Chile

Municipio denuncia a minera por iniciar obras sin permiso

El Mostrador Cultura 5 noviembre, 2021
Putaendo acusa que la minera Vizcachitas despliega una campaña de 350 sondajes en la cuenca del río Rocín. El megaproyecto daña un sector cordillerano único, que podría convertirse en una reserva de la biósfera mundial.
La Municipalidad de Putaendo, junto a la comunidad organizada, científicos y activistas medioambientales, denunciaron en un comunicado que la compañía minera “Vizcachitas Holding”, ha iniciado una campaña de 350 sondajes en el sector de Las Tejas, en la cuenca del río Rocín, sin contar con los permisos correspondientes.

El hecho se dio a conocer a través de una carta que, el pasado 7 de octubre, la empresa le envió a diversos dirigentes: “Queremos informarle a usted y a los vecinos de la localidad que usted representa, que a partir de la fecha 12 de octubre del presente, daremos inicio a la fase de construcción de nuestra campaña de sondajes”.

El alcalde de Putaendo, Mauricio Quiroz, explica que dos días antes de esta carta, la compañía de la empresa canadiense Andes Copper ingresó una solicitud para iniciar obras previas y un campamento minero en el sector, pero que la Dirección de Obras Municipales (DOM) no lo ha aprobado.

Sin pronunciamiento
“El director de obras no se ha pronunciado y lo hará de acuerdo a sus competencias y en base a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En esta misma perspectiva, creemos que la empresa nuevamente ha infringido las normas, puesto que ha iniciado obras sin haber tenido los permisos de la Dirección de Obras Municipales”, afirmó la primera autoridad comunal.

En efecto, luego de la inspección realizada por el Director de Obras Municipales se visualizaron instalaciones y maquinarias, no descartando que existan trabajadores que pernocten en el lugar por las noches. Dichos antecedentes ya fueron puestos a disposición del Juzgado de Policía Local, esperándose su respectivo pronunciamiento en el corto plazo.

“Vamos a insistir, tanto en el Servicio de Evaluación Ambiental, en la Superintendencia de Medio Ambiente y en los Tribunales, que éste es un proyecto que nunca debió haber sido aprobado. Es un proyecto que lesiona gravemente el medio ambiente de la comuna de Putaendo, en particular de nuestra zona cordillerana y que impacta negativamente en las comunidades”, agregó Quiroz.

Ecosistema único
La lucha de los/as putaendinos/as contra este megaproyecto, que pretende ser una de las minas a cielo abierto más grande del país, viene de años. En efecto, en agosto de 2020, la comunidad llegó hasta la Corte Suprema y logró que se anulara la aprobación que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) le había dado a esta campaña de 350 sondajes.

Por esto, la empresa tuvo que realizar una Participación Ciudadana (PAC) en su Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un hito histórico en el país, puesto que hasta la fecha, para los proyectos mineros estos procesos sólo se solicitaban en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Ahora se exige para ambos.

Respecto del valor de este sector, que también es fuertemente afectado por la sequía, Salvador Donghi, biólogo y director de Simbiosis Bioconsultora, detalla que “hemos desarrollado estudios de línea de base para determinar los ecosistemas que caracterizan a la cuenca del (río) Rocín y ahí nos hemos encontrado con una riqueza endémica enorme, en un sector cordillerano único, muy poco representativo en Chile, que tiene absolutamente todas las características para convertirse en una reserva de la biósfera mundial a nivel de ecosistema mediterráneo, perteneciente a la cuenca Pacífico, en el sector andino”.

“Hay agrupaciones bien impresionantes de asociaciones vegetales que no existen en otras partes del mundo y eso nos permitiría incluso entender cómo ha ido evolucionando nuestra flora a partir incluso de las últimas glaciaciones ocurridas hace prácticamente 40 mil años”, señaló.

Río agotado
El descontento de la comunidad putaendina radica principalmente en que el megaproyecto se ubica en el Río Rocín que, en 2004, fue declarado como agotado por la Dirección General de Aguas (DGA). Asimismo, por las sanciones y la serie de irregularidades que figuran en el historial de la empresa.

Por otro lado, Putaendo nunca ha tenido un historial de gran minería, menos en la cuenca superior del río del mismo nombre. Para las autoridades comunales, el proyecto de sondajes y, en el futuro, la eventual explotación de minerales de cobre y molibdeno, impactarían negativamente en el desarrollo sustentable de un valle, cuyos habitantes pretenden plasmar un futuro en base a la pequeña agricultura familiar campesina, el comercio y el turismo.

De hecho, como indica el alcalde Quiroz, “recientemente Putaendo obtuvo su declaración de ZOIT (Zona de Interés Turístico), estatus que pocas comunas de Chile ostentan y que es un reconocimiento al enorme patrimonio cultural y natural de nuestra comuna, el que sin duda está en riesgo con la irrupción de este tipo de proyectos mineros.”
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/11/05/municipio-denuncia-a-minera-por-iniciar-obras-sin-permiso/

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ANTAMINA Y LOS CONFLICTOS DE BAJA INTENSIDAD

José De Echave C.
Imagen: RPP 04/11/2021
El complejo minero de Antamina se ubica en el distrito de San Marcos, provincia de Huari en Ancash. El proyecto pertenecía a la cartera de inversiones de la estatal Centromin y fue subastado (privatizado) en la segunda mitad de la década del 90. Es así como un consorcio de empresas canadienses integrado por Inmet Mining Corp. y Algom se hicieron del proyecto. Posteriormente, como consecuencia de fusiones, ventas y acuerdos comerciales y de financiamiento, los accionistas de Antamina terminaron siendo BHP Billiton (33.75%), Glencore (33.75%), Teck (22.5%) y Mitsubishi (10%).

Con una inversión de algo más US$ 3,600 millones (por entonces la inversión minera ejecutada más importante en el país), Antamina comenzó la etapa de producción en mayo de 2001, efectuó su primer embarque de cobre en julio de 2001 y el 1 de octubre del mismo año alcanzó volúmenes de producción comercial (fecha oficial de inicio de operaciones). Durante mucho tiempo (hasta antes de la ampliación de Cerro Verde y el inicio de la producción de Las Bambas), Antamina fue la principal productora de cobre en el Perú y continúa figurando entre las diez minas más grandes del mundo en términos de volumen de producción.

Otra de las particularidades de Antamina es que fue la primera operación minera que puso en marcha un mineroducto (de 304 kilómetros de extensión) como elemento principal de transporte del mineral producido, que unía la zona de producción en San Marcos con la zona de embarque en el puerto de Huarmey. La decisión de construir un mineroducto fue consecuencia de la oposición de poblaciones y colectivos ambientalistas a que el transporte del mineral atraviese el Parque Nacional del Huascarán. Esto provocó una modificación del Estudio de Impacto Ambiental.

Si uno revisa los informes de la Defensoría del Pueblo, durante muchos años la región de Ancash ha encabezado el ranking de conflictos sociales, registrando un alto número. Además, el mayor número de conflictos en esta región ha estado vinculado a impactos de la minería y sobre todo de las operaciones de Antamina. Sin embargo, salvo el histórico paro de Huarmey (mayo 2001) y algunas otras paralizaciones menores, ocurridas en 20 años de operación, en términos generales se puede señalar que la zona de influencia de Antamina se ha caracterizado por una conflictividad de baja intensidad, a diferencia de lo que ha ocurrido en Cajamarca, Espinar en Cusco o en Cotabambas en Apurímac.

Si bien ha habido otras paralizaciones que se vinculan a Antamina, la reciente ocurrida en Aquia ha sido una de las más visibles, no solo por el bloqueo de la carretera desde el pasado 24 de octubre, sino también por una coyuntura marcada por varios estallidos sociales en diferentes regiones y por la propia situación política por la que atraviesa el país en el inicio del gobierno del presidente Castillo. El anuncio de la empresa de paralizar sus operaciones también ha contribuido a darle una mayor visibilidad al caso.

Lo que queda claro es que las demandas de la población de Aquia son de larga data, como lo demuestran los informes de la Defensoría del Pueblo[1]. La agenda de demandas gira en torno a temas variados: la empresa no habría entregado los instrumentos de impacto ambiental a la comunidad de Aquia; se exige la firma de un nuevo convenio que reemplace al que se firmó hace 20 años; pedidos de acciones de responsabilidad social a la empresa; temas de tierras, entre otros.

Lo cierto es que la tarea que tienen todos los actores involucrados (empresa, comunidad y Estado) ahora que se ha levantado el paro es que el conflicto se canalice por vías pacíficas y de diálogo y se puedan construir acuerdos que permitan una mejor convivencia.

Además, otra lección de casos como el de Aquia es que no se puede dejar de atender por tanto tiempo demandas de poblaciones enteras. Que la característica de un conflicto de baja intensidad no sea poner bajo la alfombra los problemas y las demandas de las poblaciones.

