Para invertir el 6% del PBI en educación y salud, se requieren ingresos tributarios por al menos un 19,6% del PBI. Hoy, el país solo recauda un 14%.

Reforma tributaria no busca aumentar impuestos a todos, sino combatir la evasión, asegurar el cobro de deudas a las grandes empresas y un impuesto justo en la minería.

Pese a cumplir cerca de 30 años de óptimo crecimiento económico, el Perú es uno de los países con la menor recaudación en el mundo: un 14% del PBI, mientras que el promedio de América Latina es del 23%. Es esta baja recaudación la que reduce la capacidad del Estado para garantizar la atención de derechos básicos de todos los peruanos.

Se estima que para invertir al menos un 6% del PBI en educación y salud, como plantea el Acuerdo Nacional, se requieren ingresos tributarios por al menos un 19,6% del PBI. En paralelo, la pandemia del COVID-19 ha develado la urgencia de tener los ingresos suficientes para enfrentar futuras crisis. Sin embargo, con el actual sistema tributario, no lo lograremos.

Las cifras lo demuestran: la evasión tributaria triplica al presupuesto anual de salud y existen casi 100 empresas que han judicializado cerca de S/ 28,8 millones en deudas tributarias. Esto último equivale a la inversión nacional en salud en el último año.

Los opositores a una reforma tributaria argumentan que no es el momento. Sin embargo, no lo fue durante el periodo de mayor crecimiento, tampoco durante el periodo de altos precios de minerales y hoy, que es una recomendación de organismos internacionales, también se han mostrado en contra.

El objetivo no es una reforma tributaria que aumente los impuestos a todos. Por el contrario, urge una reforma progresiva, que combata la evasión, que cobre la deuda de las grandes empresas, que cobre IGV a las plataformas digitales y que recaude lo justo en sectores como la minería, pues siendo este sector uno de los más importantes del país, su aporte solo representa el 1,3% del PBI.

Es por eso que uno de los puntos de la reforma tributaria también es lograr que la minería aumente su aporte sobre sus ganancias y por los tramos de producción de alta rentabilidad. Esto considerando que el costo de producción en el Perú es uno de los más bajos en la región; razón por la cual no afectará al flujo de inversiones.

Para discutir este y otros aspectos vinculados a la reforma tributaria, el Grupo de Justicia Fiscal del Perú realizará este martes 23 de noviembre desde las 10 de la mañana el foro Reforma Tributaria Perú: el futuro en juego, en él participarán César Flores, economista y vocero del Grupo de Justicia Fiscal del Perú; Miriam Yépez Salazar representante del Ministerio de Economía y Finanzas; Carlos Casas, Decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico y Susana Ruiz, economista y experta en tributación global.

El evento, que reunirá a expertos en materia tributaria, se realizará de manera virtual y podrá seguirlo a través del siguiente enlace https://fb.me/e/1bKbiPwyW

Además, podrá obtener más información sobre la campaña Reforma Tributaria YA en https://www.facebook.com/ReformaTributariaYA/posts/103940282088806

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22/11/2021
Mina Las Bambas en Perú. /Crédito: MMG
Minera Las Bambas informó que el último viernes 19 de noviembre devolvió a la Sunat 685 millones de soles (USD 170.8 millones), de un crédito fiscal otorgado por las compras de bienes y servicios entre los años 2011 y 2012, que continuará en litigio ante el Poder Judicial.

El caso se remonta al 2011 y 2012. Por aquel entonces -refiere la mina- para la construcción y futura operación del proyecto minero Las Bambas fue necesario realizar una cuantiosa inversión para la compra de miles de bienes y servicios entre los años 2011, 2012 y siguientes, como los molinos de procesamiento, tuberías y demás instalaciones de su planta concentradora.

En ese entonces, el proyecto minero era propiedad del grupo empresarial Xstrata. Dichas compras y servicios -recuerda-fueron acreditadas de forma fehaciente como parte del procedimiento para la devolución del IGV bajo el régimen vigente.

“La Sunat revisó dichas operaciones y otorgó las devoluciones respectivas a fines del 2012″, precisa.

Asimismo, dichas compras -subraya- fueron auditadas y confirmadas por el propio Estado a través de una auditoría independiente encargada por Activos Mineros, con motivo del otorgamiento de las concesiones mineras.

“Sin embargo, a pesar de lo antes mencionado, luego de una auditoría en el 2015, la Sunat observó el crédito fiscal de dichas compras aduciendo que la documentación presentada no era suficiente y solicitó a Las Bambas la restitución de los importes devueltos por IGV”, sustenta.

