04/10/2021
Proyecto Las Bambas, en la región de Cusco, Perú. / Foto: Cortesía de MMG.

La semana pasada, el Gobierno y una comunidad local acordaron una tregua temporal después de que un bloqueo de tres semanas de una carretera en la provincia de Chumbivilcas, Cusco, casi llevó al cierre a la mina Las Bambas, propiedad del grupo chino MMG, que produce alrededor del 2% del cobre en el mundo.

Pero las tensiones siguen siendo altas, con amenazas de más bloqueos, mientras críticos dicen que el Gobierno del presidente Pedro Castillo no ha cumplido sus promesas a los votantes en las regiones mineras, quienes apoyaron su campaña.

“Ellos continúan con el mismo sistema que los gobiernos anteriores”, dijo a Reuters por teléfono Sixto Huamani, líder de la provincia de Chumbivilcas, a fines de la semana pasada.

Las comunidades de Chumbivilcas habían bloqueado un camino de tierra que cruza la provincia, vital para transportar el cobre producido en Las Bambas antes de ponerlo en los trenes de carga.

El ministro de Energía y Minas de Perú, Iván Merino, dijo a Reuters en una entrevista que “la toma de decisiones a corto plazo” de MMG era en parte responsable por el conflicto y pidió a la empresa que ayude a construir una nueva línea ferroviaria hacia la mina para evitar el camino de tierra.

Sin embargo, agregó que el conflicto en Las Bambas es un reflejo de las tensiones mineras más amplias en Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre, después del vecino Chile.

“No es solo en esa área, hay tensiones y expectativas en todo el país”, expresó.

Reanudar bloqueo

Reuters habló con Merino, líderes comunitarios y participó en reuniones con funcionarios para comprender la precaria distensión que existe actualmente alrededor de Las Bambas.

Los líderes de Chumbivilcas se reunirán con autoridades del Gobierno y ejecutivos de la minería el 5 de octubre en Lima para exigir una carretera en mejores condiciones, compensación por el uso de la tierra, transferencias de impuestos y empleos para los lugareños.

Otro grupo de líderes de Cotabambas, la provincia donde se ubica Las Bambas, está pidiendo sostener una reunión una semana después para resolver sus llamados a una mejor redistribución de los impuestos al cobre.

Cualquiera de las dos comunidades podría tomar acciones para bloquear la carretera nuevamente, dijeron los líderes.

“Si el 5 de octubre no llegamos a acuerdos, al día siguiente se retoma el bloqueo”, dijo Huamani a Reuters.

Encontrar una solución permanente para Las Bambas es un desafío primordial para el Gobierno de Castillo, que lleva apenas dos meses y cuya ambición de financiar programas sociales más grandes depende del aumento de los ingresos por los minerales del país.

La mina Las Bambas ha sido golpeada durante años por protestas de grupos locales que dicen que las ganancias de las empresas no ayudan a las comunidades de la región.

También denuncian que los muchos camiones que pasan por el camino de tierra todos los días y esparcen polvo, lo que arruina sus cosechas.

Castillo se comprometió a cambiar esa dinámica y obtuvo un enorme respaldo de los habitantes de regiones mineras que lo llevó al Palacio Pizarro a fines de julio.

Durante la campaña, criticó a las empresas mineras por “saquear” la riqueza del país y prometió aumentar drásticamente las tasas impositivas.

Las Bambas dice que ha pagado 4.900 millones de soles (USD 1,200 millones) en impuestos y regalías desde 2014, y gastó USD 235 millones en mejorar el camino de tierra.

Castillo aún no ha comentado públicamente sobre los bloqueos de carreteras. Una portavoz de MMG declinó hacer comentarios.

Si bien el Gobierno propone soluciones a más largo plazo, como nuevas rutas de trenes, las comunidades buscan acuerdos más inmediatos.

La semana pasada, líderes de Cotabambas abandonaron abruptamente una reunión con negociadores del gobierno en Lima.