[1] Este organismo ha dado cuenta de las demandas de Aquia por lo menos desde el año 2010.
04/11/2021

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Chile

En área de Dominga: Buscan frenar construcción de puerto y piden revisar caducidad de su permiso

El Mostrador 04/11/2021
El proyecto de la Compañía Minera del Pacífico, también conocida como CAP, busca instalarse en medio del archipiélago Humboldt. “Nuevamente se busca ayudar a un proyecto que no cumple con la legislación vigente, ya que la Superintendencia del Medio Ambiente debió caducar su permiso al no haberse dado inicio del mismo”, señaló Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana.

Este jueves 4 de noviembre se realizarán los alegatos ante el Segundo Tribunal Ambiental (2TA) de Santiago, donde la organización de conservación marina Oceana solicitará la caducidad del permiso ambiental del puerto Cruz Grande, la que fue previamente negada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

El proyecto de la Compañía Minera del Pacífico, también conocida como CAP, obtuvo su permiso ambiental o Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable a fines de enero de 2015, fecha desde la cual la empresa tenía cinco años para iniciar la ejecución del proyecto, lo cual no sucedió.

“La caducidad es una institución de la ley de bases de medio ambiente que básicamente busca que los proyectos se construyan en las condiciones en las que se evaluaron y no en las nuevas condiciones que existen luego de más de cinco años. En este caso ya se cumplió ese tiempo sin iniciar las obras, por lo que debiera operar esa institución”, aseveró Ezio Costa, abogado representante de Oceana.

“Hay, adicionalmente en el caso, incumplimientos por parte del proyecto, que también deben ser analizados por el Tribunal, puesto que lamentablemente la Superintendencia del Medio Ambiente no los valoró adecuadamente”, agregó.
Sin ejecución

Al 2 de febrero de 2020, el proyecto Cruz Grande no había comenzado su ejecución por lo que correspondía que la SMA caducara el permiso, como fue solicitado por Oceana. Hay que recordar que la caducidad tiene por objeto que los proyectos aprobados ambientalmente sean ejecutados en condiciones similares a aquellas que se tuvieron a la vista durante la evaluación ambiental del mismo.

Adicionalmente, el análisis de la RCA de Cruz Grande arrojó que la empresa incumplió la normativa vigente, al no realizar una serie de obras a las que se había comprometido previo a su construcción y que tenía como propósito proteger una serie de especies en estado de conservación.

Dentro de los trabajos que no se concretaron están la creación de un área de protección privada; un catastro, rescate y relocalización de cactáceas; el monitoreo estacional de aves y mamíferos marinos; la densificación experimental del lucumillo; y el desarrollo de un plan de rescate y relocalización de fauna silvestre. Ninguna de estas obras se llevó a cabo.
«Ayudar al proyecto»

“Nuevamente se busca ayudar a un proyecto que no cumple con la legislación vigente, ya que la Superintendencia del Medio Ambiente debió caducar su permiso al no haberse dado inicio del mismo”, señaló Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana.

“El puerto Cruz Grande pone en riesgo a uno de los ecosistemas marinos más importantes de toda la corriente de Humboldt y al igual como ocurrió con el proyecto minero portuario Dominga, no presentó información básica que permitiera evaluar los impactos que tendrían las embarcaciones en esta zona”, añadió.

CAP Minería ingresó el proyecto Cruz Grande al proceso de evaluación ambiental en 2012, y obtuvo la RCA favorable el 30 de enero de 2015. Tras ello, diversas organizaciones locales y nacionales presentaron reclamaciones en contra de la empresa ante el Comité de Ministros, el que, si bien las acogió parcialmente, no rechazó el proyecto estableciendo medidas para arreglarlo. Luego se presentaron reclamaciones ante el 2TA, las que fueron desestimadas. Posteriormente se presentó un recurso de casación que igualmente fue rechazado por la Corte Suprema, permitiendo la aprobación del proyecto.

Área Marina Protegida en el archipiélago Humboldt

Cruz Grande se emplazaría a solo cinco kilómetros de donde pretende instalarse el controvertido proyecto minero portuario Dominga de Andes Iron. Ambos puertos pretenden su construcción en medio del Archipiélago Humboldt, una zona reconocida internacionalmente por su rica biodiversidad, en donde transitan y se reproducen ballenas y delfines, además de ser hogar de la población de pingüinos de Humboldt más grande del mundo, razón por la cual los proyectos han sido ampliamente cuestionados por la comunidad científica.

En medio de los intentos por frenar la industrialización del archipiélago Humboldt, las gobernaciones de Atacama y Coquimbo presentaron un plan conjunto para proteger este ecosistema marino. En un acto convocado en la caleta de Punta de Choros, el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, junto a la gobernadora de Coquimbo, Krist Naranjo, señalaron que impulsarán la creación de un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos sin mega puertos, en donde se puedan desarrollar sólo las actividades sustentables que actualmente tienen lugar en el sector, como son la pesca artesanal y el turismo de avistamiento.

En la ocasión, ambas autoridades fueron acompañadas por los dirigentes de la pesca de las comunas de La Higuera y Freirina, quienes aprovecharon la oportunidad para volver a señalar que, como habitantes del archipiélago esperan que el lugar sea protegido y no se permita la instalación de industrias que impacten el ecosistema marino y sus fuentes sostenibles de trabajo.
https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/11/04/en-area-de-dominga-buscan-frenar-construccion-de-puerto-y-piden-revisar-caducidad-de-su-permiso/

Perú

Mirtha Vásquez emplazó a sector minero a no calificar la protesta como “violentista o manipulada”

Hoy, la minera Antamina anunció la paralización de su operación a raíz de las manifestaciones por parte de comunidades de Aquia, en el área de influencia de la compañía.
Vásquez criticó el pedido de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) de que el Ejecutivo intervenga en las protestas y restablezca el estado de derecho. (Foto: GEC)
El Comercio
01/11/2021
La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, pidió al empresariado a que reconozca las demandas de las protestas vinculadas al sector minero energético.

“Siempre he reclamado que nos sentemos en procesos de diálogo, que se reconozca válidamente a actores, interlocutores, que no se siga calificando a la gente como violentista o manipulada”, señaló la titular de la PCM en diálogo con el programa Agenda Política.

“Tenemos que entender el hartazgo de la gente que ha sentido la desprotección del Estado y por otro lado la invisibilización de sus demandas por parte de las propias empresas”, agregó.

Hoy, la minera Antamina anunció la paralización de su operación a raíz de las manifestaciones por parte de comunidades de Aquia, en el área de influencia de la compañía.

Vásquez criticó el pedido de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) de intervenir en las protestas y restablecer el estado de derecho.

“No volvemos al estado de derecho reprimiendo y matando gente, sino cuando encauzamos estos conflictos, institucionalizamos las salidas y ponemos a dialogar con actores sin generar falsas expectativas”, explicó la primera ministra.

Por otro lado, condenó los actos violentos por parte de los manifestantes, y señaló que en esos casos, la Policía Nacional del Perú (PNP) sí ha intervenido.

“Somos muy tajantes. Vamos a desmarcar de los actos de violencia. El sistema de justicia se va a encargar de investigar quién ha hecho estos daños a la empresa, pero eso no puede deslegitimar la protesta”, puntualizó.
https://elcomercio.pe/economia/peru/mirtha-vasquez-emplaza-a-sector-minero-a-no-calificar-la-protesta-como-violentista-o-manipulada-nndc-el-sistema-de-justicia-se-va-a-encargar-de-investigar-quien-ha-hecho-estos-danos-a-la-empresa-pero-eso-no-puede-deslegitimar-la-protesta-dijo-vasquez-noticia/

Chile, Litio

La sombra del ‘oro blanco’: los conflictos de interés y el daño ambiental detrás del litio

02 de Octubre de 2012/ATACAMA
Las plantas procesadoras de Soquimich (SQM) y la Sociedad Chilena del Litio (SCL), en Salar de Atacama, donde Chile tiene reservas entre 6,3 y 6,5 millones de toneladas de litio, de las cuales entre 5,6 y seis millones provienen de dicho salar, el cual tiene la concentración de litio en salmueras más altas del mundo.Además, el Salar de Atacama es el único yacimiento minero donde hay potasio en cantidades relevantes, por lo que el negocio de SQM se sustentaría principalmente por el potasio. Si bien SQM es el principal productor de litio en el mundo (31%), este negocio representó en 2009 un 8% de sus ventas, por lo cual tiene puestas sus inversiones en el potasio, donde el cloruro de potasio representó en 2009 un 20% de sus ventas. SCL, por su parte, tiene una capacidad instalada de 170.000 ton/año de cloruro de potasio como subproducto y por éste paga a Corfo un 3% de las ventas.
FOTO: ARIEL MARINKOVIC/AGENCIAUNO.