El Tribunal Fiscal ratificó -indica Las Bambas- en el 2020 la posición de la Sunat, “sin revisar las evidencias presentadas por Las Bambas durante el proceso, por considerarlas extemporáneas pese a su volumen y contundencia”.

Ante ello, el último viernes -dice la firma- la deuda ascendente a 685 millones soles ha sido cancelada. Pese al ello, la empresa considera que en este caso “la posición está debidamente sustentada en las evidencias presentadas”.

Por tanto, “continuará defendiendo su posición ante el Poder Judicial”.
Fuente: Gestión.

Perú: Minera Las Bambas devolvió a la Sunat USD 171 millones

20/11/2021
Zuelid Hualverde
prensa@jornada.com.pe

Los pobladores del sur de la región y autoridades nacionales lograron llegar a un acuerdo para solucionar el conflicto socio-ambiental, tras la instalación de una mesa de diálogo.

Este conflicto, se desató el pasado 28 de octubre, por pobladores de las provincias de Parinacochas, Paúcar del Sara Sara y Lucanas quienes defienden las cabeceras de cuenca ante los daños por la presencia de minería.

ACUERDOS. Luego de varias horas de diálogo se arribaron a los siguientes acuerdos:

1. La conformación de una Comisión Ejecutiva de negociación de plazos y términos de retiro y cierre de las cuatro unidades mineras de las cabeceras de cuencas con el liderazgo de la Presidente del Consejo de Ministros (PCM).

2. El Ministerio de Energía y Minas (Minen) presentará, el 15 de diciembre, el cronograma de visitas al entorno de las unidades mineras con participación de la población. Además se revisará el proceso de cierre de la actividad minera.

3. El Ministerio de Energía y Minas informará, la última semana de noviembre, el cronograma de reuniones con las empresas mineras Apumayo, Sami SAC y Compañía Minera Ares para revisar el cierre de minas. Además se evaluará la situación de otros proyectos mineros que existan en la zona.

4. El Ministerio de Energía y Minas gestionará las visitas a las unidades mineras con la participación de las comunidades.

5. La Autoridad Nacional del Agua, priorizará la implementación sobre la identificación, zonificación y delimitación de las cabeceras de cuenca en las provincias de Parinacochas, Paúcar del Sara Sara y Lucanas, como proyecto piloto a nivel nacional.

6. Asimismo, el Organismo de evaluación y fiscalización ambiental (OEFA) visitará el entorno de la unidad Breapampa, a fin de identificar el origen de las fuentes de alteración ambiental.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez fue enfática al señalar que las mineras serán retiradas de estas provincias.

“No queremos que se siga haciendo más extracción y que se dañen las cabeceras de cuenca. No habrá ampliación para las cuatro empresas mineras, que ustedes están señalando, ni para proceso de explotación. Vamos a exigir que cierres y no permitiremos que estos procesos se alarguen, sino que sean lo más inmediato posible”, comentó.

También precisó que la empresa Apumayo, no respeto los acuerdos de cierre y seguía realizando trabajos de exploración.
https://www.jornada.com.pe/tema-del-dia/item/5606-conflicto-minero-cerraran-cuatro-mineras-en-el-sur-de-la-region

Escrito por Jornada – General
19/11/2021
Iyari Gomez
prensa@jornada.com.pe
Desde muy temprano, se viene dando la mesa de dialogo en el Sur de Ayacucho, en donde se han reunido autoridades de la Cuenca de Cabeza y el poder Ejecutivo, para llegar a un acuerdo sobre la problemática de la minería en el lugar.

Durante la sesión el alcalde de la provincia de Parinacochas Walter Antayhua, aclaró de manera enérgica, que no son terroristas como se les ha venido tildando en algunos titulares de la prensa nacional, mencionando que la toma de la mina Apumayo el 29 de octubre, se trató de un “ataque de Sendero” como lo mencionó un programa de Willax.

Asimismo, resaltó su extrañeza al considerarlos así, pues el lugar donde sucedieron los hechos se encontraría a 20 horas del Vraem, zona que es conocida por presuntos ataques de ese tipo.

“Algunos medios de comunicación han relacionado al sur de Ayacucho, con el narcoterrorismo, estando a leguas de distancia. Los únicos propósitos del sur es proteger y conservar la agricultura y ganadería de nuestras Cuencas de Cabeza” manifestó el burgomaestre.
https://www.jornada.com.pe/regional/item/5598-conflicto-minero-alcalde-aclara-que-no-son-terroristas

José De Echave C.
17/11/2021
Una reforma tributaria tiene como objetivo fortalecer las políticas, los instrumentos y la propia institucionalidad del Estado para lograr generar mayores ingresos fiscales. Como se señala en el proyecto de delegación de facultades presentado por el Ejecutivo al Congreso, la finalidad de la reforma anunciada por el Gobierno es incrementar la recaudación bajo criterios de eficiencia y transparencia.

