparente con tiempos claramente establecidos para acceder a zonas mineras con gran potencial. Es decir, áreas con alto potencial mineral que serán contratadas a través del proceso de selección objetiva previsto en la ley para las mismas.

“Estas áreas brindan a los inversionistas escenarios consolidados a nivel social con procesos de consulta previa adelantados, acceso a información ambiental actualizada y línea base permitiendo facilitar trámites de licenciamiento, condiciones contractuales competitivas para impulsar la exploración minera del país y por último reglas claras y tiempos expeditos que generan seguridad jurídica para los inversionistas”, puntualizó el ejecutivo de la ANM.
https://www.larepublica.co/economia/adjudicada-la-primera-area-estrategica-minera-del-pais-en-la-jagua-del-pilar-la-guajira-3232384

Chile

Justicia estadounidense falla contra SQM y ordena pago de US$ 48 millones por caso de contaminación que viene de la década de 1930

09/09/2021
Un vuelco dio cuenta este miércoles SQM en uno de los juicios que enfrenta la minera. Un jurado del Tribunal de Distrito en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, emitió un veredicto contra SQM North America, filial de SQM NA, por US$ 48,1 millones en un caso iniciado el año 2010 por la ciudad de Pomona, Estado de California, en el que busca la reparación por supuestos daños por contaminación por el uso de fertilizante entre 1930 y 1940.

Según informó en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el gerente general de la minera, Ricardo Ramos, el veredicto no es final y está sujeto a recursos o mociones que SQM NA y la parte demandante puedan presentar en los próximos días, así como a recursos de apelación que se pueden presentar en la Corte de Apelaciones del IX Distrito.

“SQM NA tiene la intención de ejercer enérgicamente sus derechos para impugnar el veredicto ante el Tribunal del Distrito y la Corte de Apelaciones”, aseguró Ramos en el escrito. Y, además, señaló que a esta fecha no es posible determinar los efectos financieros que esto pudiese tener sobre los activos, pasivos o resultados de la firma.

De acuerdo a lo detallado en un análisis razonado de la compañía, la demandante reclama el pago de gastos y otros valores relacionados con el tratamiento de aguas subterráneas para permitir su consumo previa extracción del perclorato existente entre ellas y que supuestamente provendría de fertilizantes chilenos. Esto, por un monto de US$ 36 millones.
https://www.mineriachile.cl/2021/09/09/justicia-estadounidense-falla-contra-sqm-y-ordena-pago-de-us-48-millones-por-caso-de-contaminacion-que-viene-de-la-decada-de-1930/

Chile

15 empresas mineras analizaron su huella de carbono

Martín Cabello 14/09/2021
reporte minero
Desde GIZ explicaron que con estos resultados las empresas podrán identificar los procesos que más energía consumen, pudiendo enfocar sus esfuerzos en sus planes de gestión energética.
Como parte del proyecto “Eficiencia Energética en Minería” de la GIZ se formó la Red de Eficiencia Energética y Reducción de Emisiones en la Minería, espacio que reúne a 15 empresas de la pequeña, mediana y gran minería del país, con el objetivo de generar una discusión técnica a través del intercambio de experiencias, casos de éxito y recibir asesorías especializadas.

Ante este escenario y luego de seis meses de trabajo, se realizó un estudio que analizó las emisiones de gases de efecto invernadero en los distintos procesos productivos de las empresas que componen esta red. Lo anterior, con el fin de tener una línea base de emisiones por procesos, para impulsar su gestión y búsqueda de oportunidades de reducción.

“Para llevar adelante las metas de descarbonización necesitamos minerales como el cobre y el litio, por lo que el desafío del sector minero está en atender esta demanda con una huella de carbono cada vez más reducida a mercados con altas exigencias en las emisiones, como el europeo”, explicó Rodrigo Vásquez, asesor del programa GIZ.