La Comisión Especial Investigadora por la licitación para la creación del Instituto de Tecnologías Limpias solicitó repetir el proceso por diversas irregularidades, que una vez más ponen al denominado oro blanco en el centro de la polémica.
Lorena Moreno Berroeta
01/11/2021
Las plantas procesadoras de Soquimich (SQM) y la Sociedad Chilena del Litio (SCL), en Salar de Atacama, donde Chile tiene reservas entre 6,3 y 6,5 millones de toneladas de litio, de las cuales entre 5,6 y seis millones provienen de dicho salar, el cual tiene la concentración de litio en salmueras más altas del mundo.Además, el Salar de Atacama es el único yacimiento minero donde hay potasio en cantidades relevantes, por lo que el negocio de SQM se sustentaría principalmente por el potasio. Si bien SQM es el principal productor de litio en el mundo (31%), este negocio representó en 2009 un 8% de sus ventas, por lo cual tiene puestas sus inversiones en el potasio, donde el cloruro de potasio representó en 2009 un 20% de sus ventas. SCL, por su parte, tiene una capacidad instalada de 170.000 ton/año de cloruro de potasio como subproducto y por éste paga a Corfo un 3% de las ventas. FOTO: ARIEL MARINKOVIC/AGENCIAUNO.
El pasado 13 de octubre, la publicación en el Diario Oficial que confirmó el inicio de un proceso de licitación de 400 mil toneladas de litio sorprendió a la comunidad científica del país, y aparecieron voces que incluso señalaron que esta decisión del Ministerio de Minería obedecía a razones políticas.

A grandes rasgos, el llamado del Ejecutivo contempla los “Contratos Especiales de Operación”, una de las cuatro figuras que permiten realizar la extracción de este mineral. Las otras tres se permiten si es realizado por el “Estado”, “por sus empresas” o “por medio de concesiones administrativas”. Al utilizar la figura antes señalada, se lograrían acuerdos hasta el año 2050 con empresas privadas, nacionales o extranjeras, para vender el mineral del litio como materia prima, como carbonato de litio o hidróxido de litio, lo que causó preocupación transversal por los indicios de privatización de este recurso y al efecto que tendría en el medio ambiente.

En ese contexto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con dos expertos de esta temática, para comprender las reales dimensiones de la industria del litio, cuál es su importancia en la actualidad y cómo es la afectación que produce en el medio ambiente donde es extraído y que hoy, en Chile, particularmente se desarrolla en el milenario Salar de Atacama.

Para el académico del Departamento de Física de la Universidad de Chile, Marcos Flores, la relevancia actual de este mineral no metálico se basa, principalmente, en el avance sostenido de la electro movilidad, que ha sido empujado por las restricciones que impone el calentamiento global, lo que provoca que el litio sea una pieza fundamental por el tipo de baterías que permite generar.

“La mayoría de los dispositivos funciona con baterías de litio, de ion litio. Entonces, el poseer una concesión para la explotación en Chile, hace que todas las importantes industrias de minería no metálica estén interesados en ellos. ¿Por qué en Chile? No es una cosa de retórica. Porque nosotros estamos en el triángulo del litio, que abarca Chile, Bolivia y también Argentina, donde contamos aproximadamente con el 35% de las reservas mundiales. Entonces, parece bastante atractivo que alguien quisiera instalarse a explotar el litio”, afirma Flores.

Incluso, el Doctor en Física detalla que los cambios anunciados por las compañías automotrices, que aseguraron para el año 2030 no producir vehículos que funcionen a combustión fósil, provocará que “todos estos autos van a ser eléctricos y para ellos, otra vez, las baterías de litio van a ser como una pieza fundamental”, indicó el experto.
btyMarcos Flores.

En la misma línea, la convencional constituyente por la Región de Antofagasta, Cristina Dorador, aseguró que actualmente el planeta atraviesa una crisis climática “sin precedentes”, causada por la gran emisión de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono y metano, que provocan un calentamiento global que genera grandes cambios en el clima, lo que, a su juicio, podría aminorarse con el uso del litio a través de la electro movilidad.

“Una de las salidas para evitar un colapso mayor respecto de los cambios climáticos, porque eso va a afectar de forma profunda nuestra existencia en el planeta, es que se eliminen o se bajen las altas emisiones de efectos gases. Gran parte de los contaminantes tienen que ver con la quema de combustibles fósiles, tanto en industrias como en automóviles. Por lo tanto, la electro movilidad, es decir, esta transición energética desde combustibles fósiles a energía renovable surge como una alternativa muy importante para esta transición y ahí el litio juega un rol crucial, porque el litio es parte fundamental de las baterías de ion litio que almacenan energía”, afirma la bióloga.

El mal llamado ‘oro blanco’

Actualmente, el litio en Chile es considerado por la Constitución como un mineral estratégico y la única manera de explotación es cuando el Estado otorga permisos de explotación a través de licitaciones. En esa línea, se desarrolló la convocatoria anunciada por el Ministerio de Minería para explorar y producir las 400 mil toneladas de litio, inicialmente con adjudicaciones de exploraciones geológicas, estudios y desarrollo que durarían hasta nueve años, se sumaría a los 20 años de plazo para la producción del material.

Sin embargo, este anuncio provocó reacciones en la esfera política, ya que el constituyente Daniel Stingo (Frente Amplio) pidió bajar esta licitación en medio del Proceso Constituyente que, incluso, podría nacionalizar este mineral, y la diputada del Partido Socialista, Daniella Cicardini, aseguró que esta situación fue un “amarre de última hora de este Gobierno de un negocio millonario y que entrega un recurso estratégico del país”. Además, la parlamentaria acudió a la Contraloría por “las tremendas dudas que nos genera las consecuencias de este llamado a pocos meses del fin del gobierno”.

Desde ahí que la privatización de este recurso, a juicio de Marcos Flores, pone al litio en el mismo nivel del cobre, que es vendido como materia primera por un bajo valor cercano a los 5 dólares la libra, y luego es comprado como tecnología por un monto superior cercan a los 200 dólares la libra, lo que no sería un buen negocio ya que tampoco existen alternativas para generar un mayor desarrollo aquí en Chile.

“Si tú me preguntas por qué quiere dejarse amarrado ese negocio ahora, la verdad es que desde el punto de vista de desarrollo del país, no tiene ni el más mínimo sentido. Es válido que mucha gente vincule esto exclusivamente a intereses económicos de la gente que está actualmente a la cabeza de dichas instituciones. Meramente están viendo esto como un mercado inmediato y que va a tributar, a dejar royalty en forma inmediata, pero no están viendo la proyección del país. De hecho, tengo entendido que tampoco se le está poniendo mucha atención al impacto medio ambiental que tiene la explotación del litio, porque pasa por desecar los salares”, afirma Flores.
Desierto de AtacamaDesierto de Atacama.

En ese sentido, Cristina Dorador sostiene que hay un interés de dos formas que se dividen, en primer lugar, en la alta demanda del litio como una oportunidad de negocio al explotar este mineral y, en segundo término, del aprovechamiento de las narrativas de la minería que utilizan el cambio climático y la electro movilidad como una alternativa de negocio. No obstante, no existe una preocupación real por el medio ambiente.

“Para poder alcanzar esta carbono neutralidad se requiere de distintos metales, de cobre y litio, y elementos, entre otros. Por lo mismo, estos elementos se encuentran en Chile, un país productor, y en esta lógica de crecimiento indefinido, es una tremenda noticia para las personas que tienen esa lógica de crecer, crecer y crecer, porque así también se puede lograr ser competitivos y ser los primeros en el mercado. Sin embargo, en ningún momento se cuestiona de dónde vienen estos minerales, cuáles son sus consecuencias locales y también sus consecuencias a largo plazo”, cuestiona la doctora en Ciencias Naturales.

En esa línea, la explotación en Chile y Sudamérica se produce desde el agua, transformándola en otro tipo de minería, ya que no se realiza desde la roca o desde el suelo. En ese sentido, Cristina Dorador explica que este proceso bombea las salmueras del Salar de Atacama y éstas se concentran en piscinas de evaporación que están en la superficie y ahí se va concentrando el litio. Lo mismo ocurrirá, en algún tiempo, en el Salar de Maricunga. Esta situación, para Dorador, provocará efectos ecosistémicos que probablemente sean irreversibles.

“Estamos hablando que en un desierto, del Desierto de Atacama, además uno de los más áridos del mundo, se usa el agua fósil, el agua que está ahí milenaria, para obtener este mineral. Entonces, los equilibrios que ocurren en los ecosistemas con extremos como este salar, son muy frágiles”, sostiene Dorador.

Incluso, explica que la tremenda intervención de las mineras en el Salar de Atacama, visible desde el espacio y en constante expansión territorial, ya ha generado profundos impactos en el ecosistema.