Sin embargo, una reforma tributaria tiene además otro objetivo clave: el componente redistributivo y la búsqueda de una mayor equidad en los países. Varios autores y organismos, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), subrayan que el tema redistributivo también está en el corazón de la política fiscal. Por lo tanto, una reforma tributaria debe apuntar a ambos objetivos, el incremento de los ingresos fiscales y al mismo tiempo lograr una mayor equidad en los países.

¿Cómo se logra esto? Si se toma como referencia el coeficiente Gini (el coeficiente es un número entre 0 y 1, donde 0 corresponde con una situación ideal de perfecta igualdad y 1 corresponde con una situación de perfecta desigualdad) y se cruza la información de los países antes y después de la aplicación de impuestos y diferentes transferencias, se puede concluir que existe mucho margen de acción para lograr una mayor equidad. En realidad, todo dependerá de la vocación redistributiva y de la voluntad política de cada Estado y sus gobernantes.

Por ejemplo, en los cuatro países nórdicos (Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia) el coeficiente Gini, una vez aplicados los impuestos y luego de que se implementan un conjunto de transferencias monetarias de manera directa a los hogares, presenta “niveles más bajos, pasando en promedio de 0.45 a 0.26”; “en el caso de cinco países de Europa Occidental, se pasa en promedio de 0.48 a 0.35; en el caso de cinco países anglosajones (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda), se pasa en promedio de 0.48 a 0.35”[1]. En cambio en América Latina se registran bajas capacidades redistributivas y por lo tanto un bajo impacto: un país de América Latina puede ser tan desigual como un país de Europa antes de la aplicación de impuestos y de diferentes transferencias (acción fiscal directa), pero la situación cambia drásticamente cuando las políticas tributarias y las transferencias se implementan.

Algunas explicaciones. Mientras que en países como el Perú los impuestos indirectos o impuestos al consumo predominan en la estructura tributaria (lo que se conoce como impuestos regresivos), en los ya mencionados países nórdicos -para citarlos como ejemplo- son poco relevantes. Los impuestos indirectos no ayudan a generar mayor equidad, a diferencia de los impuestos directos (a la renta, a la propiedad) que si permiten reducir el coeficiente Gini como medida de la desigualdad.

Por lo tanto, una reforma tributaria debe plantearse el objetivo de generar una mayor equidad. Algunos estudios señalan que un objetivo clave es “mejorar la efectividad de la política fiscal respecto a la redistribución y la reducción de la pobreza para aspirar a una mayor equidad y a cerrar brechas”[2]. Pese a que existen diversos instrumentos de acción pública que impactan en la equidad, la política tributaria es un elemento clave para mejorar la distribución de los ingresos.

Como se señala en el pedido de delegación de facultades, con las medidas propuestas se busca lograr una mayor progresividad y los mayores ingresos que genere la reforma tributaria se destinarán prioritariamente al cierre de brechas sociales, incluyendo sobre todo los componentes de educación, salud, agua y saneamiento, conectividad, reforma agraria, entre otros. Por supuesto, todo esto debe estar acompañado de una mayor eficiencia del gasto social y el compromiso de una total transparencia y rendición de cuentas de parte del Estado.

[1] “Esto no da para más”. Hacia la Transformación Social-Ecológica en América Latina. Fundación Friedrich Ebert. Junio 2020.
[2] JARAMILLO, Miguel y Bárbara SPARROW. La incidencia del gasto social y los impuestos en el Perú. Lima: GRADE. 56p. Documento de Investigación, 70.

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Abel Gilvonio 16/11/2021
Imagen: Minjus
El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA) es un marco que sirve para concretar las políticas públicas que lleven a las empresas y al estado a hacer efectivos el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. El Plan en Perú se aprobó el día 11 de junio con el Decreto supremo n°009-2021-JUS en un proceso que duró casi 2 años en donde el estado, empresarios, pueblos indígenas, sindicatos e instituciones de derechos humanos se pusieron de acuerdo para aprobar 5 lineamientos estratégicos, 13 objetivos y 97 acciones[1] que ayuden a la reducción de la vulneración de derechos humanos por parte de las empresas.