Huella de carbono
Considerando los diversos procesos en las faenas mineras, se determinó un promedio general de consumos de energía en la minería metálica y no-metálica. Esto implica que, por ejemplo, la producción de cátodos de cobre consume en promedio 10,7 MWh por tonelada, el concentrado de cobre 9,4 MWh por tonelada, el nitrato e hidróxido de litio 11,9 MWh por tonelada; siendo los productos más intensivos en el consumo de energéticos.

Además, las empresas participantes en el estudio en su conjunto poseen una huella de carbono (Alcance 1 y 2) de 2,86 millones de toneladas de CO2eq, en la que el concentrado de cobre equivale al 59% y cátodos de cobre al 9%.

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“Con estos resultados las empresas podrán identificar los procesos que más energía consumen, pudiendo enfocar sus esfuerzos en sus planes de gestión energética. Además, como la minería tiende a la electrificación, el cambio de suministro eléctrico de fósil hacia alternativas renovables implicará una reducción importante en el nivel de emisiones de la industria”, detalló Rodrigo Vásquez de GIZ.

Cabe señalar que las 15 empresas que forman parte de la red son: Antofagasta Minerals, Anglo American Chile, Cemin Holding Minero, Codelco, Compañía Minera Cerro Negro, Lundin Mining Distrito Minero Candelaria, ENAMI, KGHM CHILE, Minera Cruz, Minera Rafaela, Minera San Pedro, Minera Tres Valles, PUCOBRE, SQM y Teck Resources Chile.
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2021/09/empresas-eficiencia-energetica-mineria-huella-carbono

Argentina, Litio

Argentina busca casi quintuplicar sus exportaciones de litio para 2025

15/09/2021
En la remota provincia de Salta, en el norte de Argentina, el silencio del paisaje árido solo es roto por el estruendo de los campamentos mineros, en una señal de los esfuerzos del país por sumar su golpeada economía al auge mundial de los automóviles eléctricos.

En las salinas de Rincón, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, la australiana Rincón Lithium opera una planta piloto donde los trabajadores bombean a través de tuberías la salmuera extraída 30 metros por debajo de los suelos montañosos de Salta.

Después de refinar la mezcla en sus laboratorios, producen carbonato de litio: esperan extraer 50.000 toneladas al año para 2025, en otro impulso para una actividad que se ha convertido en una de las mayores apuestas de Argentina.

Pese a la desconfianza que genera entre los inversores por su inestabilidad y sus férreos controles sobre la economía, el país busca seducir a las firmas mineras globales con beneficios impositivos y promesas de seguridad.

Una potencia agrícola que hasta ahora ha centrado los subsidios energéticos en la producción de biocombustibles, Argentina ha girado su atención al metal blando que se usa en baterías que alimentan tanto a los pequeños dispositivos electrónicos como a los automóviles eléctricos.

Algunas de las compañías mineras más grandes del mundo han establecido operaciones en el norte de Argentina, incluida la australiana Orocobre Ltd -asociada con Toyota Corp-, la minera estadounidense Livent Corp, que proveerá a BMW el mineral para las baterías de sus autos, y la china Ganfeng Lithium Co Ltd.

Otras firmas como la australiana Argosy Minerals y Posco, de Corea del Sur, consideran una fuente duradera de “oro blanco” al área que es parte del “Triángulo del litio”, la mayor reserva internacional del mineral, que Argentina comparte con Bolivia y Chile.

Argentina, actualmente el cuarto productor mundial de litio con el 8% del total global, quiere cerrar la brecha con su vecino Chile, que produce el 22%, los dos a partir de salmuera. Australia, el mayor productor mundial del metal con el 49%, produce el mineral a partir de rocas llamadas pegmatitas.

“Desde salmueras, en Argentina podríamos llegar a ser el primer productor mundial en menos de una década si se sigue y mantiene el caudal de proyectos”, se entusiasmó David Guerrero Alvarado, consultor de la canadiense Alpha Lithium, en una entrevista en la ciudad de Salta.