“A través del estudio de imágenes satelitales, en las últimas dos décadas se puede apreciar cómo el aumento del área superficial de extracción de litio tiene implicancias en tres parámetros importantes. Primero, el aumento de la temperatura del suelo en la cuenca. También el aumento de la evaporación, la pérdida y disminución de la superficie vegetacional. Además, las mismas comunidades indígenas han dado a conocer distintos aspectos que les han afectado, como que hay árboles que se han secado. Ellos notan que hay menos agua en los pozos”, expone.

Además, Dorador afirma que la empresa Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) ha incumplido sus propias resoluciones de calificación ambiental, que fueron aceptadas al momento de su aprobación, pero también sostiene que la actual normativa ambiental es insuficiente para la magnitud de la explotación que existe en el país.

“Los proyectos no se hacen bajo el principio precautorio de conservar o preservar los ecosistemas y sus equilibrios, sino que se hacen con un fin económico y después se trata de remediar o de mitigar las afectaciones. Sin embargo, como estos ecosistemas son tan frágiles, probablemente los efectos sean irreversibles”, enfatiza Dorador.

En ese contexto, para Marcos Flores, el Estado de Chile adeuda una real presencia en el desarrollo de los procesos que abordan los recursos naturales del país. A su juicio, actualmente no existe una participación activa del Ministerio de Minería que vele por la buena explotación de recursos naturales, y también del Ministerio de Ciencias y Tecnología, que permita generar un acuerdo con todas las aristas de la extracción del litio, desde saber qué se hace con el mineral extraído hasta el desarrollo de tecnologías que permitan un avance científico en el territorio.

“Cada vez que se establece un proyecto minero, antes de la generación de la licitación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Medio Ambiente deberían estar ahí súper presentes con sus mejores expertos generando las licitaciones, velando por el medio ambiente y por el desarrollo tecnológico del país. Yo creo que en esas dos cosas, el Estado está al debe, como señalar con el dedo, directamente, al Ministerio de Minería y decirle ‘usted no puede hacer a puestas cerradas la generación de esta licitación, usted no puede hacer solo la generación de esa licitación’, tiene que haber necesariamente más actores que son primordiales”, sostiene Flores.

En medio de este debate, la importancia del Proceso Constituyente en este escenario actual que profundiza el modelo extractivista, permitirá un trabajo que pueda desarrollar una nueva Constitución ecológica que reconozca, desde un principio, “esta íntima relación que existe entre el ser humano y la naturaleza, que nosotros como humanos somos parte de la naturaleza y no estamos ajenos a ella, y por lo mismo, las decisiones que tomamos en nuestra existencia están afectando a todo el planeta”, explica Cristina Dorador.
cristina doradorCristina Dorador.

Asimismo, el último informe del Panel Intergubernamental en Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), afirma que la principal razón del calentamiento global está asociada a las actividades humanas relacionadas con las industrias, por lo que las decisiones deben ser adoptadas tanto a nivel nacional como global, para resguardar el planeta y la calidad de vida de las comunidades, algo que espera llevarse a cabo en este Proceso Constituyente.

“Otra cosa es también la vida de las personas en el país, ya que cada vez más vemos cómo se han degradado distintas localidades por esta gran extracción de lo que sea. Si en el norte es la minería, en el sur es la salmonicultura, en la zona central las agroindustrias que ocupan mucha agua y hay localidades que no tienen agua. Entonces, también hay que garantizar el derecho humano del agua, su saneamiento y que exista agua para los ecosistemas. Por otro lado, el vivir en un ambiente sano y en equilibrio, entre otros derechos y normas que se van a poder redactar desde la Constitución”, explica Dorador.

Incluso, para Dorador, la futura Constitución que enfrentará esta realidad climática en los próximos 30 ó 40 años deberá alinear todas las cuestiones más profundas sobre modelos económicos y protección ambiental, y asegura que hoy es necesario un cambio de actitud en la relación con el medio ambiente.

“Uno de los temas más profundos y más complejos es cómo abordamos un modelo económico en un contexto de crisis climática que no implique seguir degradando más nuestros ecosistemas. Porque las soluciones que se dan, actualmente, son de la mano del cambio de materiales, pero no del cambio de forma de pensar cómo nos relacionamos con el ambiente ni tampoco nuestras prácticas de consumo. Entonces, es un tema un poco más profundo. No podemos no hacer nada ni quedarnos mirando para el lado pensando que esto lo van a resolver las futuras generaciones, si el problema está ahora”, manifiesta.

Resultados de la Comisión Investigadora por ITL: “Esta licitación tiene que ser anulada”

Sin embargo, la polémica sobre el recurso del litio también provocó la creación de una Comisión Especial Investigadora de los actos de la CORFO y de otras autoridades en relación con su intervención en el proceso de licitación para la creación de un Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), cuya adjudicación se concretó en enero de este año, y los resultados establecieron que durante este proceso hubo tráfico de influencias, uso de información privilegiada, modificación y manipulación de los puntajes.

Incluso, los antecedentes serán remitidos a la Contraloría y al Ministerio Público, ante la posibilidad de eventuales delitos y posibles daños patrimoniales que se ha efectuado al Estado a través del uso de “información privilegiada por parte de altos cargos de CORFO y funcionarios del Gobierno, justamente para favorecer a la empresa que hoy tiene la licitación ganada”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de esta Comisión, el diputado Tomás Hirsch, aseguró que los resultados de la instancia indicaron una serie de irregularidades en el proceso de licitación de más de 193 millones dólares.
El diputado y ex candidato presidencial, Tomás Hirsch, criticó el gasto de más de $10.700 millones por parte de Carabineros para la compra de vehículos blindados. » Foto: Pablo Ovalle / Agencia UNO.
Tomás Hirsch.

“Aquí habían irregularidades muy grandes y muy importantes en esta licitación, que es la más grande que se ha realizado en Chile con recursos orientados a ciencias y tecnología. Es muy grave que, en esta licitación, no se haya considerado como fundamental la opinión de los expertos internacionales que valoraron con una nota más favorable al consorcio de universidades estatales chilenas por sobre un grupo de universidades extranjeras junto a dos universidades privadas, que son a quienes la CORFO les adjudicó el proyecto”, manifestó el parlamentario.

Asimismo, Hirsch sostuvo que durante el proceso, se rebajó el monto original a 143 millones de dólares, el mismo monto ofrecido por el consorcio ganador, “lo cual nos despertó tremendas sospechas respecto que de allí había una información privilegiada para favorecer a ese grupo de universidades privadas”. Además, afirmó que se ignoró la expertiz del consorcio de universidades públicas, cuyas instalaciones están ubicadas en la región de Antofagasta, donde se exporta el litio.

“Nosotros llegamos a la convicción que esta licitación tiene que ser anulada y debe ser realizada nuevamente, con estándares y bases mucho más claros y más transparentes, y sin que después se hagan modificaciones que sean ocultas para las partes, que se notifique adecuadamente a todos los participantes para que, el que realmente gane, sea el que pueda desarrollar más la innovación y el desarrollo de las tecnologías verdes que busca este tipo de proyecto”, sostuvo Hirsch.

Incluso, el diputado aseguró que entre los invitados al proceso de investigación, sólo asistieron Eduardo Bitrán y Pablo Terrazas, ambos directivos de la CORFO, pero que Sebastián Sichel, el actual candidato presidencial del oficialismo y ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación durante la realización de este proceso, se negó a asistir ya que, según explica Hirsch, “adujo que no tenía información y que la Comisión y la invitación a él podía estar generado por motivaciones políticas”.

Además, Tomás Hirsch explica que los intereses políticos que aún hoy existen detrás del litio se arrastran hace años, principalmente desde que se conoció el financiamiento irregular de las campañas políticas a través de boletas de honorarios ideológicamente falsas generadas a nombre de SOQUIMICH, propiedad de Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet.

“El litio ha estado vinculado a las peores situaciones de corrupción, soborno y cohecho que ha conocido nuestro país en las últimas décadas. No nos olvidemos que litio y SOQUIMICH son casi sinónimos, y SOQUIMICH ha sido acá el gran financiador de campañas políticas y partidos políticos de lo que era el duopolio, tanto de la derecha como de la ex Concertación. Por lo tanto, los intereses que hay son gigantescos. El litio es un mineral absolutamente estratégico en el futuro de Chile y, en vez de mirarlo con un criterio de Estado, lamentablemente lo están mirando con un criterio del propio beneficio personal”, sostuvo el parlamentario.

En el mismo sentido, Cristina Dorador explica que toda la resolución de la Comisión Investigadora “es una noticia muy terrible, para la fe pública”, ya que no es la primera vez que los Gobiernos de Chile han estado involucrados en temas relacionados con el litio y la corrupción.