Este proceso, que ha sido inédito por el nivel de participación e involucramiento de diversos actores de la sociedad civil, nos ha permitido discutir diagnósticos[2] – que son documentos formales del estado– que muestran la vulneración de derechos en relación con varias de las actividades empresariales visibilizando dos narrativas en tensión: una que niega la vulneración de derechos y otra que afirma la existencia de estas vulneraciones en relación con las actividades empresariales. Este proceso de diálogo nos ha permitido también reconocer algunas buenas prácticas empresariales que deberían ser ejemplo, porque marcan la ruta de lo que deben ser las actividades empresariales en el país.

En este proceso el Ministerio de justicia, a pesar de las presiones, ha jugado un rol fundamental pues ha intentado reducir las asimetrías de poder existente entre los actores empresariales y las organizaciones sociales, los pueblos indígenas y los actores que han participado de este proceso, tratando de buscar los mayores consensos. Pero a pesar de esto, no podemos dejar de mencionar que hubieron temas que no se abordaron, como las actividades relacionadas con las personas afectadas por metales tóxicos, el pedido de ratificación del acuerdo de Escazú para la protección de defensores, la consulta previa a los pueblos indígenas, así como colocar como resultado la aprobación de una ley general del trabajo.

También es importante recordar que el PNA ha logrado aprobarse a pesar de las crisis políticas y los cambios ministeriales, dejando claro una voluntad política de estado para poder generar las condiciones para que las empresas incorporen los principios rectores sobre empresas y derechos humanos en toda la cadena de valor de las actividades empresariales.

Por eso es importante subrayar que iniciamos la implementación del Plan Nacional de Acción en el inicio del gobierno democrático del Presidente Pedro Castillo Terrones, en donde las aspiraciones de miles de trabajadores, comunidades originarias y pueblos indígenas, así como usuarios y consumidores, está centradas en mejorar sus condiciones de vida, laborales, evitar que se siga contaminando el ambiente. En resumen, en tener de verdad derechos humanos para todos.

En ese marco, a pesar de algunas voces nos acusen de antimineros, antidesarrollo, antiinversión, nos ratificamos que en estos momentos es primordial reactivar la economía, más aún en un periodo de precios altos de las materias primas. Pero esta no puede ser sin el respeto irrestricto de los derechos humanos y los estándares internacionales, seguir con la incorporación de los principios rectores de Naciones Unidas y continuar con el proceso de implementación del Plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos.

En ese contexto, los retos y las expectativas en la implementación son grandes, principalmente por la presión por derechos que tienen los actores sociales sobre los distintos sectores empresariales (minería, hidrocarburos, agroindustria, etc.) Por eso, este nuevo proceso nos debe seguir ayudando a profundizar en esos consensos entre sindicatos, pueblos indígenas, instituciones de derechos humanos y los sectores empresariales representados en la mesa multiactor. En ese sentido la ejecución de los lineamientos, objetivos y acciones debe servirnos para seguir fortaleciendo el enfoque de derechos humanos en relación con la actividad empresarial, lograr conseguir mejores políticas públicas que obliguen a las empresas a mejorar su conducta empresarial. También iniciar los procesos de debida diligencia con participación de los afectados y tener en el mediano plazo una ley nacional de debida diligencia, así como buscar remediar los daños ocasionados es fundamental para juntos construir una nueva convivencia social y las empresas mejoren su conducta empresarial.

Cabe reafirmar que como Plataforma de la Sociedad civil sobre Empresas y Derechos Humanos[3], continuaremos participando en el proceso del PNA acompañando a las organizaciones, pueblos indígenas, comunidades originarias, sindicatos. Vamos a seguir aportando técnicamente, para que esta implementación respete los estándares internacionales de derechos humanos, continúe la ruta de la implementación de los principios rectores, busque una debida diligencia por parte de las empresas y podamos entre todos construir una mejor convivencia que ayude a seguir mejorando el desarrollo económico y social del Perú.

[1]https://www.gob.pe/institucion/minjus/informes-publicaciones/1959312-plan-nacional-de-accion-sobre-empresas-y-derechos-humanos-2021-2025

[2]https://drive.google.com/drive/folders/1-He6i8CtEfqJi8m1HPgmZqRGUPFjeDOc
[3]La Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, conformada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), OXFAM en Perú, Diakonia, CooperAcción, Perú Equidad, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Red Muqui, RedGe, IBC, Fedepaz, CAAAP,BroederlijkDenle,Codehica, EarthRights International, PLADES, APRODEH, CEAS, Derechos Humanos sin Fronteras, IDLADS, CIPCA, GRUFIDES, IESI, 11.11.11 y Amnistía Internacional – Perú.

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