Para atraer las esquivas inversiones, Argentina bajó el año pasado los impuestos a las exportaciones mineras del 12% al 8% y en abril autorizó el envío al exterior -no estaba permitido hasta entonces- del 20% de las divisas obtenidas por exportaciones de proyectos con inversiones superiores a los USD 100 millones.

La administración, que busca reducir las emisiones de carbono, también respaldó la creación de una fábrica de baterías de litio por parte de la empresa de energía estatal y planea enviar un proyecto de ley al Congreso para reducir los impuestos a los automóviles eléctricos, que actualmente están fuera del alcance de la mayoría de los compradores locales.

Las provincias mineras como Salta, Jujuy y Catamarca se han comprometido a favorecer la modernización de la infraestructura.

La secretaria de Minería y Energía de Salta, Flavia Royón, dijo a Reuters que la provincia tiene como objetivo producir 200.000 toneladas de litio anuales a partir de 2025, un volumen casi equivalente a la quinta parte de la producción global esperada para ese año.

Según un reporte de agosto de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), las empresas mineras instaladas en el país realizarán inversiones por USD 2.700 millones, lo que llevaría a Argentina a casi quintuplicar sus exportaciones para 2025.

Los embarques de litio pasarían de las 38.800 toneladas de este año a 175.000 toneladas en 2025, calculadas en más de US$ 1.500 millones, de acuerdo con CAEM.

Las dudas, sin embargo, asaltan a los analistas. “Argentina tiene los recursos, pero transformarlos en reservas y factibilizar proyectos implica un conjunto de decisiones previas sujetas a un entorno macro favorable y micro estable. Se necesita una serie de reglas claras y estables”, destacó Natacha Izquierdo, analista de la consultora Abeceb, en Buenos Aires.

A nivel mundial, son varios los obstáculos que enfrenta la industria. El desarrollo de tecnologías sustitutas, la ampliación de la oferta global y el menor crecimiento de la economía de China han afectado los precios del mineral.

Localmente, las empresas mineras miran de reojo las férreas restricciones al mercado de divisas -que buscan proteger el débil peso argentino- y los fluctuantes impuestos nacionales y provinciales antes de definir multimillonarias inversiones a largo plazo.

Argentina cuenta actualmente con 62 proyectos de litio, pero solo dos están en producción: los de Livent y Orocobre.

“El país no es muy atractivo desde el punto de vista de un inversor extranjero en atraer capitales que vengan a querer instalarse aquí”, dijo en su oficina de Salta Alejandro Moro, gerente general de Rincón Lithium, que posee la concesión de un salar con casi 2 millones de toneladas de carbonato de litio.

“Somos un país con una macroeconomía bastante inestable, con alto grado de impuestos que se le pone a los capitales que vienen a invertir”, añadió.

Moro se mostró optimista sobre el apoyo de Argentina a las inversiones mineras tras una reunión con funcionarios hace semanas.

La producción de biocombustibles vivió un auge en Argentina hasta hace poco más de un lustro, gracias a la abundancia local de un insumo básico para el biodiésel como es el aceite de soja.

El impulso de un Estado que buscaba paliar su recurrente déficit energético convirtió al país en el principal proveedor global de biodiésel. Sin embargo, el cierre de mercados claves como Europa y Estados Unidos minó en años recientes la confianza en el sector.

“La industria viene operando en bajísimos niveles con relación a su capacidad instalada. Hay plantas que están paradas”, aseguró a Reuters Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.

Hace 10 años, Argentina exportaba más de 1,5 millones de toneladas anuales de biodiésel. En el primer trimestre de 2021, los embarques al exterior sumaron solo 267.000 toneladas, según datos oficiales.

Para el Gobierno, parece ser el turno del litio.

Mientras el país otorga beneficios al metal, una normativa aprobada hace semanas por el Congreso -dominado por el oficialismo- redujo del 10% al 5% el porcentaje de biodiésel que debe contener la mezcla de diésel en el país, lo que reducirá la demanda doméstica del biocombustible.