“Esta mesa de diálogo ha sido una mesa de paseo (una tomadura de pelo)”, dijo Gonzalo Velázquez, alcalde de Haquira, un distrito de Cotabambas, durante el encuentro al que asistió un reportero de Reuters.
Fuente: Reuters

Las Bambas: “Si el 5 de octubre no llegamos a acuerdos, se retoma el bloqueo”, dicen comuneros de Perú.

30/09/2021
El ministro de Energía y Minas de Perú, Iván Merino, durante una entrevista con Reuters en Lima, Perú.
Por Marcelo Rochabrun
LIMA, 30 sep (Reuters) – El ministro de Minería de Perú dijo el jueves que el conflicto en la gran mina de cobre de Las Bambas fue causado en parte por la decisión cortoplacista de MMG Ltd de depender de un camino de tierra para transportar el metal, y pidió la construcción de una línea férrea en su lugar.

«Tuvieron decisiones de corto plazo y eso tiene un costo», dijo el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, durante una entrevista con Reuters en Lima.

La carretera de tierra es un punto de fricción social, ya que cuenta con la dura oposición de los líderes de las comunidades que atraviesa en los empobrecidos pero cupríferamente ricos Andes peruanos.

Los líderes de una provincia, Chumbivilcas, bloquearon la vía por tres semanas hasta el miércoles, obligando casi a que Las Bambas suspendiera la producción del metal rojo.

La tensión es una prueba clave para el presidente izquierdista de Perú, Pedro Castillo, que quiere aumentar los impuestos a la minería en el segundo mayor productor mundial de cobre para financiar programas sociales, pero necesita equilibrar esas ambiciones con el conflicto social que generan algunos proyectos mineros.

Merino dijo que un tren ayudaría a desactivar esas tensiones. Aunque ya había hablado antes de construir una vía férrea en los Andes peruanos, es la primera vez que pide que el tren llegue específicamente a la mina Las Bambas.

También hay tensiones sociales en futuros proyectos mineros, como la muy atrasada mina Tía María de Southern Copper Corp. La oposición social al proyecto dejó varios muertos en la década pasada.

Merino indicó que el gobierno de Castillo se opone al proyecto de Tía María.

«Yo no voy a contradecir al presidente», señaló Merino. «Tal vez en unos meses la situación cambie y tengamos un nuevo acuerdo».
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https://es-us.noticias.yahoo.com/ministro-miner%C3%ADa-peru-conflicto-bambas-011028512.html

Imagen: Diario Uno
01/10/2021
La carretera por donde transita el transporte minero de Las Bambas pasa por cinco provincias de Apurímac y de Cusco, por centros poblados y tierras comunales y privadas, en un recorrido de cientos de kilómetros.

Para entender el conflicto y encontrar vías de solución, es importante precisar cómo se gestó y en qué consiste:

1.El cambio irregular de mineroducto a transporte terrestre por vía pública de las Bambas dio lugar a la falta de determinación de impactos, medidas de manejo y zona de influencia.

Este cambio ocurrió el año 2014 y se hizo en la segunda modificatoria del EIA (2MEIA). Fue irregular porque no estuvo incluido en la solicitud que dio inicio al procedimiento de evaluación y, por esta razón, no fue de conocimiento público.

El cambio, apareció casi al final del procedimiento de evaluación de la 2MEIA, en la respuesta a una observación que realizó la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas, entidad evaluadora, en ese momento. La observación decía:

“b) Considerándose que la presente modificación es parte integrante del EIA aprobado del proyecto Las Bambas, en la cual se aprobó tres áreas (Las Bambas, Mineroducto y Tintaya), al respecto en el presente estudio solo se menciona el área de Las Bambas; por lo que, el titular deberá detallar los posibles cambios o actualizaciones de la información en general (como el transporte, el plan de manejo, puntos de monitoreo entre otros) de las otras áreas aprobadas. Deberá tener en cuenta lo mencionado en el Art. 57°, D.S. N°019-2009-MINAM” [1]

En la respuesta a esa observación la empresa señaló:

“Por este motivo, Las Bambas ha visto a bien realizar el transporte de cobre y molibdeno de manera bimodal desde Las Bambas hasta el puerto de Matarani. Es decir, el concentrado será transportado vía terrestre por camiones desde Las Bambas hacia una estación de transferencia ubicada en Pillones (a cargo de un tercero) y desde esta última instalación será transportado vía férrea hasta el puerto de Matarani”.