Además, la bióloga sostiene que la inversión del ITL ha sido la más grande de toda la historia de Chile en relación a la investigación y desarrollo científico, y la asignación al Consorcio AUI por sobre las universidades públicas y del CRUCH mostró “la falta de compromiso con los territorios donde están estas explotaciones, y también la falta de visión respecto a lo que se hace con los recursos, porque es una cantidad enorme de recursos y que, más encima, a costa del Salar de Atacama, se está privilegiando a ciertos grupos de intereses y que esté cubierto de corrupción, es inaceptable. Entonces, yo creo que acá también se ocupa todo este tema estratégico del litio para, lamentablemente, lucrar y que se beneficien algunas personas”, concluye la convencional por Antofagasta.

La sombra del ‘oro blanco’: los conflictos de interés y el daño ambiental detrás del litio

Perú

SNMPE sobre conflictos mineros: “pensamos que es el comienzo de una escalada de violencia”

El presidente del gremio, Raúl Jacob, consideró que hay un grupo que está azuzando políticamente a la población, pero también está la población legítimamente preocupada que quisiera un proceso de diálogo.
Gremio minero se refirió a los constantes conflictos sociales y manifestaciones contra operaciones del sector. (Foto: Referencial/Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco)
redacciongestion@diariogestion.com.pe
31/10/2021
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Raúl Jacob, advirtió que los constantes conflictos sociales y manifestaciones contra operaciones del sector minero energético, pueden ser el inicio de una escalada.

Consideró que hay un grupo que está azuzando políticamente a la población, pero al margen de ello, también está la población legítimamente preocupada que quisiera un proceso de diálogo para aclarar las cosas y no una situación de violencia.

“Pensamos que está dándose el comienzo de una escalada (de violencia), las intenciones pueden ser varias, lo cierto es que están ocurriendo”, indicó el dirigente gremial en diálogo con el programa Agenda Política.

Detalló que Antamina es la primera productora de zinc y que representa el 18% de las exportaciones de cobre, equivalente a US$ 4,500 millones al año.

“Antamina, junto al Corredor Minero del Sur, representan el 63% de las exportaciones de cobre del país”, dijo.

Este domingo la minera Antamina anunció la paralización de su operación a raíz de las manifestaciones por parte de comunidades de Aquia (Áncash), en el área de influencia de la compañía.

Por su parte, la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Mirtha Vásquez, apuntó que las empresas deben reconocer su responsabilidad ante la demanda de los manifestantes.

“Los actores tenemos que hacernos cargo de cada una de nuestras responsabilidades y la empresa también. Es cierto que hemos tenido un mal abordaje del conflicto, pero algunos actores no han querido reconocer la responsabilidad que tienen en atender los reclamos de la población”, apuntó.
https://gestion.pe/economia/snmpe-sobre-conflictos-mineros-pensamos-que-es-el-comienzo-de-una-escalada-de-violencia-nndc-noticia/

Chile

Acusan a Minera Barrick Gold de contaminar río en el cierre de Pascua Lama

Marco Fajardo 02/11/2021
Se trata de uno de los casos más paradigmáticos en materia medioambiental y que lleva veinte años de debate. «Está planteando la idea de que, por no haber materializado el proyecto, no habría impactos, por lo que cabe un plan de cierre más acotado. Se trata de un intento burdo, cuyo plan acaba de presentar ante el Servicio de Evaluación Ambiental, de irse sin un manejo de las aguas que contaminó y sigue contaminando», denunció la Asamblea por el Agua del Guasco Alto. Según esta, la empresa Barrick Gold presentó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de un plan de cierre modificado, cuyo fin último es cerrar el sistema de tratamiento de aguas. Específicamente, la compañía intentaría simplificar el plan de cierre, descargando aguas sin tratar al río Estrecho. Desde el comienzo, organizaciones locales acusaron a la firma de destruir los hielos de la zona, un tema que es materia de la Ley de Glaciares, un proyecto que se tramita actualmente en el Congreso tras el fracaso de iniciativas anteriores. Chile cuenta con el 82% de los glaciares de toda América del Sur. Salvo aquellos ubicados fuera de parques nacionales, casi los 24 mil glaciares del país son adyacentes o en un lugar de concesión minera, según Greenpeace.

A más de un año del dictamen de clausura del Primer Tribunal Ambiental del proyecto minero Pascua Lama, en la zona cordillerana de la Región de Atacama –y sin que se concrete aún–, organizaciones locales y ambientalistas acusaron a la compañía canadiense Barrick Gold de querer contaminar un río en las operaciones de cierre, y de pretender seguir con la idea de materializar el proyecto.

Pascua Lama es un caso paradigmático, ya que organizaciones locales acusaron a la firma de buscar destruir los hielos de la zona, un tema que es materia de ley en un proyecto que se tramita actualmente en el Congreso, en medio de las presiones de las mineras, incluyendo a Codelco.


Chile cuenta con el 82% de los glaciares de toda América del Sur. Salvo aquellos ubicados fuera de parques nacionales, casi los 24 mil glaciares del país son adyacentes o en un lugar de concesión minera, según Greenpeace.

De acuerdo a una declaración de las entidades agrupadas en la Asamblea por el Agua del Guasco Alto, la empresa Barrick Gold presentó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de un plan de cierre modificado, cuyo fin último es cerrar el sistema de tratamiento de aguas. Específicamente, la empresa intentaría simplificar el plan de cierre, descargando aguas sin tratar al río Estrecho.

 

«Está planteando la idea de que, por no haber materializado el proyecto, no habría impactos, por lo que cabe un plan de cierre más acotado. Se trata de un intento burdo, cuyo plan acaba de presentar ante el Servicio de Evaluación Ambiental, de irse sin un manejo de las aguas que contaminó y sigue contaminando», denunció la Asamblea.

«Cabe dejar claro que el fallo mandata terminar la construcción del sistema de manejo de aguas y continuar el tratamiento y el monitoreo. Esa fue precisamente la razón por la cual la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) no revocó el permiso ambiental (la Resolución de Calificación Ambiental, RCA) del proyecto, puesto que es la única forma de obligar a la empresa a cumplir con el seguimiento ambiental», agregó la organización.

Mantener vivo el proyecto
Recientemente, el director de Medio Ambiente, Permisos y Comunidades de la empresa, Sergio Vives, comentó –en Expomin 2021– que “las intenciones de revivir la iniciativa siguen ahí”, pues tienen “derecho, como cualquier otro, a seguir investigando, porque sigue siendo un activo de la compañía”, según reseñó el Diario Financiero.

Vives explicó que «el Tribunal Ambiental nos revocó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), pero no nos quitó los derechos mineros ni los derechos de agua. Seguimos con nuestras concesiones y este sigue siendo un proyecto atractivo, no solo para Chile sino que para la región».

«Estamos viendo si es que esto algún día se puede realizar en el futuro o no y, ciertamente, si es que se hace, tiene que pensarse muy bien y hacerlo de una manera muy pensada, pero también muy en coordinación con nuestras comunidades», añadió.

La iniciativa, que fue suspendida el 2013, incluye, en el lado chileno (Pascua), «un rajo, un túnel, un botadero que es el 1% de lo que debiera haberse construido y un sistema de manejo de aguas. Mientras, en Lama, en el lado argentino, está toda la planta», precisó.

Ley en trámite
Pascua Lama fue uno de los símbolos de la controversia en torno a los hielos cordilleranos, que son materia de la Ley de Glaciares, actualmente en trámite en el Senado.

Han sido quince años de distintas iniciativas en la materia. El último proyecto, de 2018, es una iniciativa del senador Guido Girardi, inspirada en una norma homónima argentina.

«La razón fundamental por la que no hemos tenido una Ley de Glaciares se debe fundamentalmente a la cantidad de intereses económicos que entran hoy en día en directa contradicción con la protección de glaciares, especialmente mineros», señala Matías Asun, director nacional de Greenpeace.

Sin embargo, Girardi se muestra optimista.

«Creo que esta ley va a ser una de las más exigentes del planeta, porque establece la protección de los glaciares como bien nacional de uso público y, además, una sanción penal a la intervención de los glaciares», comenta.

Asimismo, señala que es retroactiva, con lo cual obliga a los involucrados a adaptarse a la ley, una vez que entre en vigencia, aparte de incluir sanciones penales, es decir, de cárcel.

Moción perdida
Los tropiezos que ha tenido esta nueva versión de la ley muestran las dificultades que ha atravesado.

Por ejemplo, Girardi impulsaba que la zona periglacial –ubicada en el entorno– tuviera la misma protección que el glaciar en sí, pero esa indicación se perdió en el trámite en la Cámara Alta. El legislador espera que pueda recuperarse cuando vuelva a la Cámara de Diputados.