Los biocombustibles “van a continuar, solo que el régimen de promoción va a estar más acotado. Vamos a buscar herramientas que apunten a otros combustibles que entendemos son lo que se viene, que generan cero emisiones contaminantes, que son básicamente el hidrógeno y la batería de litio”, dijo el ministro de Producción, Matías Kulfas, en un reciente encuentro con periodistas en Buenos Aires.

El asunto tiene una alta incidencia sobre la economía local: la nación sudamericana busca hace más de una década revertir el déficit fiscal que lo ha sumido en crisis reiteradas. Gran parte de ese desajuste se explica por su déficit de energía.

La principal apuesta de Argentina pasa hace años por la formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, en la Patagonia, que parece nunca despegar.

Si bien el litio no compensaría la escasez energética del país, su creciente uso y exportación podría ayudar a equilibrar la balanza comercial.

Mientras que los proyectos de Livent y Orocobre están en proceso de ampliación gracias a inversiones por 1.000 millones de dólares, otros como el de Caucharí–Olaroz, en el que Ganfeng y Lithium Americas invirtieron US$ 641 millones para producir 40.000 toneladas, comenzarían a producir en 2022.

“Definitivamente, el litio va a reemplazar a los biocombustibles”, dijo Moro, de Rincón Lithium.
Fuente: Reuters

Argentina busca casi quintuplicar sus exportaciones de litio para 2025

Perú

Chumbivilcas retoma protestas por inacción del Gobierno en mesa de diálogo

13/09/2021
Por Álvaro Meneses
El pasado viernes 10 de setiembre, alrededor de las 3:00.p.m, se disolvió uno de los subgrupos conformados en el marco de la mesa de diálogo entre las comunidades de la provincia de Chumbivilcas (Cusco), funcionarios del Gobierno y representantes de la minera MMG Las Bambas. Con las vías del Corredor Minero Sur tomadas por las comunidades de Chumbivilcas, el Gobierno buscará esta tarde subsanar sus errores y retomar el diálogo en la provincia.

Desde el jueves 9 de setiembre, la mesa de diálogo -instalada en la provincia de Chumbivilcas con el fin de resolver el conflicto entre las comunidades afectadas y la empresa minera MMG Las Bambas- comenzó a sesionar por subgrupos. Ese primer día, los dirigentes de las diez comunidades discutieron con la minera y el Gobierno sobre las posibilidades de anular la resolución N°372-2018-MTC que convirtió sus vías comunales en carreteras nacionales.

Cabe recordar que a partir de esa resolución ministerial que cambió la categoría de las vías comunales en carretera nacional, las comunidades del Corredor Mineru Sur denuncian contaminación generada por el tránsito de los camiones de MMG Las Bambas cargados de minerales.
Mesa de diálogo entre el Gobierno, la minera MMG Las Bambas y las comunidades de la provincia de Chumbivilcas.

Los desencuentros en la mesa de diálogo empezaron en el segundo día, viernes 10 de setiembre, en el subgrupo encargado de hacer posible la inclusión de las comunidades en la cadena de valor de la zona. Es decir, que la población local sea proveedora de bienes y servicios de la minera con el fin de generar empleos.

En entrevista con Wayka, el secretario general del Frente Único de Defensa de los Intereses de la provincia de Chumbivilcas, Wilber Fuentes Agüero, explicó el motivo por el que las comunidades abandonaron la mesa de diálogo.

“Hemos retomado la huelga en vista de que se discutía sobre la posibilidad de que las comunidades sean cadena de valor y generar trabajo en la región, para que sean proveedores de bienes y servicios de la empresa, y la minera se negó, pese a que el pasado 29 de julio se comprometieron a eso. Y los representantes del Ministerio de Energía y Minas poco o nada han hecho como garantes, están parcializados”, exclamó Wilber Fuentes a Wayka.
La comunidad Lacca Lacca Yanque Parccobamba, de la provincia de Chumbivilcas, en huelga.