También precisó la ruta del transporte por vías públicas locales y regionales, algunas en trámite, en ese entonces:

• Evitamiento trazo Nueva Fuerabamba: Huancuire – Quehuira, con expediente técnico aprobado por la Municipalidad de Challhuahuacho mediante Resolución de Alcaldía 061-2011-MDCH/A

• Quehuira – Puente Ichuray – Mara – Ccapacmarca3, con expedientes técnicos y EIA aprobados por diversas instituciones (Provias, Gobierno Regional de Apurímac, Gobierno Regional de Cusco).

• Ccapacmarca – Moyo Orco – Dv. La Perla – YaviYavi – Dv. Huincho (Ccapacmarca – Velille) (CU1-119 y CU-127).

La respuesta de la empresa a la pregunta sobre la forma de transporte fue escueta, sin ningún estudio que la acompañara, por lo que la autoridad ambiental la consideró insuficiente. Ante ello, tuvo que presentar un informe complementario, que también fue insuficiente, pues sólo estimó los impactos de los tubos de escape de los vehículos y no la tracción de estos con el suelo, que es lo que genera polvo, ruido y vibración. Por esta falta de información, la DGAAM concluyó que no había impactos, no estableció medidas de manejo, salvo un plan de contingencias para accidentes de tránsito.

En la 2MEIA, también se aprobó la reducción de la zona de influencia social porque la empresa minera ya no iba a construir el mineroducto[2] y no determinó zona de influencia del transporte minero por carretera porque considera que éste se realiza por una vía pública y los impactos en vía pública no son su responsabilidad.

La empresa confunde los impactos del transporte minero terrestre con los impactos de la construcción o ampliación de la vía pública que son dos cosas distintas. Lamentablemente, la DGAAM no aclaró esa confusión, dándole la razón. Esta confusión también hizo que no hubiera fiscalización del transporte minero. No quedaba claro a quién correspondía fiscalizar, si al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) o al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Esto permitió que quienes sufrían los impactos ambientales del transporte minero no tuvieran a quién reclamarle.

Durante el proceso de evaluación de la tercera modificatoria del EIA (3MEIA) realizada el 2018, el Frente de Defensa de Cotabambas solicitó que se determinara los impactos del transporte minero, las medidas de manejo, la zona de influencia y el ente fiscalizador. El Servicio de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), organismo evaluador, hizo que la empresa determinara impactos y medidas de mitigación, aunque de manera insuficiente. No le exigió a la empresa la determinación de zona de influencia como correspondería hacerlo con una actividad que tiene impacto en poblaciones y territorios. Sobre el pedido del Frente de Defensa de determinar el ente fiscalizador, Senace precisó que es Oefa.

El año 2019, las comunidades de Chumbivilcas denunciaron ante Oefa los impactos del transporte minero y pidieron que se determine la zona de influencia de esta actividad. El año 2020, Oefa, emite una resolución de segunda instancia en la que establece medidas de mitigación y dispone que la empresa minera modifique su EIA para determinar los impactos del transporte minero, las medidas de manejo que correspondan y la reconfiguración del área de influencia debido a los impactos del transporte minero.

No tenemos conocimiento si la empresa ha presentado ante Senace su nuevo MEIA, en los términos planteados por Oefa, para que Senace lo evalúe y resuelva. Cabe recalcar que es Senace, en cumplimiento de sus competencias y funciones, quien debe definir los impactos, las medidas de manejo y la zona o área de influencia. Esta decisión no está sujeta a la libre voluntad del Poder Ejecutivo, corresponde a un proceso administrativo nominado y predeterminado ante Senace, el mismo que estaría en curso por mandato de Oefa, como acabamos de señalar.