Actualmente, el proyecto está en la Comisión de Medio Ambiente del Senado y deberá pasar a Sala, aunque no hay una fecha cierta. Girardi es partidario de que se vote en las próximas semanas, antes de la elección presidencial.

El 31 de agosto pasado fue la última vez que se trató. Fue en la Comisión de Medio Ambiente, donde está en el Primer Trámite Constitucional de la Cámara Alta, integrada por Isabel Allende y Alfonso De Urresti (ambos PS), José Miguel Durana (UDI), Ximena Órdenes (PPD) y Rafael Prohens (RN).

Lo ocurrido en la instancia es otra muestra de las controversias. Allí expuso el gerente general del Consejo Minero, Carlos Urenda. La entidad agrupa a las principales mineras de Chile, incluidas AngloAmerican, Barrick, BHP y Codelco.

Entre otros aspectos, Urenda comentó que no era apropiado establecer delitos en este proyecto, debido a la existencia de otros proyectos sobre delitos ambientales, y que la sanción que implicara privación de libertad solo debía aplicarse de existir dolo y un daño grave.

Sin embargo, la senadora Allende lo refutó. Frente a la observación realizada por Urenda, referida a las sanciones por delitos contemplados en el proyecto de ley, calificó a estas de necesarias, debido a que los delitos ambientales considerados en otras instancias han demorado mucho en avanzar.

Proyecto simbólico
Una de las más críticas con Pascua Lama es la constituyente Constanza San Juan, electa por la Región de Atacama y que justamente participó en una larga lucha contra Barrick Gold, cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado en 2001.

Ella recuerda que, en su momento, la empresa «no declaró que había glaciares en su zona de impacto y, es más, tampoco dijo que pretendía destruirlos».

Tras la oposición de la comunidad, «la empresa ofreció (en 2005) trasladar los glaciares, hito que marca el inicio de este conflicto». En ese marco surgieron las primeras iniciativas para la protección de los glaciares.

En el primer Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), «los glaciares se incluyeron como elementos susceptibles de daño significativo, por lo que las empresas estaban obligadas a declarar cuando un proyecto está en la cercanía de un glaciar». Hubo proyectos legales en 2005 y 2008, pero ninguno se materializó.

De forma paralela, «aumentó también el conocimiento de las comunidades respecto de estos. Ahora se comprende que son resultado y forman parte de un ecosistema glaciar que tiene distintos tipos de glaciares y crioformas, las que tienen la misma importancia o tal vez más que los glaciares blancos que se ven a simple vista. Nos enteramos de que existían glaciares de roca y otros cubiertos que casi no se notan; también, de la existencia del permafrost, que es el suelo congelado a 0° o menos, pero que aporta gran cantidad de aguas. Tomamos conocimiento de la necesidad de resguardar todas las condiciones y características morfogeológicas contiguas a los glaciares para su preservación, así como también de los bofedales y de las lagunas altoandinas».

«Bancada glaciar»
Un nuevo proyecto de ley surgió promovido en 2014, por la que se conocía como la “Bancada Glaciar”, compuesta por nueve senadores y catorce diputados de todas las bancadas.

Dicho proyecto de ley contenía una visión integral del ecosistema glaciar y la necesidad de preservarlo y protegerlo en su totalidad; es decir, a los glaciares y sus ambientes, y sus distintos tipos y crioformas.

No obstante, según San Juan, el proyecto fue truncado vía indicación sustitutiva del Gobierno de Bachelet, «por medio de la cual se tergiversó todo su espíritu».

En ese marco, nació la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares. En un encuentro en San Felipe, más de 30 organizaciones de norte a sur se unieron para lograr la defensa colectiva de los glaciares, y luchar contra la ley de la «Bancada Glaciar».

«Era preferible quedarnos como estábamos a tener este proyecto que finalmente permitiría y regularía la intervención de los glaciares, lo que no se puede permitir», subraya San Juan.

Incluso, en 2015, un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) planteó la vulneración de derechos en que incurría el proyecto de glaciares.

“La necesidad de la protección de los glaciares obedece principalmente a un aseguramiento de la provisión de agua para consumo humano, así como también para la protección del medio ambiente y la subsistencia de grupos en condición de vulnerabilidad. La posición del Poder Ejecutivo en orden de disminuir la protección inicial, mediante sus indicaciones sustitutivas, es de preocupación, ya que no se establece una protección general a los glaciares, y además desprotege otras categorías de hielos, como el permafrost, que sí cumpliría funciones análogas a los glaciares», señalaba el reporte.

El tiro de gracia
El tiro de gracia lo dio la Corte Suprema, el año siguiente, en 2016. Expresó que el proyecto en curso permitiría desarrollar iniciativas económicas en los glaciares que no sean declarados como reserva estratégica glaciar, dejándolos sujetos al Sistema de Evaluación Ambiental, lo que –según la Suprema– no debiera permitirse.

También determinó que los glaciares no eran un bien explotable, bajo circunstancia alguna, y no podían ser objeto de proyectos de inversión con fines económicos, por lo que no debía permitirse en ningún caso someterlos a Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental.

A su vez, defiende que “los glaciares no pueden ser considerados simplemente como reserva de agua dulce”, y que “forman parte del patrimonio ambiental de Chile, de modo que su categoría corresponde a la de bienes nacionales”,

Ello significó el fin del proyecto de la «Bancada Glaciar».

Nuevo proyecto
El nuevo proyecto, de 2018 y actualmente en curso, sigue la Ley de Protección de Glaciares de Argentina y busca la protección de los glaciares y sus ambientes, junto con la prohibición expresa de realizar actividades en ellos.

La aceptación de su ingreso y tramitación fue resultado de una negociación que exigió que la iniciativa se viese primero en la Comisión de Minería y luego pasara a la Comisión de Medio Ambiente.

Este proyecto motivó una indicación sustitutiva por parte del Presidente Piñera, en septiembre de 2019, que, tal como sucedió con Bachelet, «torcía su espíritu y lo convertía en otra iniciativa que, en lugar de proteger, apuntaba a regular la intervención. En esta oportunidad, algunas de las materias que determinó fueron las siguientes: limita lo que se entiende por glaciar a su tamaño, estipulando que quedaran fuera de dicha categoría los de menos de 0,1 hectáreas; permite actividades en glaciares y sus entornos por medio del ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, restringiendo solo la remoción, el traslado y el cubrimiento (como si eso estuviese permitido hoy); y permite que los proyectos que afectan a glaciares, hoy lo pueden seguir haciendo», critica San Juan.

Para el director nacional de Greenpeace, una ley de protección de glaciares resulta «urgente», especialmente «por la gravísima crisis climática que estamos viviendo».

«Hoy, en Chile, el agua es un recurso escaso, además concentrado en manos de unos pocos. Proteger los glaciares permitiría que Chile cuente con una mucho mejor resiliencia hídrica. No protegerlos, por el contrario, supone desperdiciar un patrimonio gigantesco y liquidar la resiliencia hídrica que tenemos en las nacientes de las cuencas».

En sus palabras, esta norma debiera surgir del Congreso con dos condiciones fundamentales: primero, que el glaciar mismo, sin importar su tipo, quede protegido, y, segundo, que «todo aquello que permite que el glaciar se encuentre saludable quede también protegido», concluyó.
https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/11/02/minera-barrick-gold-nuevamente-en-la-picota-por-contaminar-rio-en-el-cierre-de-pascua-lama-e-insistir-con-el-proyecto/

Argentina

El extractivismo en los medios: una censura diversa y sofisticada

01/11/2021
Mineras, petroleras y el agronegocio condicionan cada vez más la actividad periodística en todos sus formatos. Pautas millonarias, inversión en «acercamiento a la sociedad» para reemplazar al Estado y legitimarse en la población y un método aceitado para invisibilizar críticas y cuestionamientos. El verso del progreso, de Catamarca a Chubut con tres décadas de diferencia.

Fuente: Revista Cítrica – por Agustín Colombo
Fotos: Juan Pablo Barrientos

Durante los años anteriores al mayor derrame de cianuro de la historia, un hecho que la convirtió por primera vez en noticia nacional, el equipo de comunicación de Barrick Gold tenía una obsesión: que en los medios se dejara de anteponer el artículo “la” a Barrick. Sus voceros explicaban en almuerzos y off con periodistas que era una manera de estigmatizar a la compañía, porque nadie decía “La Bayer”, “La Chevron” o “La Panamerican Energy”.

Ese detalle semántico –ya sabemos quién está en los detalles– sirve también para entender hasta qué punto trabajan el discurso y la comunicación las multinacionales extractivas en el país y en el mundo.

Pero lejos de circunscribirse sólo a cuestiones del lenguaje, mineras, petroleras y agroindustriales condicionan cada vez más la actividad periodística en todos sus formatos y en todas sus organizaciones: medios locales, regionales y “nacionales” sufren un lobby que a veces es sigiloso y con buenos modales, y otras veces es bastante más burdo.