Tras la ruptura de la mesa de diálogo, la protesta ha resurgido en diez puntos del Corredor Minero Sur y se mantiene hasta la fecha. Las vías fueron nuevamente tomadas por las comunidades de Huininquiri, Huaylla Huaylla, Tincurca, Qollana, Idiopa Ñaupa Hapo Urinsaya, Ahuichanta Huisuray, Lacca Lacca Yanque Parccobamba, Cancahuani, Cruzpampa y Huascabamba. Todas ubicadas en la provincia de Chumbivilcas.

Del otro lado, el Gobierno busca calmar la tensión en el Corredor Minero Sur y retomar el diálogo. El sábado 11 de setiembre, luego de que las comunidades abandonen la mesa de diálogo, la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, a cargo de Pastor Paredes Diez Canseco, envió un oficio a Wilber Fuentes para convocarlo a una “reunión de reanudación”.
Oficio enviado por la Oficina General de Gestión Social del MINEM.


La reunión, agendada para las 3:00.p.m del lunes 13 de setiembre, contará con la presencia de representantes de la minera, funcionarios del Gobierno y seis dirigentes de Chumbivilcas, quienes exigen que el Gobierno envíe otros funcionarios de mayor cargo “ya que (los de ahora) son los mismos de gobiernos pasados y no muestran interés en resolver” su pliego de reclamos, como la ampliación del área de influencia directa del proyecto minero, reparación ambiental, indemnización económica y un proceso de consulta previa.

Chumbivilcas retoma protestas por inacción del Gobierno en mesa de diálogo

Perú

14.71 % del territorio nacional bajo concesiones mineras

Son 18 957 980.00 hectáreas, de los cuales, el 69.02% son concesiones mineras tituladas, el 30.36% en trámite
13/09/2021
Un reciente reporte de evolución de las concesiones mineras del primer semestre del 2021 muestra que actualmente el 14.71 por ciento del territorio nacional se halla concesionado a la actividad minera.

Se trata de 18 957 980.00 hectáreas, de los cuales, el 69.02% son concesiones mineras tituladas, el 30.36% en trámite y el 0.62% corresponden a canteras afectadas al Estado y plantas de beneficio.

El reporte fue elaborado por el geógrafo Henderson Ivan López por encargo de las asociaciones CooperAcción, Fedepaz y Grufides en el marco de sus actividades de seguimiento a las industrias extractivas.

Ellas realizan un monitoreo al sistema de concesiones mineras del Estado a través del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, donde se publica un informe estadístico – descriptivo.

La finalidad es difundir dicha información a líderes de comunidades y autoridades locales que son los principales afectados con el crecimiento acelerado y desordenado de las concesiones.

La información producida es representada en un mapa que permite observar el avance y retroceso de la superficie continental del territorio nacional concesionada a las actividades extractivas, principalmente a la minería metálica.

El reporte se ha elaborado con información geográfica del catastro minero descargado el 3 de junio del 2021 del geoportal web Geocatmin del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) del Ministerio de Energía y Minas.

Puede ver el reporte completo ingresando al siguiente enlace: https://bit.ly/3l8MOs8
Fuente: Servindi
https://www.inforegion.pe/288437/14-71-del-territorio-nacional-bajo-concesiones-mineras/

Perú

Loreto y Cusco concentraron la mayoría de conflictos sociales en agosto

Respecto al mes anterior, surgieron cuatro nuevos casos, según la Defensoría del Pueblo.
13/09/2021
Respecto al mes anterior se incorporaron cuatro conflictos nuevos. Uno de ellos es de tipo laboral y se desarrolla en Pasco, donde los trabajadores de la Empresa Administradora Cerro S. A. C. reclaman la atención de sus demandas laborales para una efectiva reincorporación a sus puestos de trabajo. Asimismo, en Huancavelica se registró un nuevo conflicto de tipo otros asuntos. En este caso la comunidad campesina de Puerto San Antonio y la población del distrito de Roble demandan a la empresa Telefónica del Perú S. A. A. (Movistar) la instalación de nuevos equipos y de fibra óptica para el mejoramiento de la señal de internet, que permita el normal desarrollo de sus actividades educativas y laborales.