Es indiscutible que el transporte minero terrestre es una actividad minera, que tiene impactos sobre el área contigua a la carretera. Según el artículo 4 del Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las actividades mineras de explotación, beneficio, labor general, transporte, almacenamiento minero, aprobado por D.S. 040-2014-EM, el área de influencia directa ambiental y social es:

4.1.1 Área de Influencia Directa Ambiental: comprende el área geográfica donde los impactos ambientales negativos y positivos de la actividad minera son continuos y significativos.

4.1.2 Área de Influencia Directa Social: comprende a la población y/o área geográfica que es afectada directamente por los impactos socioambientales de la actividad minera.

Evidentemente, el transporte minero tiene un impacto continuo y significativo sobre una franja de territorio que se ubica a ambos lados de la carretera y afecta a personas y familias que viven allí, independientemente de la naturaleza pública o privada de la vía, tal como lo ha documentado el propia Oefa para este caso específico[3]. Aunque cabe precisar que los impactos del transporte son distintos a los que se producen en la zona de explotación minera. Esto es algo que tendrá que definir Senace cuando evalúe el nuevo MEIA y sería necesario, que la legislación sobre transporte minero sea más clara en este tema.

2) La afectación del derecho de propiedad por la construcción o ampliación de la carretera y el pedido de nulidad de su clasificación como ruta nacional

El año 2016 se dio el primer estallido de un conflicto por la presencia de la carretera en la zona de Cotabambas y está relacionado a sus impactos ambientales y al haber ocupado tierras comunales y de privados sin su consentimiento. En esta zona, los afectados y demás actores de la provincia aceptaron negociar la compra-venta de tierras y la reclasificación de las rutas locales y regionales en nacional, para facilitar el asfaltado de la carretera por el MTC. Este segundo tema se concretó en dos momentos, el 2017 y el 2018. El primero, se inicia a pedido de la Municipalidad Provincial de Grau y del distrito de Progreso y el segundo, a instancia de la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Es importante señalar que en la actualidad, los propietarios del tramo de Cotabambas no han concluido la negociación de tierras debido a que los gobiernos anteriores han ofrecido 20 soles por metro cuadrado y los propietarios piden 100 soles.

Por otro lado, las comunidades del tramo de Chumbivilcas actualmente exigen la nulidad de las resoluciones de reclasificación, pensando que con ello la carretera se convertirá en vía comunal y podrán establecer contratos de servidumbre de paso con la empresa minera. Al respecto, cabe realizar una precisión. Declarar la nulidad de las resoluciones de reclasificación, sólo conducirá al momento anterior a ella, a cuando la ruta era de nivel local o regional y la responsabilidad del asfaltado (aún pendiente) y su mantenimiento estaba a cargo de los gobiernos locales o regionales. Retroceder hasta el momento en que existía la vía comunal implicará declarar la nulidad de varios actos administrativos previos aprobados por municipalidades y gobiernos regionales. Cabe preguntarse si vale la pena seguir todo ese proceso y si es conveniente, considerando los riesgos que supone el transporte minero de carga pesada, que éste se realice a través de vías comunales, en un recorrido de cientos de kilómetros.

La afectación tangible a los territorios de las comunidades debería dar lugar al cumplimiento de las medidas de reparación por la afectación de los derechos territoriales de ellas. Esta es una obligación que le compete al Estado peruano.

Al respecto, conforme a los estándares internacionales, estas medidas deberían incluir no solo el daño emergente, sino también al lucro cesante. También deberían reparar el daño inmaterial que han sufrido estas comunidades.

A manera de conclusión:

La legislación sobre transporte minero debe ser más clara sobre la determinación de áreas de influencia, en la medida que esta actividad tiene un impacto continuo y significativo sobre una franja de territorio que se ubica a ambos lados de la carretera y afecta a personas que viven próximas a ella.
El caso del corredor del sur es emblemático porque se podría convertir en un antecedente de proyectos mineros futuros que pueden acarrear situaciones similares en relación al transporte de minerales.
El transporte minero debe realizarse en una vía que brinde condiciones idóneas de seguridad, reduciendo al máximo los riesgos a la vida, salud y sobre los bienes materiales.
El pago por la propiedad de la tierra y los daños ocasionados deben ser determinados de manera justa. Para ello, se podría contar con un perito, aceptado por las dos partes, que establezca criterios claros para todos los casos del corredor.
Llamar la atención a los diferentes sectores e instancias involucrados a coordinar para evitar contradicciones que pueden incrementar el clima de desconfianza existente.