“Algunos medios directamente nos pidieron dinero para darnos cobertura. En otros los propietarios se sinceraron y nos dijeron que si nos daban espacio se quedaban sin pauta y sin contratos”, cuenta Domingo Jofré, de la Asamblea Jáchal no se Toca, que hace más de una década observa, denuncia y visibiliza los daños al agua y al medio ambiente en general que ocasionan proyectos como el de la Barrick Gold en mina Veladero, San Juan.

Lo de la pauta sucede en grandes, medianas y pequeñas empresas. Pero lo de los contratos es una particularidad que podríamos atribuir a la actividad extractiva: hay trabajadores o trabajadoras de medios locales o regionales que aparecen bajo la órbita de municipios, pero cuyo único trabajo es asegurar complicidad y silencio en portales, diarios o programas de radio y televisión.

No es la única relación que existe entre los distintos Estados y los medios, obviamente. Cuando ocurrió el segundo derrame de cianuro de la Barrick, a Veladero llegó Canal 13: por primera vez uno de los dos canales con más ráting del país ponía su atención ahí.

Parte de los informes del programa de Lanata se hicieron a bordo del helicóptero de la gobernación. “Ante lo explícito del desastre generado solo se ocuparon de salvar la imagen del gobernador –dice Domingo–. Ahí se les termina la grieta”.

La disputa por el sentido
La censura ya no se practica como en las dictaduras pasadas. Hay métodos que la sofisticaron. Y que también sirven para sembrar algo que en los medios tradicionales crece año a año: la autocensura. Suavizar coberturas o directamente no abordarlos por temor a hipotéticas represalias dentro de las mismas empresas periodísticas. En ese aspecto, las multinacionales extractivas y los gobiernos provinciales y municipales comparten un mecanismo aceitado.

En Chubut, en estos últimos dos años, quedó explicitado: la mayoría de los medios de la provincia tienen pauta de las mineras, que intentan voltear una ley que las prohíbe y relativizar el consenso que existe entre la sociedad, que hace 18 años, en una consulta popular histórica en Esquel, le dijo “No a la mina”.

En ese afán de consolidar a la minería, a veces aparecen en una publicidad tradicional; y otras veces en forma de PNT (Publicidad No Tradicional): publinotas que minimizan los impactos de la actividad y realzan sus pocas bondades. ¿La consecuencia? Falsa información, o información que va en detrimento de la verdad y la rigurosidad. Se evidencia en Chubut y Neuquén al leer las noticias de asesinatos laborales en los yacimientos de la región: despersonalización de la víctima, el carácter “accidental” del hecho y la vaguedad de la ubicación real. En ningún caso, los medios mencionan el nombre de las petroleras en cuestión.
El trabajo cultural de las empresas extractivas incluye a los medios, por supuesto, pero también los excede: es mucho más abarcativo. La docente Magalí Stoyanoff, de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech), lo describe: “Un fenómeno que se intensificó es el inmenso esfuerzo, en particular de la empresa Panamerican Energy y de sus fundaciones, ya no en plata contante y sonante por publicidad en distintos medios, sino una difusión muy dirigida a trabajar sobre la imagen de la empresa ante la sociedad. Esta orientación se lleva a cabo junto al Ministerio de Educación de Chubut”.

Eso, que sucede del lado cordillerano y petrolero de la provincia, puede unirse a una serie de situaciones que se tornaron habituales en toda la meseta chubutense, la nueva fruta codiciada por las multinacionales mineras. Con el Estado intencionalmente corrido en esa región, empieza a repetirse que pueblos enteros se queden sin luz y sin agua durante días.

¿Qué pasa entonces? Cada vez que aparecen esos problemas derivados de la falta de inversión pública, también aparecen las mineras para cumplir un rol propio del Estado. De esta manera, se legitiman socialmente y buscan el consenso y apoyo de las vecindades y comunidades.

Eso, que se observa en la calle, también se observa en los estados contables: solo en 2019, Pan American Silver invirtió seis millones de dólares en Chubut, una provincia que tiene prohibida la actividad minera. De acuerdo a los registros de la multinacional con sede en Canadá, responsable del Proyecto Navidad que busca extraer plata en una superficie de 10 mil hectáreas, esos seis millones figuraban bajo el rótulo de “acercamiento a la sociedad”, un eufemismo que se materializa en cada rincón de la provincia en forma de notas pagas, regalos, ropa y bolsones de comida en barrios populares.

Mejor no hablar de ciertas cosas
Como menciona uno de los textos del dossier Contaminación informativa. Medios, extractivismo y soberanía, en Catamarca existen en la actualidad 16 minas operativas, 34 proyectos en etapa avanzada y más de 250 en exploración. El primer megaemprendimiento extractivo fue el de Bajo Alumbrera, presentado en pleno menemismo por los dos principales diarios del país –Clarín y La Nación– como un salto hacia el progreso y el desarrollo del país.

Bajo Alumbrera había prometido por aquellos años puestos de trabajo, hospitales equipados, más escuelas y mejoras en la calidad de vida de los pobladores de Santa María, Belén y Andalgalá. En los casi 20 años que duró la explotación, esas promesas nunca se cumplieron.

El verso del progreso, soliviantado por medios y periodistas, sigue hasta hoy. Y decimos verso porque la realidad se impuso: 15 años después de esa presentación propia de la pizza y el champagne menemista, el municipio de Andalgalá declaró oficialmente la “emergencia económica” por la grave situación financiera que atravesaba: la minería había generado contaminación y cada vez más pobreza.

En los 90, Bajo Alumbrera había prometido puestos de trabajo, hospitales, más escuelas y mejoras en la calidad de vida. Nada se cumplió

La estrategia que se llevó a cabo en Andalgalá es la que se intenta instalar hoy en Chubut. De norte a sur, de este a oeste, el modus operandi es el mismo: no fue casualidad que en 2010, un año después de esa “emergencia económica” el Gobierno de Catamarca anunciara la concreción del proyecto Agua Rica, de la canadiense Yamana Gold. Casi en paralelo surgió la Asamblea El Algarrobo, que el 15 de febrero de 2010 realizó un corte de ruta selectivo –solo le obturaba el paso a los camiones y máquinas de la minera– que terminó en una brutal y recordada represión.

Ese día, entre el reclamo, los palos de la policía y las detenciones arbitrarias, había solo un medio que transmitía en vivo lo que ocurría: Radio La Perla. Durante los primeros años, esa radio era la única que difundía la problemática que generaba la minería y que amplificaba la voz de la comunidad. “Pero luego la compraron: el dueño se la alquiló a un representante minero y la Asamblea perdió ese espacio”, recuerda Ají Buttowski, uno de los referentes de El Algarrobo. No fue incidir en los contenidos ni comprar voluntades con pauta o regalos: la minera directamente compró la radio.

Con los medios tradicionales de la provincia como El Ancasti, El Esquiú y La Unión vedados y a disposición del lobby minero, la Asamblea El Algarrobo debió generar su propia radio y contó con el apoyo de medios autogestivos, que convirtieron a la población consciente de Andalgalá –como a Jáchal– en emblemas de lucha. Una lucha que se explica en una palabra y en cuatro letras: agua.

Porque si la bajante histórica del Río Paraná o los recientes incendios en Córdoba llenan de postales distópicas la crisis ambiental que sufre la Argentina, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU acaba de agregarle a esas postales algunas palabras de repercusión internacional: la situación ya es “irreversible”, la temperatura global seguirá aumentando, los hielos continuarán derritiéndose y el nivel del mar subirá inevitablemente.

El mundo debate sobre el futuro climático y Argentina se desangra por las venas abiertas de su extractivismo. El nuevo yacimiento de Agua Rica de Yamana Gold en Andalgalá tendría permiso para usar 390 litros de agua por segundo, casi 34 millones por día. Y en Chubut, donde los lagos se convierten en desiertos de arena como pasa más al norte en las provincias atravesadas por el Paraná, la falsa solución que promueven medios y gobiernos es el ingreso de la megaminería, con el Proyecto Navidad al frente.

Cuando los medios advierten este contexto y emergen críticas fundadas, las empresas mueven sus hilos para silenciar esas voces. “Cada vez que digo algo sobre el tema me llaman por teléfono para pegarme un tironcito en donde más duele. Nosotros no podemos hablar de megaminería en el programa”, le dijo Víctor Morales, conductor del programa “Miradas al Sur” del Canal 7 de Rawson, a FM Namuncurá, uno de los medios autogestivos chubutenses que creció en audiencia y suscripciones –como Radio Sudaka– por tener a la defensa del medio ambiente como bandera.