Dos nuevos conflictos de tipo socioambiental se registraron en Ayacucho y Tumbes. En el primero, la comunidad campesina de Pallancata denuncia que el río Suyamarca estaría contaminado, presuntamente por vertimiento de aguas ácidas con metales pesados sin tratamiento de la Compañía Minera Ares S. A. C. (Unidad Minera Pallancata), lo que habría ocasionado la muerte de truchas y afectación de la salud de los miembros de la comunidad campesina Pallancata y el centro poblado Santa Rosa.

El segundo se desarrolla en la provincia de Tumbes, donde ciudadanos del distrito de San Jacinto se oponen a la ejecución del proyecto “Presa Laminadora de Higuerón” a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) debido a los posibles impactos negativos del proyecto, en perjuicio de sus actividades agrícolas y sus derechos a la vivienda, trabajo y propiedad.

Casos por tipo y lugar

En cuanto a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (29 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (22) y Áncash (17). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (64.8 %). Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007. Respecto de los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos con relación a los socioambientales es de 64.6 %.

Diálogo

Del total de casos activos, el 69.1 % (96 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 76 de ellos. Del total de conflictos en diálogo, el 77.1 % (74 casos) corresponde a casos socioambientales.

Violencia

En este mes se registraron dos personas heridas producto del enfrentamiento entre la Policía Nacional del Perú y los trabajadores de la Empresa Administradora Cerro S. A. C. en Pasco, quienes realizaban una protesta en las instalaciones de la empresa.

Protestas

Se registraron 231 acciones colectivas de protesta en el mes de agosto, 60 más que el mes anterior. Del total, el 56.3 % fueron plantones y el 22.5 % movilizaciones.

Alertas tempranas

En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envía al Estado, las empresas y la sociedad 25 alertas tempranas (ver página 10 del reporte), para que se actúen en el marco de sus competencias y responsabilidades. Del total de alertas, cuatro son conflictos nuevos, 11 son casos activos y 10 son casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales.
https://www.inforegion.pe/288440/loreto-y-cusco-concentraron-la-mayoria-de-conflictos-sociales-en-agosto/

Internacional

Tres cuartas partes de los ataques registrados contra activistas ambientales y de la tierra en 2020 ocurrieron en América Latina..

.. según el informe de Global Witness

La violencia contra las personas defensoras de la tierra aumenta a medida que se intensifica la crisis climática.
13/09/2021-
Un informe de Global Witness publicado hoy revela que tres cuartas partes de los ataques letales registrados contra activistas ambientales y de la tierra en 2020 sucedieron en América Latina. Unas 165 personas fueron asesinadas en la región por defender su tierra y el planeta. A nivel mundial, se registraron 227 ataques letales, lo que constituye un aumento en las cifras históricas por segundo año consecutivo.

Mientras que muchos sectores acogieron con satisfacción la ratificación del Acuerdo de Escazú –un tratado histórico sobre la protección de personas defensoras en América Latina y el Caribe–, la violencia contra ellas continuó. En muchos países, incluso alcanzó niveles sin precedentes.

Colombia fue nuevamente el país más afectado del mundo, con 65 asesinatos registrados, y Nicaragua, con 12 asesinatos registrados, fue el lugar más mortífero para las personas defensoras considerando los asesinatos per cápita.

En promedio, cuatro personas defensoras han sido asesinadas cada semana alrededor del mundo, desde que se firmó el acuerdo climático de París en 2015. Sin embargo, esta impactante cifra es, casi con certeza, una subestimación, ya que es probable que muchos casos no sean denuciados ante las crecientes restricciones al periodismo y otras libertades cívicas.