[1] Primera observación, notificada mediante Auto Directoral 325-2014-MEM-DGAAM

[2] Inicialmente estas eran las comunidades comprendidas en la zona de influencia directa en el EIA aprobado el 2011:

[3] Resolución Nº 010-2020-OEFA/TFA-SE del 16 de enero de 2020.

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Cooperaccion – septiembre 2021
Como es sabido, las provincias altas del sur andino, como Cotabambas y Grau en Apurímac y Chumbivilcas y Espinar en Cusco, le dieron un respaldo masivo al presidente Castillo en las pasadas elecciones generales. Votaciones por encima del 90% convirtieron a estas provincias en las zonas de mayor respaldo electoral para Perú Libre y en una de las bases principales de su triunfo.

Sin embargo, es precisamente en esta zona donde el gobierno viene enfrentando los primeros grandes retos en materia de conflictividad social. A los pocos días de haber asumido el nuevo gobierno, el Presidente del Consejo de Ministros (PCM), Guido Bellido, tuvo que viajar a Chumbivilcas -su lugar de origen-, para intentar desbloquear un nuevo conflicto que había estallado en la zona. Pese a los intentos y una supuesta tregua por 60 días, los bloqueos de carretera han continuado y la situación, por el momento, sigue sin visos de solución, ya no solo en Chumbivilcas, sino también en otros puntos del denominado corredor minero del sur.

Todo indica que del lado de la población de esta zona del país, la identificación con el nuevo gobierno también implica la expectativa y la exigencia de encontrar soluciones rápidas a los conflictos que vienen de mucho tiempo atrás. Lo que aparentemente esperan es que ‘su gobierno’ les dé respuestas definitivas y soluciones reales.

Sin embargo, del lado del gobierno no está del todo claro cómo se van a abordar demandas que, para comenzar, se deben reconocer como complejas; con agendas fragmentadas, multiplicidad de actores, sobre-expectativas, entre varios otros factores. Lo cierto es que hasta el momento, pareciera que desde el Ejecutivo se han cifrado las expectativas en, por ejemplo, la vinculación y el conocimiento de la zona por parte del premier Guido Bellido, como si eso fuese suficiente para darle solución a las demandas y así desactivar los conflictos. La realidad está demostrando que encaminar los conflictos por vías pacíficas, de diálogo y encontrar soluciones duraderas, no será una tarea fácil.

Al mismo tiempo, desde el Ministerio de Energía y Minas se han lanzado algunos anuncios que, nos imaginamos, buscan colocar temas supuestamente novedosos como respuesta a las demandas que existen en la zona. ¿Algunos ejemplos? Según el Ministro de Energía y Minas, el denominado corredor minero del sur andino ahora se convertirá en un nodo minero; los proyectos deben responder a un enfoque territorial y al criterio de rentabilidad social; se va a optar por la construcción de un ferrocarril minero del sur, que uniría las provincias alto andinas de Apurímac y Cusco con la costa. Sin embargo, hasta el momento no se le ha dado mayor contenido a estas propuestas y no queda clara su viabilidad en el corto, mediano y largo plazo y, sobre todo, si de esta manera se piensa lograr cambios sustantivos en las reglas de juego del sector minero y cubrir las expectativas de las poblaciones.

Pero del lado de las poblaciones también hay varios temas pendientes por resolver. Por ejemplo, será difícil obtener resultados si se mantiene la alta dispersión y la fragmentación organizativa que se presenta en la zona. Al mismo tiempo se debería hacer un análisis de cuáles son las agendas legítimas que representan a las comunidades, qué pedidos tienen un sustento sólido y qué hechos representan una clara afectación a sus derechos colectivos. Trabajar la agenda legítima, fortalecer sus espacios organizativos, evitar la fragmentación y plantearse objetivos claros a partir de un enfoque de derechos, parece ser parte importante de las tareas pendientes del lado de las comunidades.