«Nosotros no podemos hablar de megaminería en el programa”, le dijo Víctor Morales, conductor del Canal 7 de Rawson a FM Namuncurá

Pero los autogestivos y comunitarios crecen, a lo largo y ancho del país, no solo por ese motivo. La hendija que abre la precarización del trabajo periodístico en medios comerciales fue cubierta en parte por esos espacios.

Ante la decisión (por falta de presupuesto o de interés) de medios tradicionales de no enviar a periodistas para producir información desde el lugar, los autogestivos y comunitarios intervienen en la agenda mediática porque son y están ahí, en los pueblos y pequeñas ciudades perjudicadas directamente por prácticas extractivas: el territorio de la noticia.

Lejos de romantizarlos, estos medios también están atravesados por una precarización que se refleja en los ingresos de quienes ejercen el oficio allí. Afectados por el discrecional reparto de la pauta estatal, muchas veces invisibilizados y con salarios (o retiros) incluso más bajos que en los medios tradicionales ya de por sí pulverizados, los y las periodistas de los medios autogestivos deben compartir ese trabajo con otras actividades para subsistir, lo que también va en detrimento de la calidad de la información. Una información que, pese a todo eso, no responde ni a los intereses ni a los proyectos de las multinacionales extractivas.

Esta nota forma parte del dossier Contaminación informativa. Medios, extractivismo y soberanía, realizado en conjunto entre la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y la Fundación Rosa Luxemburgo.

El extractivismo en los medios: una censura diversa y sofisticada

Perú

Premier Mirtha Vásquez, anuncia presencia del Ejecutivo en la zona de conflicto minero, en Ayacucho

Según el comunicado emitido por la PCM, los pobladores aceptaron iniciar un proceso de dialogo con el fin de abordar la problemática de la zona minera que terminó quemando el campamento minero de Apumayo.
31/10/2021
Premier Mirtha Vásquez. (Foto: Difusión).
Luego de que los pobladores de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, en la región de Ayacucho, terminaran quemando el campamento minero de Apumayo, el pasado viernes 29 de octubre, en señal de protesta ante la indiferencia del Estado por escuchar sus reclamos.

La premier Mirtha Vásquez, se comprometió acudir a la zona de conflicto con un equipo del Ejecutivo, para establecer el dialogo con las comunidades afectadas.

“Una delegación del gobierno está viajando al sur de Ayacucho para restablecer el diálogo, garantizar los derechos y atender las demandas de la ciudadanía en protesta, la misma que ha decidido levantar sus medidas de fuerza aceptando iniciar este proceso de manera genuina”, señalaba en su cuenta de Twitter.

Asimismo, por medio del comunicado expresó “la predisposición del Gobierno para impulsar un dialogo sincero, abierto y transparente que permita encontrar soluciones viables en beneficio de todos”.

Según el gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rua Carbajal, que en los próximos días se instalará una mesa de diálogo en Coracora (Parinacochas), donde participarán la premier, Mirtha Vásquez y los ministros de Estado, con el objetivo de encontrar una solución al conflicto socio-ambiental registrado en la zona producto de la actividad minera.

Conflicto en el sur de Ayacucho

Desde el 28 de octubre los pobladores de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, en la región de Ayacucho, mantienen un paro indefinido, que incluye la restricción del tránsito vehicular en los distritos de Cora Cora, Chavín, Sancos y Puyusca.

Además, de la aglomeración de personas que se instalaron en las unidades mineras de las empresas Apumayo, Inmaculada, Breapampa y Pallancata. Los pobladores exigen el cierre definitivo de estas mineras.

Según David Pacheco, jefe de la Defensoría del pueblo, en Ayacucho, este conflicto data de hace varios años atrás, realizando labores de exploración, aproximadamente desde el año 2010.

“La demanda de la población implica el cierre definitivo de las unidades mineras Apumayo, Inmaculada, Breapampa y Pallancata, que están en labores de supervisión y fiscalización por parte de OEFA y con labores relacionada al trabajo de la Autoridad Nacional del Agua, esto en cuanto a la vigilancia y monitoreo de la calidad del agua de las cuencas hidrográficas y las supervisiones especiales que se realizan en los proyectos mineros”.
https://caretas.pe/politica/premier-mirtha-vasquez-anuncia-presencia-del-ejecutivo-en-la-zona-de-conflicto-minero-en-ayacucho/

Argentina

Plan estratégico para el desarrollo minero argentino

29 octubre, 2021 | Argentina
Plan estratégico para el desarrollo minero argentino

El lanzamiento del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino (PEDMA), que iba a ser antes de las elecciones generales del 14 de noviembre, finalmente se postergó para después de los comicios legislativos.

El Plan Minero
La Secretaría de Minería viene trabajando hace meses para concretar el PEDMA, una iniciativa que tiene la ambición de darle un marco al sector para los próximos 30 años. En las distintas instancias que tuvo participaron los gobiernos provinciales, empresarios mineros y más de 250 instituciones, desde religiosas a organizaciones ambientales.

El PEDMA está basado en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) elaborados por las Naciones Unidas. Dentro de la Secretaría de Minería prefieren hablar de un “proceso” de debates y búsqueda de consensos con los distintos actores del sector.

Números
Según un resumen del plan al que accedió este medio, la intención del Ejecutivo es incrementar lo antes posible el peso de la minería en el PBI, ya que hoy es de tan sólo el 0,6%, cuando en Chile es 12%, en Perú el 10% y en Australia el 7%.

Para esto, el gobierno planea para los próximos 10 años poner en marcha 33 proyectos: siete de cobre, que podrían vender al exterior por US$ 5.420 millones. Luego, el plan estima que se concreten 15 proyectos de litio que podrían exportar US$ 2.100 millones; cinco desarrollos de oro con un potencial exportador calculado en US$ 1.752 millones; cuatro proyectos de plata que exportarían US$ 758 millones; y, por último, un proyecto de potasio y un proyecto de uranio que sumarían US$ 734 millones en exportaciones.

La Secretaría de Minería viene trabajando hace meses en este plan. Originalmente iba a ser presentado el día de la minería, que es el 7 de mayo, pero la cartera no llegó a definirlo por completo. Ahora falta terminar de pulir los detalles con el ministerio de Economía de Martín Guzmán y la Comisión Nacional de Valores para definir cómo serán los incentivos económicos, tributarios y la regulación para el acceso al mercado de capitales para las empresas mineras. En el marco de ese plan, el gobierno también planea una reducción a las retenciones a las exportaciones mineras. Según un resumen del plan al que accedió este medio, la intención del Ejecutivo es incrementar lo antes posible el peso de la minería en el PBI, ya que hoy es de tan sólo el 0,6%, cuando en Chile es 12%, en Perú el 10% y en Australia el 7%.

Triplicar las exportaciones
El plan del gobierno es incrementar en 3,4 veces las exportaciones de 2019, último año completo comparable sin pandemia, que fueron de US$ 3.200 millones. El objetivo del Ejecutivo es alcanzar exportaciones por US$ 10.765 millones en una década con una inversión (Capex total) de US$ 27.275 millones.

Para esto, planea poner en marcha 33 proyectos: siete de cobre, que podrían vender al exterior por US$ 5.420 millones, que representan el 61% de las exportaciones proyectadas. Luego, el plan estima que se concreten 15 proyectos de litio que podrían exportar US$ 2.100 millones (20% de las exportaciones); cinco proyectos de oro con un potencial exportador calculado en US$ 1.752 millones (6%); cuatro proyectos de plata que exportarían US$ 758 millones (5%); y, por último, un proyecto de potasio (7%) y un proyecto de uranio (1%) que sumarían US$ 734 millones en exportaciones.

Retenciones
El gobierno tiene en carpeta implementar un régimen de “retenciones progresivas”, que se aplicaría proyecto por proyecto. Se argumenta que el nuevo esquema ayudaría a aliviar el régimen de retenciones a las exportaciones para la fase de inversión de capital para que los proyectos puedan atravesar los primeros años y que la medida intenta otorgar previsibilidad a largo plazo a las compañías para que afronten el repago del capital. Luego, la alícuota se incrementaría en la fase de producción y podría contemplar que esté atada al precio de los commodities. Todavía no está definido cuál sería el tope. En los últimos años de vida útil de cada desarrollo las retenciones podrían volver a bajar.

En la Secretaría de Minería estiman que hay más de 300 proyectos en distintas etapas que permitirían captar inversiones por alrededor de 30.000 millones de dólares. Además, si avanzan proyectos de cobre, oro, plata y litio que hoy están en carpeta, la Argentina podría triplicar las exportaciones del sector y superar los 10.000 millones de dólares. En el primer cuatrimestre del año la minería representó el 4% del total de las exportaciones del país y casi la totalidad correspondieron a las provincias de San Juan, Santa Cruz, Catamarca, Salta y Jujuy.
Fuente: Ecojournal

Plan estratégico para el desarrollo minero argentino