Las cifras muestran el costo humano de la destrucción provocada por las industrias y corporaciones extractivas. Según los informes, al menos el 30% de los ataques registrados estuvieron directamente relacionados con la explotación de recursos, incluyendo la explotación forestal, la minería y la agroindustria a gran escala, las represas hidroeléctricas y otro tipo de infraestructura. La explotación forestal fue la industria vinculada a la mayor cantidad de asesinatos con 23 casos, con ataques reportados en México, Brasil, Nicaragua y Perú.

Los homicidios incluyen el caso de Óscar Eyraud Adams, indígena Kumiai y defensor del agua, asesinado en México luego de oponerse a las industrias que contribuyen a la escasez hídrica en Baja California. Óscar fue uno de los muchos indígenas asesinados en 2020, reinvindicando su derecho a la autodeterminación y protegiendo las tierras ancestrales de quienes buscan explotar sus recursos naturales.

Marina Commandulli, activista de Global Witness, dijo:

“En un año en el que los países latinoamericanos sufrieron crisis sin precedentes, una constante permaneció: la violencia contra las personas defensoras. América Latina ha sido consistentemente la región más afectada y, con demasiada frecuencia, quienes se pronuncian por su tierra y nuestro planeta deben enfrentar la criminalización de los gobiernos, la intimidación en sus comunidades y el asesinato. Esta violencia sistémica es el resultado de décadas de impunidad para los perpetradores y las empresas que ponen la extracción y las ganancias por encima de la vida humana y nuestro medio ambiente”.

Entre las y los activistas que continuan amenazados se incluyen las comunidades de Guapinol, en Honduras. Allí decenas de personas defensoras de la tierra y del agua han sido arrestadas en los últimos años por protestar pacíficamente contra una concesión minera de óxido de hierro otorgada por el gobierno central en un área protegida. Muchos miembros de la comunidad siguen privados de su libertad.
Principales hallazgos del informe

Casi tres de cada cuatro ataques registrados ocurrieron en las Américas. De los diez países con mayor cantidad de ataques registrados, siete están en América Latina. En Brasil y Perú, casi tres cuartas partes de los ataques registrados sucedieron en la región amazónica de esos países.
Colombia es nuevamente el país con mayor cantidad de ataques registrados, con 65 personas defensoras asesinadas en 2020. Un tercio de estos ataques fueron cometidos contra indígenas y afrodescendientes, y casi la mitad fueron perpetrados contra pequeños agricultores.
En 2020 continuó el desproporcionado número de ataques contra pueblos indígenas, siendo el blanco de más de un tercio de estos ataques fatales. Se reportaron ataques contra personas defensoras indígenas en toda América Latina.
En Nicaragua se registraron 12 asesinatos, en comparación con los cinco que Global Witness documentó en 2019. Considerando los asesinatos per cápita, se convirtió en el país más peligroso para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2020.
La cantidad de ataques reportados en Brasil sigue siendo alta, con 20 asesinatos registrados. El gobierno de Bolsonaro ha priorizado las industrias extractivas en las regiones del Amazonas y del Cerrado. Organizaciones de derechos indígenas y al menos seis de los partidos políticos de Brasil han alegado que el COVID-19 podría conducir a un «genocidio» de los pueblos indígenas de Brasil.
En los casos en que los informes señalan que las personas defensoras fueron atacadas por proteger determinados ecosistemas, la mayoría (70%) trabajaba para defender los bosques de la deforestación y del desarrollo industrial, algo vital en los esfuerzos por frenar la crisis climática. Otras murieron por su trabajo al proteger ríos, áreas costeras y océanos.

Recomendaciones del informe

La Organización de las Naciones Unidas, a través de sus Estados miembro, debería:

Reconocer formalmente el derecho humano a un medio ambiente seguro, saludable y sostenible.
Asegurar que los compromisos y acciones asumidos en la COP26 para implementar el Acuerdo de París integren la protección de los derechos humanos.