La solución a este conflicto pasa por reconocer que se han cometido muchos errores en la larga historia del proyecto Las Bambas y del corredor minero: el cambio inconsulto del medio de transporte (de mineroducto a carretera); la construcción de la vía imponiendo hechos consumados, sin una adecuada negociación y violando en muchos casos los derechos de propiedad de las comunidades; y los incesantes cambios en los instrumentos de gestión ambiental (12 cambios en poco más de 5 años). Es esta historia la que explica el malestar de las comunidades y la complejidad y fragmentación de las demandas.

Lo que sí debe quedar claro es que cualquier salida a la problemática de territorios como los del sur andino tiene que ser construida con los actores del propio territorio, es decir con las comunidades y sus organizaciones, autoridades locales y regionales, entre otros. Ya no se puede seguir aceptando que las decisiones sobre qué pasa o deja de pasar en los territorios se siga tomando por fuera y por actores extraterritoriales.
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En el contexto de la conflictividad social surgida por la vulneración del derecho al territorio,
al ambiente y otros por parte de la empresa minera MMG Las Bambas
28/09/2021
El presidente del Consejo de Ministros, sin que medie explicación alguna, no asistió a las
reuniones acordadas, con los representantes de las organizaciones sociales de base de
Cotabambas y Progreso, para los días 27 y 28 con el objeto de reiniciar los debates y acuerdos
tendientes a solucionar la vulneración de los derechos a la tierra, al ambiente sano y equilibrado,
a la consulta previa, etc., del que son objeto, por ejemplo, las comunidades campesinas
afectadas por el proyecto minero Las Bambas.
Como se recordará, el pasado 17 de setiembre, en el distrito de Tambobamba (Cotabambas –
Apurímac), se reinstaló mediante un acta, suscrita por el Primer Ministro, altos funcionarios del
Poder Ejecutivo; las autoridades de los gobiernos locales y; los representantes de las
organizaciones sociales de base: La Comisión Multisectorial “Espacio de Diálogo y
Cumplimiento de Compromisos para el Desarrollo de la provincia de Cotabambas y distrito de
Progreso de la provincia de Grau, Región Apurímac”. En dicha acta se consignó el acuerdo de
continuar con las reuniones para el 27 y 28 de setiembre, en la ciudad de Lima, reuniones entre
las que tendría que estar, necesariamente, el Presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido
Ugarte y demás altos funcionarios, cuyos sectores se relacionan a los temas antes referidos,
precisamente para permitir arribar a una serie de acuerdos que se asuman con responsabilidad
y oportunidad por parte de gobierno del Perú.
Ante la circunstancia de inasistencia del Primer Ministro y otros altos funcionarios del gobierno
central; el Alcalde del distrito Coyllurqui, Alfredo Cereceda Oros y, el Presidente del Frente de
Defensa de la Provincia de Cotabambas, Víctor Limaypuma Ccoriccasa anunciaron el día de hoy,
ante los representantes de los sectores públicos presentes (que no contaban con ningún poder
para tomar acuerdos), la decisión de los representantes de las organizaciones sociales de base
de Cotabambas y Progreso, de retirarse de la reunión hasta que el gobierno actual, partiendo
por el Primer Ministro Guido Bellido Ugarte, asuman con respeto, responsabilidad y seriedad la
necesidad de resolver todas las situaciones que vienen generando el conflicto social que aqueja
a la provincia de Cotabambas y al distrito del Progreso en la región de Apurímac .
Al respecto, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ expresa su protesta
por la actitud del Primer Ministro y otros altos funcionarios de no atender y honrar sus
compromisos con el pueblo de Cotabambas y Progreso e inasistir, sin justificación alguna, a la
reuniones acordadas por ellos mismos con los representantes de las organizaciones sociales de
base, precisamente, porque FEDEPAZ mantiene la firme convicción que todos los conflictos
sociales debe ser solucionados sobre la base del diálogo y el respeto de los derechos
fundamentales de las comunidades, recordando que el Estado tiene la obligación política y socialde hacer respetar esos derechos que pudieran estar siendo vulnerados por las empresas o
cualquier otra persona.

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