Los gobiernos tienen el deber primordial de garantizar que los derechos humanos de las personas defensoras estén protegidos y que puedan llevar a cabo su activismo de manera segura, y deben:

Garantizar que las políticas nacionales protejan a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, y derogar cualquier disposición legislativa utilizada para criminalizarlas.
Exigir a las empresas e instituciones financieras que realicen la debida diligencia obligatoria. Deben responsabilizarse por la violencia y otros daños ejercidos contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente a través de cada una de sus operaciones globales y cadenas de suministro.
Garantizar el acceso a la justicia mediante la investigación y el enjuiciamiento de todos los actores pertinentes, incluyendo a los actores corporativos implicados, por la violencia ejercida contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente.

La Comisión Europea está preparando dos importantes normas legislativas: una iniciativa sobre Gobernanza Empresarial Sostenible y un reglamento sobre productos básicos que implican un riesgo forestal. La Unión Europea (UE) debe garantizar que:

La iniciativa sobre Gobernanza Empresarial Sostenible exija que todas las empresas que hacen negocios en la UE, incluidas las instituciones financieras, tomen medidas para prevenir, identificar, abordar y dar cuenta de los daños ambientales y de derechos humanos a lo largo de sus cadenas de valor como parte de su debida diligencia e incluir un mecanismo de ejecución consistente, con sólidos regímenes de responsabilidad y sanciones para responsabilizar a las empresas.
El Reglamento de diligencia debida propuesto sobre productos básicos que implican un riesgo forestal exija explícitamente que las empresas y los financistas que hacen negocios en la UE se abastezcan o financien únicamente operaciones que hayan obtenido el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas y las comunidades locales

Las empresas deben hacer todo lo que esté a su alcance para asegurarse de que no están causando, contribuyendo o beneficiándose de estos ataques, sean cuales sean los costos. En particular, deben:

Publicar e implementar sistemas sólidos de debida diligencia para identificar, evaluar, prevenir y mitigar los daños ambientales y de derechos humanos en todas sus cadenas de suministro y operaciones.
Adoptar e implementar una postura de tolerancia cero ante represalias y ataques contra personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en sus operaciones globales.
Prever y facilitar procesos de reparación efectivos cuando se produzcan daños e impactos ambientales y de derechos humanos adversos.

Mexico

Patrimonio Biocultural y Megaminería

Un reto múltiple en Dolores Hidalgo, C.I.N., Guanajuato
Desde el domingo 12 de septiembre de 2021, el Museo del Bicentenario, ubicado en la Plaza Principal N° 1 de la ciudad de Dolores Hidalgo, alberga la exposición «El Oro o La Vida. Patrimonio Biocultural y Megaminería: Un Reto Múltiple» a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con información que surge de diversos procesos de resistencia en el país y otros lugares de Latinoamérica, en cooperación con la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).

Durante la inauguración, el Dr. Paul Hersch del INAH, ofreció un recorrido y explicó a profundidad la transición de la minería en México y el mundo, hasta lo que hoy conocemos como la megaminería. Mediante fotografías, maquetas y estudios científicos se documentan las múltiples amenazas para la vida y para el patrimonio biocultural de las poblaciones afectadas por la minería “a cielo abierto”, como podría ocurrir con el proyecto minero “Cerro del Gallo”, propiedad de la trasnacional canadiense Argonaut Gold, Inc., que pretende instalarse en la inmediación de 21 comunidades rurales de Dolores Hidalgo.

Estos espacios de información y conocimiento tienen como objetivo que más personas puedan ampliar su mirada y acercarse a la reflexión sobre el modelo extractivo minero y sus consecuencias. Al mismo tiempo, la exposición ha servido para fortalecer procesos de resistencia en distintas partes de México.

La exposición permanecerá en el Museo del Bicentenario, hasta el mes de octubre de este año.

Dolores Hidalgo, Guanajuato, 13 de septiembre de 2021
¡AGUA PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!
¡ALTO A LOS PROYECTOS EXTRACTIVOS MINEROS!

Acción Colectiva
@acolectivamx
León, Guanajuato

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA
inforema.mexico@gmail.com, rema@remamx.org, www.remamx.org